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El sexenio de la corrupción: todo apunta a Juan Manuel Carreras
Desde que concluyó, la pasada administración acumula ex funcionarios encarcelados, observaciones y sospechas de corrupción, en los que parece que las responsabilidad recae sobre el ex jefe del Ejecutivo
Por: Ana G Silva
La Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López fueron gastados 2 mil 403 millones de pesos en los cuales se observa algún tipo de irregularidad, siendo los Servicios de Salud la que acumula más observaciones con un total de mil 097 millones 936 mil 506 pesos; pero este no es el único caso en el que el que la pasada administración pudo haber cometido un ilícito, pues, desde la conclusión del pasado sexenio, una serie de sospechas y polémicas han salido a la luz, cada una con sus propios involucrados, pero todas apuntan al mismo sitio: la cabeza del antiguo Gobierno Estatal. A continuación hacemos un repaso por esos casos que dan la impresión son solo la punta de lo que vendrá:
La Secretaría de Salud
La ASE detalló que la Secretaría de Salud acumula los mayores montos observados, pues presenta irregularidades por 765 millones 015 mil 875 pesos en 2020 y 332 millones 947 mil 631 pesos en 2019. Se debe recordar que Mónica Rangel, ex secretaria de Salud y ex candidata de Morena a la gubernatura, fue detenida en el Estado de México el 12 de abril de 2022 por una compra irregular de 32.7 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas.
La ex titular de los Servicios de Salud fue liberada el 21 de mayo de 2022 tras declararse culpable del delito de desvío de recursos y reintegrar los 22 millones de pesos reclamados por el Gobierno del Estado, también pagó una multa de 86 mil pesos.
En mayo de ese año, Miguel Angel N., el ex titular de los Servicios de Salud, quien sustituyó a Mónica Rangel, fue detenido por el desvío de 31 millones de pesos destinados a adquisiciones irregulares a una empresa cuyo representante, Gabo Salazar, también está detenido. El ex funcionario hasta la fecha continúa en la cárcel.
Hospital central sin funcionar
En julio de 2022, el gobernador Ricardo Gallardo inauguró la nueva sala de urgencias del Hospital Central, pero está fue la segunda ocasión en que se inauguró, pues en 2021 Juan Manuel Carreras también lo hizo. El motivo de la doble apertura está en que Carreras entregó un cascarón vacío, pues con la llegada de la pandemia era necesario ampliar el número de camas y con mentiras se colocó una manta que anunciaba que este era un hospital covid-19, no obstante estaba vacío y no se atendían personas.
En el 2021, Carreras realizó la inauguración del centro que afirmó contaba con una inversión de mil 700 millones de pesos, podría cubrir la demanda de 1.5 millones de habitantes dentro de una torre médica de siete pisos con 250 camas, 13 quirófanos, dos salas de expulsión, 80 consultorios, servicios auxiliares de diagnóstico y auxiliares de tratamiento.
Ricardo Gallardo, durante su campaña a gobernador, realizó una visita a las instalaciones del hospital en la que reveló que el gobierno de Carreras “engañaba a las y los potosinos”; expuso que se pagaban 200 mil pesos de luz para simular que las nuevas instalaciones del centro médico se encontraban en función, las cuales “ni siquiera estaban equipadas”, agregó que encontraron evidencias de ser una obra mal ejecutada, pues algunos pisos se encontraron levantados.
Seguridad
Jaime Pineda, ex secretario de Seguridad con Juan Manuel Carreras, fue detenido el viernes 11 de febrero de 2022 por los supuestos delitos de: ejercicio abusivo de las funciones públicas, uso ilícito de las atribuciones y facultades y el ejercicio ilícito del recurso público por la renta de un inmueble a nombre de la dependencia para oficinas públicas, no obstante, este sitio tuvo usos personales y pese a ello fue pagado con dinero del erario durante todo el sexenio.
