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En blanco | Columna de Octavio Pedroza Gaitan
La otra consecuencia de la pandemia
No terminamos de preocuparnos por uno de los males que nos deja la pandemia, cuando ya tenemos que preocuparnos por otro.
Después de lo referente a la salud, el principal y más evidente efecto, es el impacto en la economía nacional y desde luego, familiar. Nos abruma esta realidad, y ya tenemos que advertir otro fenómeno preocupante.
La violencia contra mujeres y menores de edad dentro de los hogares aumentó en 120% desde la declaratoria de emergencia y confinamiento para evitar contagios con el (Covid-19); 9 de cada 10 personas que son violentadas en el hogar son mujeres, y una de cada 4 es testigo de otras formas de violencia. El 66% de los casos es por violencia física y el 33% por violencia psicoemocional.
Del tema de la Salud hablan los expertos, los científicos, los epidemiólogos, y claro los voceros del Gobierno. Pero todos lo hacemos; hoy todos opinamos y creemos saber de temas que nos eran desconocidos, ajenos, que ni imaginábamos.
De la Economía, se expresan los financieros, los empresarios, los sectores productivos involucrados. Pero todos lo hacemos; hoy somos conocedores de conceptos como recesión, caída del PIB, tasa de desempleo, poder adquisitivo, cadenas de valor.
Pero donde DUELE, es en los hogares, en donde se perdió el empleo, donde disminuyeron el sueldo, en donde con el rostro desencajado la esposa dice “ya no me alcanza”, y él o ella con desesperación responde “es que no tengo”.
Y, ¿quién habla de lo que ocurre al seno de las familias?
Es un flagelo que sí está en nuestras manos evitar, sí está en nosotros impedir, la VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Radica en nuestra conducta en el hogar, en nuestro comportamiento, en nuestro actuar.
Sin afán de justificar, hoy cientos de miles de familias vivimos una nueva realidad. El Confinamiento, el encierro, en muchos casos el hacinamiento. Hoy la mayoría de las familias viven, cohabitan literalmente entre cuatro paredes.
El efecto psicológico es evidentemente pernicioso.
Todo cambió; nuestro espacio vital se redujo, disminuyó o desapareció.
Consecuencia de ello, se disparó la intolerancia, la incomprensión, la irritabilidad, los estados alterados. Psicológicamente todos estamos viviendo y experimentando condiciones a las que no estábamos acostumbrados.
La Violencia intrafamiliar se ha duplicado. Producto de nuestra irracionalidad. De nuestra falta de autocontrol.
Eso es lo que nos debe hacer diferentes. La capacidad de razonar, reflexionar, meditar y, en consecuencia, bien actuar.
Está en nuestras manos evitar esta consecuencia del encierro, del confinamiento, para que no ocurra, no proliferen nuestros arrebatos, nuestra desesperación.
Que aflore de nuestra íntima personalidad lo mejor de nosotros mismos, no lo más deleznable, lo más primitivo, lo más vergonzante.
Que sea la oportunidad de acercarnos como familia y, no de separarnos; que nos encontremos, y no que nos distanciemos. Que nos escuchemos, y no que nos ignoremos. Que nos comprendamos, no que nos agraviemos.
Pongamos atención a este fenómeno que destruye el núcleo de la sociedad, la FAMILIA.
De la enfermedad con la ayuda de Dios, sanaremos. Los empleos, tarde o temprano se recuperarán. Pero el respeto y el amor en una familia se pueden perder para siempre.
Las consecuencias, el daño puede ser irreversible, más letal que los efectos económicos o el Contagio mismo.
CUIDEMOS, PROTEJAMOS A NUESTRAS FAMILIAS
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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