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Hay déficit de ministerios públicos en SLP; 8 por cada 100 mil habitantes
En promedio, cada agente del Ministerio Público abrió 163.3 carpetas de investigación el año pasado, más que la media nacional
Por: El Saxofón
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), San Luis Potosí es una de las entidades con menores tasas de agentes y fiscales del Ministerio Público (MP) en el país. Con una tasa de 8.3 agentes del MP por cada 100 mil habitantes, se encuentra por debajo de la tasa media nacional, que es de 9.6.
En 2018, cada Agente del MP en San Luis Potosí abrió en promedio 163.3 carpetas de investigación, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, realizado por el Inegi.
Esto representa la carga de trabajo por agente y/o fiscal del Ministerio Público para adultos y adolescentes durante 2018, donde resalta Nuevo León con una carga de trabajo de 364.6 carpetas de investigación abiertas por cada MP, y Sinaloa con la menor carga, al observar apenas 1.5 carpetas de investigación por agente.
En el caso de los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen mayor carga de trabajo que el promedio nacional, que es de 156.2 averiguaciones por agencia.
A nivel nacional durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento) y 27 mil 428 para adolescentes (1.4 por ciento incluyendo delitos del Fuero Común y Federal). El delito registrado con mayor frecuencia fue robo, que alcanzó 40.2 por ciento con respecto al total de los delitos. Además, se reportaron 44 mil 579 homicidios y 913 feminicidios, mismos que representaron 2.3 por ciento y 0.05 por ciento del total, respectivamente.
En San Luis Potosí, el 36.5 por ciento de las investigaciones iniciadas fue por el delito de robo en sus distintas modalidades.
El año pasado, la entidad observó una tasa de mil 357.9 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, inferior a la nacional que fue de mil 526.3.
De acuerdo con la tasa de delitos registrados en averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas por cada 100 mil habitantes, Colima es la entidad con la mayor tasa: 3 mil 321.4 por cada 100 mil.
Según el Inegi, en el país, del total de expedientes abiertos en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 98.1 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.9 por ciento a justicia para adolescentes. En cuanto a la entidad con la mayor cantidad de expedientes abiertos, en ambas materias, se encuentra Guanajuato, con 32 mil 696, cifra que representó el 12.7 por ciento del total nacional.
En el terreno local, los órganos o unidades encargadas de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias abrieron 7 mil 019 expedientes.
Según el Censo de Procuración de Justicia, en 2018, en San Luis Potosí hubo 38 mil 593 víctimas registradas en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas durante el año, de las cuales 17 mil 030 fueron hombres y 13 mil 291 fueron mujeres. En un alto número de casos, 7 mil 343, la víctima no fue identificada.
También destaca que el año pasado, los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí solicitaron 489 medidas cautelares 
También destaca que en 57 casos, la medida fue Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos.
Otras medidas cautelares fueron “Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, o internamiento en institución determinada”, en 78 casos; “Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares”, en 29 casos; “Separación inmediata del domicilio”, dos casos; “Suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral”, un caso, y otra medida cautelar, 14 casos.
Cabe mencionar que estas 489 solicitudes de medidas cautelares fueron hechas por los Agentes del Ministerio Público y concedidas por el Juez de Control o Garantías; es decir, pudo haber más solicitudes las cuales no fueron concedidas por el juez en turno.
En México, al cierre de 2018 laboraban 96 mil 847 servidores públicos en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. De ellos, 59.7 por ciento fueron hombres y 42.1 por ciento mujeres. Asimismo, 73.9 por ciento del personal estaba contratado bajo régimen de confianza.
En el mismo periodo, en las 3 mil 707 Agencias del Ministerio Público del Fuero Común laboraban 43 mil 427 personas. Del total, 27.7 por ciento fueron agentes y/o fiscales del Ministerio Público y 23.6 por ciento fueron policías ministeriales o investigadores.
Durante 2018 se iniciaron y/o abrieron un millón 880 mil 460 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales 98.6 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.4 por ciento, a justicia para adolescentes.
También se registraron 233 mil 355 conclusiones y/o determinaciones en las averiguaciones previas e investigaciones; un millón 90 mil 918 conclusiones y/o determinaciones en carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, y 78 mil 244 en carpetas de investigación en la etapa de investigación complementaria.
Finalmente, al cierre de 2018, quedaron un millón 555 mil 953 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir.
Durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento del total) y 27 mil 227 para adolescentes (1.4 por ciento).
En cuanto a las personas involucradas en estos delitos, se registraron un millón 869 mil 932 inculpados y/o imputados en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas. Del total, 43.7 por ciento fueron hombres y 11.4 por ciento fueron mujeres; el resto correspondió a no identificados (44.6 por ciento) y a otro tipo, es decir, personas morales, el Estado, la Federación o cualquier otro (0.3 por ciento).
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Se trata del primer caso documentado en la capital con estas características, según el titular de la SSPC
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del municipio de San Luis Potosí reportó un hecho sin precedentes en la capital: la detención de un menor de edad implicado no solo en actividades de narcomenudeo, sino también en funciones de vigilancia para grupos delictivos, conocidas comúnmente como “halconeo”.
El titular de la dependencia, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la detención fue resultado de un operativo de investigación que derivó en el aseguramiento del menor, a quien se le encontraron diversas sustancias ilegales como cocaína, marihuana, crack y cristal en una cantidad “considerable”.
Villa Gutiérrez subrayó que este caso representa el primer registro confirmado en la capital de un menor con doble rol dentro de las estructuras del crimen organizado. Aunque no es común, la autoridad no descartó que esta práctica comience a replicarse
El funcionario destacó la gravedad del caso y confirmó que fue remitido tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Fiscalía General de la República, al considerar que podría derivar en la identificación de redes más amplias de distribución de droga, particularmente en la zona sur de la capital potosina.
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Fue capturado en Querétaro y trasladado a la FGESLP; habría compartido fotografías y videos de su ex pareja sentimental sin consentimiento
Por: Redacción
Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), en coordinación con las autoridades del estado de Querétaro, detuvieron este fin de semana a Raúl “N”, señalado del delito de difusión ilícita de imágenes íntimas.
La institución de la entidad potosina emitió un comunicado en el que, de acuerdo a las indagatorias de agentes fiscales, el probable responsable habría grabado a su ex pareja sentimental manteniendo relaciones sexuales con él y compartió el contenido a través de redes sociales.
La víctima fue apoyada por personal de FGESLP, quien fue asesorada para iniciar la querella respectiva con la cual se promovió la debida orden de aprehensión.
La Policía de Investigación (PDI) implementó estrategias de inteligencia con las que determinó la ubicación del señalado en la entidad queretana
Al ser capturado en la región referida, Raúl “N” conoció sus derechos que goza como detenido y posteriormente, fue trasladado a territorio potosino, donde la Fiscalía formulará ante un Juez de control el delito mencionado.
Raúl “N” se desempeñó como notario en la Notaría Pública número 5 del municipio de Ciudad Valles.
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Después de 15 años en prisión, hoy estudia Derecho y busca ayudar a quienes aún enfrentan el sistema penal de manera injusta
Por: Redacción
A un año de haber sido liberada tras 15 años de prisión, Sanjuana Maldonado Amaya comparte que el proceso de reintegrarse a la vida en libertad no ha sido sencillo, pero sí ha sido “guiado por la fe y un propósito firme”: ayudar a otras mujeres que enfrentan circunstancias similares a las que ella vivió.
“A veces uno no comprende los planes que Dios tiene para uno, pero Dios sí lo sabe. Porque Dios es el dueño del pasado, del presente y del futuro”, expresó Sanjuana en entrevista, a pocos días de que cumplió su primer aniversario fuera del penal de Xolol, en Tancanhuitz, donde purgó la mitad de una sentencia de 30 años por el delito de secuestro agravado. Fue liberada el 20 de junio de 2024, luego de que el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobara por unanimidad un indulto a su favor, solicitado por organizaciones civiles.
La libertad, sin embargo, ha estado marcada por obstáculos. “Muchas personas al saber que vienes de una prisión o que estuviste en prisión, como que se cierran su corazón… te juzgan”, relata. A pesar de ello, su convicción se mantiene: concluir su licenciatura en Derecho, seguir trabajando y, sobre todo, convertirse en apoyo para otras mujeres que viven procesos penales.
“Quiero seguir apoyando a más mujeres que están igual como yo estuve, en la misma situación”, afirma con determinación.
Sanjuana fue liberada por indulto de gracia, lo que significa que no se le declaró inocente, y sigue vigente la sanción económica y la reparación del daño. Sin embargo, su caso evidenció fallas estructurales en el sistema de justicia, especialmente en el tratamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad.
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