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“Empresarios no le cumplirían a comuneros de la Sierra de San Miguelito”: activistas
Enrique Rivera Sierra y Carlos Covarrubias coincidieron en que el decreto de Área Natural Protegida le beneficiará más a los dueños de la tierra que venderle al “Chato” López
Por: Ana G Silva
El pasado 5 de enero, María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), visitó San Luis Potosí para ofrecer una rueda de prensa en conjunto con el gobernador Ricardo Gallardo; en ella reiteró la validez del decreto de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito y anunció la firma de un convenio de colaboración con el gobierno estatal y varios municipios para la preservación del sitio, esto en el contexto de la presentación de un amparo, por parte de comuneros, contra el decreto. Al respecto Carlos Cobarrubias y Enrique Rivera, integrantes de la organización civil Guardianes de la Sierra, dijeron que era necesaria su presencia para “poner en orden a quienes están en contra de la protección de la tierra”. Y agregaron que los comuneros pueden verse más beneficiados de un programa responsable de manejo de la tierra que al vender a los fraccionadores, encabezados por Carlos “El Chato” López Medina, que pretenden generar el proyecto inmobiliario conocido como “Las Cañadas”.
Rivera argumentó que “nadie estará por encima de un ambiente sano”, lo que es demostrado por López Obrador con la declaratoria, por lo que ahora el gobierno federal y el estatal tiene la tarea de entablar un diálogo con estos grupos que se dicen afectados por el decreto, pues “no han sido bien informados” y “hay programas que pueden ayudarlos a obtener muchas más ganancias que lo que se pretendía que les ofrecieran los empresarios interesados en crear fraccionamientos”.
Enrique Rivera agregó que “lo único que se necesita es llegar en buena línea a estas reuniones y entender que lo que se pretende es buscar el respeto a la naturaleza y que los dueños de las tierras decidan qué hacer con ellas mientras no sean destruidas. Poco a poco van a entender que esto era lo que le hacía falta a San Luis Potosí, porque les prometieron el cielo y las estrellas, pero no les iban a cumplir, si no que les pregunten a aquellos de la Garita de Jalisco a que siguen viviendo en la pobreza total”.
“La visita de la secretaria fue tomada con alegría por comuneros y activistas en favor de la declaratoria del ANP, pues era necesario llegar a poner las cosas en su lugar”, apuntaron ambos, ya que consideran que había una confusión en la población e involucra más al poder ejecutivo y las alcaldías: “ya que se estaban haciendo los desentendidos”.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a través de la secretaria María Luisa, de que no tienen ninguna forma de evadir el respeto al medio ambiente, 
Carlos Covarrubias señaló que la reunión de la titular de Semarnat con el gobernador del estado fue de carácter oficial para firmar un documento de colaboración, que es la extensión del acuerdo de coordinación del 2019 y que terminará el 25 de septiembre, es decir, la elaboración del estudio técnico significativo y la consulta.
“Ya al concluir esa etapa con la emisión del decreto es un documento que viene a recomponer o a dirigir lo que se había hecho anteriormente, en función de que existe un decreto. Es la construcción del programa de manejo, que es una herramienta fundamental para el tema de la administración de la Sierra y donde el primer punto es el involucramiento de las comunidades y de los ejidos para su elaboración, es como la parte reglamentaria formal para que el decreto viva”, dijo Covarrubias.
Covarrubias destacó que “existe una enorme diferencia entre ejidatarios que no saben qué hacer con sus tierras porque no les han explicado y aquellos que se enojaron porque no podrán vender, por lo que el gobierno tiene que tener un profundo respeto hacia todos los que conforman la Sierra: entender que son sus tierras y estarán protegidos con sus actividades agrícolas y tienen resolver sus dudas, además de terminar con aquellos fraccionadores que solo están desinformando”.
Los integrantes de Guardianes de la Sierra coincidieron en que el gobierno estatal y los ayuntamientos deben involucrarse más en el tema:
“Tienen que colaborar en el ámbito de sus atribuciones, que el ANP sea lo más benéfico para la población, es una oportunidad histórica para el gobierno del estado que es de un partido ecologista, le cae como anillo al dedo para demostrar que son congruentes y también el gobernador si se dice aliado de la Cuarta Transformación, la historia lo pone en un momento de demostrar de qué lado está, al igual que a los alcaldes”, finalizó Enrique Rivera.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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Se establecieron acciones para protección de animales de trabajo y especies de animales silvestres
Por: Redacción
A propuesta de la diputada Nancy Jeanine García Martínez, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí, a fin de fortalecer la legislación en la materia.
Entre las reformas, se incorpora en el apartado de animales de trabajo, a los animales para uso de labranza, y establecer claramente a las autoridades encargadas de la atención animal a la persona titular del Poder Ejecutivo.
Se establece también que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, coadyuvará con la Federación y los Municipios, en levantar y mantener actualizados el inventario de la población animal silvestre existente en la Entidad.
Y además, se establecen atribuciones para crear reservas y salvaguardar las especies de animales silvestres.
La legisladora García Martínez expresó que con estas modificaciones se brinda certeza jurídica en las responsabilidades de las autoridades, “y también se incorpora la protección de la vida silvestre, y con ello se protege también la biodiversidad de nuestras especies”.
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