Destacadas
Hay más 500 personas desaparecidas en San Luis Potosí
La Fiscalía General del Estado lleva registro desde el año 2000. Desde el gobierno federal se dice que la problemática alcanza proporciones de crisis humanitaria
Por Redacción
En San Luis Potosí hay al menos 542 personas desaparecidas de acuerdo a la información disponible en la página de la Fiscalía General del Estado que lleva registro desde el año 2000.
Del total, al menos 145 de las personas desaparecidas corresponden al sexo femenino, que van desde niñas hasta mujeres de la tercera edad. El resto de los casos son del sexo masculino en donde igual hay un amplio espectro de edad.
Las cifras de la Fiscalía estatal difieren de las que pueden hallarse en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, en donde solo existe constancia de 82 personas desaparecidas en San Luis Potosí. Ese portal no reporta una sola desaparición en el estado del 1 de enero de 2018 a la fecha.
En contraste, las cifras de la Fiscalía muestran que tan solo en 2018 recibió reportes de 654 potosinos desaparecidos. 362 de los casos correspondían a mujeres, de las cuales 79 no han sido encontradas. Además, 292 hombres fueron reportados, de los cuales 69 no han sido encontrados. Es así que el total de desaparecidos del año pasado es de 148.
La dinámica parece no detenerse. En lo que va de 2019 se han reportado 82 personas desaparecidas. 42 hombres y 40 mujeres. 19 de los hombres no han sido encontrados y siete de las mujeres tampoco, de nuevo con las cifras de la Fiscalía.
UN DESASTRE NACIONAL
La divergencia entre los datos de las plataformas es una muestra del desajuste que existe en lo que respecta a la coordinación institucional y la categorización del delito en el país, un hecho que fue denunciado esta semana por Alejandro Encinas, quien funge como Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación.
La desaparición de personas, dijo el funcionario, es una problemática que alcanza las cotas de una crisis humanitaria que se extiende a lo largo de todo el territorio nacional.
De acuerdo a datos del gobierno federal, en todo México existen alrededor de 40 mil personas desaparecidas. Debido a lo anterior, Encinas acusó a la administración de Enrique Peña Nieto de no ejercer los 468 millones de pesos destinados a la Comisión Nacional de Búsqueda, de los que apenas se utilizaron seis millones de pesos, por lo cual infirió que se “simuló la búsqueda de desaparecidos”.
Acaso debido a ello desde el gobierno federal se han puesto como meta fortalecer los sistemas de búsqueda de personas, y para ello se emplearán 400 millones de pesos para el rastreo de aquellos individuos que siguen buscados por sus familias.
En este sentido, San Luis Potosí juega una posición importante, ya que es parte de los 8 estados de la república que cuentan con una comisión de búsqueda de personas, aunque como detalló el gobierno federal, aún se debe “fortalecer”.
De hecho apenas en octubre de 2018, en una visita al Colegio de San Luis, Alejandro Encinas calificó de “lamentable” la situación de seguridad en el estado, al referirse a la desaparición de personas, así como los feminicidios.
LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO, EN SUSPENSO
El año pasado, Federico Garza Herrera celebró la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que junto a la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas contribuirían a atender la tarea.
“Vamos a establecer líneas que permitan el buen trabajo y que se puedan obtener de manera conjunta hallazgos importantes para poder ayudar en ese tema”, aseguró el encargado de la impartición de justicia en la entidad potosina.
Fue así que quedó determinado que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizaría acciones del ámbito administrativo con las víctimas, mientras que el Ministerio Público especializado llevaría a cabo acciones concretas para poder identificar a los responsables en la comisión de delitos.
Si bien la noticia fue bien recibida por la población en general, hubo voces que matizaron el discurso y que si bien aplaudieron la creación de la comisión, pidieron que su trabajo fuera profesional y ajustado a la realidad potosina.
Ricardo Sánchez García, representante del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, aseguró que la creación de la Comisión era necesaria y una exigencia de la sociedad civil, ya que hay rezagos por más de doce años por casos que fueron dejados a la deriva en su momento.
El activista recomendó que la Comisión cuente con un cuerpo de abogados y psicólogos para que asesoren y acompañen a las víctimas durante las investigaciones, así como la integración de un comisionado con un perfil adecuado: “que no solamente sea como un investigador, tiene que tener otras cualidades de gestor para saber armar y administrar un cuerpo de profesionales que van a acompañar a las víctimas de esos asuntos, que sí respalde a las víctimas”.
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Ayuntamiento de SLP
Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026
Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución
Por: Redacción
El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.
Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.
El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.
Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.
Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.
Destacadas
Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia
Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos
Por: Redacción
En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.
“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.
La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.— abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.
“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.
Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.
El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.
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Ciudad
Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares
El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.
Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”
El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.
Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.
El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.
Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”
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