Ciudad
La consulta se volvió guerrilla; buscan tronarla con amparos
Comuneros afines a proyectos inmobiliarios han promovido más de 20 amparos; los comuneros contrarios aseguran que es área protegida; el Ayuntamiento queda en medio
Por: Redacción
Comuneros de San Juan de Guadalupe, afines al proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina, promovieron más de 20 amparos en las últimas semanas, en contra del Instituto Municipal de Planeación (Implan) del Ayuntamiento capitalino, para evitar la emisión del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población.
Ayer, de hecho, se dio a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito otorgó una suspensión contra actos de despojo y cambio de uso de suelo a comuneros de San Juan de Guadalupe, como parte de la demanda 70/2020.
Ante esto, el Ayuntamiento de San Luis Potosí aseguró, en un boletín de prensa, que los proyectos de programas en materia de ordenamiento territorial sujetos a consulta pública no constituyen actos que afecten los derechos de propiedad de ningún ciudadano, según declaraciones atribuidas al secretario general del Municipio, Sebastián Pérez García y el director del Institución Municipal de Planeación (Implan), Fernando Torre Silva.
Los más de 20 amparos, con distintos promoventes, buscan detener las consultas e inhibir el cambio de uso de suelo que podría permitirse a partir del Plan de Centro de Población, que tendrá como base las consultas.
Muchos de los amparos promovidos por comuneros de San Juan de Guadalupe que están a favor del pro yecto inmobiliario Las Cañadas, de López Medina y su socio Alejandro Tamayo Ibarra, han sido rechazados ya por las autoridades judiciales.
En cambio, los comuneros de San Juan de Guadalupe que están en contra de Las Cañadas señalan que este interés por detener las consultas públicas del Implan se debe a que consideran que el Plan de Centro de Población que deberá publicarse en próximos meses ha dejado fuera los proyectos inmobiliarios del “Chato” López.
Los llamados “Guardianes de la Sierra de San Miguelito” aseguran que no existe posibilidad de cambiar el uso de suelo en la zona pretendida por López Medina, puesto que desde 2003 forma parte del Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga.
En su boletín de prensa, el Municipio hizo notar que no existen actos del Ayuntamiento, ni del Instituto Municipal de Planeación, que puedan trascender en el despojo, privación, sustracción, arbitraria disposición y zonificación de las tierras de uso común en la superficie comunal.
“Por lo anterior, es posible concluir que los programas sujetos a consulta pública y a adecuarse como resultado de ese procedimiento participativo, no constituyen actos definitivos que afecten los derechos de propiedad de ningún ciudadano”, señala el comunicado del Ayuntamiento.
Tanto Sebastián Pérez García como Fernando Torres Silva reafirmaron que se continúa con el proceso de consulta pública, misma que fue ampliada por 29 días más el lunes pasado.
Los amparos promovidos por comuneros afines a López Medina reclamaban despojo, privación, sustracción, disposición arbitraria y zonificación de sus tierras, debido a la emisión de estos dos programas de desarrollo urbano, por lo que solicitaron no continuar con el procedimiento de estos programas.
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población están en etapa de consulta pública y prohiben la urbanización de la Sierra de San Miguelito, en tanto la UNAM realice un estudio para emitir una declaratoria de Área Natural Protegida.
De acuerdo con información publicada ayer por GlobalMedia, Rodolfo Valdez García, comisariado de la comunidad de San Juan de Guadalupe, afirmó que no se tomó en cuenta a la comunidad para formular los programas de desarrollo urbano, y el prohibir la urbanización de sus tierras fue una decisión tomada de manera unilateral, por lo que pidieron reunirse con autoridades de Segam, el Implan y el Ayuntamiento capitalino.
Por su parte, Luis David Sandoval Huerta, asesor legal del comisariado, explicó que la suspensión de plano obliga al Ayuntamiento a detener la consulta pública de ambos documentos hasta que se emita una sentencia definitiva del amparo, el cual podría tenerse en un periodo de dos meses.
Según Sandoval Huerta, si el Ayuntamiento continúa con el proceso de consulta pública, deberá modificar dicho documento y eliminar la prohibición que existe para urbanizar los predios en la San Juan de Guadalupe; en caso de no cumplir con la suspensión de plano, podrían ser acreedores a una multa de 8 mil 688 pesos.
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Ciudad
SSPC reporta hasta siete detenciones por semana en el Centro Histórico
Juan Antonio Villa atribuyó los resultados al fortalecimiento de la videovigilancia y a los operativos desplegados en el primer cuadro de la ciudad
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital reportó que el Centro Histórico concentra entre seis y siete puestas a disposición por semana, informó el titular Juan Antonio Villa Gutiérrez.
