Estado
En SLP, conductores de plataformas con Uber, InDriver y Didi están indefensos
Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes, mencionó que las empresas no toman ninguna responsabilidad laboral con los choferes
Por: Ana G Silva
El pasado 16 de mayo, Omar, un conductor de la plataforma de transporte InDriver, fue asesinado sobre la Carretera Rioverde a la altura de la entrada a Privadas de la Hacienda, luego de resistirse a un asalto, lo que ocasionó que días después, choferes y repartidores de diferentes plataformas se manifestaron para exigir justicia. Luego de esto, Leonel Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), indicó que estas empresas no ofrecen garantías de seguridad a sus trabajadores.
El secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que las plataformas no tienen ningún vínculo con los conductores; además no existe alguna relación laboral o de chofer-pasajero, por lo que a sus choferes o usuarios solo son atendidos por vía electrónica. En consecuencia de lo anterior los conductores no tienen prestaciones de ningún tipo o algún seguro para su auto: “Es el paraíso de la desregulación y la impunidad”.
Serrato Sánchez consideró que las plataformas de transporte aprovecharon la necesidad de San Luis Potosí en transporte “para violar la ley”, por ello el enfado de taxistas en el estado: “La evidencia de su impunidad está en que ellos le ponen al conductor abogados cuando ocurra algo, lo cual habla de la intención del modelo de negocios que traen estas empresas, me atrevería a decir que si no se someten a la ley quiere decir que quieren vivir haciendo dinero con una depredación de la necesidad”.
A la pregunta sobre si la Secretaría tiene contemplado tomar alguna medida preventiva para garantizar la seguridad de estos conductores de plataformas, el titular de la SCT dijo que es un tema complejo, aunque se planea hacer, hay “una trampa legal provocada por las mismas empresas de las aplicaciones”. Explicó que cuando se promulgó la Ley de Transporte en la pasada legislatura se hicieron algunas adiciones en las que se regula el tema de las plataformas, pero hubo varias condiciones como: que el valor del vehículo tiene que ser arriba de las 3 mil UMA o 288 mil 660 pesos, que no se les permite cobrar en efectivo y que tienen que registrar vehículos y conductores.
“Las plataformas demandaron la inconstitucionalidad en la ley y solicitaron amparos en lo directo, les concedieron la suspensión del acto reclamado, la ley no les aplica hasta que se resuelva y para variar los jueces y colegiados federales tienen desde el 2017 con el tema; es un limbo provocado por la propia voracidad de estas empresas. La verdad es que la problemática a la que están expuestos los conductores o propietarios del vehículo se agudiza, ellos tienen más abogados que conductores porque saben que están incumpliendo todos los preceptos de ley” 
El funcionario puntualizó que la dependencia a su cargo está obligada a hacer una normativa estatal de movilidad luego de que ya se expidió una a nivel federal; argumentó que en ese paquete se incluirá la remodelación completa de la Ley de Transporte, que actualmente solo se refiere al transporte público, “ laguna que han usado las plataformas” para argumentar que son privadas, por lo que se reajustará el reglamento.
“Del asesinato del conductor, la verdad es que la Secretaría ni siquiera tiene un registro, porque esa plataforma ha sido la más rebelde, ese inDriver ni siquiera tiene un amparo. Hemos estado viendo otras soluciones alternativas, incluso en el ámbito federal para empezar a poner orden en el tema y que el modelo de negocios es el compartir, no sea el negocio de una empresa que cobra el 27% del monto total del viaje y el operario todavía pone su coche, su gasolina”.
Leonel Serrato señaló que ha habido pláticas con los directivos de Uber y de Didi para formalizar las plataformas en el estado; sin embargo, como condición, estas empresas piden que se cambié la ley en cuanto al precio de los vehículos que puedan circular y permitirles cobrar en efectivo:
“Por mi parte les he abierto la puerta para que desistan de las demandas para poder aplicar la regulación, pero no ha pasado más que de reuniones, no tienen intención de componer el asunto”.
En la pregunta sobre si es viable cumplir sus demandas, el funcionario respondió que en realidad esas plataformas estaban orientadas a un nicho de mercado específico, por lo que “no es viable en esa lógica”; es decir, era un servicio plus con vehículos de ciertas características dirigido a una población más favorecida:
“Como le dije a los directivos de Uber y de Didi, no está nada labrado en piedra y que mejor dialogaremos, el gobernador Ricardo Gallardo va a presentar las iniciativas de ley y sería muy bueno hablar antes, ellos muy bien, pero a la hora buena sigue con sus apelaciones, siguen con sus quejas y reclamos ante los tribunales y lo único que han conseguido es que se entrame todo el proceso”.
