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#FronteraSangrienta | ¿Por qué decenas de cuerpos son dejados entre SLP y Zacatecas?
De poco han servido los esfuerzos de las autoridades de ambos estados, solo en 2020 se han encontrado 32 cadáveres en municipios de San Luis que están en la frontera zacatecana
Por: Redacción
La mañana del lunes 5 de octubre, el hallazgo de 13 cadáveres en un paraje del municipio de Villa de Ramos prendió los focos rojos en San Luis Potosí. Apenas el domingo 4, habían sido encontrados seis cuerpos encobijados a la orilla de la carretera federal 62, en Vanegas, otro municipio ubicado en la frontera con Zacatecas.
Las autoridades potosinas se apresuraron a aseverar que las 12 víctimas de Villa de Ramos eran procedentes del estado vecino y, aunque en un primer momento sus pares de Zacatecas lo negaron, al día siguiente, el secretario de gobierno de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, confirmó que, efectivamente, los cuerpos pertenecían a personas que en vida habitaron los municipios de Guadalupe, Villa de Cos, Jerez y Fresnillo.
En San Luis Potosí la franja fronteriza con Zacatecas está integrada por nueve municipios: Vanegas, Catorce, Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas, Moctezuma, Ahualulco, Mexquitic de Carmona y Villa de Arriaga. Tres carreteras federales, la 49, la 62 y la 63. cruzan estas demarcaciones, y las unen con el centro del estado.
Aunque la violencia en esta zona no parece ser endémica, desde septiembre de 2017, La Orquesta advirtió sobre la presencia de grupos del crimen organizado que solían abandonar los cuerpos de sus víctimas en carreteras, caminos y parajes de la región. Un reportaje titulado, “Santo Domingo, tiradero de cadáveres” dio cuenta del hallazgo de al menos 11 personas ejecutadas en un periodo de nueve meses: 5 en Villa de Ramos y 6 en Santo Domingo, (estos últimos arrojados ahí entre agosto y septiembre).
De ese tiempo a la fecha, la situación ha empeorado. En lo que va del 2020, se han encontrado al menos 32 cuerpos con huellas de tortura y ejecución. Es decir, antes de la masacre del lunes, ya se habían encontrado 19 cuerpos, sin embargo, hasta entonces a nadie parecía preocuparle que la zona se estuviera convirtiendo, prácticamente, en un cementerio a cielo abierto.
De poco o nada han servido los acuerdos de seguridad firmados por los gobiernos de Zacatecas y San Luis Potosí, para “blindar” la frontera. Los cadáveres “importados”, siguen apareciendo. ¿Por qué los tiran en San Luis? Misterio. Al gobierno potosino le ha bastado probar que los cuerpos encontrados el lunes 5 eran de zacatecanos para echar tierra al asunto, por su parte, el gobierno de Zacatecas, a cargo de Alejandro Tello, guarda silencio.
Hasta ahora se ha hecho público el hecho de que diez de las 13 víctimas fueron reclamadas por familias de Zacatecas y, hasta el viernes 9 de octubre, había tres en calidad de desconocidos. Entre tanto, de los 6 encobijados de Vanegas nada se ha dicho, no se sabe si ya fueron identificados o reclamados, ni tampoco se ha dado a conocer su procedencia.
Estas ejecuciones se atribuyeron a las pugnas que se registran en territorio zacatecano entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. En los días posteriores, mandos policiacos de San Luis Potosí y Zacatecas, se reunieron para dar seguimiento al caso; los gobernadores Alejandro Tello y Juan Manuel Carreras entablaron diálogo.
Incidencia delictiva en la zona
En los municipios de la franja fronteriza con Zacatecas, como en cualquier pueblo pequeño, la incidencia delictiva es baja. Podría decirse que la mayoría de los delitos que se denuncian son algunos robos y de índole sexuales, principalmente. Sin embargo, de cuando en cuando, algún asesinato viene a perturbar la tranquilidad de los habitantes. Hasta el 30 de septiembre pasado, de acuerdo con las cifras oficiales, tres de las 9 localidades no registraban ningún homicidio: Moctezuma, Santo Domingo y Vanegas. Sin embargo, apenas inició octubre, la situación cambió y ya solo queda Moctezuma en esta condición.
