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Gallardo baila salsa y su gobierno las calmaditas | Columna de Jorge Saldaña
Tercera Llamada
Como dice la canción y el dicho popular: “Más vale un desengaño a tiempo que vivir en una mentira” y “la incertidumbre es la que mata”. Así al interior del gobierno de Ricardo Gallardo. Los anuncios de cambios, enroques y despidos son públicos y oficiales por la simple razón de haberlos dado a conocer el propio gobernante, sin embargo, en los hechos “algo no pasa” y la ejecución efectiva se ha quedado atorada en una especie de “limbo” y de un “sí, pero no” que nadie sabe explicar.
Desde hace ya casi tres semanas, no hay Secretario de Desarrollo Económico, por ejemplo, y aunque los titulares de la Secretaría de Turismo, el Inpode, la Cefim y la SEGE tienen la guillotina en el cuello o el cambio tras la puerta, no baja la navaja ni se recorre el pasillo.
Dejando fuera el suplicio personal que debe significar la espera en el patíbulo, debe ser complicadísimo en los hechos mantener el control, liderazgo y respeto a la jerarquía en una oficina, cualquiera que sea, cuando el personal, los usuarios, e incluso el resto de los funcionarios no saben con certeza la firmeza de los acuerdos que se tomen, la caducidad de las órdenes que se giren, ni se pueda dar luz verde a proyecto alguno, ¿cómo hacerlo sin certeza alguna de con quién se está tratando?
El ritmo que el propio gobernador hace evidente para su gobierno y ciudadanos, es el de “no parar”, el de “dale para adelante”, el de tupir la agenda con firmas, acuerdos, eventos, giras, entregas, banderazos, gestiones y anuncios que para los poco más de 100 días de gobierno parecen actos inagotables, no obstante y para su pesar, el gobierno que encabeza (la “superestructura” le dicen los intelectuales orgánicos) no tiene los pies lo suficientemente ligeros para adaptarse al nuevo paso de baile.
Si la administración de Ricardo fuera una fiesta, veríamos al gobernador bailando salsa con vueltecita, y al mismo tiempo a su aparato burocrático bailando una canción calmadita.
Los resultados por ejemplo, de la iniciativa de la Guardia Civil, las remodelaciones al Parque Tangamanga, la luz verde para licencias y placas gratis, la iluminación del anillo periférico, la gestión de las vacunas pediátricas, las miles de pruebas Covid, la atención al penal de La Pila, el equipamiento al Hospital Central y hasta la negociación para poder rehabilitar la parte de terreno social que son propiedad de comuneros en Rocha Cordero, son éxitos de la administración porque los ha llevado de la mano el propio mandatario y se ha metido de fondo en cada de uno de los temas sacándolos para adelante, pero de ahí en fuera ¿en qué le están ayudando?
Por eso Gallardo ya anunció los cambios (que no serán los únicos ni los últimos), pero por razones inexplicables la maquinaria del ejecutivo hacia abajo parece no tiene engranes y no hay quién haga que las cosas pasen y en su lugar “dejan pasar las cosas”.
Un poderoso aliado del mandatario es sin duda su secretario general, Guadalupe Torres, que se ha convertido –dicen por ahí- en el “Cándido de Toranzo”, pero más allá de la odiosa comparativa, ha sido pieza clave para “gobernar el gobierno” que –hay que reconocer- tiene todavía una inercia y cadencia como de elefante reumático.
Conociendo al gobernador Gallardo, será cuestión de que se dé un breve espacio para que en cuestión de horas se ejecuten los cambios, se haga la llamada a Ricardo Pérez “El Topo” y ex titular de Uzzi, a Juan Carlos Valladares o incluso se pudiera llamar a Fernando Rojo para que en menos de lo que se lo cuento, Sedeco deje de estar acéfala.
Fuentes al interior de la secretaría, aseguran que ya hay una lista de empresas para atender y que no esperarán por siempre la designación de un funcionario para invertir en nuestro estado o de plano, pues van a voltear para otro lado.
