noviembre 11, 2026

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#Entrevista | «No hay denuncias de corrupción contra Mónica Rangel»: secretario de Salud

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Aunque el gobernador Ricardo Gallardo ha hablado de un desfalco por mil 700 millones en los servicios de salud del estado, el doctor Acosta Díaz de León aseguró que aún no han confirmado irregularidades administrativas

Por: Luis Moreno

La Secretaría de Salud fue la dependencia más cuestionada durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, pues durante los seis años en que estuvo dirigida por Mónica Rangel Martínez, y el breve paso de Miguel Ángel Lutzow, no dejó de coleccionar revelaciones de irregularidades en su interior. De contrataciones de proveedores fantasma hasta la compra de medicamentos falsos y otros caducos, los servicios de salud de San Luis Potosí se convirtieron en el foco de atención de la ciudadanía al pensar en corrupción.

El nivel del agravio que sintió la población quedó asentado con el resultado de la elección de gubernatura del estado, pues Rangel Martínez consiguió apenas el 8% de la votación, esto a pesar de ser candidata de Morena, partido que encabezaba las preferencias durante el periodo de precampañas.

Recuperar la confianza de la ciudadanía en esta secretaría parece ser uno de los objetivos más complejos para el gobierno de Ricardo Gallardo, para el cual, el gobernador eligió al doctor Daniel Acosta Díaz de León, que con sus 30 años como neurocirujano y su experiencia al frente del Colegio de la Profesión Médica, parece ser una apuesta para resolver la operación de técnica del área, pero también solventar el desgaste político y mediático de la misma.

El doctor Acosta Díaz de León conversó con La Orquesta sobre la corrupción al interior de la secretaría, la pandemia de covid y los objetivos para los primeros meses en el cargo; sin embargo, se mantuvo al margen de lanzar acusaciones, como sí lo ha hecho el gobernador y permanece en en una cautela cuyos resultados no están muy lejos de verse.

La Orquesta: ¿Cómo encontró la Secretaría de Salud?

Daniel Acosta: Encontramos un desorden administrativo, yo diría falta de disciplina en los procesos, esto nos ha llevado a tardarnos en entender las cosas. Hay un número muy grande de trabajadores como de programas.

Tenemos tres prioridades: la atención de primer nivel en las comunidades de los 58 municipios, donde hay muchas carencias estructurales y de organización, por ejemplo en algunos centros de salud hemos encontrado que hay suficiente personal, pero todos están ubicados de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes, la población de esos municipios no se puede enfermar después de esa hora ni los fines de semana. Necesitamos que los 120 centros de salud en todo el estado brinden un servicio permanente.

El segundo problema grave que hemos encontrado es el desabasto de medicamentos e insumos. Nos dimos a la tarea de hacer una revisión de todas las bodegas de material y medicamentos para optimizar lo poquito que tenemos.

LO: ¿No había un inventario?

DA: Sí, pero no era confiable, de ahí derivó mucho de lo que es público sobre medicamentos caducos y otros ocultos. Ya estamos en condición de decir dónde y qué hay en cada lugar.

El tercer punto es la infraestructura hospitalaria. Tenemos el nuevo Hospital Central construido y no está equipado, estamos trabajando en un hospital adaptado, totalmente constreñido.

LO: El nuevo Hospital Central es un proyecto que viene desde el sexenio de Fernando Toranzo. ¿Cuándo podremos tenerlo operativo?

DA: Es difícil decirlo porque dependemos del Insabi. Ellos marcan sus tiempos, podríamos hablar de febrero o marzo del 2022.

LO: La gestión de Mónica Rangel convirtió a la Secretaría de Salud en la dependencia más señalada del gobierno, ¿qué harán para recuperar la confianza de la población?

DA: Trabajamos hacia el interior de la secretaría. Tratamos de acercarnos a los sindicatos para volver a formar esa confianza. En la entrega recepción lo que encontramos lo señalamos, creemos que la autoridad será la que se encargue de determinar alguna culpabilidad o no.