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La iniciativa busca que el Estado pueda actuar ante riesgos ambientales y propone reglas claras para evitar daños irreversibles así como fortalecer la protección a la salud y al medio ambiente
Por: Redacción
La Senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con el propósito de incorporar de manera expresa el principio de precaución como eje rector de la política ambiental del país.
González Silva explicó que este principio permite al Estado actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible. Con ello, se busca proteger tanto al medio ambiente como a la salud humana frente a riesgos graves o emergentes.
“El principio de precaución es una herramienta ética y jurídica para actuar antes de lamentar”, afirmó la senadora.
La iniciativa fortalece la capacidad de las autoridades ambientales para adoptar medidas precautorias cuando existan indicios razonables de riesgo, al tiempo que establece criterios claros para evitar arbitrariedades y garantizar seguridad jurídica. Estos criterios son:
• Proporcionalidad, para asegurar decisiones equilibradas.
• No discriminación, para evitar sesgos o favoritismos.
• Coherencia, para mantener consistencia con precedentes y políticas similares.
• Revisión científica periódica,
La legisladora por San Luis Potosí recordó que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano y que la Suprema Corte ya ha establecido que el Estado debe actuar con cautela ante amenazas ambientales.
“Hacer del principio de precaución un mandato legal es convertir la responsabilidad y la prudencia en política de Estado. Es garantizar que México actúe con visión de futuro”, subrayó.
La legisladora aseguró que el principio de precaución no es un freno al desarrollo, sino una guía para que el crecimiento ocurra con responsabilidad y respeto a la naturaleza.
“Actuar a tiempo es la mejor forma de proteger el futuro. La precaución debe ser parte de nuestra ley y de nuestra responsabilidad institucional”, concluyó.
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Ricardo Gallardo detalló que se modernizarán las salas del museo, incorporando tecnología de última generación
Por: Readacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la renovación del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, con una inversión de 20 millones de pesos, tras casi dos décadas de su creación sin que ningún gobierno de la herencia maldita lo hubiera intervenido, para consolidarlo como un referente de ciencia, cultura y aprendizaje interactivo para la niñez, la juventud y las familias potosinas.
Ricardo Gallardo detalló que se modernizarán las salas del museo, incorporando tecnología de última generación, experiencias inmersivas y entornos pedagógicos que permitirán que más niñas, niños y jóvenes vivan un acercamiento dinámico y sin límites al conocimiento, además de obras y trabajos de rehabilitación y pintura, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop)
El gobernador del Estado adelantó que San Luis Potosí también contará con un nuevo Museo del Tiempo, proyecto que se sumará al impulso cultural y como parte de una estrategia integral que contempla infraestructura moderna, mayor movilidad y espacios urbanos para las familias.
Las denuncias pasadas incluyeron limitación de recursos, agresiones y amenazas a familias
Por: Redacción
La consejera Paloma Blanco López, titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), advirtió que durante los próximos comicios ordinarios se espera un incremento en las denuncias por violencia política de género, tal como ocurrió en el último proceso electoral del Poder Judicial.
Blanco explicó que, aunque actualmente no se han registrado nuevos casos relevantes más allá de los ya reportados en la elección pasada, el aumento de denuncias es común en periodos electorales. Particularmente, porque en 2024 muchas mujeres —especialmente quienes buscaban un cargo por primera vez en la elección judicial— enfrentaron escenarios adversos al incursionar en campañas políticas sin experiencia previa.
Detalló que el Ceepac fortaleció la cap acitación y acompañamiento a mujeres candidatas a través de redes especializadas y destacó que el área jurídica, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Género cuentan con certificación para brindar atención de primer contacto
Las denuncias por violencia política recibidas en la elección anterior abarcaron casos diversos: desde limitación al acceso a recursos de campaña hasta agresiones directas, amenazas contra las aspirantes o incluso contra sus familias.
La consejera informó que ya se trabaja en la edición del diagnóstico más reciente sobre violencia política de género en San Luis Potosí, documento que será presentado a medios entre finales de este año o los primeros meses de 2026. Con este análisis, el organismo busca ofrecer un panorama estadístico más claro sobre la incidencia y tipos de agresiones que enfrentan las mujeres que participan en la vida pública.
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