Ciudad
La consulta se volvió guerrilla; buscan tronarla con amparos
Comuneros afines a proyectos inmobiliarios han promovido más de 20 amparos; los comuneros contrarios aseguran que es área protegida; el Ayuntamiento queda en medio
Por: Redacción
Comuneros de San Juan de Guadalupe, afines al proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina, promovieron más de 20 amparos en las últimas semanas, en contra del Instituto Municipal de Planeación (Implan) del Ayuntamiento capitalino, para evitar la emisión del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población.
Ayer, de hecho, se dio a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito otorgó una suspensión contra actos de despojo y cambio de uso de suelo a comuneros de San Juan de Guadalupe, como parte de la demanda 70/2020.
Ante esto, el Ayuntamiento de San Luis Potosí aseguró, en un boletín de prensa, que los proyectos de programas en materia de ordenamiento territorial sujetos a consulta pública no constituyen actos que afecten los derechos de propiedad de ningún ciudadano, según declaraciones atribuidas al secretario general del Municipio, Sebastián Pérez García y el director del Institución Municipal de Planeación (Implan), Fernando Torre Silva.
Los más de 20 amparos, con distintos promoventes, buscan detener las consultas e inhibir el cambio de uso de suelo que podría permitirse a partir del Plan de Centro de Población, que tendrá como base las consultas.
Muchos de los amparos promovidos por comuneros de San Juan de Guadalupe que están a favor del pro yecto inmobiliario Las Cañadas, de López Medina y su socio Alejandro Tamayo Ibarra, han sido rechazados ya por las autoridades judiciales.
En cambio, los comuneros de San Juan de Guadalupe que están en contra de Las Cañadas señalan que este interés por detener las consultas públicas del Implan se debe a que consideran que el Plan de Centro de Población que deberá publicarse en próximos meses ha dejado fuera los proyectos inmobiliarios del “Chato” López.
Los llamados “Guardianes de la Sierra de San Miguelito” aseguran que no existe posibilidad de cambiar el uso de suelo en la zona pretendida por López Medina, puesto que desde 2003 forma parte del Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga.
En su boletín de prensa, el Municipio hizo notar que no existen actos del Ayuntamiento, ni del Instituto Municipal de Planeación, que puedan trascender en el despojo, privación, sustracción, arbitraria disposición y zonificación de las tierras de uso común en la superficie comunal.
“Por lo anterior, es posible concluir que los programas sujetos a consulta pública y a adecuarse como resultado de ese procedimiento participativo, no constituyen actos definitivos que afecten los derechos de propiedad de ningún ciudadano”, señala el comunicado del Ayuntamiento.
Tanto Sebastián Pérez García como Fernando Torres Silva reafirmaron que se continúa con el proceso de consulta pública, misma que fue ampliada por 29 días más el lunes pasado.
Los amparos promovidos por comuneros afines a López Medina reclamaban despojo, privación, sustracción, disposición arbitraria y zonificación de sus tierras, debido a la emisión de estos dos programas de desarrollo urbano, por lo que solicitaron no continuar con el procedimiento de estos programas.
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población están en etapa de consulta pública y prohiben la urbanización de la Sierra de San Miguelito, en tanto la UNAM realice un estudio para emitir una declaratoria de Área Natural Protegida.
De acuerdo con información publicada ayer por GlobalMedia, Rodolfo Valdez García, comisariado de la comunidad de San Juan de Guadalupe, afirmó que no se tomó en cuenta a la comunidad para formular los programas de desarrollo urbano, y el prohibir la urbanización de sus tierras fue una decisión tomada de manera unilateral, por lo que pidieron reunirse con autoridades de Segam, el Implan y el Ayuntamiento capitalino.
Por su parte, Luis David Sandoval Huerta, asesor legal del comisariado, explicó que la suspensión de plano obliga al Ayuntamiento a detener la consulta pública de ambos documentos hasta que se emita una sentencia definitiva del amparo, el cual podría tenerse en un periodo de dos meses.
Según Sandoval Huerta, si el Ayuntamiento continúa con el proceso de consulta pública, deberá modificar dicho documento y eliminar la prohibición que existe para urbanizar los predios en la San Juan de Guadalupe; en caso de no cumplir con la suspensión de plano, podrían ser acreedores a una multa de 8 mil 688 pesos.
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Enrique Galindo afirmó que con la derogación los procesados deben quedar exentos de responsabilidad penal
Por: Redacción
Las personas procesadas por la llamada Ley Serrano deben quedar totalmente exentas de responsabilidad penal tras la derogación de la norma, pues el tipo penal dejó de existir, afirmó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí.
El alcalde celebró la derogación firmada el jueves por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí: la calificó como un acierto y consideró que, de cualquier forma, la Suprema Corte se habría pronunciado en ese sentido. Con la eliminación de la norma, dijo, se alinea una sola visión de protección a la libertad de expresión y se corrige un retroceso democrático de muchos años.
Galindo pidió no olvidar a las víctimas de la ley, personas que estuvieron presas y enfrentaron carpetas de investigación: “fue muy costoso debatir sobre inteligencia artificial teniendo a tres gentes en la cárcel”, afirmó. Sostuvo que la derogación les da la razón a los creadores de contenido y comunicadores señalados —unas 10 o 12 personas en la primera lista, recordó—, cuyos juicios deben desaparecer y quienes podrían demandar algún tipo de resarcimiento.
