julio 8, 2026

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Hay déficit de ministerios públicos en SLP; 8 por cada 100 mil habitantes

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En promedio, cada agente del Ministerio Público abrió 163.3 carpetas de investigación el año pasado, más que la media nacional

Por: El Saxofón

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), San Luis Potosí es una de las entidades con menores tasas de agentes y fiscales del Ministerio Público (MP) en el país. Con una tasa de 8.3 agentes del MP por cada 100 mil habitantes, se encuentra por debajo de la tasa media nacional, que es de 9.6.
En 2018, cada Agente del MP en San Luis Potosí abrió en promedio 163.3 carpetas de investigación, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, realizado por el Inegi.

Esto representa la carga de trabajo por agente y/o fiscal del Ministerio Público para adultos y adolescentes durante 2018, donde resalta Nuevo León con una carga de trabajo de 364.6 carpetas de investigación abiertas por cada MP, y Sinaloa con la menor carga, al observar apenas 1.5 carpetas de investigación por agente.

En el caso de los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen mayor carga de trabajo que el promedio nacional, que es de 156.2 averiguaciones por agencia.

A nivel nacional durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento) y 27 mil 428 para adolescentes (1.4 por ciento incluyendo delitos del Fuero Común y Federal). El delito registrado con mayor frecuencia fue robo, que alcanzó 40.2 por ciento con respecto al total de los delitos. Además, se reportaron 44 mil 579 homicidios y 913 feminicidios, mismos que representaron 2.3 por ciento y 0.05 por ciento del total, respectivamente.

En San Luis Potosí, el 36.5 por ciento de las investigaciones iniciadas fue por el delito de robo en sus distintas modalidades.

El año pasado, la entidad observó una tasa de mil 357.9 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, inferior a la nacional que fue de mil 526.3.

De acuerdo con la tasa de delitos registrados en averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas por cada 100 mil habitantes, Colima es la entidad con la mayor tasa: 3 mil 321.4 por cada 100 mil.

Según el Inegi, en el país, del total de expedientes abiertos en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 98.1 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.9 por ciento a justicia para adolescentes. En cuanto a la entidad con la mayor cantidad de expedientes abiertos, en ambas materias, se encuentra Guanajuato, con 32 mil 696, cifra que representó el 12.7 por ciento del total nacional.

En el terreno local, los órganos o unidades encargadas de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias abrieron 7 mil 019 expedientes.

Según el Censo de Procuración de Justicia, en 2018, en San Luis Potosí hubo 38 mil 593 víctimas registradas en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas durante el año, de las cuales 17 mil 030 fueron hombres y 13 mil 291 fueron mujeres. En un alto número de casos, 7 mil 343, la víctima no fue identificada.
También destaca que el año pasado, los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí solicitaron 489 medidas cautelares

, las cuales fueron decretadas por el Juez de Control o Garantías. En 274 de los casos fue Prisión preventiva; 27 Presentación periódica ante el juez o autoridad distinta; 7 Prohibición de salir sin autorización del país, localidad de residencia u otro.

También destaca que en 57 casos, la medida fue Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos.

Otras medidas cautelares fueron “Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, o internamiento en institución determinada”, en 78 casos; “Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares”, en 29 casos; “Separación inmediata del domicilio”, dos casos; “Suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral”, un caso, y otra medida cautelar, 14 casos.

Cabe mencionar que estas 489 solicitudes de medidas cautelares fueron hechas por los Agentes del Ministerio Público y concedidas por el Juez de Control o Garantías; es decir, pudo haber más solicitudes las cuales no fueron concedidas por el juez en turno.

En México, al cierre de 2018 laboraban 96 mil 847 servidores públicos en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. De ellos, 59.7 por ciento fueron hombres y 42.1 por ciento mujeres. Asimismo, 73.9 por ciento del personal estaba contratado bajo régimen de confianza.

