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#Entrevista | «No hay denuncias de corrupción contra Mónica Rangel»: secretario de Salud
Aunque el gobernador Ricardo Gallardo ha hablado de un desfalco por mil 700 millones en los servicios de salud del estado, el doctor Acosta Díaz de León aseguró que aún no han confirmado irregularidades administrativas
Por: Luis Moreno
La Secretaría de Salud fue la dependencia más cuestionada durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, pues durante los seis años en que estuvo dirigida por Mónica Rangel Martínez, y el breve paso de Miguel Ángel Lutzow, no dejó de coleccionar revelaciones de irregularidades en su interior. De contrataciones de proveedores fantasma hasta la compra de medicamentos falsos y otros caducos, los servicios de salud de San Luis Potosí se convirtieron en el foco de atención de la ciudadanía al pensar en corrupción.
El nivel del agravio que sintió la población quedó asentado con el resultado de la elección de gubernatura del estado, pues Rangel Martínez consiguió apenas el 8% de la votación, esto a pesar de ser candidata de Morena, partido que encabezaba las preferencias durante el periodo de precampañas.
Recuperar la confianza de la ciudadanía en esta secretaría parece ser uno de los objetivos más complejos para el gobierno de Ricardo Gallardo, para el cual, el gobernador eligió al doctor Daniel Acosta Díaz de León, que con sus 30 años como neurocirujano y su experiencia al frente del Colegio de la Profesión Médica, parece ser una apuesta para resolver la operación de técnica del área, pero también solventar el desgaste político y mediático de la misma.
El doctor Acosta Díaz de León conversó con La Orquesta sobre la corrupción al interior de la secretaría, la pandemia de covid y los objetivos para los primeros meses en el cargo; sin embargo, se mantuvo al margen de lanzar acusaciones, como sí lo ha hecho el gobernador y permanece en en una cautela cuyos resultados no están muy lejos de verse.
La Orquesta: ¿Cómo encontró la Secretaría de Salud?
Daniel Acosta: Encontramos un desorden administrativo, yo diría falta de disciplina en los procesos, esto nos ha llevado a tardarnos en entender las cosas. Hay un número muy grande de trabajadores como de programas.
Tenemos tres prioridades: la atención de primer nivel en las comunidades de los 58 municipios, donde hay muchas carencias estructurales y de organización, por ejemplo en algunos centros de salud hemos encontrado que hay suficiente personal, pero todos están ubicados de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes, la población de esos municipios no se puede enfermar después de esa hora ni los fines de semana. Necesitamos que los 120 centros de salud en todo el estado brinden un servicio permanente.
El segundo problema grave que hemos encontrado es el desabasto de medicamentos e insumos. Nos dimos a la tarea de hacer una revisión de todas las bodegas de material y medicamentos para optimizar lo poquito que tenemos.
LO: ¿No había un inventario?
DA: Sí, pero no era confiable, de ahí derivó mucho de lo que es público sobre medicamentos caducos y otros ocultos. Ya estamos en condición de decir dónde y qué hay en cada lugar.
El tercer punto es la infraestructura hospitalaria. Tenemos el nuevo Hospital Central construido y no está equipado, estamos trabajando en un hospital adaptado, totalmente constreñido.
LO: El nuevo Hospital Central es un proyecto que viene desde el sexenio de Fernando Toranzo. ¿Cuándo podremos tenerlo operativo?
DA: Es difícil decirlo porque dependemos del Insabi. Ellos marcan sus tiempos, podríamos hablar de febrero o marzo del 2022.
LO: La gestión de Mónica Rangel convirtió a la Secretaría de Salud en la dependencia más señalada del gobierno, ¿qué harán para recuperar la confianza de la población?
DA: Trabajamos hacia el interior de la secretaría. Tratamos de acercarnos a los sindicatos para volver a formar esa confianza. En la entrega recepción lo que encontramos lo señalamos, creemos que la autoridad será la que se encargue de determinar alguna culpabilidad o no.
LO: ¿Se presentaron o presentarán denuncias?
DA: Por nuestra parte no. Del análisis que surja del proceso de entrega recepción tanto en la Secretaría como específicamente en el Hospital Central, será la propia autoridad competente la que determine si hay algún delito que perseguir, nosotros no podemos establecernos como jueces.
LO: Pero, puede presentar una denuncia.
DA: Si es necesario, sí, pero hasta ahora no hay ningún señalamiento. Hay una instrucción muy precisa del gobernador: si vamos a acusar, tenemos que tener todos los elementos en la mano. Son temas muy delicados que han dañado a la secretaría, al gobierno y, sobre todo, la confianza de las personas, tenemos que dar pasos muy firmes y muy seguros.