En los últimos años, y especialmente este 2020, los hechos violentos han aumentado. Villa de Ramos registra 8 homicidios dolosos, 4 de ellos con arma de fuego; Villa de Arriaga registra 5, 4 con arma de fuego; Mexquitic acumula 5 homicidios con arma de fuego y un feminicidio; y Salinas de Hidalgo registra dos homicidios. En tanto, Catorce, Santo Domingo y Ahualulco registran un asesinato intencional cada uno, mientras que Moctezuma no registra ningún caso. En todas las localidades hay casos de lesiones perpetradas con arma de fuego.
Mención especial merece Vanegas, un pequeño pueblo con menos de 8 mil habitantes que, hasta antes de que vinieran a tirar los cinco cuerpos en la carretera 62, registraba cero homicidios, cero feminicidios y solo 5 casos de lesiones, 1 con arma blanca y 4 con otro elemento.
Desde luego, el hallazgo de los 13 cadáveres en Villa de Ramos representa una muestra superlativa de la soterrada violencia que asola la región, sin embargo no es más que el síntoma más notorio, hasta ahora, del malestar que aqueja esos lares.
El 13 de enero de este año, un ataque a policías se saldó con dos muertos, un hombre y una mujer, en la carretera a Villa de Arriaga.
El 17 de enero de 2020, policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGESLP), se enfrentaron a balazos con secuestradores en la comunidad Rincón del Porvenir, en Ahualulco; la víctima, un hombre de 76 años, fue rescatada con vida pero uno de los plagiarlos murió tras la balacera. Según versiones, los delincuentes dijeron pertenecer al CJNG.
El 14 de febrero en la comunidad Tepetate, Villa de Arriaga fue abandonado un cadáver calcinado, con señales de tortura; al principio se desconocía el género, después se supo que se trataba de una mujer.
El 11 de marzo, un hombre fue hallado sin vida en la Privada La Sierra, en la comunidad de Estanzuela, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona. En el lugar se halló un arma de fuego que pudo haber sido utilizada para privarlo de la vida. El cuerpo no fue identificado, los habitantes de la localidad dijeron que no era de ese lugar.
La tarde noche del 23 de abril, en un despoblado de la localidad de El Mezquital, en el municipio de Villa de Arriaga, un hombre fue ejecutado a balazos; al parecer viajaba a bordo de una camioneta y de pronto fue atacado por una persona o personas desconocidas. El cuerpo, que quedó cerca del vehículo, no fue identificado.
El lunes 24 de agosto se localizó un cadáver envuelto en un cobertor verde a unos kilómetros de la comunidad de Zaragoza, en la zona norte del Altiplano potosino. Luego de un reporte, elementos de la policía municipal de Vanegas acudieron al lugar de los hechos como primeros respondientes.
Reportes periodísticos refieren que el 23 de agosto previo, dos policías municipales de Vanegas habrían sido levantados mientras realizaban un recorrido de vigilancia; en el lugar sólo se encontró la patrulla que utilizaban, abandonada, con las puertas abiertas y sin señales de los oficiales. No hay más datos al respecto.
El 4 de septiembre fueron encontrados 5 cuerpos sin vida en Villa de Ramos. Cuatro de ellos, fueron asesinados a balazos a la mitad de un camino de terracería en la comunidad de El Zacatón, mientras que uno más se halló calcinado en el camino que va de la comunidad de Emiliano Zapata, Villa de Ramos, a El Saladillo, en Pánfilo Natera, Zacatecas. Al menos dos de las víctimas fueron identificadas como procedentes de este último municipio.
El 1 de octubre pasado, los cuerpos de tres hombres ejecutados fueron localizados a un costado de la carretera 62 en su tramo Vanegas-San Tiburcio, presentaban lesiones de arma de fuego y había cartuchos percutidos.
El 3 de octubre se reportó el hallazgo de seis cuerpos sin vida en los límites del municipio de Vanegas con el estado de Zacatecas. Los cuerpos se encontraban envueltos en cobijas y fueron dejados a la orilla de la carretera federal conocida como El Bado a la comunidad Tanque de Guadalupe de la entidad zacatecana.