En el mismo periodo, en las 3 mil 707 Agencias del Ministerio Público del Fuero Común laboraban 43 mil 427 personas. Del total, 27.7 por ciento fueron agentes y/o fiscales del Ministerio Público y 23.6 por ciento fueron policías ministeriales o investigadores.

Durante 2018 se iniciaron y/o abrieron un millón 880 mil 460 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales 98.6 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.4 por ciento, a justicia para adolescentes.

También se registraron 233 mil 355 conclusiones y/o determinaciones en las averiguaciones previas e investigaciones; un millón 90 mil 918 conclusiones y/o determinaciones en carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, y 78 mil 244 en carpetas de investigación en la etapa de investigación complementaria.
Finalmente, al cierre de 2018, quedaron un millón 555 mil 953 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir.

Durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento del total) y 27 mil 227 para adolescentes (1.4 por ciento).

En cuanto a las personas involucradas en estos delitos, se registraron un millón 869 mil 932 inculpados y/o imputados en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas. Del total, 43.7 por ciento fueron hombres y 11.4 por ciento fueron mujeres; el resto correspondió a no identificados (44.6 por ciento) y a otro tipo, es decir, personas morales, el Estado, la Federación o cualquier otro (0.3 por ciento).

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Ayuntamiento de SLP

El Saucito no se toca: historia de una promesa que ningún alcalde ha podido cumplir

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La obra más codiciada y más maldita de la capital potosina ha tenido tres intentos fallidos en tres administraciones distintas. En cada uno, fluyó dinero público sin que se moviera un solo metro cúbico de tierra. En el fondo de la historia hay dinero público pagado sin obra ejecutada, recursos que nadie recuperó, y una comunidad que lleva ocho años protegiendo lo suyo.

Por: Redacción

El paso a desnivel de El Saucito es, a estas alturas, más que una obra pública. Es un espejo. Cada administración municipal que se ha asomado a él ha mostrado lo mismo: la ambición por un megaproyecto vial, la incapacidad para concretarlo, y —en más de un caso— la tentación de cobrar antes de construir. Ocho años después del primer intento, la licitación sigue bloqueada, los vecinos acaban de obtener su tercer amparo federal y el alcalde Enrique Galindo Ceballos advierte que si no se liberan las bases pronto, la obra más importante de su gobierno podría morir antes de nacer. De nuevo.

El primer intento: la obra que arrancó con una perforadora y terminó en una investigación

Todo comenzó en febrero de 2018, cuando el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez se plantó en la avenida Fray Diego de la Magdalena, en el corazón del barrio del Saucito, y anunció el inicio de obras preliminares para un paso inferior vehicular. La inversión prometida: 234 millones de pesos para 1.3 kilómetros de obra. La narrativa era la del alcalde que resolvía el caos vial del norte de la capital. Lo que nadie esperaba era la respuesta del barrio.

El mismo día del arranque, una joven del lugar se abrazó de la perforadora que ya había comenzado a horadar el pavimento. Los vecinos les dijeron a los operadores: “o la paras o te quemamos con todo y máquina.” No era retórica. La gente del Saucito lleva generaciones organizando fiestas patronales, procesiones y rituales alrededor de una iglesia y un cementerio que son, para ellos, identidad. La posibilidad de que una obra de infraestructura los borrara o los dañara no

Los comerciantes y vecinos que se opusieron recibieron avisos de que sus permisos y licencias podrían no renovarse. La presión no funcionó. Para finales de marzo de 2018, el Juzgado Sexto de Distrito concedió suspensión definitiva en el amparo 248/2018, ordenando que no se ejecutara la obra en los tramos donde se ubican la capilla, la iglesia del Señor del Saucito y el cementerio municipal, todos catalogados como monumentos históricos. En abril, los vecinos marcharon con cohetes, danzantes y banda por la avenida Carranza hasta Palacio Municipal. “¡Qué viva el Señor del Saucito!; ¡No nosvamos a rendir!”

