Se protege a las y los lactantes, a través de la protección, promoción y respeto a la lactancia materna

Por: Redacción

El Congreso del Estado aprobó expedir la Ley de Lactancia para el Estado de San Luis Potosí, con el fin de proteger a las y los lactantes, a través de la protección, promoción, y respeto de la lactancia materna.

Con esta nueva legislación, se busca reconocer el beneficio de los niños de San Luis Potosí, estableciendo las condiciones que garanticen su salud, crecimiento y desarrollo integral, así como el derecho de las madres de ejercer la lactancia materna de manera libre, informada y segura.

En esta ley, se abordan diferentes aspectos, como la disponibilidad de espacios adecuados y privados para la lactancia en lugares públicos y en los centros de trabajo, la protección de los derechos de las mujeres lactantes y las obligaciones pertinentes de las instituciones públicas y privadas.

Cabe destacar que, entre los beneficios, se aportan todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la lactancia materna ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto, así mismo, puede contribuir a prevenir la infección por COVID-19; sin embargo, muchas mujeres tienen que volver al trabajo a pocos días después del parto, y hacen frente a una serie de problemas y presiones que suelen obligarlas a dejar la lactancia materna exclusiva antes de tiempo.

Se establece en esta ley, la creación de lactarios o salas de lactancia para conservar las características de higiene, privacidad, confortabilidad, tranquilidad y accesibilidad; lo cual permitirá a las mujeres ejercer el derecho a la lactancia humana, en condiciones de calidad y calidez en su centro de trabajo, así como promover y fortalecen la conciliación trabajo-familia, permitiendo a las madres trabajadoras contar con opciones para la toma de decisiones respecto de la alimentación y salud de sus hijas e hijos.

Además, se establece que el Estado a través de la Secretaría de Salud propondrá de manera anual a la Federación la instalación de bancos de leche humana y lactarios en los hospitales y centros de salud de atención materno- infantil en la Entidad.

En sus artículos transitorios, se indica que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como los Poderes Legislativo, Judicial y organismos constitucionalmente autónomos deberán llevar a cabo la instalación, previo diagnóstico, de salas de lactancia en cada una de sus instituciones. Los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su funcionamiento serán solventados por cada una de las instituciones con cargo a su propio presupuesto en la medida de su suficiencia presupuestal.

La propuesta es una herramienta para todas las madres trabajadoras con el firme propósito de fomentar y alentar la práctica de la lactancia materna con el conocimiento de que el principal obstáculo de la Lactancia Materna es la falta de información de la sociedad en general sobre todas las ventajas, tanto para los bebes como para las madres.

Es fundamental contar con una ley de lactancia materna para proteger y promover el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos de forma adecuada, lo anterior para garantizar que las madres tengan el tiempo, el espacio y los recursos necesarios para amamantar a sus bebés, tanto en el ámbito laboral como en otros entornos públicos.

En la presente ley, se abordaron diferentes aspectos, como la disponibilidad de espacios adecuados y privados para la lactancia en lugares públicos y en los centros de trabajo, la protección de los derechos de las mujeres lactantes y las obligaciones pertinentes de las instituciones públicas y privadas. Entre los beneficios, se aportan todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la lactancia materna ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto, así mismo, puede contribuir a prevenir la infección por COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señalan que la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños y a su vez refieren que la lactancia materna salva más vidas que cualquier otra intervención preventiva.

La lactancia no sólo beneficia a los bebés sino también a las mamás, ya que a corto plazo ayuda a su recuperación física, por ejemplo, disminuye el riesgo de hemorragia después del nacimiento y reduce el riesgo de depresión post- parto. Asimismo, contribuye a disminuir las probabilidades de desarrollar cáncer de ovario, cáncer de mama, diabetes tipo II, hipertensión, ataques cardíacos, anemia y osteoporosis.

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Inicia 2026 con un déficit superior a los 80 millones de pesos; el Congreso aprobó un aumento, pero fue menor a lo solicitado

Por: Redacción

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) arrancará el ejercicio fiscal 2026 con un déficit superior a los 80 millones de pesos, a pesar del incremento presupuestal aprobado por el Congreso del Estado, el cual resultó insuficiente para cubrir las necesidades operativas del organismo y las actividades preliminares del proceso electoral de 2027.

La consejera electoral Graciela Díaz Vázquez explicó que el presupuesto originalmente solicitado fue elaborado bajo un esquema de gasto mínimo, contemplando únicamente los requerimientos indispensables tanto para la operación ordinaria del organismo como para los trabajos que, por ley, deben iniciar con un año de anticipación al proceso electoral.

Si bien reconoció la disposición del Poder Legislativo para otorgar un aumento parcial a los recursos del Ceepac, advirtió que el recorte al proyecto original dejó una brecha financiera significativa que obliga al organismo a replantear su planeación anual.

Entre las áreas que deberán priorizarse se encuentran el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos electorales, la capacitación de partidos políticos y personal, así como la planeación y logística para la instalación de los comités electorales, considerados elementos clave para garantizar la organización de los comicios.

Ante este panorama, el Ceepac prevé solicitar ampliaciones presupuestales a lo largo del ejercicio fiscal 2026, además de implementar medidas de contención del gasto y reprogramar actividades que no resulten urgentes, con el objetivo de cumplir con sus obligaciones legales sin comprometer la certeza y legalidad del proceso electoral.

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La reducción histórica en el pago consolida una política fiscal responsable que prioriza a las familias potosinas y mantiene a la entidad entre las más accesibles del país

Por: Redacción

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que para el ejercicio fiscal 2026 el costo del control vehicular se reducirá de manera significativa, al pasar de dos mil 240 pesos en 2025 a solo mil 400 pesos. Esta medida representa un ahorro directo para miles de familias y responde a una visión de administración eficiente que busca aliviar la economía cotidiana de la población, bajo una conducción que ha optado por poner orden sin cargar nuevos costos a la ciudadanía.

Desde la Secretaría de Finanzas (Sefin) se precisó que durante este año no se cobrará el concepto de tarjeta de circulación, ya que su vigencia es trianual conforme a la ley. De este modo, las tarjetas emitidas en 2025 conservarán validez hasta 2028, lo que significa que durante la presente administración no habrá un nuevo cobro

para quienes ya cuentan con este documento, reforzando una política pública sin límites en favor de la certeza y la planeación familiar.

Con esta decisión, el pago del control vehicular en 2026 quedará integrado únicamente por el canje anual, manteniéndose en mil 400 pesos y posicionando a San Luis Potosí entre las entidades con menor costo a nivel nacional. Además, se reiteró que en el Estado no se cobra tenencia vehicular, una postura sostenida por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha rechazado de forma definitiva ese impuesto al considerarlo contrario al bienestar de las familias, incluso frente a la iniciativa de nivel federal por retomar dicho cobro.

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