Estado
En SLP no se legislaría para permitir objeción de conciencia a médicos: SS
Por Abelardo Medellín
El Congreso del estado de Nuevo León aprobó reformas en la Ley Estatal de Salud, cuya finalidad es incorporar la objeción de conciencia en los médicos de los servicios de salud; es decir, que los galenos podrán negarse a proporcionar atención, si hacerlo va en contra de sus creencias; sin embargo, la titular de la Secretaría de Salud descartó que una reforma similar pudiera llegar a San Luis Potosí.
“En San Luis Potosí no se presentaría algo así, aquí actuamos en el marco de la legalidad, y la legalidad es darle el servicio a todos quienes lo necesiten”, atajó Mónica Liliana Martínez Rangel, secretaria del sector Salud en la entidad.
Aseguró que, en 23 años de trabajo, en el sector jamás ha visto un caso donde doctores nieguen el servicio por contradicciones de tipo moral. “No podemos discriminar, y debemos cuidar que todos tengan derecho a la salud, ellos en Nuevo León tendrán sus razones”.
Por su parte, el diputado local y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, Pedro César Carrizales Becerra, comentó que dicha decisión del congreso de Nuevo León los hace ver “como si vivieran en el siglo XIX”.
En contraste, el diputado y presidente de la Comisión de Justicia, Rubén Guajardo, respondió que “al final todos somos iguales ante la ley, en, el PAN estamos a favor de la dignidad humana, dependiendo de la persona”.
Por su parte, la titular del Instituto de las Mujeres del Estado (Imes), Erika Velázquez Gutiérrez, se dijo confiada en “que saliera algún recurso para que se impugnen estas decisiones erróneas”.
Por otro lado, al preguntarle si pudiera existir alguna razón moral por la cual en el Congreso del Estado de San Luis Potosí no se han aprobado las iniciativas que buscan despenalizar el aborto, la titular del Imes respondió que “el caso de San Luis y Nuevo León es distinto, pero espero que aquí se legisle con inclusión y perspectiva de género”.
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Congreso del Estado
Congreso amplía qué se considera “razones de género” en feminicidio
El Pleno aprobó la reforma al artículo 135 del Código Penal sin cambiar la pena de 40 a 60 años de prisión
Por: Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 135 del Código Penal de San Luis Potosí, el que define el delito de feminicidio. La reforma incorpora características que ayudan a investigar estos crímenes, evitar su impunidad y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.
El dictamen lo presentó la Comisión Primera de Justicia, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández. Amplía los ámbitos de violencia previa y de las relaciones entre personas que permiten acreditar las “razones de género”, es decir, el elemento que debe demostrarse para que la muerte de una mujer se considere feminicidio.
La reforma no cambia la pena ni crea un delito abierto o impreciso, para no violar el principio de legalidad, que exige que los delitos estén descritos con claridad en la ley.
Qué se agrega
Habrá razones de género cuando exista una relación de subordinación o superioridad, formal o de hecho: institucional, laboral, docente, religiosa, de servicio o de cualquier otro tipo.
También cuando la víctima estuviera en indefensión o desprotección real, por edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteración del estado de conciencia, o por dificultad para pedir auxilio, ya sea por la distancia a un lugar habitado o por un impedimento físico o material.
Otra característica es que la víctima haya sido reportada como desaparecida o buscada por familiares, particulares o autoridades antes de localizar su cuerpo o restos, o que el cuerpo haya sido expuesto, arrojado, enterrado u ocultado en un lugar público o privado.
Cuál es la pena
El feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión y una multa de 4 mil a 6 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de referencia que se usa para calcular multas y otros pagos. La pena aumenta hasta en una tercera parte cuando hay varios autores, cuando el delito ocurre en contextos de trata de personas o explotación sexual, o cuando se comete frente a personas con vínculo de parentesco, afectivo o de confianza con la víctima, o si ésta es niña o adolescente.
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Estado
Gobierno presenta a Canaco estrategias de seguridad y desarrollo económico
Según el Gobierno del Estado, los empresarios reconocieron que las acciones favorecen la actividad comercial
Por: Redacción
Funcionarios del Gobierno del Estado presentaron ante el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) las estrategias y resultados de la administración en seguridad, infraestructura y desarrollo económico.
En la reunión participaron el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández; el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, y el presidente de la Canaco-Servytur, Mauricio Mahbub Tamez.
Los funcionarios expusieron las herramientas tecnológicas
, las inversiones en equipamiento e infraestructura policial y las capacidades operativas que forman parte de la estrategia de seguridad del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, así como los resultados de la coordinación con la federación.De acuerdo con el Gobierno del Estado, los representantes empresariales reconocieron que estas acciones contribuyen a generar condiciones para el crecimiento económico y la actividad comercial. Los tres secretarios reiteraron su disposición de mantener comunicación con la cámara, compartir información sobre las estrategias en marcha y atender sus planteamientos.
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Ayuntamiento de SLP
Galindo celebra que la Corte invalide precampañas de 20 días
Llamó a los diputados a aprovechar los meses que restan de la legislatura para reconsiderar sus decisiones
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado para reducir a 20 días las precampañas a la gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos.
Galindo consideró que la decisión de las ministras y ministros representa un regreso al orden democrático. Dijo que la modificación no estuvo sustentada en criterios de racionalidad y que pudo afectar las condiciones de competencia electoral rumbo a 2027.
“Pena ajena”
“Me da un poco de pena ajena que otra vez, de nueva cuenta, la Corte le enmiende la plana al Congreso del Estado”, expresó. Señaló que no es la primera vez que decisiones del Poder Legislativo local son corregidas por instancias constitucionales.
Lo que resolvió la Corte
La SCJN declaró inconstitucional la reforma a la Ley Electoral potosina que fijaba precampañas de 20 días. Con la resolución se restituyen los periodos de 40 días
para la gubernatura y de 25 para diputaciones y ayuntamientos. Antes, en septiembre, la Corte ya había anulado la alternancia de género a la gubernatura, otra parte de la misma reforma.Preguntas al Congreso
Galindo cuestionó qué justificación había para reducir los tiempos de precampaña y a quién beneficiaba esa modificación. Con base en eso, dijo que la resolución de la Corte restablece condiciones democráticas en el estado.
Llamado a los diputados
Sostuvo que el Congreso local ha dejado mucho que desear y llamó a sus integrantes a aprovechar los meses que restan de la legislatura para reconsiderar sus decisiones y mejorar su desempeño.
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