diciembre 3, 2025

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“Empresarios no le cumplirían a comuneros de la Sierra de San Miguelito”: activistas

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Enrique Rivera Sierra y Carlos Covarrubias coincidieron en que el decreto de Área Natural Protegida le beneficiará más a los dueños de la tierra que venderle al “Chato” López

Por: Ana G Silva

El pasado 5 de enero, María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), visitó San Luis Potosí para ofrecer una rueda de prensa en conjunto con el gobernador Ricardo Gallardo; en ella reiteró la validez del decreto de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito y anunció la firma de un convenio de colaboración con el gobierno estatal y varios municipios para la preservación del sitio, esto en el contexto de la presentación de un amparo, por parte de comuneros, contra el decreto. Al respecto Carlos Cobarrubias y Enrique Rivera, integrantes de la organización civil Guardianes de la Sierra, dijeron que era necesaria su presencia para “poner en orden a quienes están en contra de la protección de la tierra”. Y agregaron que los comuneros pueden verse más beneficiados de un programa responsable de manejo de la tierra que al vender a los fraccionadores, encabezados por Carlos “El Chato” López Medina, que pretenden generar el proyecto inmobiliario conocido como “Las Cañadas”.

Rivera argumentó que “nadie estará por encima de un ambiente sano”, lo que es demostrado por López Obrador con la declaratoria, por lo que ahora el gobierno federal y el estatal tiene la tarea de entablar un diálogo con estos grupos que se dicen afectados por el decreto, pues “no han sido bien informados” y “hay programas que pueden ayudarlos a obtener muchas más ganancias que lo que se pretendía que les ofrecieran los empresarios interesados en crear fraccionamientos”.

Enrique Rivera agregó que “lo único que se necesita es llegar en buena línea a estas reuniones y entender que lo que se pretende es buscar el respeto a la naturaleza y que los dueños de las tierras decidan qué hacer con ellas mientras no sean destruidas. Poco a poco van a entender que esto era lo que le hacía falta a San Luis Potosí, porque les prometieron el cielo y las estrellas, pero no les iban a cumplir, si no que les pregunten a aquellos de la Garita de Jalisco a que siguen viviendo en la pobreza total”.

“La visita de la secretaria fue tomada con alegría por comuneros y activistas en favor de la declaratoria del ANP, pues era necesario llegar a poner las cosas en su lugar”, apuntaron ambos, ya que consideran que había una confusión en la población e involucra más al poder ejecutivo y las alcaldías: “ya que se estaban haciendo los desentendidos”.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a través de la secretaria María Luisa, de que no tienen ninguna forma de evadir el respeto al medio ambiente,

que no hay afectados ni intento de despojar a nadie, al contrario, se protege”, dijo Enrique Rivera.

Carlos Covarrubias señaló que la reunión de la titular de Semarnat con el gobernador del estado fue de carácter oficial para firmar un documento de colaboración, que es la extensión del acuerdo de coordinación del 2019 y que terminará el 25 de septiembre, es decir, la elaboración del estudio técnico significativo y la consulta.

“Ya al concluir esa etapa con la emisión del decreto es un documento que viene a recomponer o a dirigir lo que se había hecho anteriormente, en función de que existe un decreto. Es la construcción del programa de manejo, que es una herramienta fundamental para el tema de la administración de la Sierra y donde el primer punto es el involucramiento de las comunidades y de los ejidos para su elaboración, es como la parte reglamentaria formal para que el decreto viva”, dijo Covarrubias.

Covarrubias destacó que “existe una enorme diferencia entre ejidatarios que no saben qué hacer con sus tierras porque no les han explicado y aquellos que se enojaron porque no podrán vender, por lo que el gobierno tiene que tener un profundo respeto hacia todos los que conforman la Sierra: entender que son sus tierras y estarán protegidos con sus actividades agrícolas y tienen resolver sus dudas, además de terminar con aquellos fraccionadores que solo están desinformando”.

Los integrantes de Guardianes de la Sierra coincidieron en que el gobierno estatal y los ayuntamientos deben involucrarse más en el tema:

“Tienen que colaborar en el ámbito de sus atribuciones, que el ANP sea lo más benéfico para la población, es una oportunidad histórica para el gobierno del estado que es de un partido ecologista, le cae como anillo al dedo para demostrar que son congruentes y también el gobernador si se dice aliado de la Cuarta Transformación, la historia lo pone en un momento de demostrar de qué lado está, al igual que a los alcaldes”, finalizó Enrique Rivera.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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