El primer intento había fracasado. Pero lo más grave no era el fracaso de la obra. Era lo que se había pagado por ella.

Al terminar el trienio, el gobierno de Xavier Nava Palacios descubrió que de los 130 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero federal destinados al proyecto, se habían erogado 106 millones 153 mil pesos en pagos que no correspondían a ninguna obra ejecutada: 55.7 mdp en materiales que jamás se entregaron, 42.3 mdp en subcontratos, más de un millón y medio en pagos de ISR inexistentes y liquidaciones indebidas al personal técnico. Nava Palacios resumió el caso con una frase: “fue una obra pagada, no ejecutada.”

Cuatro empresas, de las 18 involucradas, devolvieron 55.7 mdp mediante convenios con el nuevo gobierno. Más de 50 millones adicionales quedaron sin recuperar.

Cuando Enrique Galindo asumió la alcaldía en 2021 y se le preguntó si su administración daría seguimiento al caso, respondió con brevedad: “no me toca propiamente estar en ello.” El expediente no volvió a aparecer en la agenda municipal.

El “no me toca” que lo persigue

Con esa respuesta, Galindo cerró la puerta a cualquier posibilidad de que el Ayuntamiento recuperara los recursos que quedaron sin reintegrar. Las empresas que no habían devuelto el dinero continuaron operando sin consecuencias desde el flanco municipal.

En política, los cálculos que se hacen en el primer año de gobierno con frecuencia cobran factura en el tercero. Galindo gobernaba en tensión permanente con el estado, y abrir un frente en ese momento tenía un costo político claro. Fue una decisión. Las consecuencias, como suele ocurrir, llegaron después.

El segundo intento: Galindo repite el patrón

Para noviembre de 2021, Galindo había lanzado “Vialidades Potosinas” con El Saucito como pieza central: un paso inferior vehicular que prolongara la avenida Salvador Nava en línea recta hasta empalmar con la carretera a Zacatecas. “Vamos por el tercer intento para hacer esa obra y yo no pienso fracasar”, declaró. Lo que siguió tiene un parecido incómodo con lo que ocurrió en 2018.

Entre enero y agosto de 2023, el Ayuntamiento emitió 10 licitaciones distintas relacionadas con el proyecto integral, por un monto total de 378 millones 348 mil pesos. Y comenzó a pagar anticipos: para agosto de ese año, ocho constructoras ya habían recibido 161 millones 131 mil 921 pesos —el 43 por ciento del total—, aunque el proyecto seguía enfrentando el rechazo de una parte de los vecinos y, lo más grave, no existía certeza jurídica de que la obra pudiera ejecutarse.

Porque en mayo de 2023, mientras los pagos fluían, el Juzgado Segundo de Distrito

había concedido suspensión definitiva a vecinos en el juicio 363/2023-III-A, por considerar que desarrollar la obra causaría “perjuicios de difícil reparación”. El Ayuntamiento pagó 161 millones con una suspensión judicial vigente.

El paral elo con lo que ocurrió en 2018 no pasa desapercibido: en aquel caso, se pagó obra que nunca se ejecutó; en este, el Ayuntamiento argumentó que los recursos podían reasignarse. Galindo sugirió que el dinero podría ir al Paseo Esmeralda

en la calzada de Guadalupe, o al desnivel de Himalaya. En todo caso, el patrón —comprometer recursos públicos antes de tener condiciones para construir— se repitió.

El tercer intento: el Saucito contra todos

Con el inicio de su segundo período, Galindo retomó el proyecto en octubre de 2025, esta vez con más precauciones: firmó convenio con el Grupo Universitario del Agua de la UASLP para estudios geológicos y geotécnicos, abrió mesas de diálogo con el INAH, las organizaciones vecinales y los comerciantes. Para abril de 2026 declaraba que el 70 u 80 por ciento de la comunidad apoyaba el proyecto. “Si hay algún riesgo, no lo voy a hacer”, prometió.