El ex secretario de Seguridad Pública fue liberado el pasado mes de febrero luego de aceptar su culpabilidad en los delitos que fue señalado, por lo que realizó el pago del daño al erario estatal que ascendió a 2 millones 300 mil pesos.
Red Metro inexistente
En febrero de 2022 Leonel Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentó una denuncia contra los ex funcionarios y particulares involucrados en el proyecto de la Red Metro, mismas que quedaron inconclusas y que pese a ello, se pagaron en su totalidad, significando un gasto de 380 millones de pesos para el estado, aunque no existe un carril confinado, ni paradas; tampoco están las 22 unidades del transporte aunque se pagaron 4 y se comprometió el pago de las otras.
Leopoldo N., ex secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), el 2 de septiembre de 2022, fue detenido por el desvío de recursos que asciende a 22 millones de pesos por la obra de Red Metro, la construcción del Parque Tangamanga de Matehuala, además de tener otras seis denuncias más.
Por tener 87 años, se le otorgó al ex funcionario la prisión preventiva domiciliaria, aunque José Luis Ruíz Contreras, fiscal General del Estado, dio a conocer que podría salir en libertad si paga la reparación del daño que puede ser una cantidad de entre 17 millones y 23 millones de pesos, esto a pesar de que en su caso la cifra de la que se le señala es de nueve veces superior.
Serrato Sánchez detalló que espera que haya más detenidos por el desvío de recursos de la Red Metro; recordó que la secretaría a su cargo denunció a más de 30 personas físicas desde la administración de Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras y a 10 empresas que estarían involucradas en estos hechos.
Parque Tangamanga III
Entre las denuncias a Leopoldo N. se encuentra la construcción del Parque Tangamanga III en Matehuala, que tuvo una inversión de 32.5 millones de pesos, sin embargo, Ricardo Gallardo indicó que la obra nunca fue concluida y la calificó como “un robo”, pues se habría ejercido menos de la mitad del presupuesto que se reportó como gastado.
La construcción se inició en el 2019, y estuvo a cargo de Seduvop, que en ese entonces era presidida por Leopoldo N., quien al mencionar los detalles de la obra destacó que contaría con una superficie de 320 mil 016 metros cuadrados, por lo que se construirían cinco canchas multideportivas, una pista de ciclismo y una para trotar, cinco kioscos, sanitarios, centro de información sobre sustentabilidad, palapas, oficinas, una vialidad interna y más inmobiliario.
Aldo Emmanuel Torres Villa, ex titular de la Secretaría Técnica del Gabinete, declaró en julio de ese año que las obras quedarían inconclusas, esto debido a las restricciones presupuestarias derivadas de los ajustes que se hicieron para atender la pandemia por covid-19. Sin embargo, en octubre de 2021, Ricardo Gallardo visitó las instalaciones del parque en Matehuala, en donde se mencionó que la pasada administración había reportado que se ejecutaron 37.3 millones de pesos, no obstante, él comprobó en auditorías que en realidad fueron 16 millones de pesos. 
Gallardo Cardona aseguró que el proyecto del parque Tangamanga III se trata de “un robo” y que existe un desfalcó de entre el 50 y 52% del presupuesto, pues este se quedó sin concretar y apenas lucía una fachada y poco mobiliario.
Terrenos destinados a la planta Ford
En febrero de 2022, Ricardo Gallardo denunció que en el terreno comprado por el gobierno de Juan Manuel Carreras para la instalación de la planta de Ford que finalmente no se instaló, se subsidiaron “cosas” que no coinciden con el costo real del espacio; pues anterior gobierno reportó un costo de más de mil 600 millones de pesos por el terreno, cuando tras un análisis, se determinó que su valor real no sobrepasa siquiera los mil millones de pesos; a ese dato se debe sumar que ese predio además era propiedad de Jorge del Valle, amigo cercano y compadre del ex mandatario.