LO: ¿Se presentaron o presentarán denuncias?

DA: Por nuestra parte no. Del análisis que surja del proceso de entrega recepción tanto en la Secretaría como específicamente en el Hospital Central, será la propia autoridad competente la que determine si hay algún delito que perseguir, nosotros no podemos establecernos como jueces.

LO: Pero, puede presentar una denuncia.

DA: Si es necesario, sí, pero hasta ahora no hay ningún señalamiento. Hay una instrucción muy precisa del gobernador: si vamos a acusar, tenemos que tener todos los elementos en la mano. Son temas muy delicados que han dañado a la secretaría, al gobierno y, sobre todo, la confianza de las personas, tenemos que dar pasos muy firmes y muy seguros.

LO: El gobernador Ricardo Gallardo ha hablado de un desfalco por mil 700 millones de pesos en Salud. ¿Es real esa situación?

DA: De cantidades yo no puedo hablar, lo que sí me consta es que los medicamentos que encontramos caducos por montones y vehículos inutilizados, un parque vehicular de 920 de los que un 70% son funcionales. Con los medicamentos hay otro problema, en los próximos meses para finalizar el 2021 y comenzar 2022, tenemos una gran cantidad de ellos que están por caducar. Ya establecimos contacto con otras instituciones de salud, públicas y privadas, para ponerlos a su disposición.

LO: ¿Había una sobrecompra de medicamentos?

DA: Las compras dependen mucho del Insabi, ellos nos proporcionan con cargo a nuestro presupuesto el material. En ocasiones viene desproporcionada la cantidad de medicamentos, por eso hay un sobre almacenaje y paradójicamente una lista de desabasto.

LO: ¿Se hizo una revisión en torno a los proveedores fantasma identificados en la administración de Mónica Rangel?

DA: Sí, ahora estamos en un proceso de revisión de todos los proveedores. Todos deben tener un registro ante la Oficialía Mayor, deben estar avalados para evitar que pase lo que estaba ocurriendo en tiempos pasados. Esto se ha dado sobre todo en las compras emergentes, tú como director de hospital tienes que resolver el problema inmediato, y a veces no te fijas y vas con el que te lo ofrece y con el que te fía, entonces pensamos que mucho de eso pasó. Hubo vivales que aprovecharon esa circunstancias y fue lo que se dio, pero ahora somos muy precavidos en la compra de insumos urgentes.

LO: En el Hospital Central se dieron los casos de medicamentos caducos y apócrifos, ¿eso afectó su prestigio?

DA: Sigue trabajando al 100%, hay un exceso de demanda en el servicios porque realmente la gente no tiene otra opción. Tienes razón, el prestigio ha sido lastimado, debemos demostrar si hubo o no las anormalidades. He revisado detenidamente los medicamentos apócrifos, no me he metido en el tema administrativo de cuánto compraron y a quién le compraron, pero sí hubo procesos que se siguieron en cada uno de ellos para detectarlos y congelarlos.

LO: ¿Hubo pacientes tratados con medicamentos caducos o apócrifos?

DA: Del primer caso que se detectó, no se involucró a ningún paciente, porque cuando se iba a aplicar a un paciente oncológico, la enfermera detectó cambios en la coloración y consistencia del medicamento; decidió no aplicarlo y comunicarlo a sus superiores, ahí se pudo detectar el lote de medicamentos e inmediatamente se desactivaron. De ahí se dieron otros tres o cuatro casos con antibióticos y antiinflamatorios, que se fueron detectando e informando a la población. No hubo aplicación tampoco de estos medicamentos. No hay ninguna evidencia o paciente que haya denunciado que se le SER tratado con insumos en esas condiciones.

LO: Pasamos de los 100 mil casos de covid en SLP y ocupamos aproximadamente el 10 lugar a nivel nacional en incidencia de contagios. ¿Cuál es el estado que guarda la pandemia en la entidad?

