julio 23, 2026

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#ElLegadoDeNava | El alcalde que olvidó a sus policías

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Los índices delictivos durante la gestión de Xavier se dispararon como resultado de las malas condiciones laborales para los elementos de seguridad

Por: Ana G Silva

En 2018, Xavier Nava Palacios, alcalde con licencia del municipio de San Luis Potosí, quien regresa a su cargo el lunes, destacó como promesa de campaña en materia de seguridad que su principal acción sería “el respeto a los policías municipales, para que fueran promotores de la prevención de la violencia y el delito”. No obstante, de acuerdo con Álvaro Vizcaíno, ex secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, los delitos han aumentado durante su gestión producto de un descuido en la capacitación y las condiciones laborales de los agentes municipales.

Durante su discurso de toma de protesta como alcalde, Nava resaltó: “implementaremos un modelo de proximidad que con inteligencia, equipamiento y organización, además de una estrecha coordinación con los distintos niveles de gobierno, para que los elementos de la fuerza municipal respondan eficazmente a las necesidades ciudadanas, un mando policial que los respete, que les proporcione equipos, materiales de capacitación, que les permita hacer su trabajo con la máxima eficacia”.

Álvaro Vizcaíno comentó que existen diagnósticos del estadío de la policía municipal en San Luis Potosí, a la cual, de acuerdo con su perspectiva, la inseguridad se ha visto desbordada.

El experto en seguridad dijo que la principal carencias está la “faltan policías” en el municipio, pues San Luis Potosí tiene 1.4 elementos por cada mil habitantes y, aunque está por encima del promedio nacional, como mínimo debería tener 1.8, incluso hasta 2.5, es decir que se debió aumentar 200 policías como mínimo y óptimo mil 100 nuevos integrantes.

Otra variante que Vizcaíno destacó fue que los policías no están debidamente capacitados: “Cuando haces bien tu trabajo las personas se sienten seguras, pero cuando no se percibe un clima de inseguridad, en la capital potosina 9 de cada 10 personas se sienten inseguras, es demasiado en comparación con el promedio nacional que son 6 o 7 de cada 10”.

El ex secretario de ejecutivo del Sistema de Seguridad comentó que el hecho de que los potosinos reprueben a los elementos policiacos tiene que ver con: el sueldo, pues la mayoría de los policías ganan menos de 10 mil pesos mensuales, además de que son muy pocos los que ganan de 15 mil a 20 pesos; otro tema es que “la policía municipal de San Luis está envejecida”,

pues existen pocos agentes menores de 29 años “eso quiere decir, que desde hace tiempo no se han reclutado policías jóvenes en al menos 10 años y hay un promedio superior de policías de 50 y 60 años”, lo que trae consigo que la salud de estos se deteriore y padecen obesidad, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etc.

“Me parece que se siente un estado de abandono en la policía municipal de San Luis Potosí que se abre una brecha en donde mientras más problemas se acumulen más tendrán que invertir”.

Álvaro Vizcaíno argumentó que se debe dignificar la policía, otorgarles el armamento suficiente, capacitarlos de manera adecuada y verificar que no abusen por su posición.

El experto subrayó que como consecuencia de no implementar medidas de dignificación de agentes policiacos, el municipio capitalino ha presentado un crecimiento de incidencia delictiva desbordados comparados con las tasas nacionales durante la gestión de Nava Palacios; un ejemplo de ello son los homicidios dolosos, pues San Luis Potosí en 2020 tiene 29.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional tiene 23.4, es decir 7 puntos porcentuales más.

Vizcaíno dijo que también los delitos de violación, lesiones, violencia familiar, en la que la mayoría de las victimas son mujeres han aumentado y en 2020 el delito de violación en el municipio de San Luis Potosí es 137 por ciento superior a la taza nacional; mientras que la violencia familiar es 138 por ciento por arriba de la tasa nacional.

Álvaro Vizcaíno destacó que hay otros delitos como el robo de vehículo que creció 114 por ciento superior a la tasa nacional en 2020 durante la administración de Nava Palacios.

“Se debe agregar en casi todo el país en 2020 que a consecuencia de la pandemia la incidencia delictiva se redujo, pero la reducción que sí presentó San Luis Potosí capital no fue suficiente o razonablemente proporcional para que bajara a niveles inferiores al crecimiento que tuvo en 2018 y 2019”.

Finalmente, Álvaro reiteró que San Luis Potosí tiene un incremento delito exponencial en los últimos 10 años.

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Ciudad

Galindo rechaza pipas como solución a fallas de El Realito

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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.

Por: Redacción

Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.

Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito

que carecen de aljibe y dependen por completo de la red para recibir el servicio.

El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.

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Segam va contra empresas que no acrediten el destino de sus residuos

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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam

Por: Redacción

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.

Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.

La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.

Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.

Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación

, aunque reconoció que no todos los ayuntamientos cumplen con esas condiciones.

La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.

En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.

La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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