Por otra parte, en materia turística y de inversión, se anunció al principio de la administración la disolución, por malos manejos, de los fideicomisos turístico y de desarrollo económico, sin embargo, el asunto quedó en eso: en un anuncio que no se ha ejecutado, es decir, que ni se han disuelto formalmente ni están funcionando, generando un asunto pendiente y que cobra especial relevancia si se considera que Sectur cambia de sede, como pronto lo hará, a Ciudad Valles y que hay recursos de impuestos que, por Ley, van a parar a dichas herramientas jurídico-financieras.
Además, con el cambio de sede de Sectur, ¿quién atenderá al mercado hotelero, hospitalario, de congresos y negocios de la capital del estado? ¿Quién, cómo y qué uso se le dará a ese porcentaje de impuestos que tienen los fideicomisos asignados?
¿Todo quieren que les resuelva el gobernador personalmente? Creo que pronto vendrá un golpe al timón del barco y un manotazo en la mesa de parte del mandatario Gallardo.
De la Secretaría de Cultura mejor no escribiré en esta entrega porque ya ni caso tiene. La política cultural en San Luis, con sus eventos y exposiciones, sin sal de cambio, parece la prolongación de la agenda cultural de Carreras, pero bueno, pues así les gusta.
BEMOLES
NO ENTIENDO
En sus propias redes sociales, el gobernador señaló severamente el desvío de más de 380 millones de pesos en la obra de la presa de La Maroma, “una presa sin cortina, parte de la herencia maldita”, expresó y es cierto, la propia federación inició un procedimiento para retirar a las empresas constructoras que recibieron el 80 por ciento de los recursos, pero avanzaron apenas un 20 por ciento en las obras. Un verdadero robo en despoblado. No obstante, una de las constructoras involucradas en el vergonzoso asunto, es propiedad de Manuel Castanedo de Alba, que con sucias jugadas ha sido “dueño” prácticamente de la Cámara de la Construcción y que con una muestra gigante de cinismo, participa en licitaciones del propio gobierno del estado por paquetes de obra que provienen del Instituto para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa (20 millones aproximadamente) y no satisfecho, a través de un prestanombres, se acaban de “ganar” una licitación también en Interapas para hacer un colector por casi 3.5 millones de pesos. ¿Qué no habrá en San Luis otros constructores? ¿Por qué seguir beneficiando a quienes tanto daño hicieron como lo reconoce el propio mandatario? #¿NoHayOtros?
NUEVA CÁMARA
Por todo esto y más, ya se organiza una CMIC alterna, una 2.0, que por cierto, sin las chicanadas de Castanedo y compañía, hubieran ganado la presidencia de la cámara hace unos días. Son casi 75 constructores que, hartos de tanta porquería, están a punto de presentar su propia asociación colegiada, plural, transparente y sobre todo útil para el sector, dejando atrás al grupúsculo que cobijados en la CMIC se han beneficiado solo a sí mismos y sangrado al erario sexenio tras sexenio. #CámaraConLaNuevaCámara
¿Y ESE QUIÉN ERA?
Ayer un corrupto, desconocido y perdedor, de nombre Ricardo Villarreal Loo, hizo circo maroma y teatro porque “renunció al PAN”. El ex diputado (que pasó con más pena que gloria por alguna legislatura) fue quien perdió de la forma más contundente en las elecciones pasadas, fue el que desfondó a Octavio Pedroza que perdió 2 a 1 en el distrito “trabajado” por el tal Villarreal, fue el que recibió un millón de pesos en efectivo por votar a favor de aumentar las tarifas del agua de manos de Xavier Nava y fue el más pedante e insoportable candidato que por poco arrastra a la derrota a Enrique Galindo Ceballos. Aun así, el muy inocente y dolorido porque no lo invitaron al Consejo Político Permanente del blanquiazul, ayer se despidió de seguidores que no tiene y tuvo todavía la desvergüenza de amenazar con “seguir haciendo política”. Nooooo ¿Pues qué no entendió que nadie lo quiere? Con esos antecedentes a ese no lo agarra ni Fuerza por México, que ya perdió el registro, pero bueno… uno menos #QueSeSacudaElÁrbol
REACCIONES A LA HISTORIA DE LA MUJER TIGRE
No sabe Usted, Culto Público, la cantidad de reacciones que ayer me hicieron llegar conocidos y desconocidos tras la publicación de la “leyenda o fenómeno” de la “Mujer Tigre”. La gente sí sabe de la historia, conoce la leyenda y para muestra le comento que un prestigiado abogado me confió que de entre sus cercanos detectaron una víctima de la heroína-vandálica, mismo que lo niega rotundamente y explica sus heridas posteriores con la “caída de una escalera”… ajá. Están saliendo las verdades y la gente es sabia. Seguiré investigando. #LaMujerTigreAtacaDeNuevo
Hasta la próxima.
