La primera fuerza política del estado ya cuenta con 37 presidentes municipales en sus filas 

Por: Redacción

El Partido Verde en San Luis Potosí confirma y ratifica una vez más que se constituye como la primera fuerza política del estado, al sumar este jueves a dos presidentes municipales que se adhieren al proyecto de transformación que encabeza el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en favor de las y los potosinos, alcanzado ya 37 alcaldes, es decir, 29 electos y 8 más que se han integrado al partido.

En la sede del Comité Estatal, el Presidente Municipal de Real de Catorce, Juan Francisco Javier Sandoval Torres, así como del Municipio de Cárdenas Edgar Miguel Hernández, recibieron de manos de la Senadora Ruth González Silva y del Secretario General del Verde, Ignacio Segura Morquecho, su carpeta de afiliación, así como la entrega de un chaleco que de manera simbólica los acredita como nuevos miembros del partido.

En su intervención, Ruth González e Ignacio Segura, coincidieron en señalar que el proyecto del Partido Verde y de Ricardo Gallardo, es el que ha demostrado que busca mejorar la calidad de vida de las y los potosinos, es por ello que más presidentes municipales están convencidos en sumarse y participar de esta gran etapa de transformación para las cuatro regiones del estado.

A su vez, los alcaldes ahora ya con la envestidura del Partido Verde, afirmaron ante diputados federales, locales, así como alcaldes y cientos de entusiastas militantes que en San Luis Potosí, solo hay un camino para garantizar la continuidad del desarrollo y de otorgar mejores oportunidades para la gente, por lo que se trata de una decisión voluntaria y de convicción para apoyar al Gobernador Ricardo Gallardo en lograr que la entidad sea considerada como la mejor del país.

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Activistas señalan qué hace falta reformar la Ley de Salud, y saber a dónde acudir, conseguir insumos médicos o procedimientos a realizar

Por: Ana G Silva

El pasado 7 de noviembre, el Congreso de San Luis Potosí cumplimentó las sentencia ganada por la Colectiva ILE en el expediente 765/2024 del Juzgado Tercero de Distrito y en el JDC 94/2024 del Tribunal Electoral, al despenalizar el aborto en San Luis Potosí hasta las doce semanas de gestación.

Luego de esta resolución, se generaron algunas dudas sobre las garantías que esto trae y los temas pendientes, es por eso que La Orquesta conversó con Marcela García, presidenta de Nueva Luna Salud para las Mujeres A.C., y con Fabiola Luna, integrante de la colectiva Marea Verde y de la red de Médicas por el Derecho a Decidir.

Se debe señalar que aún no se puede acudir a los centros médicos para acceder a estos servicios, hasta que se reforme la Ley de Salud; no obstante, las colectivas feministas pueden orientar para acceder a ese derecho, además de que medicamentos, como el Misoprostol, son de venta libre en farmacias, ya que comercializa originalmente para problemas gastrointestinales.

Marcela García aclaró que la acción legislativa que despenaliza el aborto consistió en derogar el Artículo 148 del Código Penal estatal, este artículo penalizaba la practica de la interrupción del embarazo, lo que significa que ya nadie pude ser encarcelada/o por practicar un aborto.

La presidenta de Nueva Luna agregó que aún falta que este derecho se “legalice”, es decir que el estado garantice el acceso seguro e integral a la interrupción del embarazo a través de los servicios médicos de salud, además de realizar campañas educativas y formativas para modificar las creencias erróneas sobre el asunto.

Es por eso que se espera que pronto se reforme la Ley de Salud para acceder a estos servicios, tema que las colectivas y diputadas en San Luis Potosí ya trabajan para presentarlo al Congreso del Estado.

García comentó que todos los servicios de salud podrían brindar el servicio para el aborto, pero deben diseñarse las políticas públicas adecuadas partiendo de la reforma a la Ley de Salud. Los hospitales privados también serán incluidos, aunque consideró que “el aparato de gobierno debe diseñar los protocolos e incluir en sus catálogos el servicio y los procedimientos”, lo que implicará mucho trabajo técnico de organización en los servicios de salud pública del estado en concordancia con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.