DA: El problema no se ha terminado. El covid está latente. En el cambio de estación podemos tener otro aumento en el número de casos. Si analizamos cómo se ha comportado el covid desde febrero del 2020 a octubre del 2021, realmente hemos visto epidemias o pandemias diferentes: antes no teníamos la vacuna, ahora disminuyó el número de casos y mortalidad, pero mientras haya una persona que fallezca a causa del covid no podemos estar tranquilos. Si vemos la curva, ahora estamos bien, porque está bajando el número de contagios, pero eso no es garantía de nada.

En lo que estamos preocupados es en la cantidad de muertes que se han mantenido entre 16 y 17 al día, sigue siendo un número alto.

LO: ¿A qué se debe esa mortalidad?

DA: Una de las principales causas, no la única, es la tardanza de los pacientes en llegar a los hospitales, muchas veces debido a la información encontrada entre el mismo personal médico. Ahora mismo hay suficiencia de lugar en los hospitales, tenemos una ocupación menor al 20%. El factor hospitalario y medicamentos no pueden ser la causa, como ocurrió en cierto momento. El comportamiento de la pandemia es incierto, pero todo el mundo mayor de edad debemos vacunarnos, los menores atentos a las políticas de salud. Seguir con las medidas de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, toma de temperatura. Si avanzamos en ese sentido es posible que los números sigan descendiendo. No se va a acabar el covid en mucho tiempo, vienen temporadas difíciles, Navidad, vacaciones, Año nuevo y el invierno.

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Más altura que un puente y nos vemos a la salida | Apuntes de Jorge Saldaña

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Apuntes

Culto Público, hijos de mis desvelos:

Todavía no tenemos puente Jacobo Payán ni todavía hay salida a Guadalajara.

Lo que sí tenemos es lo que parece el previo de un pleito en el patio de la secundaria. ¿Se acuerdan?

“Uuuuhhh…lo que te dijo…uuuhhh ¿a poco te vas a dejar?”

Hoy el gobernador Ricardo Gallardo dio cifras, datos y comparativas del puente que construye su administración en lo que le llaman Glorieta de la Familia, contra el que construye el gobierno de Enrique Galindo y que va a conectar Río Españita y Salvador Nava, y que le pusieron Jacobo Payán.

Entre todo esto, hay cosas mezcladas de forma, y una muy clara y definida de fondo que está escalando demasiado rápido, enrareciendo y polarizando el ambiente.

El problema no es que uno mienta y el otro sea un santo, el problema es que ambas partes usan el mismo discurso.

Ambos creen su verdad.

En el señalamiento de temprano, y el revire en vivo de hace un rato, se están enredando varias cosas como si fueran un solo mensaje: el costo de las obras, la venta del patrimonio, el desliz velado del sobrecosto, lo grave de una licitación que no aparece y por supuesto, la guerra sucia.

Todos sabemos que peras con manzanas saben bien en ensalada, pero lo que estamos viendo es de plano una licuadora sin frutas, al máximo y sin tapa.

Total que el puente y la glorieta ya cargan más peso político que estructural

.

Mientras tanto el expediente es de papel y tiene sello: son 244 millones IVA incluido y ya.

El proyecto en la salida a Guadalajara también debe tener cifra precisa, y no son iguales pues nada más porque son dos obras distintas.

El resto de las cifras que se manejaron hoy: los 280, los 274, y los 350 millones, son tal cual, los aventones en el recreo antes de verse a la salida.

Unos le ponen números, pero no se trata de números.

Otros le ponen apellidos, pero no se trata de apellidos.

Se trata de dos proyectos políticos que están de frente. El concreto, los pesos y los metros cuadrados son poco menos que la ortografía de una carta de solicitud al poder.

Si suben y escalan los tonos era de esperarse.

Lo que no se vale es que un mano a mano termine en campal de turbas enardecidas.