La Orquesta dio a conocer en enero del 2017 el documento notariado que da fé de la transmisión de la propiedad realizada entre Roberto del Valle López (socio de su hermano Jorge y otros 6 integrantes de la familia) y el Gobierno del Estado, donde se detalla el esquema de pagos que se seguiría y que suma un total de mil 27 millones de pesos y que ahora Ricardo Gallardo ha dicho que fue inflado en 573 millones. Este medio reveló la fe de bautizo de uno de los hijos de Jorge del Valle, en ella se puede comprobar que Carreras López es su padrino, lo que supone un conflicto de intereses.
El gobernador afirmó que es un fraude para el estado, toda vez que el terreno se encuentra ubicado en una zona que tiene una única vía de acceso, misma que es de cuota, por lo que los trabajadores de las empresas que se pudieran instalar aquí, deberán pagar peaje diariamente por acudir a trabajar.
Finanzas
El 14 de marzo de 2022, Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, supuestamente solicitó un amparo contra posibles órdenes de aprehensión por presuntos desvíos de recursos durante la campaña de su hermano Octavio Pedroza a la gubernatura del estado, luego que las autoridades estatales presentaron una denuncia en su contra.
Seis meses después, el fiscal José Luis Contreras informó que la Fiscalía combate los dos amparos presentados por el ex funcionario, esto en contra de las posibles acciones penales que pudieran ejercerse por denuncias relacionadas con diversos delitos como desvío de recursos, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Esto derivado de las declaraciones de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde indicó que durante su gestión fueron detectadas operaciones ilícitas por parte del gobierno de Tamaulipas, en ese momento encabezado por Francisco Xavier García Cabeza de Vaca, para entregar dinero público o procedente del crimen organizado a la campaña a gobernador de Octavio Pedroza, candidato del PRI-PAN-PRD en el 2021, situación en la que es probable que estuviera involucrado su hermano.
La ASE dio a conocer que existen observaciones por 532.7 millones de pesos dirigidas a la Secretaría de Finanzas.
Aeropuerto de Tamuín
En febrero, Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que se abrió una investigación contra tres ex funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras López, los cuales laboraban en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la compra de un terreno con sobrecosto de aproximadamente 35 millones de pesos y que, además, no es apto para la construcción, debido a que presenta hundimientos.
El gobernador aseguró que el terreno fue comprado por 54 millones, aunque se calculó que no vale ni 15 millones de pesos. Agregó que ya se tiene identificadas a las personas que firmaron el acuerdo de compra.
El Rey del Toner
Hace unos días, la Contraloría General del Gobierno del Estado dio a conocer que comenzará una investigación contra ex funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras López, por la sospecha de haber realizado compras de insumos de computo a sobreprecio, que habrían favorecido en contratos por 189 millones de pesos a un outsourcing y durante el periodo de contingencia, cuando la mayoría del personal burócrata y funcionarios se encontraban bajo la modalidad de trabajo desde casa.
Los ex titulares de la Oficialía Mayor que serán sujetos a investigación, al igual que los proveedores, son: Elías Pesina Rodríguez, actual regidor capitalino; Ada Amelia Andrade Contreras, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hoy secretario general del ayuntamiento capitalino y Miguel Ángel Carbajal Martínez.
La información expuesta por la Contraloría detalló que durante el periodo de 2017 al 2020, la administración de Carreras López gastó 192 millones 754 mil 498 pesos, cuyo proveedor principal resultó ser Lujime Comercialización SA de CV, al recibir la mayor cantidad, que asciende a 113 millones 96 mil 231 pesos, y según lo dicho por la dependencia, “resulta a simple vista un exceso porque el principal producto habría sido “toners” o cartuchos para impresora y recargados, no originales, memorias USB u otros artículos de bajo precio”.
Cámaras de seguridad a sobreprecio
En junio de 2022, J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno, confirmó que existen varias carpetas de investigación para identificar a las o los responsables de la adquisición de cámaras de videovigilancia para la Zona Industrial que fueron compradas a sobreprecio.
Torres Sánchez mencionó que los equipos recibidos no poseen la nitidez ni calidad visual necesaria para su finalidad, aun así fue pagado el doble de su precio original.
