diciembre 11, 2025

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“Gravísimo error” parar producción de cerveza en México: Profeco

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Ricardo Sheffield reconoció que el alza en los precios se debe a que las cervezas que consumen los mexicanos son importadas, cuando el país era el principal exportador de esta bebida

Por: Redacción

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, calificó de “gravísimo error” del gobierno federal cerrar las plantas cerveceras debido a la emergencia sanitaria por Covid-19  y señaló que el aumento de precios en esta bebida se debe a que la cerveza que se vende es importada, toda vez que la que había en México “nos la bebimos toda” en un mes. 

En audiencia virtual convocada por Aleida Alavez, diputada federal de Morena, el funcionario afirmó que la alcaldía de Iztapalapa es la zona de todo el país en donde hay más  “gandallas” y “pasados de rosca” al abusar en el alza de precios, al reconocer que “los hacen pendejos”, pero advirtió que aplicará las multas y embargará negocios.

Sobre las quejas por precios elevados de productos de la canasta básica e insumos para evitar el contagio durante la pandemia de Covid-19, el procurador respondió a las quejas sobre los elevados costos de la cerveza que pasaron de 30 a 80 pesos por envase.

Explicó que esto se debe a que el gobierno federal tomó la decisión de cerrar las plantas cerveceras, lo que consideró un error grave. Refirió que en Estados Unidos y Europa continuaron con la producción y esa es la cerveza que están consumiendo los mexicanos, a pesar de que México es el principal exportador de cerveza en el mundo.

Añadió que la cerveza que había en bodegas se terminó en un mes y ahora se debe importar y es esa la razón del aumento en los precios.

“A mí me parece un gravísimo error haber cerrado las plantas de cerveza. En Estados Unidos no cerraron, en Europa no cerraron. Así que ahora los que queramos tomarnos una chela tenemos que echar una chela importada, aunque la marca parezca de las que siempre hay, pero no hay cerveza mexicana, la que había en almacenes ya se acabó, el mes que  duró cerrada la planta, nos la bebimos toda”, subrayó. 

Dijo que se cuenta con el insumo para la producción de la bebida pero no se puede producir hasta que se determine la reaperturas de las plantas.

Sobre el alza injustificada de precios, señaló: “Lamentablemente, el peor lugar de toda la República Mexicana de abusivos, es Iztapalapa, no sé por qué. Están cañones, es donde más gandallas y pasados de rosca hemos agarrado, además ha habido gente que se compromete a bajar el precio y nos hacen pendejos, porque al día siguiente regresamos y otra vez lo volvieron a subir”.

Sheffield llamó a los ciudadanos a hacer denuncias detalladas sobre los establecimientos que elevan los costos de productos injustificadamente y al referirse específicamente a Iztapalapa, advirtió que se aplicarán las multas y les pidió a las legisladoras que participaron en la audiencia  “no ser paleras” de quienes les pidan ayuda para que se les condonen.

Con información de Milenio.

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México

Diputados avalan prohibición a la comercialización de vapeadores

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El diputado José Luis Fernández, sostiene que la reforma no criminaliza a los usuarios de vapeadores, destaca la eliminación de candados financieros para gestión de recursos hospitalarios

Por: Roberto Mendoza

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, tras una discusión que se extendió por alrededor de nueve horas, las reformas a la Ley General de Salud y las modificaciones a los artículos 4º y 5º de la Constitución para prohibir la producción, distribución, comercialización, publicidad, importación y transporte de cigarrillos electrónicos y vapeadores. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada en lo general con 324 votos a favor y en lo particular con 292, e incorpora sanciones de uno a ocho años de prisión para quienes participen en la cadena de comercialización.

En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal del partido verde, José Luis Fernández Martínez, afirmó que la legislación aprobada no persigue al consumidor final y que su enfoque es sanitario y preventivo. “Aquí no se trata de meter a la cárcel a quien use un vapeador; la ley va contra el negocio, contra quien hace dinero poniendo en riesgo la salud”, señaló el legislador potosino.

El diputado subrayó que otro eje central de la reforma es la reorganización del sistema de salud, particularmente la eliminación de porcentajes rígidos para infraestructura hospitalaria. Explicó que esta medida permitirá dirigir los recursos a donde realmente se requieran. “Antes el dinero estaba amarrado a ciertos rubros; hoy se puede invertir en lo que el hospital necesite en ese momento, ya sea equipo, personal o mantenimiento”, afirmó. Añadió que San Luis Potosí se encuentra en la etapa final de incorporación al modelo IMSS-Bienestar.

