noviembre 6, 2025

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El Realito: adoptivo, enfermizo y caro | Columna de Jorge Saldaña

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TERCERA LLAMADA.

La Comisión Estatal del Agua y el Organismo Intermunicipal de Agua Potable son entes simbióticos. Son matrimonio forzado, socios obligados, son instituciones de distintas esferas gubernamentales, pero al mismo tiempo, padres de un hijo adoptivo, caprichoso, enfermizo y caro.

Se llama “El Realito” y aunque no es todo lo que comparten en corresponsabilidad, en los primeros meses del nuevo gobierno tanto estatal como municipal, el adoptivo y heredado se ha vuelto más enfermizo que en el pasado.

Se cuentan ya tres fracturas de la criatura en lo que va del “early-trienio”, que se suman a las 28 que se tuvieron que atender en el sexenio pasado.

¿Pero quién es “El Realito”? o ¿A qué tubo culpamos? ¿Le gritamos a la presa, al acueducto o a ambos?

Resulta difícil responder, porque El Realito es un ente complejo y sin rostro, creado por una fugaz empresa que se llamó “Aquos del Realito” que pagó casi la mitad de la construcción presa, ducto e infraestructura de traslado, con dinero privado y luego dejó de existir. Esa inversión privada, mes con mes, CEA e Interapas pagan juntos a una empresa distinta (hija de Aquos) con dinero que aportamos con nuestros recibos todos los potosinos, quienes les damos 20 millones de pesos mensuales por aguantar al adoptivo malcriado al que además tendremos que mantener, nada más, otros 19 años.

Es cierto, cuando hay fugas, colapso de tubos, fracturas o cada vez que no se reciben los 400 litros de agua por segundo, como lo estipula el contrato, se penaliza al voluntarioso ente, descontando a través de “cartas de crédito” un porcentaje de su pago y es todo.

Por ejemplo, si en un mes El Realito presenta una fuga, su pago en lugar de ser de 20 millones, en el mejor de los casos se reduce a poco más de 18 millones, en el peor de los casos, esos 2 millones se cambian por el mismo servicio, es decir, por litros de agua del Realito (a ver si no se va a la quiebra recibiendo 2 millones menos de su contrato de 20 mensuales que recibirá por lo menos 228 veces más).

Para el caso, en lugar de “cartas de crédito”, deberían llamarles “Vales pre-Fuga” y agregarles la advertencia: “sólo intercambiables por agua y no por dinero en efectivo”.

Mientras tanto, cada vez que El Realito colapsa en alguna de sus formas (es tan común que ya ni es noticia), se afecta directamente a miles de potosinos de más de 30 colonias de la ciudad, que se quedan sin agua, e indirectamente al Interapas, que aunque de todos modos debe de pagar su millonaria mensualidad, tiene que contratar y rentar pipas de agua para intentar dar abasto a la ciudad, detener la planta, vaciar los tanques y solventar los costos de todos los procesos que implica reiniciar la distribución del hache 2 O, tras una falla del veleidoso niño Realito.

Al respecto, ayer leí muy preocupado un comunicado por parte de la CEA en el que se asegura que:

“Por fugas del Realito, Interapas recibió notas de crédito por más de 60 MDP”, y más adelante se aventuran a decir que el titular de la CEA, Fernando Gámez Macías, consideró:

“Que el beneficio de estas penas convencionales (…) debería ser usado para la renta de pipas y habilitación de pozos de emergencia, para abastecer de agua a los hogares que constantemente son afectados durante los días que toma la reparación del tubo y llenado del ducto para restablecer el servicio con normalidad”.

Ah que caray… ¿Entonces el titular de la CEA piensa que las cartas de crédito se traducen en dinero en efectivo para uso libre del Interapas? ¿Creerá que El Realito va y se forma en una caja recaudadora y llega con millones de pesos diciendo “aquí está lo de mi fuga del 7 de enero”?

No señor Macías, para empezar esas cartas de crédito, como precisa en su despacho informativo, las que suman los 60 millones, fueron ya ejecutadas, es decir, descontadas de las mensualidades que pagó el organismo operador por las 23 fugas que se generaron en el sexenio pasado, entre febrero del 2016 y julio del 2021, o intercambiadas por el mismo líquido.

En otras palabras, esos 60 millones de pesos que amablemente el funcionario sugiere se usen en “la renta de pipas y reparación de pozos”, en realidad no existen, son como el aire que pasa por los tubos de nuestros medidores, son como billetes en el juego del Turista, o para el caso tickets de Kermés estando afuera de la misma.

Las penalizaciones producto del trío de fugas que se han sufrido de septiembre a la fecha, esas sí suman 5 millones y medio, mismos que, pueden o no, descontarse del siguiente pago que haga Interapas y que complementa la propia CEA con sus 8 millones de pesos mensuales para seguir manteniendo al niño adoptivo y señor de las fugas. ¿De veras no sabía señor Macías?

