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Hay más 500 personas desaparecidas en San Luis Potosí
La Fiscalía General del Estado lleva registro desde el año 2000. Desde el gobierno federal se dice que la problemática alcanza proporciones de crisis humanitaria
Por Redacción
En San Luis Potosí hay al menos 542 personas desaparecidas de acuerdo a la información disponible en la página de la Fiscalía General del Estado que lleva registro desde el año 2000.
Del total, al menos 145 de las personas desaparecidas corresponden al sexo femenino, que van desde niñas hasta mujeres de la tercera edad. El resto de los casos son del sexo masculino en donde igual hay un amplio espectro de edad.
Las cifras de la Fiscalía estatal difieren de las que pueden hallarse en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, en donde solo existe constancia de 82 personas desaparecidas en San Luis Potosí. Ese portal no reporta una sola desaparición en el estado del 1 de enero de 2018 a la fecha.
En contraste, las cifras de la Fiscalía muestran que tan solo en 2018 recibió reportes de 654 potosinos desaparecidos. 362 de los casos correspondían a mujeres, de las cuales 79 no han sido encontradas. Además, 292 hombres fueron reportados, de los cuales 69 no han sido encontrados. Es así que el total de desaparecidos del año pasado es de 148.
La dinámica parece no detenerse. En lo que va de 2019 se han reportado 82 personas desaparecidas. 42 hombres y 40 mujeres. 19 de los hombres no han sido encontrados y siete de las mujeres tampoco, de nuevo con las cifras de la Fiscalía.
UN DESASTRE NACIONAL
La divergencia entre los datos de las plataformas es una muestra del desajuste que existe en lo que respecta a la coordinación institucional y la categorización del delito en el país, un hecho que fue denunciado esta semana por Alejandro Encinas, quien funge como Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación.
La desaparición de personas, dijo el funcionario, es una problemática que alcanza las cotas de una crisis humanitaria que se extiende a lo largo de todo el territorio nacional.
De acuerdo a datos del gobierno federal, en todo México existen alrededor de 40 mil personas desaparecidas. Debido a lo anterior, Encinas acusó a la administración de Enrique Peña Nieto de no ejercer los 468 millones de pesos destinados a la Comisión Nacional de Búsqueda, de los que apenas se utilizaron seis millones de pesos, por lo cual infirió que se “simuló la búsqueda de desaparecidos”.
Acaso debido a ello desde el gobierno federal se han puesto como meta fortalecer los sistemas de búsqueda de personas, y para ello se emplearán 400 millones de pesos para el rastreo de aquellos individuos que siguen buscados por sus familias.
En este sentido, San Luis Potosí juega una posición importante, ya que es parte de los 8 estados de la república que cuentan con una comisión de búsqueda de personas, aunque como detalló el gobierno federal, aún se debe “fortalecer”.
De hecho apenas en octubre de 2018, en una visita al Colegio de San Luis, Alejandro Encinas calificó de “lamentable” la situación de seguridad en el estado, al referirse a la desaparición de personas, así como los feminicidios.
LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO, EN SUSPENSO
El año pasado, Federico Garza Herrera celebró la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que junto a la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas contribuirían a atender la tarea.
“Vamos a establecer líneas que permitan el buen trabajo y que se puedan obtener de manera conjunta hallazgos importantes para poder ayudar en ese tema”, aseguró el encargado de la impartición de justicia en la entidad potosina.
Fue así que quedó determinado que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizaría acciones del ámbito administrativo con las víctimas, mientras que el Ministerio Público especializado llevaría a cabo acciones concretas para poder identificar a los responsables en la comisión de delitos.
Si bien la noticia fue bien recibida por la población en general, hubo voces que matizaron el discurso y que si bien aplaudieron la creación de la comisión, pidieron que su trabajo fuera profesional y ajustado a la realidad potosina.
Ricardo Sánchez García, representante del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, aseguró que la creación de la Comisión era necesaria y una exigencia de la sociedad civil, ya que hay rezagos por más de doce años por casos que fueron dejados a la deriva en su momento.
El activista recomendó que la Comisión cuente con un cuerpo de abogados y psicólogos para que asesoren y acompañen a las víctimas durante las investigaciones, así como la integración de un comisionado con un perfil adecuado: “que no solamente sea como un investigador, tiene que tener otras cualidades de gestor para saber armar y administrar un cuerpo de profesionales que van a acompañar a las víctimas de esos asuntos, que sí respalde a las víctimas”.
