El gobernador Ricardo Gallardo encabezó la reunión en San Luis Potosí, donde participaron 16 estados

Por: Redacción

Durante el Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM), celebrado en San Luis Potosí el 27 y 28 de febrero, destacó el nuevo sistema de transporte MetroRed, como un referente nacional en transformar la movilidad, al brindar más apoyo a las familias de la zona metropolitana y este año a quienes habitan en las regiones Huasteca, Media y Altiplano, al generar un ahorro a su economía con viajes gratuitos, cómodos y seguros.

Al dar la bienvenida a las y los participantes provenientes de 16 entidades del país, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona refrendó su compromiso con la movilidad en el Estado, al puntualizar que su administración se impulsa la construcción de caminos y carreteras; programas de transporte gratuito a estudiantes y grupos vulnerables; además de la capacitación a operadores de transporte público en su modalidad taxi y colectivo.

Sobre MetroRed, Gallardo Cardona dijo a las y los integrantes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, que en San Luis Potosí las familias potosinas cuentan con este sistema de transporte que inició operaciones en octubre de 2023

y que desde su inicio a enero de 2025 brindó más de siete millones de viajes gratuitos.

El mandatario estatal agregó que actualmente en la zona metropolitana operan cuatro líneas y en breve arrancará una más que conectará a las comunidades de Soledad de Graciano Sánchez con la capital del Estado; además de que están por iniciar en Matehuala, la Huasteca y región Media, nuevas líneas con servicio gratuito, infraestructura y autobuses de gran capacidad.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, invitó a las y los participantes del Encuentro, a reflexionar durante los días 27 y 28 de febrero, sobre el poder transformador de la movilidad, tras resaltar que cuando hay voluntad se pueden romper inercias para acabar con el rezago y cambiar la vida de las personas, para iniciar una transformación mayor para México.

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El juez Juan Fernando Salazar aparece en las listas de candidatos para la elección; despojó a una víctima de su hogar

Por: Redacción

Liliana Vázquez denunció la corrupción y la violencia institucional que ha enfrentado en su proceso de divorcio en San Luis Potosí. Acusa directamente a Juan Fernando Salazar Hernández, juez primero de lo familiar, y a Luis Daniel Cifuentes Velázquez, secretario de acuerdos, de favorecer a su agresor, permitiendo que la desalojaran de su hogar en un acto de abuso de poder.

El pasado 21 de febrero, en lo que considera una violación procesal, el juez Cifuentes Velázquez ordenó que fuera desalojada con uso de la fuerza pública y que su vivienda quedara en posesión de su agresor, “dejándola en total indefensión, sin un lugar donde vivir y sin acceso a una pensión alimenticia justa”.

Vázquez asegura que, a pesar de haber denunciado violencia psicológica, física y económica, el sistema judicial ha actuado en su contra en lugar de protegerla.

En su testimonio, relató que durante 11 años de relación con su ex pareja, Juan Humberto “N”, trabajó en la construcción de un patrimonio y en la consolidación de dos empresas. Sin embargo, vivió abuso psicológico constante por parte de su ex esposo y, cuando las agresiones escalaron a violencia física, decidió denunciarlo.

La mujer relató que aunque logró obtener medidas de protección, enfrentó un proceso lleno de irregularidades y complicidades entre su agresor y las autoridades judiciales.

Señaló que su caso es un reflejo de una problemática estructural que afecta a muchas mujeres en San Luis Potosí y en el país: “la impunidad y la corrupción dentro del sistema de justicia, que permite que agresores despojen a sus víctimas de su patrimonio y dignidad”. Ante ello, hizo un llamado urgente a las autoridades para que revisen su caso y garanticen justicia.

Además, advierte que el juez Juan Fernando Salazar Hernández figura en la lista de personas que podrían ser votadas en la próxima elección extraordinaria de jueces y magistrados, por lo que exhorta a la ciudadanía a impedir que continúe en un cargo desde el cual, según su testimonio, ha perpetuado la violencia contra las mujeres.

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Acordaron sesionar el próximo miércoles en el Centro Penitenciario Único Femenino y hacer un recorrido con las autoridades penitenciarias

 

Por: Redacción

Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, acordaron sesionar el próximo miércoles en el Centro Penitenciario Único Femenino del Xolol y hacer un recorrido con las autoridades penitenciarias, para conocer las condiciones en que se encuentra la población penitenciaria y las áreas de oportunidad que existen.

 

En reunión de trabajo se dio cuenta del Punto de Acuerdo presentado por la diputada Gabriela Torres López, para hacer un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, para adoptar medidas inmediatas con el fin de garantizar condiciones dignas y seguras para mujeres privadas de su libertad en ese lugar y se garantice y respete en todo momento el derecho de la proximidad familiar, en apego a estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y de reinserción social.

 

Debido a diversas consideraciones, la Comisión presentó un dictamen con modificaciones para que el Punto de Acuerdo fuera en el sentido de exhortar a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí

y de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí, a fin de que, primero, se lleve a cabo la revisión de las condiciones en las que opera el Centro Penitenciario.

 

Asimismo, se lleve a cabo la revisión del estatus jurídico de las internas así como el domicilio en donde radican sus familiares directos, a fin de tomar las acciones inmediatas para garantizarse cumpla lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.