Seguridad
Ex esposa de Alejandro N. declaró como testigo de la defensa del imputado
La testigo presentó conversaciones entre el imputado y la víctima
Por: Redacción
La audiencia celebrada este 13 de julio durante el juicio oral en contra de Alejandro N., ex trabajador del DIF estatal acusado de violación agravada hacia un menor de edad, se presentó como testigo de la defensa la ex esposa del imputado, quien presentó capturas de pantalla de una conversación que sostuvo su ex pareja con la víctima.
La testigo habló sobre una entrevista que le hizo la defensa el 23 de octubre de 2019, cuando entregó una documentación entre la que figuraba ocho capturas de pantallas de una conversación entre el imputado y la víctima en este caso.
En las capturas de pantalla presentadas se evidencía que el imputado y la víctima tuvieron comunicación los días 12, 14 y 17 de octubre de 2019, fechas en las que el joven escapó del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto, donde estaba albergado.
Los mensajes corresponden al 17 de octubre, donde Alejandro N. cuestionó a la víctima sobre el por qué había escapado y la trató de convencer de volver. Sin embargo, la víctima respondió a Alejandro N.: “Ya te metí en muchos problemas”.
La ex esposa del imputado confirmó que Alejandro N. le pidió entregar dichas capturas de pantalla posteriormente de haber sido privado de su libertad, reveló que desconoce si hubo conversaciones anteriores o posteriores, ya que el imputado ya contaba con las conversaciones impresas en su camioneta.
La testigo confirmó que ella recibió en su institución al joven víctima desde 2014, y por consejo de sus padres optó por no tomar su tutela ni la de sus dos hermanos, pero explicó que Alejandro N. decidió hacerse cargo de ellos.
La defensa presentó a seis testigos más, de los cuales, cinco relataron la forma en que se contactaron con Alejandro N. el 14 de octubre de 2019, fecha en que presuntamente ocurrió una de las agresiones.
El primer testigo narró que sostuvo una conversación vía WhatsApp con Alejandro N. entre las 19:57 horas y las 20:30 horas de ese día, con motivo de informar al imputado acerca de unos estudios que le realizaron a un joven del Instituto Para Ciegos y Débiles Visuales (Ipacidevi).
Otro testigo presentado, quien también trabajó para Alejandro N., afirmó haber sostenido una conversación vía WhatsApp con él entre las 19:57 y las 20:35 horas de ese día, pero también reconoció que no sabía el paradero exacto del imputado al momento de la llamada y que no asentó ese horario en la primera entrevista que rindió ante la defensa.
También, declararon dos testigos que el 14 de octubre de 2019, celebraron una misa en conmemoración del cuarto aniversario luctuoso de su hijo, quien era amigo de la escuela de Alejandro N; según los testigos, vieron a Alejandro N. a las 19:40 hrs del 14 de octubre justo cuando terminó la misa que celebraron; pese a su dicho, ambos aceptaron que no conocían lo que hizo el imputado antes o después de haberlo visto ese día en la misa.
Finalmente, declaró una ex trabajadora de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores y Gestión Social (PDPAM) quien compartió oficina con Alejandro N. y dijo que conocía a la víctima, de acuerdo con la testigo, la víctima nunca mostró malestar en el espacio de trabajo y ella nunca notó que el adolescente fuera agredido de alguna forma por Alejandro N.; sin embargo, la declarante aceptó que, por sus actividades, no siempre tenía vista de lo que hacía el adolescente o lo que hacía Alejandro N. en su oficina personal.
Al final de la jornada, faltaron por declarar dos testigos, que deberán presentarse el día de mañana 14 de julio, junto con los cerca de 19 testigos restantes.
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Oscar Infante Muñoz, integrante de una brigada de la Comisión Nacional Forestal, señaló que el traslado en camionetas de carga representa una dificultad para el personal que combate incendios en distintos puntos del estado
Por: Redacción
Combatir incendios forestales implica enfrentar altas temperaturas, terrenos complicados y el riesgo permanente de quedar atrapado por el fuego. Sin embargo, para los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), uno de los retos comienza incluso antes de llegar a la emergencia: el transporte.
Oscar Infante Muñoz, brigadista forestal con siete años de experiencia, señaló que una de las principales necesidades de las brigadas es contar con vehículos adecuados para trasladar a todo el personal de forma segura hacia las zonas de combate.
Explicó que actualmente se movilizan en camionetas de carga sencilla, donde parte de los integrantes debe viajar en la parte trasera durante recorridos que en ocasiones son de varias horas.
“Nos gustaría más equipo, un vehículo mejor para salir y que todos los compañeros fueran adentro, porque nosotros nos transportamos en vehículos de carga sencilla; unos van afuera y otros adentro”, comentó.
Infante Muñoz indicó que la labor de un brigadista exige responsabilidad, disciplina y preparación constante debido a los riesgos que representa enfrentar incendios forestales
El combatiente recordó que uno de los incendios más complicados en los que ha participado ocurrió hace dos años en Matehuala, donde un operativo que inicialmente estaba previsto para durar unos días se extendió durante dos semanas debido a la rápida propagación del fuego.
Aseguró que en aquella ocasión el peligro fue tal que su brigada estuvo a punto de quedar atrapada entre las llamas y tuvo que ser auxiliada mediante un helicóptero tras refugiarse en una zona elevada.
Las brigadas forestales de la Conafor atienden incendios en diversas regiones de San Luis Potosí durante la temporada crítica, labor que requiere no sólo capacitación y experiencia, sino también condiciones adecuadas de equipamiento y movilidad para reducir los riesgos durante las operaciones.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
El predio se ubica sobre Circuito Potosí, a la altura de San Juanico el Grande; en el operativo participaron la Guardia Nacional, el Ejército y la Guardia Civil Estatal
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el aseguramiento de alrededor de 174 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en un predio ubicado al norte de la capital potosina, sobre Circuito Potosí, a la altura de la localidad de San Juanico el Grande.
De acuerdo con la dependencia, el hallazgo derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre el ingreso y salida frecuente de pipas y carrotanques en el inmueble, utilizado presuntamente para cargar y descargar combustible.
La Fiscalía Especializada de Control Regional, a través del Ministerio Público Federal, encabezó el operativo conjunto con la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal
En el lugar se localizaron una pipa con 27 mil litros de diésel, dos tractocamiones con tanques de 63,500 y 67,000 litros del mismo combustible, un depósito horizontal con 16,500 litros adicionales, un tanque con 4,000 litros de urea, un módulo despachador y una bomba de doble manguera con el logo de Pemex, además de equipos de cómputo y documentación diversa.
Las autoridades también aseguraron 102 vehículos de distintas características —entre pipas vacías, plataformas, cajas secas y dollys— y el inmueble, que operaba aparentemente como oficinas. El caso continúa bajo investigación federal por posesión, comercialización y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.
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