También lee: El silencio de Juan Manuel Carreras ante las acusaciones de corrupción
Por: Jorge Saldaña
Lunes 10 de noviembre 20.30 hrs. |
Con nueva información, videos en poder de la Fiscalía y una segunda declaración de la misteriosa mujer que acompañaba a Jorge Dávila Ramírez, este medio pudo informarse y comprobar que el joven pasante de estomatología fue asesinado la madrugada del sábado en el interior de su vehículo y no en la calle, tampoco se cometió el homicidio en el lugar donde se encontró y rescató su cuerpo. La mujer que lo acompañaba, por razones que se desconocen, mintió en su primer versión.
La Fiscalía General del Estado localizó e interroga nuevamente a la mujer que acompañaba al pasante de Estomatología de la UASLP, Jorge Dávila Ramírez, asesinado a tiros la madrugada d el sábado.
De acuerdo con información confirmada por este medio, la joven —cuya identidad permanece reservada— habría mentido en su primera declaración y actualmente rinde una segunda versión ante la autoridad.
Hasta ahora se desconoce el contenido, fondo y causa de las contradicciones, pero fuentes de la investigación señalaron que su testimonio será clave para esclarecer el caso
La fiscal María Manuela García Cázares informó más temprano hoy que la acompañante del estudiante no había comparecido y era buscada por la FGE, al tiempo que confirmó que el homicidio fue cometido con arma de fuego, presumiblemente en un intento de robo de vehículo, aunque no se descartaban otras líneas de investigación.
Esta noche, la pieza que faltaba en el rompecabezas está bajo interrogatorio y sus palabras —las verdaderas esta vez— podrían cambiar el rumbo de la investigación.
(Imagen ilustrativa)
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Tres heridas: La UASLP entre la muerte, el poder y los sueldazos | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
La Universidad sangra por tres heridas: una que le dejó la violencia dentro de sus muros, otra que le abrió el poder producto de una disputa por el cumplimiento de convenios financieros que aún no se salda, y una más —la más cruel— que apareció la madrugada del sábado, cuando Jorge Dávila Ramírez, un brillante y querido pasante de estomatología fue asesinado a metros de su facultad por hombres encapuchados en circunstancias tan extrañas que rebasan el azar, un asalto en el que ni siquiera se llevaron su coche…solo su vida.
A la UASLP la acechan los fantasmas. Le llueve sobre mojado (aunque sea lugar común)
Sin entregarme al sospechosísmo ni a la perspicacia sin fundamento, desde mi muy humilde opinión, las circunstancias del homicidio hasta ahora son tan misteriosas e inconsistentes, que no parecer ser producto azar.
En el caso, no hubo pandillas, ni callejones oscuros, ni una “mala suerte” que pueda explicarse.
Se conoce que las calles de Río Papaloapan, Río Nazas y sus alrededores no son una colonia donde se concentren bandas, es incluso una de las colonias con menor incidencia delictiva, no hay “puntos” extraños y jamas se ha visto que en las esquinas, se reúnan delincuentes en potencia como en otras colonias. Todo lo contrario.
Si bien por las noches son calles solitarias, por lo general son zonas seguras y vigiladas.
Entonces, ¿Qué hacían al menos un par de delincuentes, preparados con capucha a esa hora y en ese lugar?
Hemos visto muchas veces (lamentablemente) los videos que circulan en redes sociales de casos cuando delincuentes roban vehículos con violencia:
Ninguno se cubre el rostro (poco les importa ser identificados porque en su mayoría son foráneos y pasajeros: llegan se roban determinado número de vehículos y abandonan el estado) y su objetivo de amenazar a mano armada es solo para someter a la víctima a un miedo mortal pero el objetivo es llevarse el vehículo, no matarlos.
Esos delincuentes roba carros “comunes”-digamos- no se parecen a los que atacaron a Jorge Dávila.
Los asesinos del pasante universitario cubrieron sus rostros; ¿sabían quién era su víctima y temían ser reconocidos? ¿o sabían que las cámaras los mirarían y podrían ser identificados porque son locales?