La tarde del domingo 4 de octubre, en el municipio de Santo Domingo en una milpa ubicada entre las comunidades de El Barril y Jesús María, fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida enredado en una cobija.
El lunes 5 fue el acabose: 13 cuerpos abandonados en dos camionetas fueron encontrados en la carretera interestatal El Barril (en Villa de Ramos) y Villa de Cos, en el entronque de la comunidad Dulce Grande. Luego de las primeras indagatorias sobre el caso, el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías dijo a la prensa que las víctimas fueron asesinadas en dos domicilios de la comunidad de Chupaderos, perteneciente a Villa de Cos. Tras ejecutarlos, sus verdugos se desplazaron a lo largo de 33 kilómetros por la carretera Chaparrosa-Los Amarillos, cruzaron la frontera y se adentraron en territorio potosino para dejar los cadáveres en el entronque a la comunidad de Dulce Grande.
¿Coordinación?
Los cruentos hechos de Vanegas y Villa de Ramos, dejaron en evidencia que el supuesto “blindaje” de la frontera con Zacatecas en realidad no existe, el cruce de declaraciones entre funcionarios potosinos y zacatecanos, en primera instancia, echa por tierra la presunta coordinación existente en materia de seguridad.
«Hablé ayer con el Gobernador (Alejandro Tello), hemos tenido muchos incidentes, hechos que se realizan en el estado de Zacatecas y que se depositan algunos cuerpos de este lado», declaro Juan Manuel Carreras a la prensa al día siguiente de la masacre.
Por su parte el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías informó que “Se ubicaron dos domicilios en una localidad del municipio de Villa de Cos en donde fueron ejecutadas estas personas y ya se presentaron los familiares de 10 de los 13 fallecidos a identificar y reclamar los cuerpos. Algunos de ellos eran de Fresnillo, otros de Jerez y otros del mencionado municipio de Villa de Cos“. Tomando en cuenta esta información, aclaró que las muertes serán contabilizadas o formarán parte de las estadísticas de esa entidad. Lo que no queda claro es cual fiscalía llevará la investigación.
Convenios de seguridad, ineficaces
El diez de marzo de 2017, un boletín de prensa del gobierno de Zacatecas, dio noticia de la visita del gobernador Alejandro Tello a San Luis Potosí, para reunirse con su homólogo Juan Manuel Carreras. El motivo del encuentro fue firmar un convenio en materia de procuración de justicia y de seguridad. El comunicado está plagado de los lugares comunes habituales en ese tipo de documentos:
“Alejandro Tello solicitó a las autoridades de seguridad de ambos estados generar una sinergia para combatir el delito y ofreció toda la disposición y garantía de la administración a su cargo para darle resultados a los zacatecanos y a los potosinos.
“El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, consideró que en la medida que se tenga mayor comunicación y coordinación entre los dos gobiernos vecinos, habrá mejores resultados en el combate al crimen, por lo que agradeció el acuerdo logrado.
“El convenio firmado este jueves consiste en adoptar políticas anticriminales de manera integral, que permitan diseñar y ejecutar estrategias conjuntas para abordar el fenómeno de la delincuencia”, reza el boletín.
Desde entonces, los gabinetes de seguridad de ambas entidades han estado en supuesta coordinación, sin embargo, los resultados son, por decir lo menos, cuestionables. Tres años después, la realidad demuestra que las intenciones de los mandatarios no fueron más que palabrería, simple demagogia que no se traduce en táctica o estrategia.
En numerosas ocasiones, tanto el Secretario de Seguridad, Jaime Pineda, como el Comandante de la 12ª Zona Militar, Guzmar Ángel Castillo González, han hecho declaraciones a la prensa sobre el supuesto blindaje de las fronteras de San Luis Potosí con otras entidades, entre ellas Zacatecas.