Algún tubo debe haber, Culto Público, para que entre CEA e Interapas se conecten y fluyan soluciones. El gobernador Gallardo y el alcalde Galindo, presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, estoy seguro podrán encontrar la llave para cerrar la fuga y abrir el ducto de un mejor servicio que todos merecemos.

Por cierto, ¿quién cobra el agua a la Zona Industrial? ¿CEA o Interapas? ¿No es como hacerse competencia entre iguales? Yo nada más pregunto, pero mejor hasta aquí la dejo, Culto Público, no vaya a ser que se vaya a fracturar algo (y no sea precisamente un tubo).

BEMOLES

NO TEMAN, HOMBRES DE POCA FE.

Hay quien prende las alarmas y llama a los bomberos junto a toda la Cohorte Celestial por dos cartulinas presuntamente colocadas por el crimen organizado. ¿Ahora ya son voceros de ellos? ¿Ya hay que replicar los mensajes de los maleantes (si es que en realidad fueran los autores de las cartulinas)? Hay quien con cifras sobre la delincuencia común acusa y anuncia, desde el púlpito de la pureza, el peligro de un potencial “Narco-Estado” (¿?). Hay quienes quieren difundir miedo perfumándose como valientes dueños de la verdad…Bueno, pues precisamente por ello, para aliviar la angustia que dicen sufrir, y para revertir lo que efectivamente estuvo podrido y mal hecho en el pasado (cuando curiosamente no lo denunciaron con tanto ahínco) es que se presentó la iniciativa de la Guardia Civil, justamente por eso. No teman Fariseos, sus clamores han sido escuchados y la estrategia de la Guardia Nacional se hará realidad muy pronto en el Estado. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. #Olvidadizos

ÁRBOL NAVIDEÑO DE 3 MILLONES

Es indignante, vergonzoso, absurdo y penoso que el gobierno del estado haya gastado solo 3 millones de pesos en el árbol navideño. Para este año, es decir, el próximo diciembre, deberían gastar 6 millones o poner dos árboles. El dinero puede salir holgadamente con lo que le dejaron de pagar a dos medios de comunicación, de esos consentidos del pasado y que son los mismos que lloran y se lamentan porque fueron ajustados a su realidad en el presente. #YMásAlto

¿Y JOSEFINA SALAZAR?

Ayer el PAN dio a conocer a los miembros de la que será la nueva Comisión Permanente Estatal, su máximo órgano del partido que fue electo y conformado por un grupo muy interesante de hombres y mujeres. Todo bien bonito pero llamó la atención la ausencia en la integración de dicho órgano de una mujer: Josefina Salazar. ¿Será cierto que ya también oye el canto de las sirenas de Movimiento Ciudadano? #SabeTú

Hasta la próxima.

Atentamente,

Jorge Saldaña, el que estrena piedra de la gratitud.

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Gallardo fortalece seguridad, movilidad y apoyo en Valles

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El gobernador realizó la mesa regional de seguridad, entregó apoyos a ganaderos, escrituras a familias y tarjetas de transporte gratuito a jóvenes

Por: Redacción

En una intensa gira de trabajo por Ciudad Valles, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, revisó la estrategia integral de seguridad con alcaldesas y alcaldes de la Huasteca, además de entregar apoyos a productores agropecuarios por 20 millones de pesos, escrituras a 140 familias y más de mil tarjetas de transporte gratuito para la juventud, fortaleciendo la economía familiar, el desarrollo regional y una movilidad sin límites.

Durante la Mesa de Seguridad el Jefe de Gobierno Estatal dio seguimiento a las estrategias que se implementan, exhortó a los alcaldes de El Naranjo, Tamasopo y Ciudad Valles a dignificar los salarios de las y los policías municipales, y anunció un operativo especial junto con la Fiscalía Gen eral del Estado para prevenir el delito de extorsión.

Posteriormente en un evento con familias y productores, el gobernador Ricardo Gallardo entregó tractores, equipos e implementos agropecuarios con inversión de 20 millones de pesos para diversos municipios de la huasteca, además de escrituras a 140 familias vallenses que por más de 20 años habían solicitado regularizarse de las colonias: Hermosa Provincia, Montecillos, Luis Donaldo Colosio, Balcones, Troncones, La Corriente y Cañitas, con el programa “Tu Casa, Tu Apoyo”.

En una gran fiesta con cientos de jóvenes de la región que agradecieron por los apoyos que antes la herencia maldita les negaba, Ricardo Gallardo entregó mil tarjetas del programa “Mi Pase”, que otorga 40 viajes gratuitos al mes a alumnas y alumnos de nivel medio superior y superior, eliminando barreras económicas, que representa un importante apoyo a la economía familiar y que se suma al Sistema de transporte gratuito y eléctrico MetroRed que ya funciona con dos líneas en Valles.