Creo que los potosinos nos merecemos más altura… que la de un puente.

Yo soy Jorge Saldaña.

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La profunda conexión Gómez Mont con SLP: Más allá de cuatro empresas.

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Investigación en exclusiva revela una amplia red empresarial y notarial potosina que operó detrás del caso

Investigación especial
San Luis Potosí, S.L.P.
Por: Carlos Ruiz / Jorge Saldaña

Una investigación documental sobre las empresas de San Luis Potosí involucradas en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga permitió identificar una red empresarial más extensa de lo que hasta ahora se había dado a conocer: 13 sociedades mercantiles, nueve más de las que se habían vinculado públicamente con el caso, relacionadas entre sí mediante socios comunes, administradores, apoderados y movimientos notariales realizados en las mismas fechas.

La revisión de actas constitutivas, modificaciones societarias, poderes notariales y registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela un patrón de creación y reorganización de compañías, especialmente durante 2016 y 2017, en el que se repiten nombres, notarías, capitales sociales e incluso descripciones idénticas de las actividades para las que fueron constituidas.

Cinco de las empresas identificadas terminaron incorporadas a los listados definitivos del SAT, bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por operaciones consideradas inexistentes para efectos fiscales.

La red tiene entre sus principales personajes a Armando Romero López, empresario relacionado con al menos seis sociedades potosinas, detenido el 14 de febrero de 2025 en la colonia Estrella de la capital del estado y vinculado a proceso seis días después por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la información judicial disponible, el juez Enrique Beltrán Santés le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano, misma que sigue vigente.

Romero López aparece como fundador y administrador único de tres compañías vinculadas directamente con el expediente federal: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint y Rancel.

Empresas constituidas en serie ante la misma notaría

Uno de los principales hallazgos está en los registros de la Notaría Pública número 24 de San Luis Potosí, a cargo de Juan Francisco Corripio Andrés.

En menos de 20 días, entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2016, ante ese mismo fedatario se constituyeron tres empresas que posteriormente aparecerían relacionadas con el caso.

La primera fue Comcelint, constituida el 18 de febrero, con Armando Romero López y Joel Alejandro Sánchez Romero como accionistas, cada uno con el 50 por ciento del capital.

Siete días después, el 25 de febrero, se constituyó Gupea Construcciones, con Yareli Eunice Delgado García como accionista mayoritaria, propietaria del 60 por ciento de las acciones, y Steve Santiago Colorado Muñoz con el 40 por ciento restante.

El 8 de marzo se formalizó Rancel, nuevamente con Romero López como socio y administrador único, acompañado de Jorge Armando Romero Gaspar.

Las tres compañías nacieron con un capital social de 50 mil pesos y bajo un esquema de dos accionistas y un administrador único.

Pero las coincidencias no terminaron ahí.

Los documentos registrales muestran que Gupea y Rancel realizaron el pago de su inscripción mercantil el mismo 31 de marzo de 2016, con las boletas 2713157 y 2713159, prácticamente consecutivas.

La proximidad de las fechas de constitución, la intervención del mismo notario y la coincidencia de los trámites registrales constituyen uno de los patrones detectados por la investigación.

Meses después, la misma Notaría 24 formalizó otras dos sociedades relacionadas con este grupo empresarial: Comeceler y Serbatel, constituidas el 28 de octubre de 2016 mediante los instrumentos notariales consecutivos 11993 y 11994.

Ambas tuvieron el mismo capital social de 50 mil pesos y exactamente los mismos dos accionistas, aunque con las participaciones invertidas.

En Comeceler, Mario Alberto Galindo Sáenz concentró el 80 por ciento de las acciones y Juan del Ángel Munguía Navarro el 20 por ciento. Hasta donde se pudo investigar, Juan del Ángel Munguía Navarro se promociona como músico local para eventos sociales.

