mayo 26, 2026

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Estado

Estos diputados resultaron más abusivos: Ciudadanos Observando

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Por Ana Dora

José Guadalupe González, representante de la organización Ciudadanos Observando, habló para La Orquesta sobre el escándalo de presunta corrupción en el Congreso del Estado en relación con la contratación y pagos excesivos a los asesores de diputados.

El vocero de Ciudadanos Observando dijo que la Legislatura pasada utilizaba menos recursos para el pago de asesores en comparación con la actual, “esta Legislatura está peor, es más abusiva. La anterior usaba un millón ochocientos mil pesos para honorarios, en comparación con los actuales, que utilizan tres millones quinientos mil pesos”, un aumento de casi el doble.

Recordó que los asesores perciben pagos desde veinte mil pesos hasta casi los setenta mil pesos, sin que nadie regule esos montos, y augura que se avecina el destape de un contubernio de corrupción en el que se exhibirá posiblemente que la mayoría de los diputados tienen prestanombres disfrazados de asesores.

El vocero de Ciudadanos Observando dijo que la falta de vigilancia en este rubro provoca que los diputados hagan uso del dinero público para intereses personales. “Ya no puede haber ese derroche para que contraten asesores que lleven a los hijos al colegio o les carguen las maletas”.

Comentó que la labor de los asesores adscritos a las comisiones legislativas es muy necesaria; sin embargo, calculó que sólo son el 20% los que cumplen con su función, mientras que del resto se desconoce su actividad: “que se pudieran contratar solo asesores para las comisiones donde se hace el trabajo legislativo”.

Respecto a la declaración de la diputada Alejandra Valdés, quien señaló que todo el destape de corrupción se debe a un “golpeteo político”, el activista indicó que esa frase suele ser utilizada como pretexto, pues con estos contratos los diputados “pagan favores políticos y meten recomendados”.

Señaló como grave la declaración de Valdés Martínez, quien también dijo que su ex asesor se aumentó el sueldo con tan sólo un oficio firmado por ella y exigió a la diputada que transparente las contrataciones a sus familiares: “yo le refuto a la diputada, cuando dijo no tener familiares trabajando en el Congreso, que no nos quiera ver la cara de tontos, su cuñada y la hija de su actual pareja trabajan ahí”.

Aunque no es conveniente generalizar, dijo que es necesario indagar toda la lista de honorarios para verificar: “aquí la cuestión es indagar y señalar casos concretos, no me atrevo a decir que todos pero es un vicio que se ha continuado”.

Dijo que la Junta de Coordinación Política no es responsable de la contratación excesiva, puesto que sólo se aprobaban las contrataciones, más no los sueldos “si te fijas en las actas no vienen sueldos, la Jucopo solo menciona la autorización de contratación, pero no vienen los sueldos”.

González señaló que existen acuerdos sin transparentar, pues muchos diputados desconocían de los aumentos y los asesores tienen salarios desiguales: “hay negociación por debajo de la mesa, el mismo Mijis dio a entender que hay favoritismo para los que integran la Jucopo”.

Finalmente aseguró que este hecho ha provocado la molestia de la ciudadanía “están provocando que la gente se irrite y que volvamos a salir las calles a exigirles una respuesta y solución”.

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Defiende Héctor Serrano la “Ley Serrano”

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El diputado aseguró que la normativa está perfectamente tipificada, y ya le corresponde a las autoridades de justicia determinar los casos en que sea violada

Por: Redacción

El diputado Héctor Serrano fue cuestionado con respecto de la apodada “Ley Serrano”, después de que en los últimos días, se realizaran varios arrestos por el presunto uso indebido de contenido realizado con inteligencia artificial (IA).

El legislador aseguró que la normativa está perfectamente tipificada para que las autoridades de justicia (no el Congreso) determinen si se realiza una violación legal mediante el uso de estas herramientas.

Explicó que abarca cuando se pone una voz distinta en un video a la del material de origen, se generan imágenes alteradas o construidas enteramente con IA con el objetivo de crear incertidumbre o una falsa idea en la sociedad.

Recalcó que será cuestión de la procuraduría determinar si se hace una mala utilización de la inteligencia artificial o no, contando con los elementos necesarios para poder llegar a una resolución.