Atentamente,
Jorge Saldaña, al que en sueños y de lejitos gusta verte sonreír.
También lee: “La Mujer Tigre”: ¿Vengadora de infieles, o mito urbano? | Historia de Jorge Saldaña
El Alcalde encendió el nuevo Alumbrado Táctico en Carranza y Uresti, donde se instalaron 163 puntos de luz que reforzarán la seguridad y el atractivo del Centro Histórico.
Con la presencia de representantes de la iniciativa privada, juntas de participación ciudadana y estudiantes, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos inauguró la obra de Alumbrado Táctico en la avenida Carranza y la calle Uresti, que consta de la instalación de 163 puntos de luz.
El Presidente Municipal destacó que este proyecto no solo embellece y moderniza la ciudad, sino que también brinda mayor seguridad a peatones y visitantes: “Hace años se caminaba seguro por la ciudad, y con esta iluminación estamos recuperando esa tranquilidad para la gente”, afirmó.
El Edil añadió que en el caso de la avenida Carranza, se impulsa un plan integral de rescate con el objetivo de reactivar la vida comercial y turística, lo que a su vez detonará el crecimiento económico. Además, señaló que se incorporaron luminarias adicionales para iluminar las zonas peatonales.
En el evento estuvieron presentes José Ángel Elizondo Salinas, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad; Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Alianza Empresarial; Alberto Narváez Arochi, presidente del Corredor Carranza; y Armandina González, gerente del Hotel Real Plaza, quienes acompañaron al Alcalde en el encendido de este nuevo Alumbrado Táctico.
El pasado 22 de agosto, quien esto escribe publicó una columna de opinión titulada “La abogada y el diablo”, en la que hice un recuento de las continuas, constantes y costosas derrotas jurídicas que ha venido acumulando la oficina de la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
En el texto, también fui revelando las curiosas casualidades entre los actos jurídicos fallidos de la UASLP, representada por la licenciada Urenda Queletzú Navarro Sánchez, y las revelaciones de los medios propiedad del empresario Miguel Maya Romero, a quien me refiero cariñosamente en varias ocasiones con varios sinónimos y parafraseados de su apodo: “el diablo”.
Si alguien se perdió la columna de opinión a la que me refiero, les comparto el enlace para que tengamos, tengan todos mis lectores y Culto Público, el mismo contexto.
🔗 https://laorquesta.mx/la-abogada-y-el-diablo-apuntes-de-jorge-saldana/
Producto de esa publicación, la oficina jurídica y su titular usó el derecho de réplica que nos concede a todos la Constitución y sus leyes reglamentarias, por considerar que la publicación –como se asentó por oficio– incurre en “inconsistencias derivadas de información incorrecta e imprecisa”.
El texto que mandó la titular de la oficina jurídica universitaria a este medio (mismo que también adjunto) no solo es triste, disperso y contradictorio, sino que deja claro, punto por punto, que a quien defiende su titular, Urenda Navarro, no es a la Universidad Autónoma… sino a sí misma.
En cuatro cuartillas repletas de errores ortográficos, de sintaxis y gramaticales, que se podrían esperar de cualquiera, pero no de una doctora en Derecho (tengo la duda: ¿sí tiene el grado? Porque eso nunca ha quedado claro) y titular de la representación legal de la centenaria institución académica.