Por ejemplo: En septiembre de 2019, el General Castillo González declaró que “Como parte de las estrategias de la 12ª. Zona Militar para fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes entre San Luis Potosí y estados vecinos, se mantiene comunicación y coordinación constante con las 11ª, 15ª y 16ª Zona Militar”, lo anterior “luego de que el titular de Seguridad Pública del Zacatecas Ismael Camberos Hernández dio a conocer la existencia de al menos 10 órdenes de aprehensión de objetivos criminales que delinquen en la zona”.
En esa ocasión, el General dijo: “estamos trabajando de manera coordinada, ahí desde luego involucramos a los compañeros de la Policía Federal, también a la policía estatal para que tengamos mejores resultados”.
El 17 de septiembre de este año, Jaime Pineda, secretario de Seguridad, dijo a los medios que “la prioridad en materia de seguridad es seguir blindado las fronteras con entidades vecinas, en coordinación con las corporaciones encargadas de mantener la paz en la entidad”, entre las cuales mencionó .al Ejército, la Guardia Nacional y la policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
Declaraciones como estas se han repetido una y otra vez en la prensa, pero, si con todos sus blindajes, los grupos delincuenciales pueden venir a tirar sus cadáveres en territorio potosino, queda claro que la realidad es diametralmente opuesta.
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Cianuro para el Interapas. Apuntes de Jorge Saldaña
Culto público, hijos de la sed y la burocracia:
San Luis no se seca por falta de agua, sino por exceso de políticos…
El dilema sobre el aumento a las tarifas de agua y la prestación del servicio es como una negociación marital de esas tóxicas: “Si no me depositas no ves a los niños…pero si no me dejas ver a los niños…pues no te deposito”.
El Interapas está igual. No puede dar mejor servicio porque no tiene recursos y no le autorizan recursos porque da un mal servicio.
Es un Impasse o callejón sin salida, añejo, terco y convenenciero. Es de esas ocasiones en que los diputados se perfuman de sensibilidad con los contribuyentes cuando en realidad esconden mezquindad para que el estado de las cosas permanezca. Tener un culpable a quién señalar por la falta de agua siempre ha sido útil políticamente.
Por eso, lo raro del asunto es la condena a muerte del organismo lanzada por parte del gobernador Gallardo como condición para que el servicio mejore y el agua llegue a las casas de los potosinos, cuando se sabe que no será un proceso automático, ni mágico ni inmediato.
Sepultar al Interapas conlleva trabajo técnico, jurídico y político que no se reflejará al abrir la llave, por lo menos no pronto.
Además, darle cianuro al Interapas en un año pre electoral y meterse en esa sepultura compleja podría resultar contraproducente. Ahí está el ejemplo de la municipalización de Pozos, que sigue teniendo fallas de origen.
Sin un plan técnico, profesional y bien ejecutado, la desaparición del organismo puede dar más dolores de cabeza que alivios, sin contar con que, en el presupuesto de egresos del próximo año tendrán que apartar una muy buena cantidad de recursos para la reestructura de la red hidráulica por separado que ello implica e invertir, por fin, los miles de millones que se ocupan para acabar con las fugas de una red tripartita.
No vayan a salir después con el asunto de que son gastos “imprevistos”.
A todo esto vendría bien un examen de conciencia por parte de las autoridades y preguntarse ¿No se quiere al organismo o se quiere controlar al organismo? Porque no es lo mismo,…aguas.
Por lo pronto la junta de gobierno acordó no aumentar la tarifa y solo ajustarla en términos del Índice Nacional de Precios al Productor.
Con ello el organismo se suma a la rarísima organización de generación espontánea y sin existencia jurídica llamada “Consejo Potosino de Organismos Operadores de Agua” formado en su mayoría por alcaldes de municipios que no se pueden comparar con lo complejo del universo que significa llevar agua potable, alcantarillado y saneamiento para la capital, Soledad y Cerro de San Pedro, pero en fin, se está apostando a la prudencia política, esa que luego sale cara y pagamos los ciudadanos.
Por otro lado, el tema de la Ley de Aguas propuesta por la presidenta Sheinbaum, y específicamente la revisión y regularización de las concesiones de pozos es un tema que para San Luis y Soledad es crucial y nadie está hablando de ello.
Solo por poner un ejemplo, con el 20 por ciento de agua de los pozos irregulares o con concesiones añejas, se podría inyectar a la red la cantidad suficiente para no necesitar del Realito…un botón nada más.