Fabi Luna añadió que, según los estándares internacionales, los médicos que pueden acompañar o realizar una interrupción del embarazo son cualquier médico que tenga la profesionalización, es decir: médicos generales, médicos y médicas ginecólogas y obstetras, incluso personal de enfermería que sea capacitado y entrenado. Destacó que las vías para realizar un aborto son médico o quirúrgico, que es por medio de una aspirado manual endouterino, pues los legrados están prohibidos por la Organización Mundial de la Salud por el riesgo que representan.

En el caso de las farmacias, Marcela García recordó que uno de los medicamentos es de venta libre (sin receta), aunque enfatizó que una vez que se reforme la Ley de Salud, dicho sector deberá proveer estas pastillas.

La presidenta de Nueva Luna explicó que en el caso de las menores que deseen abortar deben ser acompañadas por sus madres o padres de acuerdo con la Ley, no se otorgan servicios de ningún tipo a personas menores de 18 años: “No es precisamente un permiso sino el acompañamiento por ser menores”.

Por su parte, la integrante de la red de Médicas por el Derecho a Decidir resaltó que los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional indica que cualquier menor de edad, pero mayor de 12 años, que acuda a un servicio de salud para información que tenga que ver con su salud sexual, incluso para la interrupción de un embarazo, tiene derecho de ir solo o sola.

“La cuestión aquí va a ser cómo se va a plantear toda esta situación, porque según los derechos sexuales reproductivos, cualquier persona que tenga 12 años cumplidos puede acceder a los servicios. De hecho la nom. 046, que habla de interrupción del embarazo por violación o por violencia sexual, sí ampara a los menores; un menor que llegue con alguna persona que esté como testigo, puede firmar solamente como testigo, pero tiene que darse el acceso a la menor”.

El Frente Marea Verde explicó que los cambios en el decreto para la despenalización del aborto surtirán efecto una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, impacta en los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado. Estas modificaciones permiten que cualquier mujer, niña o persona gestante que decida no maternar y se someta a la interrupción del embarazo, no podrá ser criminalizada, investigada ni sancionada por ningún motivo, siempre y cuando este procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

Fabiola Luna subrayó que con la despenalización se protege a las mujeres y personas gestantes, pero no al personal médico, aunque desde el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia y lo que decretó el año pasado, ya tampoco se puede penalizar a ningún profesional de la salud que acompañe o que ayude a que ocurra una interrupción del embarazo voluntario.

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El Organismo establecerá mesas de trabajo con el Concejo para dar soluciones a las demandas ciudadanas. 

Por: Redacción 

Con el objetivo de dar una pronta respuesta a las demandas ciudadanas en el tema del agua, el Concejo Municipal de Villa de Pozos, encabezado por la presidenta Concejal Teresa Rivera, se reunió con el titular del Organismo Operador del Agua (Interapas), Jorge Daniel Hernández Delgadillo y directores operativos de esta institución para que den cumplimiento al convenio colaborativo celebrado el pasado 11 de octubre.

En la reunión, Rivera Acevedo destacó que el tema del agua es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, que por años se han visto afectados por la falta de suministro o por la ineficiencia en la red de drenaje por lo que dijo es urgente la implementación de soluciones coordinadas con autoridades del Interapas.

Por su parte el titular del Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo estableció el compromiso de dar solución a estos temas, y formular mesas de trabajo periódicas con el Concejo a fin de generar una distribución correcta del vital líquido y pronta respuesta a los temas hídricos, como se estableció en el convenio colaborativo.

Finalmente, la presidenta del Concejo recalcó que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado a todas las personas, y que, como autoridad local, se comprometía a seguir buscando soluciones viables y eficaces para la ciudadanía.