junio 24, 2026

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La consulta se volvió guerrilla; buscan tronarla con amparos

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Comuneros afines a proyectos inmobiliarios han promovido más de 20 amparos; los comuneros contrarios aseguran que es área protegida; el Ayuntamiento queda en medio

Por: Redacción

Comuneros de San Juan de Guadalupe, afines al proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina, promovieron más de 20 amparos en las últimas semanas, en contra del Instituto Municipal de Planeación (Implan) del Ayuntamiento capitalino, para evitar la emisión del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población.

Ayer, de hecho, se dio a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito otorgó una suspensión contra actos de despojo y cambio de uso de suelo a comuneros de San Juan de Guadalupe, como parte de la demanda 70/2020.

Ante esto, el Ayuntamiento de San Luis Potosí aseguró, en un boletín de prensa, que los proyectos de programas en materia de ordenamiento territorial sujetos a consulta pública no constituyen actos que afecten los derechos de propiedad de ningún ciudadano, según declaraciones atribuidas al secretario general del Municipio, Sebastián Pérez García y el director del Institución Municipal de Planeación (Implan), Fernando Torre Silva.

Los más de 20 amparos, con distintos promoventes, buscan detener las consultas e inhibir el cambio de uso de suelo que podría permitirse a partir del Plan de Centro de Población, que tendrá como base las consultas.

Muchos de los amparos promovidos por comuneros de San Juan de Guadalupe que están a favor del pro yecto inmobiliario Las Cañadas, de López Medina y su socio Alejandro Tamayo Ibarra, han sido rechazados ya por las autoridades judiciales.

En cambio, los comuneros de San Juan de Guadalupe que están en contra de Las Cañadas señalan que este interés por detener las consultas públicas del Implan se debe a que consideran que el Plan de Centro de Población que deberá publicarse en próximos meses ha dejado fuera los proyectos inmobiliarios del “Chato” López.  

Los llamados “Guardianes de la Sierra de San Miguelito” aseguran que no existe posibilidad de cambiar el uso de suelo en la zona pretendida por López Medina, puesto que desde 2003 forma parte del Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga.

En su boletín de prensa, el Municipio hizo notar que no existen actos del Ayuntamiento, ni del Instituto Municipal de Planeación, que puedan trascender en el despojo, privación, sustracción, arbitraria disposición y zonificación de las tierras de uso común en la superficie comunal.

“Por lo anterior, es posible concluir que los programas sujetos a consulta pública y a adecuarse como resultado de ese procedimiento participativo, no constituyen actos definitivos que afecten los derechos de propiedad de ningún ciudadano”, señala el comunicado del Ayuntamiento.

Tanto Sebastián Pérez García como Fernando Torres Silva reafirmaron que se continúa con el proceso de consulta pública, misma que fue ampliada por 29 días más el lunes pasado.

Los amparos promovidos por comuneros afines a López Medina reclamaban despojo, privación, sustracción, disposición arbitraria y zonificación de sus tierras, debido a la emisión de estos dos programas de desarrollo urbano, por lo que solicitaron no continuar con el procedimiento de estos programas.

El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población están en etapa de consulta pública y prohiben la urbanización de la Sierra de San Miguelito, en tanto la UNAM realice un estudio para emitir una declaratoria de Área Natural Protegida.

De acuerdo con información publicada ayer por GlobalMedia, Rodolfo Valdez García, comisariado de la comunidad de San Juan de Guadalupe, afirmó que no se tomó en cuenta a la comunidad para formular los programas de desarrollo urbano, y el prohibir la urbanización de sus tierras fue una decisión tomada de manera unilateral, por lo que pidieron reunirse con autoridades de Segam, el Implan y el Ayuntamiento capitalino.

Por su parte, Luis David Sandoval Huerta, asesor legal del comisariado, explicó que la suspensión de plano obliga al Ayuntamiento a detener la consulta pública de ambos documentos hasta que se emita una sentencia definitiva del amparo, el cual podría tenerse en un periodo de dos meses.

Según Sandoval Huerta, si el Ayuntamiento continúa con el proceso de consulta pública, deberá modificar dicho documento y eliminar la prohibición que existe para urbanizar los predios en la San Juan de Guadalupe; en caso de no cumplir con la suspensión de plano, podrían ser acreedores a una multa de 8 mil 688 pesos.

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Gobierno de la Capital continúa con el mejoramiento integral del primer cuadro de la ciudad

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Con el programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, repara diversas vialidades para hacerlas más seguras y funcionales

Por: Redacción

En el marco del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, el Gobierno de la Capital continúa con el mejoramiento integral de las vialidades del primer cuadro de la ciudad, con el fin de hacerlas más seguras y funcionales.