Por si fuera poco, en un giro de último momento —revelado hace apenas unas horas— la Fiscalía confirmó que el estudiante no estaba solo: lo acompañaba una mujer misteriosa que abandonó el lugar de los hechos y aún no comparece.
Ella es la testigo clave, la única que puede poner orden al rompecabezas sangriento.
La reacción universitaria el fin de semana fue casi automática: condolencias, solidaridad y un comunicado que, aunque bien intencionado, se apresuró a exigir resultados al Ayuntamiento y a las autoridades de seguridad.
Pero…el problema no es exigir justicia —el problema es desde dónde se exige-
Digo, creo que a nadie se le olvida que hace apenas unas semanas, una estudiante fue violada dentro de la Facultad de Derecho, (en sus narices) y todavía no se disipan del todo ni el dolor ni la vergüenza ni el agravio.
Es cierto, se tomaron medidas, se concilió con la comunidad, se tomaron y publicaron acuerdos, se arrancaron consultas para mejorar el protocolo y -hay que decirlo- de manera muy profesional, estratégica y astuta, la institución pudo rescatar el buque del naufragio y volteó la narrativa, pero eso no quita que todavía las paredes huelan a desconfianza.
Y ahora, tras el reprobable, triste y trágico asesinato, pretender subirse al púlpito moral y señalar con dedo flamígero a la autoridad municipal por un asesinato a metros de su territorio, raya en la hipocresía institucional.
El poder —diría Foucault— no se posee, se ejerce.El poder no es un trono desde donde se controla el mundo, sino una red donde todos miran y son mirados, donde cada quien tiene una cuota de vigilancia y de culpa.
El rector, como máxima autoridad, tiene responsabilidad institucional ante lo ocurrido aquel viernes, pero no puede vigilar cada aula ni cada puerta, como lo dijo en varias ocasiones, y tiene razón.
Con esa misma vara y al mismo tiempo, el alcalde, como autoridad municipal, tiene la obligación de prevenir y garantizar seguridad, pero no puede estar en cada esquina ni anticipar el pulso impredecible de la condición humana (tampoco el rector, tampoco el gobernador, tampoco la presidenta y para acabar tampoco nadie…)
Entonces, culpar directamente por los actos de otros es un consuelo inútil; exigirles el fin de la violencia es un acto de fe, no de gobierno.
Y es que si siguiéramos esa lógica punitiva hasta sus últimas consecuencias, entonces también deberíamos culpar a la presidenta por cada asesinato del país (como el de Carlos Manzo) por cada mujer desaparecida, por cada crimen que se multiplica sin permiso, etc. Las cosas simplemente no funcionan así.
La estructura social es materia, parte y producto del ejercicio del poder. Asunto mucho más complejo que simples señalamientos inquisitorios. El poder no es omnipresente, solo omniseñalado.
Y ese, al final, es su castigo: cargar con la culpa de lo que no controla.
Los sueldazos
Mientras tanto, mientras el dolor de la muerte se respira en el aire y la herida de una violación en territorio universitario apenas empieza muy lentamente a cicatrizar, las manecillas no perdonan.
Este viernes que viene vence el plazo de la palabra empeñada del gobernador para pagar los más de 200 millones de pesos que debe a la Universidad.
Pero justo una semana antes de que deba sonar la caja registradora, alguien decidió cambiar la música.
La publicación el viernes pasado sobre los “sueldazos” de la cúpula universitaria no fue una casualidad inoportuna. Fue un golpe asestado con precisión, fuerza y técnica.
De pronto, el deudor se volvió víctima y el acreedor, sospechoso.
La nota —metódicamente filtrada, viralizada y amplificada— cayó como veneno en la percepción pública, que sin pensarlo demasiado, seguramente generó reacciones como “con razón no les alcanza… con razón piden más dinero” y variantes de las mismas.