Pero eso es lo de menos, creo que nadie espera que la autora de la réplica (con acento, licenciada) sea también experta en redacción y sintaxis. Lo que sí se espera por parte de toda la comunidad universitaria y la sociedad en general es que la titular del área sea, por lo menos, conocedora y entendida en temas legales. No obstante, uno a uno de los asuntos legales que enlisté en mi columna original se han confirmado como errores, omisiones y derrotas, legales o de facto, que se apuntan a su gestión, mismas que, inexplicablemente, no los combate en su airada respuesta y en su lugar se exhibe y expone al rector Alejandro Zermeño Guerra.
En el primer punto de las aclaraciones, la oficina de la abogada intenta precisar que, respecto al contrato de arrendamiento (“contrato” va en minúscula porque no es nombre propio) de los terrenos propiedad de la universidad con la empresa VEM, que no fue Urenda Navarro quien elaboró el documento, sino su antecesor, Joel González de Anda, y advierte que en la columna de opinión no se partió de la verificación de las fuentes a las que se alude.
Si fuera acuciosa su oficina y su titular en leer mi columna en cuestión, en ningún fragmento se afirma que fue ella la que redactó el documento, lo que se cuestiona es la razón por la cual, después de un año de estar al frente de la responsabilidad jurídica, no advirtió de los detalles del poroso (y lo reitero: poroso y abusivo) contrato que les generó un problema jurídico mayúsculo en el que aún están inmersos como institución.
Y lo más grave: con la redacción de su réplica, deja ver explícitamente que ni ella, ni el rector Zermeño conocían siquiera los detalles del contrato elaborado por su antecesor, y que de manera reactiva, tuvieron que buscar el contrato para apenas conocer sus cláusulas.
¿Es así como la titular de la oficina de la abogada general defiende a la Universidad y a su jefe que lleva el mando de la misma?
El texto –insisto– evidentemente redactado para la propia defensa de quien lo firma, Urenda Navarro Sánchez, pone de manifiesto la irresponsabilidad con la que tanto ella como su jefe dejaron pasar en absoluto descuido un asunto tan delicado.
En el segundo punto del reclamo, se argumenta que en mi columna afirmé que la vía por la que se debió presentar un recurso contra la empresa VEM era la vía penal, lo que es totalmente falso y se contradice al citar mi texto de opinión, que deja claro que en la redacción nunca se sugirió una u otra vía, lo que se escribió fue una aclaración, entre paréntesis, para dejar claro que no es lo mismo una denuncia y una demanda. Nada más.
En el mismo punto, la oficina de la abogada explica la razón por la que la demanda mercantil contra la empresa fue presentada hasta el mes de junio y no en enero, esgrimiendo que su equipo tuvo que trazar la ruta más adecuada y que se abocaron a dar cumplimiento al contrato y reunir los elementos necesarios para después tomar una decisión.
Sin embargo, la explicación apura una pregunta: ¿Por qué en la primera parte del texto se asegura, y hace hincapié, en que la vía correcta de proceder era la de imponer una demanda mercantil, pero en la segunda parte de su argumento concede que su oficina tardó cuatro meses en llegar a esa conclusión?
¿Estaba segura o no la oficina jurídica universitaria en el cómo proceder?
Porque lo que declara la firmante en su atento oficio es que para decidir entre interponer o no una demanda, se tardaron cuatro meses. Que es justamente lo que le hago ver y le cuestiono en mi texto, al que por lo menos en este punto, y tras su respuesta, se me otorga la razón cuando hago ver su evidente tardanza.
