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#ElLegadoDeNava | El alcalde que olvidó a sus policías
Los índices delictivos durante la gestión de Xavier se dispararon como resultado de las malas condiciones laborales para los elementos de seguridad
Por: Ana G Silva
En 2018, Xavier Nava Palacios, alcalde con licencia del municipio de San Luis Potosí, quien regresa a su cargo el lunes, destacó como promesa de campaña en materia de seguridad que su principal acción sería “el respeto a los policías municipales, para que fueran promotores de la prevención de la violencia y el delito”. No obstante, de acuerdo con Álvaro Vizcaíno, ex secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, los delitos han aumentado durante su gestión producto de un descuido en la capacitación y las condiciones laborales de los agentes municipales.
Durante su discurso de toma de protesta como alcalde, Nava resaltó: “implementaremos un modelo de proximidad que con inteligencia, equipamiento y organización, además de una estrecha coordinación con los distintos niveles de gobierno, para que los elementos de la fuerza municipal respondan eficazmente a las necesidades ciudadanas, un mando policial que los respete, que les proporcione equipos, materiales de capacitación, que les permita hacer su trabajo con la máxima eficacia”.
Álvaro Vizcaíno comentó que existen diagnósticos del estadío de la policía municipal en San Luis Potosí, a la cual, de acuerdo con su perspectiva, la inseguridad se ha visto desbordada.
El experto en seguridad dijo que la principal carencias está la “faltan policías” en el municipio, pues San Luis Potosí tiene 1.4 elementos por cada mil habitantes y, aunque está por encima del promedio nacional, como mínimo debería tener 1.8, incluso hasta 2.5, es decir que se debió aumentar 200 policías como mínimo y óptimo mil 100 nuevos integrantes.
Otra variante que Vizcaíno destacó fue que los policías no están debidamente capacitados: “Cuando haces bien tu trabajo las personas se sienten seguras, pero cuando no se percibe un clima de inseguridad, en la capital potosina 9 de cada 10 personas se sienten inseguras, es demasiado en comparación con el promedio nacional que son 6 o 7 de cada 10”.
El ex secretario de ejecutivo del Sistema de Seguridad comentó que el hecho de que los potosinos reprueben a los elementos policiacos tiene que ver con: el sueldo, pues la mayoría de los policías ganan menos de 10 mil pesos mensuales, además de que son muy pocos los que ganan de 15 mil a 20 pesos; otro tema es que “la policía municipal de San Luis está envejecida”, 
“Me parece que se siente un estado de abandono en la policía municipal de San Luis Potosí que se abre una brecha en donde mientras más problemas se acumulen más tendrán que invertir”.
Álvaro Vizcaíno argumentó que se debe dignificar la policía, otorgarles el armamento suficiente, capacitarlos de manera adecuada y verificar que no abusen por su posición.
El experto subrayó que como consecuencia de no implementar medidas de dignificación de agentes policiacos, el municipio capitalino ha presentado un crecimiento de incidencia delictiva desbordados comparados con las tasas nacionales durante la gestión de Nava Palacios; un ejemplo de ello son los homicidios dolosos, pues San Luis Potosí en 2020 tiene 29.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional tiene 23.4, es decir 7 puntos porcentuales más.
Vizcaíno dijo que también los delitos de violación, lesiones, violencia familiar, en la que la mayoría de las victimas son mujeres han aumentado y en 2020 el delito de violación en el municipio de San Luis Potosí es 137 por ciento superior a la taza nacional; mientras que la violencia familiar es 138 por ciento por arriba de la tasa nacional.
Álvaro Vizcaíno destacó que hay otros delitos como el robo de vehículo que creció 114 por ciento superior a la tasa nacional en 2020 durante la administración de Nava Palacios.
“Se debe agregar en casi todo el país en 2020 que a consecuencia de la pandemia la incidencia delictiva se redujo, pero la reducción que sí presentó San Luis Potosí capital no fue suficiente o razonablemente proporcional para que bajara a niveles inferiores al crecimiento que tuvo en 2018 y 2019”.
Finalmente, Álvaro reiteró que San Luis Potosí tiene un incremento delito exponencial en los últimos 10 años.
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Sheimbaum: “no quedará impune” denuncia contra progenitor del alcalde de Cerro de San Pedro
La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo
Por: Ana G Silva
Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.
El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.
La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.
La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.
Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.
Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23
Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.
“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.
Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.
El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.
Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.
Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.
El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.
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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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