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“Empresarios no le cumplirían a comuneros de la Sierra de San Miguelito”: activistas
Enrique Rivera Sierra y Carlos Covarrubias coincidieron en que el decreto de Área Natural Protegida le beneficiará más a los dueños de la tierra que venderle al “Chato” López
Por: Ana G Silva
El pasado 5 de enero, María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), visitó San Luis Potosí para ofrecer una rueda de prensa en conjunto con el gobernador Ricardo Gallardo; en ella reiteró la validez del decreto de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito y anunció la firma de un convenio de colaboración con el gobierno estatal y varios municipios para la preservación del sitio, esto en el contexto de la presentación de un amparo, por parte de comuneros, contra el decreto. Al respecto Carlos Cobarrubias y Enrique Rivera, integrantes de la organización civil Guardianes de la Sierra, dijeron que era necesaria su presencia para “poner en orden a quienes están en contra de la protección de la tierra”. Y agregaron que los comuneros pueden verse más beneficiados de un programa responsable de manejo de la tierra que al vender a los fraccionadores, encabezados por Carlos “El Chato” López Medina, que pretenden generar el proyecto inmobiliario conocido como “Las Cañadas”.
Rivera argumentó que “nadie estará por encima de un ambiente sano”, lo que es demostrado por López Obrador con la declaratoria, por lo que ahora el gobierno federal y el estatal tiene la tarea de entablar un diálogo con estos grupos que se dicen afectados por el decreto, pues “no han sido bien informados” y “hay programas que pueden ayudarlos a obtener muchas más ganancias que lo que se pretendía que les ofrecieran los empresarios interesados en crear fraccionamientos”.
Enrique Rivera agregó que “lo único que se necesita es llegar en buena línea a estas reuniones y entender que lo que se pretende es buscar el respeto a la naturaleza y que los dueños de las tierras decidan qué hacer con ellas mientras no sean destruidas. Poco a poco van a entender que esto era lo que le hacía falta a San Luis Potosí, porque les prometieron el cielo y las estrellas, pero no les iban a cumplir, si no que les pregunten a aquellos de la Garita de Jalisco a que siguen viviendo en la pobreza total”.
“La visita de la secretaria fue tomada con alegría por comuneros y activistas en favor de la declaratoria del ANP, pues era necesario llegar a poner las cosas en su lugar”, apuntaron ambos, ya que consideran que había una confusión en la población e involucra más al poder ejecutivo y las alcaldías: “ya que se estaban haciendo los desentendidos”.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a través de la secretaria María Luisa, de que no tienen ninguna forma de evadir el respeto al medio ambiente, 
Carlos Covarrubias señaló que la reunión de la titular de Semarnat con el gobernador del estado fue de carácter oficial para firmar un documento de colaboración, que es la extensión del acuerdo de coordinación del 2019 y que terminará el 25 de septiembre, es decir, la elaboración del estudio técnico significativo y la consulta.
“Ya al concluir esa etapa con la emisión del decreto es un documento que viene a recomponer o a dirigir lo que se había hecho anteriormente, en función de que existe un decreto. Es la construcción del programa de manejo, que es una herramienta fundamental para el tema de la administración de la Sierra y donde el primer punto es el involucramiento de las comunidades y de los ejidos para su elaboración, es como la parte reglamentaria formal para que el decreto viva”, dijo Covarrubias.
Covarrubias destacó que “existe una enorme diferencia entre ejidatarios que no saben qué hacer con sus tierras porque no les han explicado y aquellos que se enojaron porque no podrán vender, por lo que el gobierno tiene que tener un profundo respeto hacia todos los que conforman la Sierra: entender que son sus tierras y estarán protegidos con sus actividades agrícolas y tienen resolver sus dudas, además de terminar con aquellos fraccionadores que solo están desinformando”.
Los integrantes de Guardianes de la Sierra coincidieron en que el gobierno estatal y los ayuntamientos deben involucrarse más en el tema:
“Tienen que colaborar en el ámbito de sus atribuciones, que el ANP sea lo más benéfico para la población, es una oportunidad histórica para el gobierno del estado que es de un partido ecologista, le cae como anillo al dedo para demostrar que son congruentes y también el gobernador si se dice aliado de la Cuarta Transformación, la historia lo pone en un momento de demostrar de qué lado está, al igual que a los alcaldes”, finalizó Enrique Rivera.
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Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
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María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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