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Estudio de la UNAM sobre San Miguelito tardaría hasta 20 meses: Segam
Para decretar la protección a la Sierra de San Miguelito también se necesita que los comuneros acepten o no dicha declaratoria, informó la titular de Segam
Por: Ana Dora
La secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, Yvett Salazar Torres, comentó que posiblemente se mencione en el cuarto informe del gobierno de Juan Manuel Carreras, el tema de la declaratoria de protección a la Sierra de San Miguelito, así como para otras zonas en el estado donde se están creando parques naturales.
La funcionaria recordó que aún no se determina la extensión que será protegida por el gobierno federal y afirmó que “hay que esperar a los resultados de la UNAM” pero reconoció que la superficie “no puede ser menor al polígono del primer estudio, de 63 mil hectáreas”.
También señaló que los resultados que arrojen el estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no determinarán por completo la extensión del área natural protegida puesto que “dependemos de la anuencia de los ejidatarios”, debido a que el esquema de la declaratoria no es de expropiación territorial: “un área natural protegida no se hace porque el gobierno quiera, requerimos la anuencia de los propietarios”.
El que los comuneros de la zona acepten o no que se protejan sus tierras, posiblemente tendrá que ver con el impacto ambiental que podría provocarse en la zona, por lo que, dijo, “se trabaja en los ordenamientos con los municipios, la idea es dejar aéreas que promuevan el crecimiento sustentable de la zona”; sin embargo, reiteró que es necesario la autorización de los habitantes: “para la declaratoria necesitamos la anuencia de los ejidos”.
La secretaria de Ecología indicó que es posible realizar otros procedimientos legales como la expropiación, “para hacer una conservación”, pero que posiblemente esto conllevaría a que los comuneros solicitaran la protección de una autoridad federal.
“La posibilidad es que podemos ser sujeto de amparos por el uso y disfrute de propiedad privada”, dijo y concluyó que en la declaratoria se pretende incluir alrededor de catorce ejidos y una parte boscosa de pino y encino ya que “la ley agraria protege las áreas boscosas”; sin embargo, reconoció, será necesario esperar de 18 a 20 meses para conocer el resultado y también la determinación de los comuneros.
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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”
La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris
Por: Redacción
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.
El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.
Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.
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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA
Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente
Por: Redacción
El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.
Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso , también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.
El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.
Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.
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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”
La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.
Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.
“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.
Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.
Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.
Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.
“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.
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