Como parte de la visión de trabajo impulsada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, la cuadrilla de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico realiza labores de bacheo distintos puntos de la zona centro, trabajos adicionales a las labores que se realizan para el mejoramiento a fondo de la Plaza de Armas.

Asimismo, la UGCH informó que, de manera coordinada con la Dirección de Servicios Municipales, se trabaja en la limpieza y  mantenimiento permanente de las plazas y jardines más representativos de San Luis Potosí.

La dependencia indicó que con estas acciones se avanza en objetivo del alcalde Enrique Galindo de dar nueva vida y rescatar el esplendor de primer cuadro de la ciudad, para que vuelva a ser el corazón de las actividades comerciales y turísticas de San Luis Potosí.

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Protección Civil Municipal refuerza inspecciones en gimnasios de la capital

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Se revisan permisos de operación, equipo de emergencia e instalaciones aptas para el desarrollo de actividades físicas

Por: Redacción

Con el compromiso de fortalecer la prevención de riesgos y garantizar espacios seguros para la ciudadanía, la Dirección Municipal de Protección Civil continúa realizando visitas de inspección a centros de entrenamiento físico ubicados en la capital potosina.

Durante estas acciones de inspección, personal verifica que los establecimientos cuenten con las medidas de seguridad necesarias para su operación, entre ellas extintores en condiciones óptimas de funcionamiento, rutas y salidas de emergencia debidamente habilitadas, así como la documentación y permisos correspondientes establecidos por la normatividad vigente.

De igual manera, se revisa que las instalaciones dispongan de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades físicas y deportivas que ofrecen, con el propósito de reducir riesgos y brindar condiciones seguras

tanto para usuarios como para trabajadores.

La Dirección Municipal de Protección Civil destacó que estas inspecciones forman parte de las acciones permanentes orientadas a fomentar una cultura de la prevención y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad.

Finalmente, la dependencia exhorta a las y los propietarios de centros de entrenamiento físico a mantener vigentes sus permisos, así como en correcto estado las medidas y equipos de seguridad, a fin de salvaguardar la integridad de la población y garantizar una operación responsable, segura y conforme a la ley.

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Derecho al cuidado, es un asunto constitucional: regidora Adriana Urbina

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San Luis Potosí dio un paso trascendental en materia de derechos sociales al incorporar en su Constitución el derecho al cuidado, al autocuidado y a brindar cuidados, destacó Adriana Urbina Aguilar.

Por Redacción

“Lo que se dio justamente es un paso sumamente importante porque se deja ya como un derecho constitucional y eso es el punto de partida para todo lo que viene. Definitivamente es el inicio de un gran proyecto que se tendría que empezar a generar”, expresó.

El siguiente paso consiste en la discusión y análisis de la Ley del Sistema Estatal de Cuidados, iniciativa que contempla la organización, coordinación e implementación de las acciones necesarias para hacer efectivo este derecho ya reconocido constitucionalmente.

Se establece la participación de diversas instituciones, define sus funciones y la forma en que deberán coordinarse para desarrollar programas y acciones orientadas a garantizar la atención de las personas cuidadoras y de quienes requieren cuidados.

Uno de los aspectos más relevantes será la definición de un presupuesto específico que permita materializar las acciones planteadas “sabemos que los proyectos sin un presupuesto bien definido quedan como buenas intenciones, pero si no se logra consolidar a través de ese presupuesto, realmente queda en un mero discurso, y eso es lo que se pretende evitar”, señaló.

Asimismo, informó que la iniciativa será analizada en comisiones y posteriormente sometida a discusión pública mediante foros con distintos sectores involucrados

en el tema. Entre los aspectos prioritarios destacó la necesidad de incluir consultas con personas con discapacidad para fortalecer y enriquecer la propuesta legislativa.

La regidora indicó que la iniciativa fue trabajada con el objetivo de que, una vez aprobada la ley, puedan definirse recursos presupuestales para su implementación durante el próximo ejercicio fiscal. Esto implicará que los municipios realicen adecuaciones a sus reglamentos y normativas locales, con el propósito de establecer con claridad las acciones y programas que les corresponderá desarrollar dentro de sus competencias.

Finalmente, Adriana Urbina Aguilar destacó que San Luis Potosí se posiciona como una entidad pionera en la construcción de un Sistema Estatal de Cuidados, sentando bases que podrían contribuir a la futura consolidación del Sistema Nacional de Cuidados y subrayó que actualmente existen diversas acciones a favor de los cuidados, pero de manera aislada, por lo que uno de los principales objetivos de esta ley es generar coordinación institucional y consolidar una política pública transversal que beneficie tanto a las personas cuidadoras como a quienes reciben cuidados.

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