En Serbatel ocurrió lo contrario: Munguía Navarro quedó con el 80 por ciento y Galindo Sáenz con el 20 por ciento.

En total, seis compañías de la red se constituyeron ante el mismo notario: cinco en 2016 y una más, Arquitectura y Acabados Yardel, en julio de 2015.

Los nombres que conectan a las empresas

La identificación de las personas que aparecen en las actas permite reconstruir las relaciones entre las distintas sociedades.

Armando Romero López figura como accionista y administrador único de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, fundada en julio de 2007, así como de Comcelint y Rancel, creadas en 2016.

Además, las actas inscritas en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) muestran que fundó Vialidades del Tangamanga en 2008 y Tangamanga Innovaciones y Negocios en 2016. Ese mismo año compró el 80 por ciento de Innovación en Servicios Integrales Dicont y quedó como su administrador hasta 2018, cuando vendió sus acciones. En 2017 también fue nombrado comisario, es decir, encargado de vigilar las cuentas, de Electro-Construcciones Quiga.

Otra figura central es Yareli Eunice Delgado García, socia mayoritaria y administradora única de Gupea Construcciones.

El registro también la identifica como socia de Arquitectura y Acabados Yardel y Electro-Construcciones Quiga. La primera fue incluida en 2019 en la lista definitiva de contribuyentes del artículo 69-B (conocida como la lista negra de empresas factureras).

La conexión entre ambos grupos empresariales se amplía con Mario Alberto Galindo Sáenz.

El 29 de abril de 2016, Gupea le otorgó un poder general que incluía facultades para actos de dominio, es decir, atribuciones para disponer de bienes en representación de la compañía.

Cinco días después, el 4 de mayo, Galindo Sáenz constituyó M y R Proyectos Integrales Constructora y Renta de Equipo, donde tenía el 70 por ciento de las acciones y era administrador.

En octubre participó en la fundación de Comeceler y Serbatel, las dos sociedades constituidas el mismo día ante la Notaría 24.

Así, un apoderado de Gupea aparece también como fundador o accionista de otras tres compañías, un vínculo mercantil que permite extender el mapa de relaciones más allá de las firmas originalmente identificadas en la investigación penal.

Cambios de socios, poderes y operaciones ante otra notaría

La revisión de los movimientos posteriores permitió detectar otro patrón: la participación recurrente de determinadas personas en la compraventa de acciones y los cambios de administración.

La Notaría Pública número 21, de Gerardo Parra Dávalos, aparece en varios actos relacionados con estas compañías.

Ante ella se formalizó el poder que Gupea otorgó a Galindo Sáenz, así como modificaciones de Comeceler y operaciones societarias de M y R Proyectos y Grupo Roilwe.

En junio de 2017, Galindo Sáenz salió de M y R Proyectos mediante una operación accionaria. Alberto Casas Castillo terminó incorporándose a la administración de esa sociedad y también aparece como socio y administrador de Grupo Roilwe, constituida en abril de ese año.

Lourdes García Ávalos participó igualmente en operaciones accionarias de las dos empresas.

En enero de 2018, García Ávalos y Casas Castillo vendieron sus acciones de Grupo Roilwe a Omar y Adriana Rivera Alonso. En junio del mismo año, Alberto y Areli Casas Castillo quedaron con el total del capital de M y R Proyectos.

Por su parte, Comeceler, constituida en octubre de 2016, fue disuelta en marzo de 2018 y liquidada en junio de ese mismo año mediante trámites formalizados en la Ciudad de México.

Los movimientos muestran una secuencia de constituciones, otorgamientos de poderes, compraventas de acciones, sustituciones de administradores y liquidaciones que involucraron a personas recurrentes en un periodo relativamente corto.

El patrón permite establecer documentalmente relaciones que no resultaban evidentes al revisar cada empresa de manera aislada.

El mismo objeto social en compañías diferentes

Otro hallazgo está en la redacción de las actividades autorizadas a varias de las sociedades.