El tercer punto aclaratorio de la abogada general de la UASLP es una joya:
Luego de citar mi texto (siempre en negrillas, detalle que agradezco) en la parte en la que infiero que el convenio en cuestión fue filtrado a los medios del empresario Maya Romero, la abogada general responde y ahora yo la cito:
“…al momento en que se puso en conocimiento al titular de la rectoría (con minúscula porque se refiere al cargo) del contenido del contrato de arrendamiento, también se le informó que mi antecesor en el cargo había ordenado no subir el instrumento jurídico a las obligaciones de transparencia en las que se dan cuenta los convenios y contratos que suscribe la institución…”
En pocas palabras, lo que dice el oficio es que por más de un año, como lo admiten explícitamente, tanto la oficina de la abogada general como el doctor Alejandro Zermeño fueron omisos en cumplir una obligación de transparencia, y hasta ese momento, (en el que se filtra a los medios propiedad de Maya Romero) se giró la instrucción de atender la normativa.
A continuación, la titular y solicitante de la réplica, niega que el documento se haya “filtrado” a los medios, y asegura que se giró una instrucción para que se subiera a la plataforma de transparencia, además de que –plasma en su texto y confirma con su anexo 4– que la Universidad recibió y atendió una solicitud de transparencia el 20 de noviembre por parte de un periodista
Esto es evidentemente contradictorio y falaz, pues antes de ese 20 de noviembre, el portal Astrolabio ya tenía en su poder el documento, mismo que recibió en un sobre cerrado, tal como lo confirmó a este reportero, cara a cara, el empresario Maya Romero.
Por lo demás, los anexos que acompañan al oficio de réplica, fechados el 20 de noviembre y recibidos por la oficina de la abogada general el día 25 del mismo mes, pudieron ser confeccionados y sellados cualquier día, es la oficina a cargo de Urenda Navarro la que tiene la papelería y los sellos para poder hacerlos.
No hay evidencia real de una solicitud de transparencia registrada por una plataforma, y sí la palabra del empresario de medios, al que podemos, si la oficina de la solicitante de la réplica está de acuerdo, invitar para que nos confirme la versión, tanto a la abogada universitaria como a este reportero.
En todo caso, ¿no es demasiada casualidad que el mismo día que usted, por instrucciones de la máxima autoridad, instruyó subir a las plataformas de transparencia la documentación, haya sido presentada una solicitud de transparencia expresa sobre el documento?
Sobre la presencia de “una tercera persona” en la reunión entre la titular de la oficina de la abogada general y el rector, se solicitaría que sea mencionado su nombre, para que así tenga capacidad de defenderse ante la inferencia de la oficina jurídica universitaria de ser el autor de la filtración.
El reportero no tiene ni tuvo por qué saber quién o quiénes se presentan a las reuniones en las que, de manera privada, la Universidad Autónoma y sus funcionarios toman decisiones.
La mención de ese tercer personaje misterioso, suena más a un truco velado para proteger, una vez más, a la abogada general Urenda Navarro, y no a la Universidad Autónoma.
Sobre el cuarto punto de la réplica, hay poco que decir, pues solo confirma que la controversia constitucional interpuesta por la Universidad a la que representa, fue efectivamente desechada por ser “no-to-ria-mente improcedente.”
En el resto del texto de ese punto, solo se resume que, en anteriores ocasiones, también ha fracasado en sus intentosporque la corte considere a la UASLP como un ente autónomo con capacidad jurídica para presentar ese tipo de controversias.
En referencia a que no hace falta tener el número de expediente para conocer el documento de la controversia constitucional, tiene la oficina de la abogada general toda la razón, y fue erróneo por parte del autor, quien esto escribe, inferir que de alguna manera la oficina reclamante facilitó a un medio en particular el camino para encontrar el documento en los archivos públicos de la SCJN.
Sin embargo, yo le solicitaría a la oficina que comanda, Urenda Navarro Sánchez, que se diera a conocer, no solamente a este medio, sino a la sociedad en general, el comunicado, boletín, entrevista o aviso público en el que se haya informado a la comunidad y a los potosinos que la Universidad interpuso esta herramienta jurídica.
Y de no existir un comunicado público, se me ayude a explicar cómo fue que el medio de comunicación que lo publicó tuvo la capacidad de adivinar a ciegas que la oficina de la abogada general de la UASLP había promovido dicha controversia.