El funcionario explicó que estos resultados forman parte de la estrategia de vigilancia implementada en el primer cuadro de la ciudad y zonas aledañas, donde se ha reforzado el monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y la presencia de grupos operativos especializados.
Villa destacó que la tecnología ha permitido responder con mayor rapidez a diversos incidentes, incluyendo casos de vandalismo y daños a vehículos, algunos de los cuales han derivado en detenciones en flagrancia pocos minutos después de cometerse los hechos.
Indicó que, en toda la ciudad, la corporación realiza entre 50 y 60 puestas a disposición del Ministerio Público cada semana, mientras que una parte importante corresponde al cuadrante Centro, que incluye sectores como San Miguelito, San Sebastián y Tlaxcala.
El secretario consideró que la combinación de videovigilancia, patrullajes y acciones preventivas ha contribuido a fortalecer la seguridad en una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la capital potosina.
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Ciudad
Detalla SSPC cese de policía vial captado recibiendo una mordida
Juan Antonio Villa informó que el elemento fue separado de la corporación tras concluir la investigación iniciada por Asuntos Internos luego de la difusión de un video en redes sociales
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital determinó el cese de un elemento de Policía Vial que fue exhibido en un video presuntamente recibiendo dinero de un automovilista para evitar una infracción.
El titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la investigación fue iniciada desde el momento en que se conocieron los hechos y estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Internos, que analizó las grabaciones de las cámaras corporales y de la unidad involucrada.
El funcionario señaló que la resolución ya fue emitida y derivó en la baja definitiva del agente, al reiterar que la corporación mantiene una política de cero tolerancia frente a actos que vulneren la legalidad y la confianza ciudadana.
Villa recordó que la dependencia cuenta con mecanismos de supervisión para detectar y sancionar conductas irregulares, además de exhortar a la población a denunciar cualquier posible acto de corrupción por parte de elementos municipales.
Asimismo, informó que desde 2021 a la fecha ocho policías han sido separados de sus cargos tras investigaciones derivadas de denuncias presentadas ante las instancias internas de control.
El secretario sostuvo que la corporación continuará fortaleciendo los procesos de vigilancia y rendición de cuentas para garantizar un actuar profesional de sus elementos.
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Ciudad
Galindo: Estado construye sin permisos; municipio mantiene 600 millones parados
Enrique Galindo afirmó que no ha recibido ningún comunicado oficial sobre el arranque de los proyectos anunciados en conjunto con el Gobierno del Estado
Por: Haniel Valdés
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que el Gobierno del Estado inició por su cuenta las obras que ambas administraciones habían anunciado de manera conjunta, sin notificar oficialmente al Ayuntamiento ni solicitar los permisos municipales correspondientes.
“No tengo ningún comunicado oficial, ninguno, incluso ni del arranque de la obra”, declaró este lunes al ser cuestionado sobre el paquete de proyectos presentado por ambos gobiernos. El alcalde dijo suponer que los trabajos ya no se realizarán de manera coordinada, aunque aclaró que se trata de una suposición y no de un dato confirmado.
Galindo reconoció el arranque de obras estatales —entre ellas la salida a Guadalajara— y celebró que se ejecuten proyectos para la ciudad porque, dijo, los potosinos se los merecen. Sin embargo, afirmó que esas obras avanzan “sin autorización, sin licitación, sin ningún trámite” y sostuvo que, hasta ahora, no ha encontrado publicada la licitación correspondiente. Añadió que las obras estatales requieren permisos municipales que, según el alcalde, no han sido solicitados.
Cuestionado sobre el destino del presupuesto que la capital tenía previsto para esos proyectos, respondió que el Ayuntamiento cuenta con proyectos ejecutivos listos y que el recurso podría reorientarse a otras obras
.El alcalde aseguró que el municipio mantiene sin ejercer más de 600 millones de pesos destinados a obra pública, recursos que permanecen detenidos porque la Contraloría General del Estado no ha autorizado más de 30 licitaciones municipales.
Ese monto, explicó, permanece sin ejercerse debido a que la Contraloría estatal mantiene pendientes de autorización más de 30 procesos de licitación, entre ellos el correspondiente a la obra de El Saucito, cuyo trámite inició el pasado 21 de marzo. Sostuvo que el retraso ya no obedece a cuestiones técnicas ni presupuestales, sino a la falta de voluntad, pues hasta el momento no se les han informado las razones por las que las autorizaciones siguen detenidas.
Al abundar sobre el tema, el alcalde aseguró que prácticamente ninguna obra estatal cuenta con permisos municipales, incluida la Arena Potosí. Consideró que ese trato desigual termina afectando a los potosinos, pues varias obras proyectadas para la zona norte de la ciudad podrían retrasarse o permanecer detenidas mientras, dijo, los proyectos estatales avanzan sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes.
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