Dentro de la ley, se establece el término de “alarma social

” para determinar a quién perseguir, ante lo cual, el diputado indicó que se trata del contenido que se difunde de manera masiva, acotando que sería muy difícil realizar una cuantificación exacta.

Afirmó desconocer los pormenores de los casos recientes que involucraron el arresto de algunas personas, remarcando que ese es un proceso que le corresponde a los entes judiciales.

Señaló que el objetivo de la iniciativa era proteger la seguridad pública y la integridad de los potosinos, aunque subrayó que se hizo respetando la libertad de expresión.

Asimismo, destacó que no fue una propuesta que únicamente fuera autorizada por él, sino que se fue a la votación correspondiente, donde fue aprobada por la mayoría del Congreso del Estado.

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Acoso y hostigamiento sexual: Cobach ha cesado a 16 empleados en tres años

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Piden a estudiantes y familias denunciar formalmente los casos, el director dijo que la institución solo puede aplicar sanciones administrativas

Por: Redacción

Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach), aseguró que durante la actual administración se han separado de sus cargos a 16 docentes y trabajadores administrativos por conductas indebidas, principalmente relacionadas con hostigamiento y acoso sexual.

El funcionario afirmó que el subsistema implementó una política de “cero tolerancia” ante este tipo de casos y sostuvo que actualmente buscan fomentar entre estudiantes y padres de familia una mayor cultura de la denuncia.

Centeno Trejo explicó que, aunque algunas recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos continúan abiertas por los procesos en curso, todas han sido atendidas por la institución.

“Somos la institución que más docentes y administrativos hemos separado”, declaró al señalar que las sanciones aplicadas corresponden principalmente a casos de hostigamiento y acoso sexual detectados dentro de los planteles.

El director del Cobach reconoció que en administraciones anteriores pudo existir mayor permisividad frente a este tipo de conductas, pero sostuvo que actualmente la postura institucional es distinta y busca actuar de manera inmediata cuando existen señalamientos.

Asimismo, indicó que el Colegio de Bachilleres únicamente puede aplicar sanciones administrativas o ceses laborales, mientras que las investigaciones penales deben ser impulsadas por las familias ante las autoridades correspondientes, debido a que en muchos casos las víctimas son menores de edad.

“Impulsamos a las alumnas, alumnos y padres de familia a que continúen con las denuncias”, expresó.

Finalmente, reiteró que el objetivo es garantizar espacios escolares más seguros y prevenir cualquier conducta que vulnere la integridad de las y los estudiantes dentro de los planteles educativos.

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Filtrado de candidaturas debe discutirse con enfoque institucional: Serrano

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Existen varias propuestas presentadas por distintos grupos parlamentarios, incluida la formalizada por Morena

Por: Redacción

En el contexto del debate nacional sobre la verificación de la probidad de candidaturas, el diputado Héctor Serrano Cortés en San Luis Potosí señaló que diversas iniciativas locales siguen una línea similar a la planteada a nivel federal, aunque deberán analizarse dentro de los tiempos legales establecidos.

Explicó que actualmente existen varias propuestas presentadas por distintos grupos parlamentarios, incluida una iniciativa formalizada por Morena, además de una previamente promovida por el CEPAC y aprobada desde noviembre. Indicó que el dictamen ya votado en comisiones se enfoca en atender el veto del gobernador y aspectos de temporalidad relacionados con la igualdad sustantiva.

El legislador precisó que las iniciativas en discusión buscan aplicarse en una legislación que entre en vigor en 2027.

En ese marco, subrayó que una de las principales preocupaciones es la posible infiltración del crimen organizado en espacios políticos

. Señaló que este fenómeno ha sido documentado en distintos espacios y que es necesario construir alternativas que eviten que personas con estos vínculos participen en procesos electorales o accedan a cargos públicos.

Aclaró que el planteamiento sobre la probidad no está relacionado con señalamientos en medios o plataformas digitales, sino con un tema de institucionalidad. En ese sentido, sostuvo que el Estado mexicano cuenta con las herramientas necesarias para realizar revisiones, aunque existe desconfianza por tratarse de instituciones vinculadas al poder.

Finalmente, afirmó que su postura es distinta, al considerar que las instituciones son resultado de procesos históricos y deben ser fortalecidas para garantizar procesos electorales más confiables.

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