Las dos solicitudes que rematan el oficio de la oficina de la abogada general han sido resueltas:
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Se resolvió y se publicó íntegra la solicitud de réplica de la abogada de la UASLP y sus anexos el pasado 5 de septiembre en la página, redes sociales y listas de difusión en el mismo espacio y características en que fue publicada la columna que originó el debate.
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Se publicó la réplica íntegra con inserción pagada.
Para finalizar, respecto al anexo 1 en que la abogada universitaria Urenda Navarro Sánchez comprueba que la columna fue impulsada con una pauta en redes sociales por 800 pesos, se puntualiza que la abogada debió ser más exhaustiva en su búsqueda, pues no solo esa columna fue impulsada económicamente en redes sociales.
Todos los días, a conveniencia estratégica del medio, se impulsan y segmentan artículos, videos, columnas y noticias. Todos los días y sobre diversos temas.
Dicho lo anterior, le informo a usted, licenciada Urenda Navarro, y a la oficina a su cargo, que la réplica que usted nos envió no solamente fue pautada por los 800 pesos que nos solicita, sino que se invirtió el doble de recursos.
La razón para hacer esto no responde ni a la generosidad del director y propietario del medio –su servidor– ni a una presuntuosa holgura económica, sino a la necesidad del medio que dirijo para que la comunidad universitaria tenga más posibilidades de darse cuenta en qué términos y en qué formas responde y redacta su oficina, o usted, algo tan valioso como una réplica mediática.
Para que los universitarios y la comunidad en general tengan más elementos para explicarse el por qué la oficina de la abogada general pierde, una y otra vez, casi todos sus asuntos legales, y para que los universitarios sepan que no tienen una defensora de la institución, sino una abogada que antepone sus intereses personales a los valores que representan el logotipo del águila universitaria.
Si así como responde la oficina jurídica un derecho de réplica, atiende los asuntos de mayor relevancia para la institución, es fácil descubrir el por qué se arrastran y acumulan los fracasos.
Y para concluir a todo esto, quien esto escribe deja una aclaración y una pregunta:
El texto se encuentra dentro de los géneros periodísticos de opinión. ¿Qué hace la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí debatiendo en medios la opinión, subjetiva, de un aprendiz de reportero?
¿No tiene otros temas que atender de mayor relevancia?
Cinco-cero.
Jorge Saldaña
Aquí el enlace a la réplica íntegra y sus respectivos documentos:
Gabino Morales (Morena) y Rubén Guajardo (PAN) lideran las preferencias internas de sus respectivos partidos. El PVEM mantiene competitividad con Juan Carlos Valladares.
Por: Redacción
La casa encuestadora Rubrum dio a conocer los resultados de su más reciente sondeo sobre la intención de voto y preferencias hacia precandidatos para la elección a la Presidencia Municipal de San Luis Potosí en 2027.
De acuerdo con el estudio, realizado el 15 de septiembre mediante 600 entrevistas telefónicas automáticas y aleatorias en el municipio capital, si la elección se celebrara hoy, Morena obtendría el 31% de las preferencias, seguido muy de cerca por el PAN con 25.0%, mientras que el tercer lugar sería ocupado por el Partido Verde con el 19.1% de la intención del voto.
Otros partidos muestran las siguientes intenciones de voto: PRI con 8.5%, Movimiento Ciudadano con 4.0% y un 12.4% de los encuestados se declaró indeciso.
El sondeo también indagó en las figuras con mayor tracción dentro de sus propios partidos:
En Morena, Gabino Morales lidera con el 54.4% de las preferencias frente a Cuauhtli Fernando Badillo, quien obtuvo 45.6%.
En el PAN, la pugna interna es más ajustada. Rubén Guajardo encabeza con 37.2%, seguido por Verónica Rodríguez con 33.1% y David Azuara con 29.7%.
En el PVEM, Juan Carlos Valladares es el favorito para la candidatura, al alcanzar un 60.2% de apoyo, contra un 39.8% de Sonia Mendoza.
Mientras que en el PRI solo un 26.1% quiere que Sara Rocha sea la representante, pues un 73.9% optaría por otro perfil.
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