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#Entrevista | «No hay denuncias de corrupción contra Mónica Rangel»: secretario de Salud
Aunque el gobernador Ricardo Gallardo ha hablado de un desfalco por mil 700 millones en los servicios de salud del estado, el doctor Acosta Díaz de León aseguró que aún no han confirmado irregularidades administrativas
Por: Luis Moreno
La Secretaría de Salud fue la dependencia más cuestionada durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, pues durante los seis años en que estuvo dirigida por Mónica Rangel Martínez, y el breve paso de Miguel Ángel Lutzow, no dejó de coleccionar revelaciones de irregularidades en su interior. De contrataciones de proveedores fantasma hasta la compra de medicamentos falsos y otros caducos, los servicios de salud de San Luis Potosí se convirtieron en el foco de atención de la ciudadanía al pensar en corrupción.
El nivel del agravio que sintió la población quedó asentado con el resultado de la elección de gubernatura del estado, pues Rangel Martínez consiguió apenas el 8% de la votación, esto a pesar de ser candidata de Morena, partido que encabezaba las preferencias durante el periodo de precampañas.
Recuperar la confianza de la ciudadanía en esta secretaría parece ser uno de los objetivos más complejos para el gobierno de Ricardo Gallardo, para el cual, el gobernador eligió al doctor Daniel Acosta Díaz de León, que con sus 30 años como neurocirujano y su experiencia al frente del Colegio de la Profesión Médica, parece ser una apuesta para resolver la operación de técnica del área, pero también solventar el desgaste político y mediático de la misma.
El doctor Acosta Díaz de León conversó con La Orquesta sobre la corrupción al interior de la secretaría, la pandemia de covid y los objetivos para los primeros meses en el cargo; sin embargo, se mantuvo al margen de lanzar acusaciones, como sí lo ha hecho el gobernador y permanece en en una cautela cuyos resultados no están muy lejos de verse.
La Orquesta: ¿Cómo encontró la Secretaría de Salud?
Daniel Acosta: Encontramos un desorden administrativo, yo diría falta de disciplina en los procesos, esto nos ha llevado a tardarnos en entender las cosas. Hay un número muy grande de trabajadores como de programas.
Tenemos tres prioridades: la atención de primer nivel en las comunidades de los 58 municipios, donde hay muchas carencias estructurales y de organización, por ejemplo en algunos centros de salud hemos encontrado que hay suficiente personal, pero todos están ubicados de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes, la población de esos municipios no se puede enfermar después de esa hora ni los fines de semana. Necesitamos que los 120 centros de salud en todo el estado brinden un servicio permanente.
El segundo problema grave que hemos encontrado es el desabasto de medicamentos e insumos. Nos dimos a la tarea de hacer una revisión de todas las bodegas de material y medicamentos para optimizar lo poquito que tenemos.
LO: ¿No había un inventario?
DA: Sí, pero no era confiable, de ahí derivó mucho de lo que es público sobre medicamentos caducos y otros ocultos. Ya estamos en condición de decir dónde y qué hay en cada lugar.
El tercer punto es la infraestructura hospitalaria. Tenemos el nuevo Hospital Central construido y no está equipado, estamos trabajando en un hospital adaptado, totalmente constreñido.
LO: El nuevo Hospital Central es un proyecto que viene desde el sexenio de Fernando Toranzo. ¿Cuándo podremos tenerlo operativo?
DA: Es difícil decirlo porque dependemos del Insabi. Ellos marcan sus tiempos, podríamos hablar de febrero o marzo del 2022.
LO: La gestión de Mónica Rangel convirtió a la Secretaría de Salud en la dependencia más señalada del gobierno, ¿qué harán para recuperar la confianza de la población?
DA: Trabajamos hacia el interior de la secretaría. Tratamos de acercarnos a los sindicatos para volver a formar esa confianza. En la entrega recepción lo que encontramos lo señalamos, creemos que la autoridad será la que se encargue de determinar alguna culpabilidad o no.
LO: ¿Se presentaron o presentarán denuncias?
DA: Por nuestra parte no. Del análisis que surja del proceso de entrega recepción tanto en la Secretaría como específicamente en el Hospital Central, será la propia autoridad competente la que determine si hay algún delito que perseguir, nosotros no podemos establecernos como jueces.
LO: Pero, puede presentar una denuncia.
DA: Si es necesario, sí, pero hasta ahora no hay ningún señalamiento. Hay una instrucción muy precisa del gobernador: si vamos a acusar, tenemos que tener todos los elementos en la mano. Son temas muy delicados que han dañado a la secretaría, al gobierno y, sobre todo, la confianza de las personas, tenemos que dar pasos muy firmes y muy seguros.
LO: El gobernador Ricardo Gallardo ha hablado de un desfalco por mil 700 millones de pesos en Salud. ¿Es real esa situación?
