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#ElLegadoDeNava | El alcalde que olvidó a sus policías
Los índices delictivos durante la gestión de Xavier se dispararon como resultado de las malas condiciones laborales para los elementos de seguridad
Por: Ana G Silva
En 2018, Xavier Nava Palacios, alcalde con licencia del municipio de San Luis Potosí, quien regresa a su cargo el lunes, destacó como promesa de campaña en materia de seguridad que su principal acción sería “el respeto a los policías municipales, para que fueran promotores de la prevención de la violencia y el delito”. No obstante, de acuerdo con Álvaro Vizcaíno, ex secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, los delitos han aumentado durante su gestión producto de un descuido en la capacitación y las condiciones laborales de los agentes municipales.
Durante su discurso de toma de protesta como alcalde, Nava resaltó: “implementaremos un modelo de proximidad que con inteligencia, equipamiento y organización, además de una estrecha coordinación con los distintos niveles de gobierno, para que los elementos de la fuerza municipal respondan eficazmente a las necesidades ciudadanas, un mando policial que los respete, que les proporcione equipos, materiales de capacitación, que les permita hacer su trabajo con la máxima eficacia”.
Álvaro Vizcaíno comentó que existen diagnósticos del estadío de la policía municipal en San Luis Potosí, a la cual, de acuerdo con su perspectiva, la inseguridad se ha visto desbordada.
El experto en seguridad dijo que la principal carencias está la “faltan policías” en el municipio, pues San Luis Potosí tiene 1.4 elementos por cada mil habitantes y, aunque está por encima del promedio nacional, como mínimo debería tener 1.8, incluso hasta 2.5, es decir que se debió aumentar 200 policías como mínimo y óptimo mil 100 nuevos integrantes.
Otra variante que Vizcaíno destacó fue que los policías no están debidamente capacitados: “Cuando haces bien tu trabajo las personas se sienten seguras, pero cuando no se percibe un clima de inseguridad, en la capital potosina 9 de cada 10 personas se sienten inseguras, es demasiado en comparación con el promedio nacional que son 6 o 7 de cada 10”.
El ex secretario de ejecutivo del Sistema de Seguridad comentó que el hecho de que los potosinos reprueben a los elementos policiacos tiene que ver con: el sueldo, pues la mayoría de los policías ganan menos de 10 mil pesos mensuales, además de que son muy pocos los que ganan de 15 mil a 20 pesos; otro tema es que “la policía municipal de San Luis está envejecida”, pues existen pocos agentes menores de 29 años “eso quiere decir, que desde hace tiempo no se han reclutado policías jóvenes en al menos 10 años y hay un promedio superior de policías de 50 y 60 años”, lo que trae consigo que la salud de estos se deteriore y padecen obesidad, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etc.
“Me parece que se siente un estado de abandono en la policía municipal de San Luis Potosí que se abre una brecha en donde mientras más problemas se acumulen más tendrán que invertir”.
Álvaro Vizcaíno argumentó que se debe dignificar la policía, otorgarles el armamento suficiente, capacitarlos de manera adecuada y verificar que no abusen por su posición.
El experto subrayó que como consecuencia de no implementar medidas de dignificación de agentes policiacos, el municipio capitalino ha presentado un crecimiento de incidencia delictiva desbordados comparados con las tasas nacionales durante la gestión de Nava Palacios; un ejemplo de ello son los homicidios dolosos, pues San Luis Potosí en 2020 tiene 29.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional tiene 23.4, es decir 7 puntos porcentuales más.
Vizcaíno dijo que también los delitos de violación, lesiones, violencia familiar, en la que la mayoría de las victimas son mujeres han aumentado y en 2020 el delito de violación en el municipio de San Luis Potosí es 137 por ciento superior a la taza nacional; mientras que la violencia familiar es 138 por ciento por arriba de la tasa nacional.
Álvaro Vizcaíno destacó que hay otros delitos como el robo de vehículo que creció 114 por ciento superior a la tasa nacional en 2020 durante la administración de Nava Palacios.
“Se debe agregar en casi todo el país en 2020 que a consecuencia de la pandemia la incidencia delictiva se redujo, pero la reducción que sí presentó San Luis Potosí capital no fue suficiente o razonablemente proporcional para que bajara a niveles inferiores al crecimiento que tuvo en 2018 y 2019”.
Finalmente, Álvaro reiteró que San Luis Potosí tiene un incremento delito exponencial en los últimos 10 años.
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Detienen a “Chilo Mejía”, exalcalde de Tampamolón, con arsenal en la Huasteca
Autoridades aseguraron ocho armas de fuego, entre ellas un AK-47, un AR-15 y decenas de cartuchos útiles
Por: Redacción
Isidro “N”, exalcalde de Tampamolón Corona, conocido como “Chilo Mejía”, fue detenido este sábado junto con su esposa, Gabriela “N”, durante un operativo de seguridad realizado en la Huasteca potosina.
La captura ocurrió sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, luego de que corporaciones de seguridad detectaran una camioneta Dodge RAM color rojo cuyos ocupantes presuntamente intentaron evadir a los agentes al percatarse de la presencia policial.
Tras marcarles el alto y realizar una inspección al vehículo, las autoridades aseguraron un arsenal compuesto por ocho armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47, un rifle AR-15 y una escopeta semiautomática, además de cargadores y decenas de cartuchos útiles.
Tanto el exfuncionario como su esposa fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes por posibles delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Isidro “N” fue presidente municipal de Tampamolón Corona entre 2018 y 2021 bajo las siglas del Partido Nueva Alianza. Posteriormente buscó mantenerse en la vida política acercándose a Morena.
Durante y después de su administración enfrentó diversos señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, así como acusaciones sobre posibles nexos con grupos criminales que operan en la región Huasteca.
En 2021, el Congreso del Estado de San Luis Potosí lo inhabilitó por seis años y a integrantes de su cabildo debido a irregularidades relacionadas con consultas indígenas dentro del Plan Municipal de Desarrollo.
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Proponen reforma para delimitar uso de teléfonos en clases
La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops , entre otros; estos equipos ofrecen grandes ventajas, como la eficiencia realizando tareas de manera más rápida y menor esfuerzo y en general automatiza procesos laborales y educativos”.
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Cita la FGR a comparecer al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya
Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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