El alcalde consideró que la norma hizo retroceder al estado en materia legislativa y democrática, y que deja una enseñanza clara: estos temas pueden acotarse sin vulnerar derechos humanos desde el derecho civil o el administrativo, pero nunca desde el derecho penal.
Aclaró que la inteligencia artificial sí debe regularse “a como dé lugar”, como ocurrió en su momento con el ADN, aunque con mejor técnica jurídica y con las universidades encabezando el debate, pues el concepto existe desde los años sesenta y tanto el estado como el país van tarde en la discusión.
Galindo adelantó, además, que seguirá llamando a la norma Ley Serrano: apellidar una ley, busca alimentar el ego de su autor, pero él mantendrá el nombre para que no se olvide de dónde vino.
La derogación fue firmada el jueves por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras semanas de críticas de comunicadores, colectivos y del propio alcalde; la nueva ley en la materia se construirá en foros con todos los sectores.
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Enrique Galindo detalló que la obra de entre 120 y 125 mdp conectará toda la red de pozos de la capital
Por: Redacción
El Interapas construye un acueducto hacia el norte de la capital que conectará toda la red de pozos para dar redundancia al suministro de agua, con una inversión de entre 120 y 125 millones de pesos, informó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del organismo.
El alcalde explicó el problema que la obra busca resolver: hoy, cuando un pozo se descompone, no es posible alimentar su zona desde otro pozo. El acueducto funcionará como un gran colector central de distribución al que se conectará toda la red, de modo que las fallas puedan amortiguarse.
La línea llegará, dijo, “al norte, norte” de la ciudad, a zonas donde actualmente no hay desarrollo habitacional, con lo que el agua dará viabilidad al crecimiento de San Luis Potosí en esa dirección.
El financiamiento será tripartita: los desarrolladores de vivienda aportarán entre 30 y 40 millones de pesos mediante un convenio en proceso de firma, el Ayuntamiento de San Luis Potosí pondrá entre 55 y 60 millones, y el resto correrá a cargo del Interapas. Los trabajos ya comenzaron e incluyen la rehabilitación al 100 por ciento de la planta potabilizadora
El anuncio salió de una reunión con la Canadevi, en la que se ratificó el criterio del organismo: sin agua no habrá autorización de nuevos desarrollos habitacionales, a menos que se creen nuevas fuentes. Ante la incertidumbre de los desarrolladores por la posible separación de Soledad del organismo, Galindo respondió que los proyectos deben continuar: “si desaparece el Interapas va a aparecer una nueva institución, no hay vuelta de hoja”, afirmó.
En la misma reunión, el Interapas presentó un nuevo sistema digital para la gestión de nuevos fraccionamientos, que elimina trámites secundarios y permitirá a cada desarrollador dar seguimiento a su expediente en una plataforma ligada al ayuntamiento.
El proyecto se anuncia en plena falla de El Realito —la séptima u octava del año, según el alcalde—, que dejó sin agua a 75 colonias atendidas con un operativo de entre 35 y 40 pipas.
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Enrique Galindo afirmó que en cinco años y 217 obras nunca había enfrentado un requerimiento así
Por: Redacción
La Contraloría del Estado condicionó la revisión de las bases de licitación de la obra del Saucito a que el Ayuntamiento de San Luis Potosí entregue un levantamiento notarial —con fotografías y videos— de todas las fachadas con valor patrimonial por donde pasará el paso a desnivel, reveló Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino, quien consideró que el requerimiento parece una maniobra para aplazar la autorización.
El alcalde explicó que la respuesta de la dependencia llegó apenas hace unos cuatro días, luego de que se le sugiriera sacar cita con el contralor. El documento solicitado, dijo, sale de la esfera de la Contraloría, pero lo entregará aunque le tome días o semanas: “a mí me suena que es un mecanismo para decir: ya te contesté, está en tu cancha; nomás que desde marzo no me habían dicho eso”, afirmó.
Galindo subrayó que al 17 de julio sigue sin poder emitir las bases de licitación de una obra cuyo trámite inició el 21 de marzo, y recordó que en cinco años de administración ha ejecutado 217 obras —el 80 por ciento pasó por la Contraloría Estatal— sin haber tenido que acudir personalmente ante el titular del órgano.
El alcalde señaló además que el oficio de respuesta, de dos hojas, advierte en su último párrafo que la dependencia podrá revisar la obra en el momento que lo decida, lo que a su juicio excede sus facultades, pues la fiscalización del gasto corresponde a la instancia estatal de fiscalización y, en el caso de recursos federales, a la Auditoría Superior de la Federación
Aclaró que los requerimientos del INAH corren por cuerda separada y se han cumplido, incluida la contratación permanente de un antropólogo mientras dure la obra, y que el juicio de amparo mencionado por el contralor no es competencia de este: ya existe diálogo con las cinco personas que lo promovieron.
Cuestionado sobre si ejecutaría la obra sin autorización, como acusa que hace el gobierno estatal, respondió que no es su estilo: es abogado, respeta el marco jurídico y el riesgo sería que la obra fuera cancelada, suspendida o clausurada.
El paso a desnivel del Saucito es la pieza central del reclamo del alcalde por el freno a la obra municipal: más de 30 licitaciones siguen atoradas y, según ha dicho, el plazo práctico es terminar antes de la fiesta del barrio, en febrero.
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