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#ElLegadoDeNava | El alcalde que olvidó a sus policías
Los índices delictivos durante la gestión de Xavier se dispararon como resultado de las malas condiciones laborales para los elementos de seguridad
Por: Ana G Silva
En 2018, Xavier Nava Palacios, alcalde con licencia del municipio de San Luis Potosí, quien regresa a su cargo el lunes, destacó como promesa de campaña en materia de seguridad que su principal acción sería “el respeto a los policías municipales, para que fueran promotores de la prevención de la violencia y el delito”. No obstante, de acuerdo con Álvaro Vizcaíno, ex secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, los delitos han aumentado durante su gestión producto de un descuido en la capacitación y las condiciones laborales de los agentes municipales.
Durante su discurso de toma de protesta como alcalde, Nava resaltó: “implementaremos un modelo de proximidad que con inteligencia, equipamiento y organización, además de una estrecha coordinación con los distintos niveles de gobierno, para que los elementos de la fuerza municipal respondan eficazmente a las necesidades ciudadanas, un mando policial que los respete, que les proporcione equipos, materiales de capacitación, que les permita hacer su trabajo con la máxima eficacia”.
Álvaro Vizcaíno comentó que existen diagnósticos del estadío de la policía municipal en San Luis Potosí, a la cual, de acuerdo con su perspectiva, la inseguridad se ha visto desbordada.
El experto en seguridad dijo que la principal carencias está la “faltan policías” en el municipio, pues San Luis Potosí tiene 1.4 elementos por cada mil habitantes y, aunque está por encima del promedio nacional, como mínimo debería tener 1.8, incluso hasta 2.5, es decir que se debió aumentar 200 policías como mínimo y óptimo mil 100 nuevos integrantes.
Otra variante que Vizcaíno destacó fue que los policías no están debidamente capacitados: “Cuando haces bien tu trabajo las personas se sienten seguras, pero cuando no se percibe un clima de inseguridad, en la capital potosina 9 de cada 10 personas se sienten inseguras, es demasiado en comparación con el promedio nacional que son 6 o 7 de cada 10”.
El ex secretario de ejecutivo del Sistema de Seguridad comentó que el hecho de que los potosinos reprueben a los elementos policiacos tiene que ver con: el sueldo, pues la mayoría de los policías ganan menos de 10 mil pesos mensuales, además de que son muy pocos los que ganan de 15 mil a 20 pesos; otro tema es que “la policía municipal de San Luis está envejecida”, 
“Me parece que se siente un estado de abandono en la policía municipal de San Luis Potosí que se abre una brecha en donde mientras más problemas se acumulen más tendrán que invertir”.
Álvaro Vizcaíno argumentó que se debe dignificar la policía, otorgarles el armamento suficiente, capacitarlos de manera adecuada y verificar que no abusen por su posición.
El experto subrayó que como consecuencia de no implementar medidas de dignificación de agentes policiacos, el municipio capitalino ha presentado un crecimiento de incidencia delictiva desbordados comparados con las tasas nacionales durante la gestión de Nava Palacios; un ejemplo de ello son los homicidios dolosos, pues San Luis Potosí en 2020 tiene 29.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional tiene 23.4, es decir 7 puntos porcentuales más.
Vizcaíno dijo que también los delitos de violación, lesiones, violencia familiar, en la que la mayoría de las victimas son mujeres han aumentado y en 2020 el delito de violación en el municipio de San Luis Potosí es 137 por ciento superior a la taza nacional; mientras que la violencia familiar es 138 por ciento por arriba de la tasa nacional.
Álvaro Vizcaíno destacó que hay otros delitos como el robo de vehículo que creció 114 por ciento superior a la tasa nacional en 2020 durante la administración de Nava Palacios.
“Se debe agregar en casi todo el país en 2020 que a consecuencia de la pandemia la incidencia delictiva se redujo, pero la reducción que sí presentó San Luis Potosí capital no fue suficiente o razonablemente proporcional para que bajara a niveles inferiores al crecimiento que tuvo en 2018 y 2019”.
Finalmente, Álvaro reiteró que San Luis Potosí tiene un incremento delito exponencial en los últimos 10 años.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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