Mezquinos, mal intencionados, inoportunos, traicioneros y en parte imprecisos son los datos publicados, no obstante, no son del todo falsos.
El golpe fue quirúrgico y eficaz: de los 200 millones reclamados, casi el 15 por ciento iría a parar al bolsillo de un selecto grupo de poco más de 25 funcionarios privilegiados (no 40), con sueldos que rebasan los 100 mil pesos mensuales.
El cálculo no necesitó mayor propaganda: 25 personas, 30 millones de pesos.
Así, el discurso de sacrificio y asfixia se resquebrajó ante la aritmética.
El gobierno, que venía acorralado, respiró, y la universidad, que apenas había recuperado su imagen tras semanas de asedio, volvió a sangrar.
Pero el episodio de guerra todavía no termina y no se confíen los universitarios: el derechazo de los sueldazos casi los deja en la lona, y quizás deban esperar otro golpe, uno por mejilla diría Sabina, antes de que llegue el cheque prometido.
Pero toda crisis —como diría Arriaga— trae la oportunidad de volverse “ferozmente humana”.
Zermeño puede convertir el veneno en antídoto si se atreve a hacer lo que nadie antes: Cueste lo que cueste (laboral y jurídicamente) abrir y regular los tabuladores, transparentar los sueldos, redimensionar el poder económico interno y demostrar que el sacrificio no solo se exige, también se ejerce.
Es cierto, tienen un plan de austeridad estricto desde su llegada y fue el único en topar las pensiones a los ex rectores y a sí mismo, sin embargo parece que todo eso quedó corto y es que en este momento no se trata solo de administrar la institución, sino de reconciliarla consigo misma.
Si lo hace, pasará a la historia no como el rector que enfrentó y salvó una crisis, sino como el que además tuvo el valor de reformarse mientras el fuego seguía encendido y con las heridas abiertas.
De otra forma, el doctor será recordado como otro rector que heredó privilegios abusivos… y los dejó intactos.
Entrarle al tema de frente, siempre podrá ser una buena estrategia de reconstrucción tras el caos. (Claro, lo haga o no lo haga, siempre se le podrá cuestionar el por qué no lo hizo antes…ni modo, heridas de guerra)
No cabe duda: la UASLP sobrevivirá, como siempre. Pero entre violencia, muertos, encapuchados, sueldazos y simuladores, el poder en San Luis Potosí se está volviendo un lugar que por el momento nadie quiere mirarse.
Escribió Camus, “comprender es casi perdonar”,y aquí —todavía— nadie está listo para perdonar (ni creo que todos los actores estén comprendiendo la misma historia).
En otras ruinas del fin de semana…
La semana pasada el diputado Carlos Arreola se dio el lujo de presentar cuatro iniciativas que permitirían al estado y municipios tener la posibilidad de acceder a financiamientos millonarios (endeudarse pues).
Este fin, cuando el rechazo fue unánime —en su partido, en los medios y en la opinión pública—, echó pasito para atrás y con gesto de redentor dijo que las retiraba “para replantearlas”.
Qué nobleza la suya: se le olvida que no hay mérito en recoger el tiradero cuando uno mismo lo provocó.
Yo soy Jorge Saldaña.
Hasta la próxima.
Las declaraciones se dieron después de que Carlos Arreola presentará una iniciativa que buscaba endeudar al estado
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, habló respecto a la iniciativa del diputado local Carlos Arreola Mallol, la cual buscaba endeudar al estado.
El secretario señaló que las autoridades estatales no tienen conocimiento del contenido de dichas propuestas. Sin embargo, también aclaró que una deuda a largo plazo no está proyectada en la actual administración de San Luis Potosí.
Resaltó que, en los cuatro años del actual gobierno estatal
Cabe recordar que Carlos Arreola, a través de un comunicado, anunció que retiró formalmente dichas propuestas, bajo el argumento de que es necesario un replanteamiento técnico y financiero integral de su contenido.
También lee: Carlos Arreola en contra de las autonomías de SLP… ¿o tiene “democratitis”?
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