Comuneros afines a proyectos inmobiliarios han promovido más de 20 amparos; los comuneros contrarios aseguran que es área protegida; el Ayuntamiento queda en medio

Por: Redacción

Comuneros de San Juan de Guadalupe, afines al proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina, promovieron más de 20 amparos en las últimas semanas, en contra del Instituto Municipal de Planeación (Implan) del Ayuntamiento capitalino, para evitar la emisión del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población.

Ayer, de hecho, se dio a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito otorgó una suspensión contra actos de despojo y cambio de uso de suelo a comuneros de San Juan de Guadalupe, como parte de la demanda 70/2020.

Ante esto, el Ayuntamiento de San Luis Potosí aseguró, en un boletín de prensa, que los proyectos de programas en materia de ordenamiento territorial sujetos a consulta pública no constituyen actos que afecten los derechos de propiedad de ningún ciudadano, según declaraciones atribuidas al secretario general del Municipio, Sebastián Pérez García y el director del Institución Municipal de Planeación (Implan), Fernando Torre Silva.

Los más de 20 amparos, con distintos promoventes, buscan detener las consultas e inhibir el cambio de uso de suelo que podría permitirse a partir del Plan de Centro de Población, que tendrá como base las consultas.

Muchos de los amparos promovidos por comuneros de San Juan de Guadalupe que están a favor del pro yecto inmobiliario Las Cañadas, de López Medina y su socio Alejandro Tamayo Ibarra, han sido rechazados ya por las autoridades judiciales.

En cambio, los comuneros de San Juan de Guadalupe que están en contra de Las Cañadas señalan que este interés por detener las consultas públicas del Implan se debe a que consideran que el Plan de Centro de Población que deberá publicarse en próximos meses ha dejado fuera los proyectos inmobiliarios del “Chato” López.  

Los llamados “Guardianes de la Sierra de San Miguelito” aseguran que no existe posibilidad de cambiar el uso de suelo en la zona pretendida por López Medina, puesto que desde 2003 forma parte del Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga.

En su boletín de prensa, el Municipio hizo notar que no existen actos del Ayuntamiento, ni del Instituto Municipal de Planeación, que puedan trascender en el despojo, privación, sustracción, arbitraria disposición y zonificación de las tierras de uso común en la superficie comunal.

“Por lo anterior, es posible concluir que los programas sujetos a consulta pública y a adecuarse como resultado de ese procedimiento participativo, no constituyen actos definitivos que afecten los derechos de propiedad de ningún ciudadano”, señala el comunicado del Ayuntamiento.

Tanto Sebastián Pérez García como Fernando Torres Silva reafirmaron que se continúa con el proceso de consulta pública, misma que fue ampliada por 29 días más el lunes pasado.

Los amparos promovidos por comuneros afines a López Medina reclamaban despojo, privación, sustracción, disposición arbitraria y zonificación de sus tierras, debido a la emisión de estos dos programas de desarrollo urbano, por lo que solicitaron no continuar con el procedimiento de estos programas.

El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población están en etapa de consulta pública y prohiben la urbanización de la Sierra de San Miguelito, en tanto la UNAM realice un estudio para emitir una declaratoria de Área Natural Protegida.

De acuerdo con información publicada ayer por GlobalMedia, Rodolfo Valdez García, comisariado de la comunidad de San Juan de Guadalupe, afirmó que no se tomó en cuenta a la comunidad para formular los programas de desarrollo urbano, y el prohibir la urbanización de sus tierras fue una decisión tomada de manera unilateral, por lo que pidieron reunirse con autoridades de Segam, el Implan y el Ayuntamiento capitalino.

Por su parte, Luis David Sandoval Huerta, asesor legal del comisariado, explicó que la suspensión de plano obliga al Ayuntamiento a detener la consulta pública de ambos documentos hasta que se emita una sentencia definitiva del amparo, el cual podría tenerse en un periodo de dos meses.

Según Sandoval Huerta, si el Ayuntamiento continúa con el proceso de consulta pública, deberá modificar dicho documento y eliminar la prohibición que existe para urbanizar los predios en la San Juan de Guadalupe; en caso de no cumplir con la suspensión de plano, podrían ser acreedores a una multa de 8 mil 688 pesos.

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