El gobernador afirmó que no han recibido información oficial de la Federación sobre un nuevo mecanismo que sustituya la alerta de violencia de género

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que en el estado se mantienen los protocolos actuales para atender la violencia contra las mujeres y afirmó que existen “garantías totales” para su protección, pese a las versiones sobre la posible eliminación de la alerta de violencia de género a nivel nacional.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la Federación implemente un nuevo mecanismo que sustituya a la Alerta de Género, el mandatario estatal señaló que hasta el momento no han recibido información oficial al respecto.

“No, no, no todavía, no nos ha pasado la Federación ningún mecanismo nuevo. Seguimos con los mismos protocolos”, indicó.

Gallardo Cardona añadió que actualmente la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí trabaja con los protocolos vigentes y que incluso se analizan posibles ajustes a nivel local, lo cual consideró positivo para fortalecer las acciones de protección.

“Creo que es muy benéfico siempre todo lo que nos ayude al cuidado de la mujer en San Luis Potosí; para nosotros es bien recibido y bienvenido”, expresó.

Al preguntarle si en la entidad existen condiciones suficientes para garantizar la protección de las mujeres, el gobernador respondió: “Totalmente”.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, advirtiera que desde la Secretaría de las Mujeres federal se analiza retirar la Alerta de Violencia de Género en todo el país.

De acuerdo con la legisladora, esta decisión no significa que el problema de la violencia contra las mujeres haya desaparecido, sino que el mecanismo actual es considerado obsoleto, por lo que se trabaja en una nueva estrategia que lo sustituya.

López Torres señaló que el objetivo del nuevo esquema sería establecer acciones más puntuales por parte de los gobiernos locales, así como el uso de estadísticas para evaluar su funcionamiento.

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Diputados aprobaron modificar el criterio para calcular la mayoría calificada; Morena se abstuvo al señalar que el tema requiere mayor análisis

Por: Redacción

Las comisiones de Normatividad Legislativa y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron un dictamen para modificar la forma en que se calcula la mayoría calificada en votaciones clave del Poder Legislativo, una regla utilizada para decisiones como designaciones de funcionarios, aprobación de deuda pública o determinación de responsabilidades administrativas.

La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Luis Felipe Castro Barrón, quien explicó que el objetivo es homologar los criterios que actualmente aparecen en distintos artículos de la Constitución local.

De acuerdo con el legislador, la legislación vigente contiene distintas redacciones para definir la mayoría calificada, lo que genera interpretaciones diferentes al momento de votar en el pleno.

“Lo que se busca es homologar criterios (…) teníamos dos redacciones diferentes y lo que se busca es homologar una misma que tenga que ver con el voto de los diputados que están presentes en el pleno”, señaló.

El dictamen plantea que, en la mayoría de los casos, las decisiones se aprueben con dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, una fórmula similar a la utilizada en diversos artículos de la Constitución federal.

Sin embargo, durante la discusión también se reconoció que la iniciativa original planteaba un criterio distinto. En su primera versión proponía que la mayoría calificada se calcu lara con base en los “votos emitidos”

Esa redacción fue modificada durante el análisis en comisiones y finalmente se optó por el criterio de diputados presentes, aunque el esquema sigue dejando fuera del conteo a quienes decidan abstenerse.

El secretario técnico explicó que el cambio busca evitar confusión jurídica, ya que actualmente existen al menos tres formas distintas de calcu lar la mayoría calificada dentro de la legislación estatal.

Ante cuestionamientos sobre si el nuevo criterio podría facilitar la aprobación de decisiones relevantes con menos votos efectivos en escenarios de baja asistencia, Castro Barrón rechazó que se trate de una reforma con fines políticos. “No se está buscando hacer una iniciativa modo para poder aplanar a la oposición”, respondió.

La propuesta también contempla cambios al reglamento interno del Congreso para que las iniciativas que no obtengan mayoría sean desechadas automáticamente y se archiven como asuntos concluidos, en lugar de regresar a comisiones para un nuevo análisis.

Durante la votación en comisiones, la bancada de Morena decidió abstenerse al considerar que el tema requiere un análisis más profundo antes de discutirse en el pleno. El diputado Carlos Arreola Mallol explicó que su grupo parlamentario optó por no fijar todavía una postura definitiva. “En este momento la determinación fue ir en abstención para analizar bien el asunto (…) no estamos en contra del tema ni a favor todavía”, señaló.

El legislador también advirtió que algunas reformas internas del Congreso han sido aprobadas con rapidez, ya que en este caso la iniciativa fue recibida formalmente apenas tres días antes de ser avalada en comisiones.

El dictamen deberá discutirse ahora en el pleno del Congreso del Estado, donde las y los diputados definirán si se modifica finalmente la regla para calcular la mayoría calificada en votaciones clave del Poder Legislativo potosino.

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El diputado Héctor Serrano dijo que los filtros deben basarse en carpetas de investigación y no en ataques mediáticos

Por: Redacción

Luego de que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, planteara la posibilidad de impulsar una reforma electoral local con “candados” para evitar candidaturas de personas vinculadas con el crimen organizado, el diputado local Héctor Serrano Cortés señaló que cualquier modificación deberá basarse en investigaciones formales y no en acusaciones mediáticas.

El mandatario estatal adelantó que la propuesta buscaría impedir que aspirantes a alcaldías, diputaciones o la gubernatura puedan contender si existe duda sobre su procedencia o vínculos con actividades ilícitas, al referirse a casos recientes ocurridos en otras entidades del país.

Al respecto, Serrano Cortés consideró que es necesario revisar si los aspirantes cuentan con carpetas de investigación abiertas o indagatorias por algún delito, ya que, dijo, existen actores políticos que han sido objeto de ataques mediáticos sin sustento legal.

El legislador explicó que una eventual reforma electoral también tendría que abordar el tema del financiamiento público, incluyendo la posibilidad de reducir recursos destinados a partidos políticos y a distintas instancias del proceso electoral

En ese sentido, indicó que la propuesta podría ser similar a esquemas aplicados en otras entidades, como la Ciudad de México, aunque aclaró que aún es necesario analizar sus alcances en el contexto local.

Serrano Cortés subrayó que es fundamental evitar que el crimen organizado tenga presencia dentro de estructuras políticas o procesos electorales, pero también advirtió que los mecanismos de control deben ser cuidadosos para no convertirse en herramientas de acusaciones sin fundamento.

“<u>Es importante poner atención especial para evitar que el crimen organizado forme parte de una estructura política</u>”, señaló el legislador, quien agregó que será necesario definir los mecanismos y candados que permitan garantizar procesos electorales confiables.

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