La Policía de Investigación (PDI) mantendrá el operativo respectivo que ayude a identificar al fallecido

 

Por: Redacción

Durante la mañana del 9 de junio de 2025, fue iniciada una carpeta de investigación por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), después de que se tuvo conocimiento del deceso de una persona sobre la carretera a Matehuala.

Los Servicios Periciales de la institución acudieron al lugar y al confirmar la información, trasladaron el cuerpo que estaba en el puente que conduce hacia el municipio de Charcas, a las instalaciones de la FGESLP.

La instancia procuradora de justicia le realizará al finado los estudios conforme lo indica la ley y que definirán las causas de su muerte.

En tanto, la Policía de Investigación (PDI) mantendrá el operativo respectivo que ayude a identificar al fallecido.

También los agentes de PDI buscarán esclarecer este suceso, así como identificar al o los probables responsables de los hechos, para llevarlos ante la autoridad judicial.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación; aún no hay sentencias ni castigos definitivos

Por Redacción

Este 7 de junio se cumplió un año de la tragedia ocurrida en el antro Rich, ubicado en la plaza Alttus de San Luis Potosí, donde el colapso de un barandal provocó la muerte de dos jóvenes y lesiones graves a otros ocho asistentes. A doce meses del incidente, el caso continúa abierto: tres personas enfrentan un proceso penal por homicidio y lesiones culposas, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene la posibilidad de judicializar a funcionarios públicos por omisiones.

La noche del 7 de junio de 2024, un sobrecupo estimado en más de mil 500 personas —cuando la capacidad permitida era de 200— derivó en el colapso estructural de un barandal, causando que varias personas cayeran desde una altura considerable. El saldo fue: dos jóvenes perdieron la vida, varios resultaron con lesiones graves, y algunos aún enfrentan secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Tras el accidente, tres personas encargadas de la operación del lugar —Ulises “N.”, Francisco “N.” y Nancy “N.”— fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. La Fiscalía General del Estado solicitó penas de hasta 40 años de prisión para Nancy “N.”, mientras que el proceso penal continúa en la etapa intermedia, luego del cierre de la investigación complementaria a finales de 2024.

Además, la Fiscalía amplió las investigaciones para determinar si servidores públicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí y del Gobierno del Estado incurrieron en alguna responsabilidad. Hasta ahora, cuatro exfuncionarios de la Dirección de Comercio han sido sancionados administrativamente con inhabilitaciones de seis a doce meses, aunque familiares de las víctimas han cuestionado la tibieza de estas medidas.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reportó un gasto cercano a los 4.8 millones de pesos para atención médica, funeraria, psicológica y legal a las víctimas y sus familias.

La Fiscalía reconoció que al menos seis de los lesionados presentan secuelas permanentes, y que algunos requerirán tratamiento durante al menos seis años.

Mientras que la Dirección de Comercio de la capital reformó su reglamento que cumple con compromisos como ordenar y dignificar el espacio público, además de brindar certeza jurídica tanto al comercio formal como al informal. 

A lo largo de estos doce meses, familiares de las víctimas han promovido acciones para garantizar justicia completa. Además de exigir sanciones más firmes contra responsables directos y funcionarios omisos, han solicitado reformas para evitar que hechos similares se repitan. Una petición pública en línea recabó firmas solicitando una investigación a fondo y cambios en la supervisión de establecimientos de entretenimiento.

Aunque el proceso penal contra los tres imputados avanza, aún no se ha dictado sentencia. Tampoco se ha determinado si funcionarios públicos serán judicializados. La Fiscalía ha reiterado que la investigación permanece abierta y no se descarta la judicialización de nuevas personas involucradas.

A un año de la tragedia, el caso Rich representa una herida abierta en San Luis Potosí: un recordatorio del costo de la omisión, la impunidad y la negligencia en la vida nocturna. Y también una prueba de que la justicia, cuando llega, lo hace a paso lento.

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Rescataron 7 perros en evidente desnutrición; ciudadanos resguardaron a 10 más y se detectó a tres sin vida; hay una persona detenida

Por: Redacción 

En atención a un reporte de auxilio solicitado en la colonia Valle de Jacarandas en la capital potosina, agentes de la Guardia Civil Estatal, rescataron a 7 animalitos que presentaban condiciones de desnutrición; procediendo al arresto de la presunta responsable quien tenía en hacinamiento a un grupo de perros, algunos ya sin vida.

Luego de emitirse un llamado de auxilio ante el sistema de emergencias 911, se visitó una vivienda, lugar en donde había personas inconformes, ya que referían que una mujer tenía bajo resguardo a diversos perros sin los cuidados adecuados.

Al tener autorización para ingresar al inmueble, se visualizan a varios canes en condiciones de desnutrición, por lo que se procedió a rescatar a siete de ellos, en tanto que en el suelo yacían tres más sin vida.

Por lo anterior, se procedió a dar parte a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, por posibles hechos constitutivos del delito de maltrato animal, además de detener a una persona como probable responsable identificada como María N. de 53 años de edad, a quien se le dio lectura a la cartilla de derechos que le asisten.

Oficiales estatales recabaron información que confirmó el rescate de 10 perros más por parte de ciudadanos y vecinos que estaban inconformes en el exterior de donde ocurrieron los hechos.

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