En febrero de 2026, el Cabildo aprobó en la Gaceta Municipal 261 el acuerdo que vincula los recursos de la subasta de predios municipales con el proyecto del Saucito, aunque con una condición: el paso inferior del Saucito es el último en el orden de prioridad. Antes deben concluirse la obra de la salida a Guadalajara, el conector Río Españita-Salvador Nava y la rehabilitación de la Unidad Básica de Rehabilitación de Maravillas.

Y desde el 21 de marzo de 2026, la licitación lleva bloqueada en la plataforma de la Contraloría Estatal, que no ha emitido respuesta. La plataforma, según el alcalde, permanece “ni sí ni no, simplemente inactiva.” En junio, la UASLP presentó observaciones geológicas que pausaron también el proceso técnico: si no se reactiva pronto, la licitación tendría que reiniciarse desde cero. El INAH dictaminó y pidió una certificación de daños adicional. “Ya todo eso es exagerado”, dijo Galindo.

En ese contexto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló públicamente que el costo de la obra no se justifica: aseguró que vale 150 millones de pesos, mientras el municipio solicita autorización para gastar más de 300 millones. Galindo respondió con un dato de archivo: cuando Gallardo Juárez licitó esta misma obra en 2018, la proyectó en 240 millones y terminó gastando 120 sin entregar nada. “Él decía de 150 millones de pesos, pero cuando el alcalde anterior al anterior licitó El Saucito, lo licitó en 240 millones de pesos y se gastaron 120”, afirmó.

El nuevo amparo y la Contraloría como árbitro inesperado

El 16 de junio de 2026, mientras la disputa sobre el presunto sobrecosto llenaba las páginas de los medios locales, el Juzgado Sexto de Distrito concedió una nueva suspensión provisional en el amparo 821/2026-III. El Ayuntamiento promovió recurso de queja. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito lo declaró infundado: la medida cautelar se mantiene.

El fundamento es el mismo que en 2018: sin permiso previo del Centro INAH San Luis Potosí, ejecutar una obra en inmediaciones de un monumento histórico es ilegal.

El 3 de julio, los vecinos dieron un paso inusual: notificaron formalmente a la Contraloría General del Estado —la misma que lleva meses sin responder la solicitud de licitación del Ayuntamiento— sobre la existencia de la suspensión provisional y la sentencia del Tribunal Colegiado.

Pidieron que la Contraloría tuviera presentes las medidas cautelares “en cualquier actuación relacionada con procedimientos de revisión, control interno, licitación, contratación, fiscalización, autorización, o seguimiento del proyecto.” El movimiento convierte a la Contraloría, paradójicamente, en el árbitro entre el Ayuntamiento que quiere licitar y los vecinos que tienen una suspensión federal en la mano.

Lo que está en juego

El 6 de julio, Galindo fue directo: “La que nos va a hacer trascender es la del Saucito, y esa sigue sin autorizarse la licitación.” El alcalde describió la obra como su legado. El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) la calificó como “urgente” el 1 de julio, aunque su titular Javier Ernesto Flores Navarro advirtió que la infraestructura sola no resolverá los problemas de movilidad si no mejora también el transporte público —materia que corresponde al gobierno estatal.

Al día de hoy la situación es esta: la licitación lleva bloqueada desde el 21 de marzo en la Contraloría Estatal. Existe una suspensión provisional federal vigente, avalada por un Tribunal Colegiado. Los vecinos están organizados, tienen asesoría jurídica y acaban de ganar otro frente legal. Y Galindo, con su segundo período en la recta final, advierte que el proyecto está en riesgo si no se liberan las bases pronto.

En ocho años, tres alcaldes han querido hacer esta obra. Ninguno la ha construido. Dos de ellos comprometieron dinero público antes de tener condiciones legales para hacerlo.

Lo único constante en toda esta historia es El Saucito: el barrio, la iglesia, el cementerio, los vecinos que llevan casi una década diciéndole al poder que ese espacio no se toca sin su permiso. Han ganado tres veces en los tribunales. Y siguen ahí.