En el mismo tema pero en otra pista, me percaté que en el paquete de infraestructura por más de 5 mil millones que anunció el gobernador hay muchas obras que destacan como el tercer Tangamanga, la rehabilitación del Circuito Potosí, la continuación de la Vía Alterna hasta el eje 140 y la inversión privada por 22 mil millones para construir una carretera paralela de la Pila a Querétaro, entre otras.
Todas parecen obras que harán del 2026 un buen año, sin embargo no he visto por ningún lado (pero quizás sea solo un descuido e ignorancia de quien esto escribe) el anuncio respecto a los montos de inversión para el acueducto de la presa del Peaje a los Filtros.
Lo que si he visto son ya algunas expresiones de pobladores de la comunidad de Escalerillas quejándose respecto a que a pesar de estar rodeados de cuerpos de agua, no tengan red de distribución ni red sanitaria…y tienen razón.
El problema es que Escalerillas aún está enredado en un debate que lleva décadas respecto a que si son ejido o son comunidad, y mientras tanto no están bajo el cobijo de la autoridad municipal, ni estatal ni de ninguna porque además sus comisariados ejidales y al mismo tiempo sus representantes comunales, están metidos en un berenjenal agrario tan grande que las hojas del expediente ya deben como un bosque de árboles.
Aprovechando la intervención de la infraestructura hidráulica anunciada, amenazaron con detener el proyecto y manifestarse, ojalá que el caos traiga por fin orden a ese enorme polígono de terreno social en beneficio de sus habitantes y no sean un obstáculo sino un motivo que aporte soluciones al problema del hache dos O en la Zona Metropolitana, al mismo tiempo que les ayude a obtener certezas jurídicas y servicios.
Escalerillas merece toda una entrega y hay una deuda histórica con su gente.
Hablando de terrenos sociales, he encontrado varias señales de alerta que estaré compartiendo pronto con ustedes porque estoy en búsqueda de confirmaciones, pero les adelanto una pregunta: ¿Será que regrese el proyecto Cañadas a la agenda pública?
Los mantendré al tanto.
BEMOLES
DE UNA VEZ
No lo tomen como información oficial y sean juiciosos, pero tengo información respecto a que el pago de la deuda de gobierno a la UASLP quizás llegue antes de la fecha prometida del 14 de noviembre, es decir, que puede ser cualquier día de la semana próxima. Habrá que ver en qué términos se realiza el pago, cómo se dará el anuncio, quién dará el anuncio… o a quién le dan la de ocho. #LosModosCuentan
BUENA NOTICIA
Celebro que desde hace algunas semanas el diputado Héctor Serrano y la Jucopo hayan depositado la confianza en Javier Gutiérrez para llevar las riendas de la comunicación social del Congreso del Estado. Estoy seguro que las cosas van a mejorar porque mucha falta les hace. Ayúdales negrito. #Éxitos
Se me quedan cosas en el tintero, pero serán para la siguiente entrega.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña
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Gallardo fortalece seguridad, movilidad y apoyo en Valles
El gobernador realizó la mesa regional de seguridad, entregó apoyos a ganaderos, escrituras a familias y tarjetas de transporte gratuito a jóvenes
Por: Redacción
En una intensa gira de trabajo por Ciudad Valles, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, revisó la estrategia integral de seguridad con alcaldesas y alcaldes de la Huasteca, además de entregar apoyos a productores agropecuarios por 20 millones de pesos, escrituras a 140 familias y más de mil tarjetas de transporte gratuito para la juventud, fortaleciendo la economía familiar, el desarrollo regional y una movilidad sin límites.
Durante la Mesa de Seguridad el Jefe de Gobierno Estatal dio seguimiento a las estrategias que se implementan, exhortó a los alcaldes de El Naranjo, Tamasopo y Ciudad Valles a dignificar los salarios de las y los policías municipales, y anunció un operativo especial junto con la Fiscalía Gen eral del Estado para prevenir el delito de extorsión.
