Estado
Estos diputados resultaron más abusivos: Ciudadanos Observando
Por Ana Dora
José Guadalupe González, representante de la organización Ciudadanos Observando, habló para La Orquesta sobre el escándalo de presunta corrupción en el Congreso del Estado en relación con la contratación y pagos excesivos a los asesores de diputados.
El vocero de Ciudadanos Observando dijo que la Legislatura pasada utilizaba menos recursos para el pago de asesores en comparación con la actual, “esta Legislatura está peor, es más abusiva. La anterior usaba un millón ochocientos mil pesos para honorarios, en comparación con los actuales, que utilizan tres millones quinientos mil pesos”, un aumento de casi el doble.
Recordó que los asesores perciben pagos desde veinte mil pesos hasta casi los setenta mil pesos, sin que nadie regule esos montos, y augura que se avecina el destape de un contubernio de corrupción en el que se exhibirá posiblemente que la mayoría de los diputados tienen prestanombres disfrazados de asesores.
El vocero de Ciudadanos Observando dijo que la falta de vigilancia en este rubro provoca que los diputados hagan uso del dinero público para intereses personales. “Ya no puede haber ese derroche para que contraten asesores que lleven a los hijos al colegio o les carguen las maletas”.
Comentó que la labor de los asesores adscritos a las comisiones legislativas es muy necesaria; sin embargo, calculó que sólo son el 20% los que cumplen con su función, mientras que del resto se desconoce su actividad: “que se pudieran contratar solo asesores para las comisiones donde se hace el trabajo legislativo”.
Respecto a la declaración de la diputada Alejandra Valdés, quien señaló que todo el destape de corrupción se debe a un “golpeteo político”, el activista indicó que esa frase suele ser utilizada como pretexto, pues con estos contratos los diputados “pagan favores políticos y meten recomendados”.
Señaló como grave la declaración de Valdés Martínez, quien también dijo que su ex asesor se aumentó el sueldo con tan sólo un oficio firmado por ella y exigió a la diputada que transparente las contrataciones a sus familiares: “yo le refuto a la diputada, cuando dijo no tener familiares trabajando en el Congreso, que no nos quiera ver la cara de tontos, su cuñada y la hija de su actual pareja trabajan ahí”.
Aunque no es conveniente generalizar, dijo que es necesario indagar toda la lista de honorarios para verificar: “aquí la cuestión es indagar y señalar casos concretos, no me atrevo a decir que todos pero es un vicio que se ha continuado”.
Dijo que la Junta de Coordinación Política no es responsable de la contratación excesiva, puesto que sólo se aprobaban las contrataciones, más no los sueldos “si te fijas en las actas no vienen sueldos, la Jucopo solo menciona la autorización de contratación, pero no vienen los sueldos”.
González señaló que existen acuerdos sin transparentar, pues muchos diputados desconocían de los aumentos y los asesores tienen salarios desiguales: “hay negociación por debajo de la mesa, el mismo Mijis dio a entender que hay favoritismo para los que integran la Jucopo”.
Finalmente aseguró que este hecho ha provocado la molestia de la ciudadanía “están provocando que la gente se irrite y que volvamos a salir las calles a exigirles una respuesta y solución”.
Cumplimenta FGE otra orden de aprehensión a un sujeto acusado ahora de violación
La aportación ayuda pero no cubre una mínima parte de costos operativos de la corporación: Bomberos
Por: Cristian Betancourt
Un total de 27 diputados del Congreso del Estado realizaron una aportación económica de cien mil pesos para apoyar al H. Cuerpo de Bomberos como parte de un esfuerzo en conjunto para fortalecer la operación de la corporación durante el cierre de año.
Aunque el apoyo es un gesto positivo está lejos de representar una solución real para las necesidades de la corporación.
En ese contexto los cien mil pesos donados por cada uno de los 27 diputado
Aún así el Cuerpo de Bomberos agradeció el gesto reiterando la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de financiamiento para garantizar que la corporación siga operando con seguridad y eficiencia.