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Ayuntamiento de SLP
Clausuran establecimiento por presunto maltrato animal y operar sin licencia
Durante un operativo conjunto, autoridades municipales rescataron más de 180 animales en condiciones inadecuadas; el responsable fue turnado a la Fiscalía
Por: Redacción
El Gobierno de la Capital, en coordinación con el Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Dirección de Comercio Municipal, clausuró un establecimiento que funcionaba sin licencia y en el que se detectaron condiciones de presunto maltrato animal.
La acción derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre el estado de los animales en el lugar. En la inspección se localizaron siete perros amarrados con correas cortas y sin acceso constante a agua o alimento, así como 164 aves —entre ellas gallinas, codornices, patos y periquitos— en jaulas apiladas. También se encontraron seis gatos, dos cuyos y un conejo en espacios reducidos y sin condiciones adecuadas.
Los perros y gatos fueron trasladados al CIBA para su evaluación y resguardo, mientras que el resto de los animales fue llevado al refugio Villa Cuac, con apoyo de la Dirección de Servicios Municipales. Todos los ejemplares reciben atención veterinaria y cuidados mientras se determina su situación jurídica y sanitaria.
La persona responsable del negocio fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal. Las autoridades capitalinas reiteraron que continuarán realizando operativos para garantizar el cumplimiento de la normativa y el bienestar de los animales en establecimientos comerciales.
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Confirman Ley Seca en SLP para Elección Judicial
La medida será aplicada en la entidad potosina los días sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio
Por: Redacción
La Dirección de Gobernación del estado de San Luis Potosí, confirmó que se aplicará la Ley Seca con motivo de la elección del Poder Judicial , por lo que no habrá venta de bebidas alcohólicas.
En un documento expedido por el titular de la dependencia estatal, José Concepción Gallardo Martínez, se ordena que se deberá suspender la venta, distribución, consumo y suministro de bebidas alcohólicas a partir de las 00:01 horas del día sábado 31 de mayo y concluir a las 24:00 horas del día domingo 1 de junio de la presente anualidad.
El documento enfatiza que ignorar esta disposición será sancionada conforme a los artículos 50 y 57 de la Ley en la materia.
La elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, tanto a nivel local como federal, se efectuará el próximo domingo 1 de junio, en un proceso inédito para la ciudadanía del país.
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Protestan contra iniciativa de anexos en SLP
Los manifestantes pidieron que se realice una propuesta con castigos más severos para los vendedores de droga, y no contra los internamientos forzados
Por: Redacción
Esta mañana, un grupo de ciudadanos se manifestó a las afueras del Congreso del Estado de San Luis Potosí, para rechazar la iniciativa de la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, que propone eliminar el internamiento forzoso de personas en anexos.
La propuesta de la diputada Aradillas plantea reformas a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios, la Ley de Prevención y Control de Adicciones y al Código Penal del Estado, con el propósito de prohibir el internamiento involuntario en centros de rehabilitación, e incluso establecer como delito de privación ilegal de la libertad el hecho de internar a una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de un familiar, tutor o representante legal.
Esta propuesta ha generado inconformidad entre los manifestantes, en su mayoría familiares de personas con problemas de adicciones, quienes portaban pancartas con mensajes como “Sí al diálogo a favor de los anexos”, “Los anexos salvan vidas”, “Derecho a la rehabilitación, a cambiar y a la vida” y “Di no a las drogas”. Con consignas y testimonios, pidieron a las y los legisladores no quitarle a las familias una de las pocas alternativas que, aseguran, tienen para contener y rehabilitar a sus seres queridos.
“Mejor invéntese una propuesta para que realmente se castigue con todo el peso de la ley a quienes venden drogas. Arregle la situación con educación real y con una reforma a los anexos que se necesita. Metan dinero ahí”, dijo una manifestante.
El argumento central de la legisladora se basa en que este tipo de internamientos suprime derechos humanos, ya que, en ocasiones, las personas eran internadas por tiempo indefinido y sin un debido proceso médico o jurídico. La diputada se apoya en la Norma Oficial Mexicana NOM-028, que regula los modelos de atención en adicciones y reconoce únicamente el internamiento voluntario en establecimientos de ayuda mutua, mientras que los centros de modelo mixto o profesional pueden aplicar internamientos involuntarios bajo lineamientos específicos y con aval de instituciones reconocidas por la CONADIC.
Aunque la iniciativa busca proteger los derechos de personas internadas contra su voluntad, para los manifestantes la eliminación de esta figura representa dejar a muchas familias sin herramientas para enfrentar el consumo problemático de sustancias.
En sus testimonios, señalaron que muchos anexos han logrado contener conductas autodestructivas y han sido la única opción ante un sistema de salud mental insuficiente. Sin embargo, también reconocieron que los centros deben mejorar su calidad y profesionalización, con la integración de psicólogos, neurólogos, nutriólogos y personal capacitado.
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