Posteriormente en un evento con familias y productores, el gobernador Ricardo Gallardo entregó tractores, equipos e implementos agropecuarios con inversión de 20 millones de pesos para diversos municipios de la huasteca, además de escrituras a 140 familias vallenses que por más de 20 años habían solicitado regularizarse de las colonias: Hermosa Provincia, Montecillos, Luis Donaldo Colosio, Balcones, Troncones, La Corriente y Cañitas, con el programa “Tu Casa, Tu Apoyo”.
En una gran fiesta con cientos de jóvenes de la región que agradecieron por los apoyos que antes la herencia maldita les negaba, Ricardo Gallardo entregó mil tarjetas del programa “Mi Pase”, que otorga 40 viajes gratuitos al mes a alumnas y alumnos de nivel medio superior y superior, eliminando barreras económicas, que representa un importante apoyo a la economía familiar y que se suma al Sistema de transporte gratuito y eléctrico MetroRed que ya funciona con dos líneas en Valles.
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#4 Tiempos
¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva
CORREDOR HUMANITARIO
Imaginemos que dentro de unos años, alguien desde el poder diga: “En San Luis Potosí ya ni se practican abortos, ¿para qué mantenerlo legal?” Esa frase, tan simplona como peligrosa, podría ser suficiente para justificar que se dé marcha atrás a un derecho conquistado a pulso. Y lo más grave es que, si revisamos los datos oficiales, el argumento ya estaría servido.
Porque según los Servicios de Salud del Estado, desde que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, 132 mujeres han interrumpido su embarazo en San Luis Potosí. Pero —y aquí está la trampa— ninguna lo hizo por decisión propia. De acuerdo con las cifras, las 132 interrupciones fueron por motivos médicos. Cero voluntarias. Cero por libre elección.
Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Que en todo un estado, con más de dos millones de mujeres, ni una sola decidió interrumpir su embarazo de forma voluntaria? ¿O que los hospitales y las instituciones están borrando esos datos, diluyéndolos entre diagnósticos clínicos para esconder una realidad incómoda?
Hace un año, San Luis Potosí celebraba lo que parecía un triunfo de la razón sobre el prejuicio: la despenalización del aborto. Hoy, ese avance empieza a parecerse a una mentira institucional. Porque si las cifras se maquillan, si la objeción de conciencia se convierte en excusa y si las mujeres siguen siendo rechazadas en hospitales, entonces el derecho a decidir se está convirtiendo en una simulación.
De los 107 puestos médicos en hospitales habilitados para practicar la ILE, uno de cada tres profesionales es objetor de conciencia. En Ciudad Valles, por ejemplo, 10 de 17 médicos y enfermeros se niegan a realizar el procedimiento. ¿Y qué pasa con las mujeres que viven en la Huasteca o en el Altiplano, donde no hay alternativas cercanas? ¿Qué pasa si una mujer llega al hospital de Valles, con doce semanas cumplidas, y le dicen que nadie puede atenderla porque todos son objetores ? Lo que pasa es que su derecho desaparece.
La colectiva ILE San Luis Potosí ha documentado estos casos, las negativas, la opacidad y la simulación. Han sido ellas —y muchas otras colectivas— quienes han tenido que acompañar a mujeres que, en teoría, ya no deberían estar suplicando por un derecho reconocido por la ley.
Y entonces hay que decirlo con claridad: un derecho que no se garantiza, es un derecho abolido en silencio. La resistencia institucional existe, y es tan sutil como efectiva: se disfraza de papeleo, de moral médica, de estadísticas convenientes. Pero su consecuencia es brutal: mujeres obligadas a continuar embarazos que no desean, porque el Estado decide mirar hacia otro lado.
San Luis Potosí tiene una ley que reconoce el derecho a decidir, pero no una estructura que lo haga realidad. Y si las autoridades siguen escondiendo las decisiones de las mujeres tras diagnósticos médicos, no solo están borrando datos: están borrando voces.
A un año de la despenalización, el aborto en San Luis Potosí sigue siendo un privilegio y no una garantía. Y si no se exige transparencia y acceso real, pronto podrían decirnos —con una sonrisa burocrática— que aquí ya nadie aborta. Y entonces, el silencio sería la excusa perfecta para volver atrás.
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