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#4 Tiempos

¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva

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CORREDOR HUMANITARIO

 

Imaginemos que dentro de unos años, alguien desde el poder diga: “En San Luis Potosí ya ni se practican abortos, ¿para qué mantenerlo legal?” Esa frase, tan simplona como peligrosa, podría ser suficiente para justificar que se dé marcha atrás a un derecho conquistado a pulso. Y lo más grave es que, si revisamos los datos oficiales, el argumento ya estaría servido.

Porque según los Servicios de Salud del Estado, desde que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, 132 mujeres han interrumpido su embarazo en San Luis Potosí. Pero —y aquí está la trampa— ninguna lo hizo por decisión propia. De acuerdo con las cifras, las 132 interrupciones fueron por motivos médicos. Cero voluntarias. Cero por libre elección.

Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Que en todo un estado, con más de dos millones de mujeres, ni una sola decidió interrumpir su embarazo de forma voluntaria? ¿O que los hospitales y las instituciones están borrando esos datos, diluyéndolos entre diagnósticos clínicos para esconder una realidad incómoda?

Hace un año, San Luis Potosí celebraba lo que parecía un triunfo de la razón sobre el prejuicio: la despenalización del aborto. Hoy, ese avance empieza a parecerse a una mentira institucional. Porque si las cifras se maquillan, si la objeción de conciencia se convierte en excusa y si las mujeres siguen siendo rechazadas en hospitales, entonces el derecho a decidir se está convirtiendo en una simulación.

De los 107 puestos médicos en hospitales habilitados para practicar la ILE, uno de cada tres profesionales es objetor de conciencia. En Ciudad Valles, por ejemplo, 10 de 17 médicos y enfermeros se niegan a realizar el procedimiento. ¿Y qué pasa con las mujeres que viven en la Huasteca o en el Altiplano, donde no hay alternativas cercanas? ¿Qué pasa si una mujer llega al hospital de Valles, con doce semanas cumplidas, y le dicen que nadie puede atenderla porque todos son objetores

? Lo que pasa es que su derecho desaparece.

La colectiva ILE San Luis Potosí ha documentado estos casos, las negativas, la opacidad y la simulación. Han sido ellas —y muchas otras colectivas— quienes han tenido que acompañar a mujeres que, en teoría, ya no deberían estar suplicando por un derecho reconocido por la ley.

Y entonces hay que decirlo con claridad: un derecho que no se garantiza, es un derecho abolido en silencio. La resistencia institucional existe, y es tan sutil como efectiva: se disfraza de papeleo, de moral médica, de estadísticas convenientes. Pero su consecuencia es brutal: mujeres obligadas a continuar embarazos que no desean, porque el Estado decide mirar hacia otro lado.

San Luis Potosí tiene una ley que reconoce el derecho a decidir, pero no una estructura que lo haga realidad. Y si las autoridades siguen escondiendo las decisiones de las mujeres tras diagnósticos médicos, no solo están borrando datos: están borrando voces.

A un año de la despenalización, el aborto en San Luis Potosí sigue siendo un privilegio y no una garantía. Y si no se exige transparencia y acceso real, pronto podrían decirnos —con una sonrisa burocrática— que aquí ya nadie aborta. Y entonces, el silencio sería la excusa perfecta para volver atrás.

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Crece la población en penales de SLP, pero sin audiencias ni sentencias

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El Poder Judicial reconoció que muchos internos en SLP no han tenido audiencia; se buscará acelerar procesos mediante juicios abreviados

Por: Redacción

Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Poder Judicial del Estado, reconoció que aunque los centros penitenciarios de San Luis Potosí registran un aumento constante en su población, gran parte de las personas privadas de la libertad aún no han tenido audiencia ni sentencia, debido a la saturación del sistema judicial.

Durante una entrevista, Zarazúa explicó que el incremento de internos no refleja necesariamente un avance en la impartición de justicia, si no el inicio de procedimientos que podrían tardar meses o incluso años en resolverse.

“Si la Fiscalía lo toma como un logro, significa que apenas se aprendiera; estamos apenas al inicio del procedimiento”, señaló.

La magistrada reconoció que los juzgados enfrentan una sobrecarga de audiencias orales, lo que ha generado retrasos significativos.

“Estamos saturados en cuanto a audiencias. Tenemos que buscar soluciones para que se lleven de manera más ágil y no se pospongan por cuestiones propias del juzgado”, afirmó.

El rezago judicial no solo ralentiza los procesos, sino que agrava la situación en los penales, donde crece el número de personas que permanecen en prisión preventiva sin que su caso avance. Este fenómeno contrasta con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insta a los países a reducir el número de reclusos sin sentencia.

Ante esta situación, la presidenta del Poder Judicial anunció que se busca impulsar procedimientos abreviados y mejorar la calendarización de audiencias para desahogar los casos más antiguos.

“Habrá que hacerlo en todos aquellos que se puedan abreviar, siempre atendiendo la naturaleza del delito y las condiciones del proceso”, puntualizó.

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Opinión

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