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En SLP, lenguas indígenas están en decadencia
Cada vez existen menos hablantes. La discriminación y el racismo son la principal causa de su extinción
Por: Ana G Silva
De acuerdo con el Censo de Población 2020 realizado por el INEGI, de los 2 millones 822 mil 255 habitantes que existen en San Luis Potosí, 231 mil 213 hablan una lengua indígena, es decir el 8.6 por ciento de la población; sin embargo, comparado con cifras del 2010, donde 256 mil 468 personas las hablaban, o sea un 10.6 por ciento de habitantes. León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis, mencionó que la vigencia de las lenguas indígenas sufren una decadencia acelerada, pero se niegan a desaparecer.
“No me iría al extremo de hablar de una desaparición total de las lenguas indígenas, al menos de las principales tres lenguas que se hablan en el estado que es el nahuatl, el pame y el tenek, además otras lenguas que hablan ya oficialmente como el triqui y el mazahua y las otras que se hablan de manera no oficial”.
El INEGI destacó que en cuanto a la población hablante de lengua indígena que no habla español en 2010 se registraron 21 mil 870 personas, es decir el 8.5 por ciento de la población, mientras que en 2020 este número bajó a 9 mil 996 personas con el 4.3 por ciento de los habitantes totales en el estado, es decir el 4.2 por ciento menos.
García Lam mencionó que existen dos factores que pudieran ocasionar la decadencia de las lenguas:
El primero es la discriminación que sufren las poblaciones indígenas, porque se asocia su identidad con la pobreza y la falta de conocimiento: “es el factor más grave, porque nadie quiere ser tonto ni pobre y el principal elemento de identidad indígena es la lengua, lo que vemos en muchos casos es esta lamentable decisión de los padres en no enseñarle la lengua indígena a sus hijos para que estos puedan progresar, es decir, es la vergüenza y la desesperación social”.
El otro que es que empieza a imponerse el español sobre la vida nacional: “es menos achacable, aquí las lenguas tienen un proceso natural de contaminación mutua y de transformación”.
A nivel nacional, San Luis Potosí ocupa el noveno lugar en porcentaje de población que habla una lengua indígena, el primero es Oaxaca con el 31.2 por ciento de su población, el segundo es Chiapas con 28.2 y el tercero Yucatán con 23.7.
En el 2020 la población en hogares indígenas en el estado son de 337 mil 480 personas: 167 mil 784 hombres y 169 mil 696 mujeres.
León García indicó que es una cifra lamentable, pero al mismo tiempo lógico, pues se puede comprender conforme avanzan las décadas, que el porcentaje de población indígena ceda ante la población dominante es un fenómeno que se agudiza en todo el mundo.
“En el siglo XIX había antropólogos y lingüistas que alarmados por la desaparición de las lenguas indígenas decían ‘tenemos que apresurarnos para registrar a las que están a punto de desaparecer’ y han pasado las décadas y estas lenguas siguen desapareciendo, entonces vamos a decir que a pesar de su proceso de desaparición se resisten, tienen una capacidad de resistencia impresionante”.
El antropólogo indicó que para que las lenguas indígenas permanezcan, lo primero que tienen que hacer las autoridades, las instituciones académicas y las instituciones de injerencia social es realizar un gran esfuerzo por erradicar la discriminación y reconocer esta pluralidad cultural que tenemos, hacer un ejercicio efectivo y firme de un reconocimiento y un orgullo identitario por estos grupos: “Pero lo que vemos en la práctica es todo lo contrario y las instituciones se empeñan en hacer menos a las poblaciones indígenas”.
García Lam añadió: “Los mexicanos somos profundamente racistas y tenemos una preferencia por la blanquitud de la piel, entonces eso tiene que ver, que en México los discursos son blancos y nos da vergüenza la pigmentación de la piel y la lengua, es algo en lo que tenemos que reflexionar”.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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