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Nuevos expedientes apuntan a presunta red de lavado ligada a Sánchez Zumaya

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Documentos de Reporte Índigo lo señalan ahora como líder de una operación de huachicol fiscal por más de mil 100 millones de dólares

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó este año el no ejercicio de la acción penal en dos carpetas de investigación contra Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino y aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados. Pese a ello, nuevos documentos consultados por Reporte Índigo lo señalan como presunto líder de una red de lavado de dinero, defraudación fiscal y extracción ilícita de hidrocarburos de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La primera carpeta, derivada de señalamientos de 2024 sobre un presunto saqueo de hidrocarburos a Pemex, y la segunda, radicada en Tabasco por lavado de dinero, facturación de operaciones inexistentes y portación de arma de fuego, concluyeron sin acción penal por insuficiencia probatoria.

Estas indagatorias no son nuevas: desde noviembre de 2024 se conoce una denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Tabasco que acusaba a Sánchez Zumaya —dueño de Petrogesa, contratista de Pemex entre 2021 y 2024— de lavado de dinero y fraude fiscal mediante una red de empresas y prestanombres que facturaron más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Días después, diputados del PAN exigieron en la Cámara que la FGR investigara esos nexos.

Ninguna de esas resoluciones impidió que su nombre reapareciera en documentos que lo vinculan con una operación de mayor escala. Una investigación de Reporte Índigo, basada en comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros, sostiene que el empresario habría encabezado una organización identificada como Grupo GESA, dedicada a lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y petroquímicos desde instalaciones de Pemex.

El documento describe un mecanismo similar al ya conocido: al menos 15 personas físicas

—entre ellas familiares y medios hermanos del empresario— habrían emitido esos comprobantes para dificultar el rastreo del dinero, sin infraestructura ni capacidad económica para respaldarlas. Cita casos atípicos: un joven de 24 años y otro de 25 habrían facturado mil 800
y más de mil 200 millones de pesos, casi sin gastos reportados.

La investigación sostiene además que la red logró ingresar a instalaciones estratégicas de Pemex —entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia— sin registros oficiales de entrada o salida ni contratos que justificaran la presencia de particulares.

El expediente ubica el destino final de los recursos en cuatro empresas constituidas en Texas: Concordia Chemical LLC, Smart Logistics Commerce LLC, Espada Group LLC y Catros Intech LLC, que habrían recibido comprobantes fiscales por más de mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, luego de que las operaciones pasaran por un segundo grupo de empresas en Nuevo León y Coahuila asociado al empresario Salvador Vigil Jordán.

Los nuevos señalamientos ocurren mientras Sánchez Zumaya busca la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí para 2027. Fuentes de Morena confirmaron que su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación no prosperó debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos; se inscribió entonces ante el Partido del Trabajo (PT), que no aplica ese filtro. Apenas el mes pasado, el empresario tuvo que ampararse para evitar ser detenido después de que trascendiera que pesaba sobre él una orden de aprehensión.

El empresario ha rechazado cualquier participación en actividades ilícitas relacionadas con Pemex y ha sostenido que enfrenta una campaña política en su contra. Hasta el momento, ninguno de los nuevos señalamientos cuenta con una resolución judicial definitiva.

Con información de Reporte Índigo.

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Un solo sueño: el arte del Mundial en las calles de San Luis | Artículo de Sayd Sauceda

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Por: Sayd Sauceda

Hay sueños que caben en un balón. Y hay ciudades que deciden pintarlos en sus calles. San Luis Potosí, en pleno Mundial 2026, ha convertido el Pasaje Zaragoza y el bulevar Salvador Nava en un lienzo donde el arte y el fútbol se abrazan.

El Ayuntamiento capitalino puso en marcha dos programas: “Color Zaragoza” y “Trazo, Pasión y Fútbol”. El primero convirtió el Pasaje Zaragoza —el andador que va desde la Plaza de Armas hasta el Jardín Colón— en una galería a cielo abierto con más de 60 murales en cortinas de comercios.