Las reformas también incluyeron la modificación impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para excluir explícitamente el consumo y la posesión para uso personal de las sanciones penales, con el fin de dar certeza jurídica y evitar la criminalización de los usuarios, concentrando el castigo en el lucro y la distribución ilegal.

Por separado, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la prohibición de la comercialización puede incentivar un mercado negro de vapeadores controlado por redes ilegales. Señaló que la ausencia de vías legales de venta abre la puerta a la piratería, a mayores niveles de corrupción y a disputas por el control de la distribución clandestina de estos productos.

Además del tema de los vapeadores, la reforma fortalece la rectoría de la Secretaría de Salud federal sobre el Sistema Nacional de Salud, impulsa el uso de la telemedicina y la salud digital, y consolida las compras centralizadas de medicamentos como parte del nuevo esquema aprobado por el Congreso.

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México

FGR detiene a César Duarte por lavado de dinero

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El exgobernador será trasladado al penal del Altiplano al enfrentar una nueva causa penal federal.

​Por Roberto Mendoza

​El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido este lunes 8 de diciembre a las 14:00 horas en la ciudad de Chihuahua por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente desde mayo de 2024, librada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, quien lo requiere por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

​La ejecución de este nuevo mandamiento judicial fue posible después de que el pasado 4 de diciembre de 2025, el Gobierno de los Estados Unidos otorgó oficialmente el consentimiento para una excepción al principio de especialidad del tratado de extradición. Esta autorización diplomática facultó a las autoridades mexicanas para procesar al exmandatario por delitos distintos a los de peculado y asociación delictuosa que originaron su entrega a México en junio de 2022, abriendo así un nuevo frente legal de competencia federal.

​Duarte Jáquez, quien desde junio de 2024 gozaba de libertad condicional con medidas cautelares en Chihuahua, fue asegurado para iniciar su traslado inmediato a la Ciudad de México y su posterior internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”. La investigación federal apunta a que el político utilizó el sistema financiero mexicano para ocultar el origen y destino de recursos económicos presuntamente desviados del erario público durante su gestión.

​La intervención de la FGR modifica radicalmente el estatus jurídico del detenido, atrayendo el caso al ámbito federal por la naturaleza del delito financiero. La acción anula de facto la prisión domiciliaria que mantenía bajo la jurisdicción local y reubica al exgobernador en un penal de máxima seguridad, reactivando la exigencia de justicia en un nivel superior de fiscalización y control penitenciario.

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México

Explica la senadora Verónica Rodríguez el voto del PAN en la elección de la fiscal

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Según el procedimiento parlamentario validado por Servicios Parlamentarios, en elección por cédula no existen votos en contra, solo nulos

 

 

​Por: Roberto Mendoza

 

​Durante la sesión del Senado de la República celebrada para la elección de la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, la votación emitida por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) fue contabilizada oficialmente como “votos nulos”, hecho que generó interpretaciones divergentes en la opinión pública. Mientras el oficialismo logró la mayoría calificada necesaria para la designación, la bancada panista marcó sus cédulas (papeletas) sin seleccionar a ninguna de las integrantes de la terna propuesta por el Ejecutivo, lo que técnicamente derivó en la anulación del sufragio bajo el reglamento actual.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, la senadora por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, aclaró que la acción representó un rechazo total a la terna. Para validar este procedimiento, la legisladora citó la intervención del Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado, funcionario con más de dos décadas de experiencia y autoridad técnica en el recinto legislativo. Según explicó Rodríguez, fue Garita quien precisó a la Mesa Directiva que, en el formato de votación por cédula para nombramientos, no existe la figura de “voto en contra”; el sistema solo reconoce votos a favor de una candidata específica o votos nulos.

​Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la postura institucional de su partido fue el rechazo absoluto a los perfiles presentados, desestimando las críticas sobre una supuesta falta de definición. En este contexto, la senadora Rodríguez advirtió que la controversia sobre la nulidad de los votos está siendo utilizada políticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De acuerdo con la legisladora, sus exaliados están impulsando una narrativa mediática para señalar al PAN de no haberse opuesto firmemente, estrategia que atribuyó al distanciamiento entre ambas fuerzas políticas respecto a sus alianzas electorales y legislativas.

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