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Hay déficit de ministerios públicos en SLP; 8 por cada 100 mil habitantes
En promedio, cada agente del Ministerio Público abrió 163.3 carpetas de investigación el año pasado, más que la media nacional
Por: El Saxofón
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), San Luis Potosí es una de las entidades con menores tasas de agentes y fiscales del Ministerio Público (MP) en el país. Con una tasa de 8.3 agentes del MP por cada 100 mil habitantes, se encuentra por debajo de la tasa media nacional, que es de 9.6.
En 2018, cada Agente del MP en San Luis Potosí abrió en promedio 163.3 carpetas de investigación, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, realizado por el Inegi.
Esto representa la carga de trabajo por agente y/o fiscal del Ministerio Público para adultos y adolescentes durante 2018, donde resalta Nuevo León con una carga de trabajo de 364.6 carpetas de investigación abiertas por cada MP, y Sinaloa con la menor carga, al observar apenas 1.5 carpetas de investigación por agente.
En el caso de los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí, tienen mayor carga de trabajo que el promedio nacional, que es de 156.2 averiguaciones por agencia.
A nivel nacional durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento) y 27 mil 428 para adolescentes (1.4 por ciento incluyendo delitos del Fuero Común y Federal). El delito registrado con mayor frecuencia fue robo, que alcanzó 40.2 por ciento con respecto al total de los delitos. Además, se reportaron 44 mil 579 homicidios y 913 feminicidios, mismos que representaron 2.3 por ciento y 0.05 por ciento del total, respectivamente.
En San Luis Potosí, el 36.5 por ciento de las investigaciones iniciadas fue por el delito de robo en sus distintas modalidades.
El año pasado, la entidad observó una tasa de mil 357.9 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, inferior a la nacional que fue de mil 526.3.
De acuerdo con la tasa de delitos registrados en averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas por cada 100 mil habitantes, Colima es la entidad con la mayor tasa: 3 mil 321.4 por cada 100 mil.
Según el Inegi, en el país, del total de expedientes abiertos en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 98.1 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.9 por ciento a justicia para adolescentes. En cuanto a la entidad con la mayor cantidad de expedientes abiertos, en ambas materias, se encuentra Guanajuato, con 32 mil 696, cifra que representó el 12.7 por ciento del total nacional.
En el terreno local, los órganos o unidades encargadas de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias abrieron 7 mil 019 expedientes.
Según el Censo de Procuración de Justicia, en 2018, en San Luis Potosí hubo 38 mil 593 víctimas registradas en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas durante el año, de las cuales 17 mil 030 fueron hombres y 13 mil 291 fueron mujeres. En un alto número de casos, 7 mil 343, la víctima no fue identificada.
También destaca que el año pasado, los agentes del Ministerio Público de San Luis Potosí solicitaron 489 medidas cautelares 
También destaca que en 57 casos, la medida fue Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos.
Otras medidas cautelares fueron “Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución, o internamiento en institución determinada”, en 78 casos; “Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares”, en 29 casos; “Separación inmediata del domicilio”, dos casos; “Suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral”, un caso, y otra medida cautelar, 14 casos.
Cabe mencionar que estas 489 solicitudes de medidas cautelares fueron hechas por los Agentes del Ministerio Público y concedidas por el Juez de Control o Garantías; es decir, pudo haber más solicitudes las cuales no fueron concedidas por el juez en turno.
En México, al cierre de 2018 laboraban 96 mil 847 servidores públicos en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. De ellos, 59.7 por ciento fueron hombres y 42.1 por ciento mujeres. Asimismo, 73.9 por ciento del personal estaba contratado bajo régimen de confianza.
En el mismo periodo, en las 3 mil 707 Agencias del Ministerio Público del Fuero Común laboraban 43 mil 427 personas. Del total, 27.7 por ciento fueron agentes y/o fiscales del Ministerio Público y 23.6 por ciento fueron policías ministeriales o investigadores.
Durante 2018 se iniciaron y/o abrieron un millón 880 mil 460 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales 98.6 por ciento correspondió a la materia penal para adultos y 1.4 por ciento, a justicia para adolescentes.
También se registraron 233 mil 355 conclusiones y/o determinaciones en las averiguaciones previas e investigaciones; un millón 90 mil 918 conclusiones y/o determinaciones en carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, y 78 mil 244 en carpetas de investigación en la etapa de investigación complementaria.
Finalmente, al cierre de 2018, quedaron un millón 555 mil 953 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir.
Durante 2018 se registraron un millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, un millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6 por ciento del total) y 27 mil 227 para adolescentes (1.4 por ciento).
En cuanto a las personas involucradas en estos delitos, se registraron un millón 869 mil 932 inculpados y/o imputados en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas. Del total, 43.7 por ciento fueron hombres y 11.4 por ciento fueron mujeres; el resto correspondió a no identificados (44.6 por ciento) y a otro tipo, es decir, personas morales, el Estado, la Federación o cualquier otro (0.3 por ciento).
