julio 21, 2026

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Congreso del Estado

Habrá colaboración interinstitucional para atender a embarazadas menores de 19 años

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La diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga acudió con la representación del Poder Legislativo a la instalación de la “Ruta Name Potosina”

Por: Redacción

La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga afirmó que habrá colaboración institucional con el DIF, la COESPO, la SEGE y otras instituciones, para ayudar y atender a las menores de 19 años que están embarazadas.

Al acudir con la representación del Poder Legislativo a la instalación de la “Ruta Name Potosina”, afirmó que las y los legisladores asumen la responsabilidad de coadyuvar en este tipo de proyectos, desde el ámbito de sus facultades y alcances legales.

El objetivo de esta iniciativa es que las dependencias de la Administración Pública Estatal, en coordinación con la sociedad civil organizada y los Municipios de Estado, identifiquen, atiendan y protejan de manera integral hasta la restitución de los derechos a las niñas, adolescentes madres embarazadas menores de 19 años, y a sus hijas e hijos que sean detectadas (os) en los diferentes espacios en los que interactúan, como la salud, escolar, de procuración de justicia, deportivos y de convivencia comunitaria, entre otros.

En el evento al que acudió la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, licenciada Ruth Miriam González Silva, la legisladora Segovia Colunga destacó la importancia de atender a las mujeres que se embarazan antes de la mayoría de edad y a sus hijos en diversos rubros como salud, educación y otros.

Uno de los puntos principales es la prevención pero también estudiar las causas que generan estos embarazos y luego realizar reformas que abonen en beneficio de las niñas y adolescentes, donde ya se tienen avances pero siempre se puede avanzar más.

Manifestó la diputada Cinthia Segovia que las atribuciones conferidas en el Artículo 7° fracciones II y X del Decreto de Modificatorio y Artículo 19 fracción VII del Reglamento Interno del Consejo Estatal de Población, dan lugar a este tipo de iniciativas como la “Ruta Name Potosina”, con la que coadyuvará el Poder Legislativo.

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Congreso del Estado

Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica

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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.

La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.

Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.

El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.

La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.

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Congreso del Estado

Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil

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El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México

 

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.

 

Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.

 

Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

 

Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.

 

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Congreso del Estado

Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas

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Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio

Por: Redacción

Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.

 

Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la  Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.

 

Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.

 

Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

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