LO: El gobernador Ricardo Gallardo ha hablado de un desfalco por mil 700 millones de pesos en Salud. ¿Es real esa situación?
DA: De cantidades yo no puedo hablar, lo que sí me consta es que los medicamentos que encontramos caducos por montones y vehículos inutilizados, un parque vehicular de 920 de los que un 70% son funcionales. Con los medicamentos hay otro problema, en los próximos meses para finalizar el 2021 y comenzar 2022, tenemos una gran cantidad de ellos que están por caducar. Ya establecimos contacto con otras instituciones de salud, públicas y privadas, para ponerlos a su disposición.
LO: ¿Había una sobrecompra de medicamentos?
DA: Las compras dependen mucho del Insabi, ellos nos proporcionan con cargo a nuestro presupuesto el material. En ocasiones viene desproporcionada la cantidad de medicamentos, por eso hay un sobre almacenaje y paradójicamente una lista de desabasto.
LO: ¿Se hizo una revisión en torno a los proveedores fantasma identificados en la administración de Mónica Rangel?
DA: Sí, ahora estamos en un proceso de revisión de todos los proveedores. Todos deben tener un registro ante la Oficialía Mayor, deben estar avalados para evitar que pase lo que estaba ocurriendo en tiempos pasados. Esto se ha dado sobre todo en las compras emergentes, tú como director de hospital tienes que resolver el problema inmediato, y a veces no te fijas y vas con el que te lo ofrece y con el que te fía, entonces pensamos que mucho de eso pasó. Hubo vivales que aprovecharon esa circunstancias y fue lo que se dio, pero ahora somos muy precavidos en la compra de insumos urgentes.
LO: En el Hospital Central se dieron los casos de medicamentos caducos y apócrifos, ¿eso afectó su prestigio?
DA: Sigue trabajando al 100%, hay un exceso de demanda en el servicios porque realmente la gente no tiene otra opción. Tienes razón, el prestigio ha sido lastimado, debemos demostrar si hubo o no las anormalidades. He revisado detenidamente los medicamentos apócrifos, no me he metido en el tema administrativo de cuánto compraron y a quién le compraron, pero sí hubo procesos que se siguieron en cada uno de ellos para detectarlos y congelarlos.
LO: ¿Hubo pacientes tratados con medicamentos caducos o apócrifos?
DA: Del primer caso que se detectó, no se involucró a ningún paciente, porque cuando se iba a aplicar a un paciente oncológico, la enfermera detectó cambios en la coloración y consistencia del medicamento; decidió no aplicarlo y comunicarlo a sus superiores, ahí se pudo detectar el lote de medicamentos e inmediatamente se desactivaron. De ahí se dieron otros tres o cuatro casos con antibióticos y antiinflamatorios, que se fueron detectando e informando a la población. No hubo aplicación tampoco de estos medicamentos. No hay ninguna evidencia o paciente que haya denunciado que se le SER tratado con insumos en esas condiciones.
LO: Pasamos de los 100 mil casos de covid en SLP y ocupamos aproximadamente el 10 lugar a nivel nacional en incidencia de contagios. ¿Cuál es el estado que guarda la pandemia en la entidad?
DA: El problema no se ha terminado. El covid está latente. En el cambio de estación podemos tener otro aumento en el número de casos. Si analizamos cómo se ha comportado el covid desde febrero del 2020 a octubre del 2021, realmente hemos visto epidemias o pandemias diferentes: antes no teníamos la vacuna, ahora disminuyó el número de casos y mortalidad, pero mientras haya una persona que fallezca a causa del covid no podemos estar tranquilos. Si vemos la curva, ahora estamos bien, porque está bajando el número de contagios, pero eso no es garantía de nada.
En lo que estamos preocupados es en la cantidad de muertes que se han mantenido entre 16 y 17 al día, sigue siendo un número alto.
LO: ¿A qué se debe esa mortalidad?
DA: Una de las principales causas, no la única, es la tardanza de los pacientes en llegar a los hospitales, muchas veces debido a la información encontrada entre el mismo personal médico. Ahora mismo hay suficiencia de lugar en los hospitales, tenemos una ocupación menor al 20%. El factor hospitalario y medicamentos no pueden ser la causa, como ocurrió en cierto momento. El comportamiento de la pandemia es incierto, pero todo el mundo mayor de edad debemos vacunarnos, los menores atentos a las políticas de salud. Seguir con las medidas de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, toma de temperatura. Si avanzamos en ese sentido es posible que los números sigan descendiendo. No se va a acabar el covid en mucho tiempo, vienen temporadas difíciles, Navidad, vacaciones, Año nuevo y el invierno.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
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De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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