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El gobernador afirmó que las corporaciones viales concentran la mayoría de los señalamientos del Inegi
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, atribuyó la mayor parte de los casos de corrupción reportados por el Inegi a presuntas “mordidas” cometidas principalmente por corporaciones policiacas municipales.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocara a San Luis Potosí entre los estados con mayor percepción de actos de corrupción en la función pública, el mandatario estatal aseguró que cerca del 80 por ciento de las denuncias están relacionadas con pagos ilegales exigidos durante revisiones o infracciones de tránsito.
“Si los paran por un semáforo les piden 200 pesos, si se estaciona mal otros 200, si lo agarran borracho 5 mil… el 80 por ciento retribuye a eso”, declaró.
Gallardo sostuvo que la mayoría de estos señalamientos recaen en autoridades municipales, ya que —afirmó— son las corporaciones encargadas de aplicar infracciones de tránsito.
“El problema va abajo, donde nosotros no tenemos infracciones. ¿Quién infracciona? Pues las municipales”, señaló.
El gobernador reconoció que también existen áreas que corresponden al Estado y aseguró que en la Guardia Civil Estatal se han tomado medidas para combatir actos indebidos dentro de la corporación.
Como parte de ello, informó que durante la actual administración han sido dados de baja 275 elementos de seguridad pública por presuntos malos manejos o conductas irregulares.
Además, indicó que se han incorporado alrededor de mil 500 nuevos elementos egresados de academias policiales para fortalecer y renovar la corporación estatal.
Gallardo afirmó que la intención es evitar que los índices de corrupción se mantengan o incrementen dentro de la Guardia Civil Estatal, aunque insistió en que gran parte del problema sigue concentrado en las corporaciones municipales.
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Salud reconoció que el Hospital del Niño y la Mujer es el principal centro para interrupciones legales del embarazo en la entidad
Por: Redacción
La Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó que actualmente se mantienen cinco muertes maternas en la entidad, mientras que el Hospital del Niño y la Mujer concentra la mayoría de los procedimientos de interrupción legal del embarazo realizados en el estado, con un registro de 115 casos.
La titular de la dependencia estatal, Leticia Mariana Gómez Ordaz, señaló que uno de los principales retos continúa siendo garantizar que las mujeres embarazadas reciban atención prenatal constante para evitar complicaciones graves durante el embarazo o el parto.
La funcionaria destacó que programas como “Visitando Corazones” han permitido detectar casos de mujeres que no llevan seguimiento médico y canalizarlas a los centros de salud correspondientes, ya sea del IMSS, ISSSTE o servicios estatales.
“Es muy importante el cuidado prenatal y el seguimiento constante durante el embarazo”, expresó.
Respecto al tema de la interrupción legal del embarazo, Gómez Ordaz indicó que el Hospital del Niño y la Mujer es el centro médico donde más procedimientos se realizan en San Luis Potosí, debido a que cuenta con personal especializado y
La secretaria precisó que actualmente se contabilizan 115 procedimientos, aunque aclaró que no corresponden únicamente a adolescentes, sino a mujeres de distintas edades que ejercen este derecho dentro del marco legal.
“Lo importante es que las mujeres puedan acercarse y recibir atención médica segura para evitar riesgos o fallecimientos”, señaló.
Añadió que, de forma paralela, la Secretaría de Salud mantiene campañas de prevención del embarazo adolescente y aseguró que ya se observa una disminución respecto a años anteriores.
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El secretario Crisógono Sánchez reconoció que un problema que sí tienen es la falta de prestaciones y salario mínimo en múltiples negocios huastecos
Por: Redacción
Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que en pleno 2026 ya nadie paga con aguardiente, señalando que no han detectado un caso en el que se remunere el trabajo con alcohol en lugar de con dinero.
Indicó que la única situación medianamente similar aconteció en un invernadero de Ciudad del Maíz, donde el municipio autorizaba que en los días de raya se organizara un casino improvisado en el perímetro del lugar con juegos de azar y bebidas alcohólicas, pero en una ocasión, trabajadores molestos entraron al vivero y quemaron algunas naves.
Reconoció que esta práctica llegó a darse mucho sobre todo en la Zona Huasteca, pero reiteró que actualmente no hay una empresa, un rancho o un contratista que recurra a este método de pago.
Por otro lado, Sánchez Lara señaló que en este tipo de negocios todavía tienen muchos problemas, pues reconoció que han detectado que sigue siendo frecuente que no se otorguen ni el salario mínimo ni las condiciones establecidas por ley.
Explicó que muchos trabajadores permanecen sin estas prestaciones, por lo que aseguró que se encuentran en un proceso para regular estas situaciones y, en caso de ser necesario, multar a las empresas que sigan incumpliendo la normativa.
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