Comcelint, Rancel, Comeceler, Serbatel y Grupo Roilwe reproducen textualmente disposiciones de su objeto social relacionadas con servicios de recepción de llamadas telefónicas y soluciones integrales de centros de contacto.

No se trata solamente de que fueran registradas para desarrollar actividades semejantes: las actas contienen fragmentos redactados con las mismas palabras.

Este patrón se combina con otras coincidencias: capitales sociales de 50 mil pesos, estructuras iniciales de dos accionistas, administradores únicos con facultades amplias y actuaciones notariales próximas.

Aunque las escrituras mercantiles pueden utilizar modelos estandarizados, la repetición de estos elementos, sumada al intercambio de socios y representantes, constituye un dato relevante para comprender la configuración del grupo empresarial.

El vínculo con los millones investigados por la FGR

La relevancia de estas conexiones está en el expediente federal que involucra a Gómez Mont y Álvarez Puga, relacionado con presuntas irregularidades en contratos del sistema penitenciario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según información judicial divulgada por Reforma en febrero de 2025, tres compañías constituidas en San Luis Potosí —Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Rancel y Comcelint— recibieron transferencias por un monto conjunto de aproximadamente 635.2 millones de pesos relacionadas con los recursos investigados.

Los registros difundidos atribuyen a Tangamanga depósitos por alrededor de 315.9 millones de pesos, a Rancel por 181.6 millones y a Comcelint por 137.6 millones.

De Ingeniería y Arquitectura Tangamanga salieron, según la investigación de la Fiscalía, transferencias por 7 millones 395 mil pesos a favor de Gómez Mont.

Otra empresa potosina, Gupea Construcciones, habría realizado operaciones por aproximadamente 7.4 millones de pesos a favor de la exconductora, de acuerdo con la información judicial publicada sobre el caso.

El monto atribuido a las operaciones con Gómez Mont es distinto de los 635.2 millones de pesos que recibieron en conjunto Tangamanga, Rancel y Comcelint, y también del valor total de los contratos federales investigados.

El 20 de febrero de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Romero López, por considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para continuar el procedimiento penal. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.

Cinco empresas terminaron en las listas definitivas del SAT

La investigación documental permitió confirmar que cinco de las 13 sociedades relacionadas fueron incorporadas a las listas definitivas del SAT por operaciones inexistentes, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Se trata de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint, Rancel, Gupea Construcciones y Arquitectura y Acabados Yardel.

Rancel y Gupea fueron publicadas en el listado definitivo del Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2018.

Tangamanga y Comcelint aparecieron el 31 de diciembre del mismo año.

Yardel fue incorporada el 26 de diciembre de 2019.

La inclusión definitiva implica que la autoridad fiscal no tuvo por acreditada la capacidad material necesaria para realizar las operaciones facturadas, conforme al procedimiento legal aplicable.

Otra compañía de Álvarez Puga trasladó su domicilio a San Luis Potosí

A las 13 empresas identificadas en la revisión de relaciones mercantiles se suma otro hallazgo: Mase Energy, sociedad fundada en 2010 en la Ciudad de México por Víctor Manuel Álvarez Puga, su hermano Alejandro Mario Álvarez Puga y el potosino Sergio Martínez Vega, con un tercio de las acciones cada uno, según su acta constitutiva.

De acuerdo con las actas del Registro Público de Comercio, una asamblea celebrada el 23 de noviembre de 2015 acordó trasladar el domicilio de la compañía de la Ciudad de México a San Luis Potosí y aumentar su capital social en 5.1 millones de pesos. En la misma asamblea, Martínez Vega quedó como administrador único.

En esa operación, Alejandro Mario vendió todas sus acciones a su hermano Víctor Manuel, y Martínez Vega le vendió una parte de las suyas. Víctor Manuel quedó con el 70 por ciento del capital y Martínez Vega, con el 30 por ciento restante.