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Más de siete mil turistas visitan mensualmente al municipio y se consolida como un destino gastronómico y religioso
Por: redacción
El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la dirección de Turismo Municipal, reportó que más de siete mil turistas visitan el municipio cada mes, cifra que refleja el constante crecimiento del sector y el posicionamiento de la localidad como un atractivo referente turístico.
La directora de Turismo, Aurora Zamora Vázquez, detalló que la mayoría de los visitantes son extranjeros y señaló que este flujo turístico contribuye al fortalecimiento económico local y al impulso de los prestadores de servicios.
Informó que Villa de Pozos continúa consolidándose como un punto clave para el turismo religioso y gastronómico, dos de los pilares que distinguen a la localidad gracias a sus tradiciones históricas, festividades y su oferta culinaria.
La funcionaria resaltó el creciente interés de turistas y visitantes por seguir conociendo el municipio, lo que motiva al Gobierno Municipal a continuar trabajando en acciones que favorezcan el desarrollo turístico y preserven la identidad cultural de Villa de Pozos.
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Triunfo del colectivo Praxis Combativa obliga a universidades públicas a eliminar cuotas de inscripción por amparo
Por: Angel Bravo
El colectivo Praxis Combativa, a través de dos de sus integrantes anunció que se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la gratuidad e inmediatez de la educación superior, incluyendo los posgrados, en instituciones públicas del país.
Desde hace casi una década, Praxis Combativa ha promovido cientos de amparos para que las cuotas universitarias no sean un impedimento para que jóvenes continúen sus estudios. Desde 2016 a la fecha, se han promovido más de 300 amparos en este sentido.
La reciente sentencia de la SCJN otorga una victoria al colectivo y, si bien surge de un caso particular en San Luis Potosí, sus alcances son de impacto nacional:
La Corte resolvió que el derecho a la educación superior gratuita debe ser inmediato y no gradual, como sostenía la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La SCJN subraya que una ley secundaria, como la Ley General de Educación, no puede estar por encima de lo que ya establece la Constitución, que es la gratuidad inmediata.
El fallo establece jurisprudencia. Esto significa que ahora cualquier estudiante de cualquier institución pública de educación superior (universidades autónomas, tecnológicos, normales, etc.) en el país puede tramitar un juicio de amparo para no pagar cuotas de inscripción o colegiaturas, replicando el caso ganado.
El amparo en revisión 305 del 2025 confirma el derecho de una estudiante de posgrado de metalurgia a no pagar las cuotas universitarias de manera permanente.
A pesar de esta victoria, el colectivo Praxis Combativa manifestó su preocupación por la omisión de las autoridades federales y estatales en garantizar el presupuesto necesario para la educación pública, lo que podría generar una crisis financiera en las instituciones.
Los integrantes del colectivo señalaron que si bien la sentencia judicial obliga a las universidades a no cobrar, el efecto del amparo
“El problema es que no han dado el poder judicial ese paso de decirle al Gobernador, al Congreso de la Unión, ‘Oigan, sí está muy bien todo, sí es responsable la Universidad Autónoma, pero ustedes también tienen que dar recurso’.”
En juicios anteriores, la justicia ha reconocido que autoridades como el Congreso de la Unión, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado han sido omisos en garantizar el presupuesto para la educación.
El colectivo hizo un llamado a las instituciones de educación superior a implementar prácticas de austeridad republicana, recordando que el 80% de los recursos se destina a salarios, y señalando las grandes desigualdades que existen, como el bajo pago por hora clase a muchos docentes.
Sin embargo, insisten en que el problema de fondo es la falta de compromiso de las autoridades gubernamentales: “Congreso de la Unión, Gobierno Federal y Gobierno del Estado deben dar los recursos para la educación pública. ¿Por qué? Porque si no, entonces a quien afecta es al desarrollo del país.”
El colectivo anunció que escalará su estrategia jurídica, tramitando más juicios de amparo con el objetivo de buscar el cumplimiento del efecto respecto a las autoridades presupuestales, es decir, que el Poder Judicial finalmente obligue al Gobierno Federal, Estatal y al Congreso a garantizar y aportar los recursos que requiere la educación superior pública.
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