El segundo, “Trazo, Pasión y Fútbol”, se enfoca en el fútbol y el Mundial 2026, que ya se está viviendo en el país. La ciudad decidió sumarse con arte urbano en el Pasaje Zaragoza y en el bulevar Salvador Nava.

No es solo una cuestión de embellecer. Es una apuesta por recuperar el espacio público, darle voz a artistas urbanos y fortalecer la identidad cultural desde las calles.

Pasar por el Pasaje Zaragoza y poder detenerse a admirar talento local convierte el recorrido en una experiencia más contemplativa. El arte en el espacio público invita a pensar en dónde se está parado, a poner en perspectiva la obra que llama la atención y también a preguntarse por qué otras no lo hacen. Eso es lo que hace grande al arte: no deja indiferente.

Que el arte llegue a estos espacios no es casualidad. El Ayuntamiento abrió una convocatoria para que artistas independientes pudieran participar. No fue un encargo a dedazo, sino una oportunidad real para que el talento local muestre su visión de la ciudad. Darle esa oportunidad a artistas independientes de plasmar su obra en una cortina o en un puente es un acierto.

El fútbol está en la cultura mexicana. Recuerdo un fin de semana, de esos que no se olvidan. Íbamos a jugar contra los de la otra cuadra. Sentado esperando a que llegara nuestro mejor portero, decidiendo la alineación, todos de playera blanca —varios tuvieron que regresar a cambiar la suya—. Y apostar una Coca de 2.5. Eso era más que una Copa de Champions en ese tiempo. Cuando, aunque vayas perdiendo, podías decir “un gol gana” y remontar sin problema. Esa es la magia del fútbol callejero.

El artista potosino Neto Medellín fue uno de los seleccionados. Pintó dos cortinas en el Pasaje Zaragoza y un puente en el bulevar Salvador Nava. Su obra se llama “Un solo sueño”.

Le preguntamos qué significaba participar en esto y por qué ese nombre:

“Me motivó mucho haber sido elegido entre tanto talento que hay en San Luis Potosí. Hay muchísimos artistas haciendo un gran trabajo, así que formar parte de este proyecto es un honor y también una responsabilidad. En mi caso, el tema era el fútbol y quise hacer una pieza con la que realmente me sintiera identificado. Así nació ‘Un solo sueño’. Es una obra que habla de algo que compartimos muchos mexicanos. De niños soñamos con jugar un Mundial, con ponernos la camiseta de la Selección y representar a nuestro país. Y aunque con el tiempo esos sueños cambian, seguimos conservando esa ilusión de ver a México llegar a lo más alto y algún día levantar la Copa del Mundo.”

Y sobre la reacción de la gente:

Es muy gratificante escuchar los comentarios de la gente que pasa por estos espacios y ver que conectan con el mural. Cuando recibes una respuesta positiva, todo el esfuerzo cobra sentido, porque el mural no se pinta para uno mismo, sino para todas las personas que lo van a ver todos los días, ya sea camino a la escuela, al trabajo o simplemente mientras caminan por la ciudad. Saber que una obra puede alegrarle el día a alguien o hacerlo detenerse unos segundos a observarla es de las cosas más valiosas del arte urbano. También quise reflejar esa capacidad de los mexicanos para seguir soñando, incluso cuando el camino parece difícil. Más allá del fútbol, el mural habla de la esperanza, de perseguir metas y de no perder esa ilusión que nace desde la infancia.”

“Un solo sueño” ya no es solo un mural en un puente o una cortina. Es un recordatorio de que, aunque crezcamos, aunque la vida nos cambie los planes, la ilusión de ser niños y soñar con un balón no se pierde. Porque al final, todos tenemos uno. Y quién sabe, quizá ese sueño que Neto pintó en el Salvador Nava, uno de estos días, alguien lo viva de verdad.

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