El acuerdo fue inscrito en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí el 28 de septiembre de 2016, el mismo año en que fueron constituidas varias de las compañías que forman parte de la red identificada.

Según el Diario Oficial de la Federación, Mase Energy también fue incluida el 8 de abril de 2021 en el listado definitivo del SAT por operaciones inexistentes, debido a la ausencia de activos y personal.

Esta relación directa con Álvarez Puga amplía la presencia de sociedades vinculadas al caso en San Luis Potosí.

La investigación también revisó los antecedentes de señalamientos periodísticos que vincularon a la firma contable Marcelo de los Santos y Cía., S.C., propiedad del exgobernador potosino Marcelo de los Santos Fraga, con las empresas relacionadas con este expediente.

En febrero de 2022, San Luis Al Instante publicó una información que atribuyó equivocadamente al diario Reforma y en la que se identificaba a Marcelo y Carlos de los Santos Anaya, hijos del exgobernador, como propietarios de compañías potosinas involucradas en el caso.

Sin embargo, en las actas constitutivas de las 13 empresas y en las modificaciones societarias revisadas, ninguno de los dos aparece como accionista, administrador, comisario o apoderado.

La búsqueda de socios en SIGER tampoco permitió establecer una relación entre los folios identificados a nombre de los hermanos y las sociedades investigadas.

Por tanto, los documentos revisados no respaldan atribuirles la propiedad de las empresas analizadas ni tampoco se puede comprobar que las mismas sociedades tengan relación contractual con la firma.

Lo que sí está documentado es la cercanía de Fernando Francisco Gómez Mont con el exgobernador potosino Marcelo de los Santos durante sus dos años de gestión como secretario de Gobernación en el periodo del expresidente Felipe Calderón. Fernando Gómez-Mont Urueta es tío de Inés Gómez Mont. Ocupó la Secretaría de Gobernación del 10 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2010, cuando él y De los Santos militaban en Acción Nacional. Se debe recordar que Gómez Mont tomó protesta luego de la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño, en el desplome del Learjet que lo transportaba, precisamente de San Luis Potosí a la CDMX.

Una investigación que amplía el mapa empresarial del caso

La detención de Inés Gómez Mont en Florida, ocurrida el 30 de octubre de 2026 por motivos migratorios, reactivó la atención sobre la investigación federal. La FGR informó que mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México contra la exconductora, cuya situación jurídica en Estados Unidos depende de las autoridades de ese país.

La evidencia que se presenta revela que la estructura empresarial potosina alrededor del caso Gómez Mont–Álvarez Puga es más amplia y presenta más conexiones de las que se habían documentado públicamente y es posible que conforme avancen las investigaciones puedan salir a la luz otros vínculos.

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Frente frío 5 entraría el jueves con lluvia en la Huasteca

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La coordinadora estatal de Protección Civil dijo que será un frente de frío seco, con lluvias en la Huasteca y la zona norte

Por: Redacción

Con mucha probabilidad, el frente frío 5 ingresará el jueves a San Luis Potosí, informó Nadia Ochoa Limón, coordinadora estatal de Protección Civil.

Explicó que será un frente «distinto y peculiar» porque es de frío seco. Aun así, favorecerá lluvias fuertes y moderadas, principalmente en la Huasteca y en la zona alta y norte del estado.

El estado se mantiene bajo el frente frío 4. La mínima prevista para hoy es de 14 grados, sin que se haya llegado a cero, y para el jueves se espera que baje más. Las temperaturas más bajas se han registrado en las partes altas, principalmente en el Altiplano

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Para noviembre se esperan ocho frentes fríos y, en toda la temporada, un poco más de 60.

Ochoa Limón recomendó abrigar nariz y boca de los menores que acuden a la escuela por la mañana, para evitar contagios de enfermedades, y mantenerse atentos a la información oficial del Gobierno del Estado y del Servicio Meteorológico Nacional.

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