DA: De cantidades yo no puedo hablar, lo que sí me consta es que los medicamentos que encontramos caducos por montones y vehículos inutilizados, un parque vehicular de 920 de los que un 70% son funcionales. Con los medicamentos hay otro problema, en los próximos meses para finalizar el 2021 y comenzar 2022, tenemos una gran cantidad de ellos que están por caducar. Ya establecimos contacto con otras instituciones de salud, públicas y privadas, para ponerlos a su disposición.
LO: ¿Había una sobrecompra de medicamentos?
DA: Las compras dependen mucho del Insabi, ellos nos proporcionan con cargo a nuestro presupuesto el material. En ocasiones viene desproporcionada la cantidad de medicamentos, por eso hay un sobre almacenaje y paradójicamente una lista de desabasto.
LO: ¿Se hizo una revisión en torno a los proveedores fantasma identificados en la administración de Mónica Rangel?
DA: Sí, ahora estamos en un proceso de revisión de todos los proveedores. Todos deben tener un registro ante la Oficialía Mayor, deben estar avalados para evitar que pase lo que estaba ocurriendo en tiempos pasados. Esto se ha dado sobre todo en las compras emergentes, tú como director de hospital tienes que resolver el problema inmediato, y a veces no te fijas y vas con el que te lo ofrece y con el que te fía, entonces pensamos que mucho de eso pasó. Hubo vivales que aprovecharon esa circunstancias y fue lo que se dio, pero ahora somos muy precavidos en la compra de insumos urgentes.
LO: En el Hospital Central se dieron los casos de medicamentos caducos y apócrifos, ¿eso afectó su prestigio?
DA: Sigue trabajando al 100%, hay un exceso de demanda en el servicios porque realmente la gente no tiene otra opción. Tienes razón, el prestigio ha sido lastimado, debemos demostrar si hubo o no las anormalidades. He revisado detenidamente los medicamentos apócrifos, no me he metido en el tema administrativo de cuánto compraron y a quién le compraron, pero sí hubo procesos que se siguieron en cada uno de ellos para detectarlos y congelarlos.
LO: ¿Hubo pacientes tratados con medicamentos caducos o apócrifos?
DA: Del primer caso que se detectó, no se involucró a ningún paciente, porque cuando se iba a aplicar a un paciente oncológico, la enfermera detectó cambios en la coloración y consistencia del medicamento; decidió no aplicarlo y comunicarlo a sus superiores, ahí se pudo detectar el lote de medicamentos e inmediatamente se desactivaron. De ahí se dieron otros tres o cuatro casos con antibióticos y antiinflamatorios, que se fueron detectando e informando a la población. No hubo aplicación tampoco de estos medicamentos. No hay ninguna evidencia o paciente que haya denunciado que se le SER tratado con insumos en esas condiciones.
LO: Pasamos de los 100 mil casos de covid en SLP y ocupamos aproximadamente el 10 lugar a nivel nacional en incidencia de contagios. ¿Cuál es el estado que guarda la pandemia en la entidad?
DA: El problema no se ha terminado. El covid está latente. En el cambio de estación podemos tener otro aumento en el número de casos. Si analizamos cómo se ha comportado el covid desde febrero del 2020 a octubre del 2021, realmente hemos visto epidemias o pandemias diferentes: antes no teníamos la vacuna, ahora disminuyó el número de casos y mortalidad, pero mientras haya una persona que fallezca a causa del covid no podemos estar tranquilos. Si vemos la curva, ahora estamos bien, porque está bajando el número de contagios, pero eso no es garantía de nada.
En lo que estamos preocupados es en la cantidad de muertes que se han mantenido entre 16 y 17 al día, sigue siendo un número alto.
LO: ¿A qué se debe esa mortalidad?
DA: Una de las principales causas, no la única, es la tardanza de los pacientes en llegar a los hospitales, muchas veces debido a la información encontrada entre el mismo personal médico. Ahora mismo hay suficiencia de lugar en los hospitales, tenemos una ocupación menor al 20%. El factor hospitalario y medicamentos no pueden ser la causa, como ocurrió en cierto momento. El comportamiento de la pandemia es incierto, pero todo el mundo mayor de edad debemos vacunarnos, los menores atentos a las políticas de salud. Seguir con las medidas de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, toma de temperatura. Si avanzamos en ese sentido es posible que los números sigan descendiendo. No se va a acabar el covid en mucho tiempo, vienen temporadas difíciles, Navidad, vacaciones, Año nuevo y el invierno.
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Aunque pierde todo en tribunales, la UASLP mantiene al IFSE “en el chori”
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
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Tren Querétaro–SLP–Saltillo arrancaría obras este mismo año
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
También lee: Tren de pasajeros usará vías ferroviarias existentes en SLP
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Objeción de conciencia y desinformación frenan acceso al aborto legal en SLP
Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso .
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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