Congreso del Estado
El pago de utilidades es ineludible para las empresas: dip. Mauricio Ramírez Konishi
Deben realizar el pago de esta prestación a las trabajadoras y los trabajadores para evitar que sean sujetos a multas
Por: Redacción
Las autoridades laborales deben estar alertas para atender a las y los trabajadores que no recibieron el pago de sus utilidades como lo marca la ley, señaló el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la fecha en la que se deben de pagar las utilidades vence el 30 de mayo para las empresas, por lo tanto, los trabajadores deben estar alertas para detectar si las empresas reportaron utilidades en el ejercicio fiscal y, así poder reclamar el pago.
El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi advirtió que, si las empresas reportaron utilidades en el año fiscal, tienen que cumplir con el pago correspondiente a los trabajadores; advirtió que de no hacerlo, serán sujetas a sanciones.
Por lo tanto, las y los trabajadores que no recibieron utilidades a pesar de que las empresas las reportaron en el año fiscal, deben presentar las denuncias ante las autoridades competentes para estas puedan actuar y garantizar que las empresas cumplan con la ley .
El legislador, hizo hincapié en que las y los trabajadores esperan esta prestación durante todo el año para cumplir con compromisos familiares, pagar colegiaturas o para prepararse para el siguiente inicio de periodo escolar.
Manifestó que, se vivieron años difíciles debido a la pandemia por el COVID 19, sin embargo, muchas empresas han iniciado su recuperación durante el último año, por lo que consideró no hay pretexto para que no se cumpla con el reparto de utilidades.
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Congreso del Estado
GPPAN presentó iniciativa a la Ley Electoral
La propuesta del diputado Rubén Guajardo se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado así como a la Ley Electoral del Estado, que fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, informó el coordinador diputado Rubén Guajardo Barrera.
La propuesta establece que los aspirantes deberán presentar constancia relativa a los antecedentes penales expedida por la autoridad penitenciaria competente en la que se haga constar que no cuenta con sentencia condenatoria firme por la comisión de algún delito doloso, en términos de lo previsto por los incisos b) y c) de la fracción IV del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En caso de que se opte por un gobierno de coalición, ratificar por mayoría simple el programa y el convenio de dicho gobierno; en cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y por el programa aplicable, que deberán ser aprobados por mayoría simple del Congreso. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.
Se realizará la primera verificación de lo relativo a la paridad de género vertical y horizontal, en las solicitudes de registro de la totalidad de fórmulas de diputaciones de mayoría relativa; en las del registro de la totalidad de planillas de mayoría relativa y listas de regidurías de representación proporcional; y en las solicitudes de registro de listas de diputaciones de representación proporcional que presenten los partidos políticos.
Asimismo, certificará la afiliación efectiva de cada una de las candidatas y los candidatos vigente al momento del registro de la candidatura.
El diputado Guajardo Barrera señaló que otra propuesta radica en que tratándose de candidaturas de personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, con independencia del género al que se auto perciban, las mismas se computarán dentro del porcentaje reservado al género diverso y en ningún caso al porcentaje reservado para mujeres.
Así también, a efecto de garantizar la paridad horizontal, los partidos políticos deberán postular planillas encabezadas en un cincuenta por ciento por mujeres y el restante cincuenta por ciento por candidaturas de género diverso. En caso que del total de quienes encabezan las postulaciones, resulte un número impar, se deberá privilegiar al género femenino. El Consejo emitirá los lineamientos correspondientes para el establecimiento de las condiciones mínimas exigibles para el cumplimiento del principio de paridad.
Tratándose de candidaturas de personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, con independencia del género al que se auto perciban, las mismas se computaran dentro del porcentaje reservado al género diverso y en ningún caso al porcentaje reservado para mujer.
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Congreso del Estado
Integrantes de la comisión de movilidad, comunicaciones y transportes se reunieron con un grupo de taxistas
El poder legislativo mantiene las puertas abiertas con todos los sectores para escuchar sus planteamientos: Dip. Jacquelinn Jáuregui Mendoza
Por: Redacción
La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado sostuvo una reunión con representantes de una agrupación del gremio de taxistas, a fin de escuchar sus inquietudes y posicionamientos sobre las condiciones en que trabaja este sector, informó la presidenta diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza.
Señaló que el Congreso del Estrado abre las puertas y tiende los puentes a todos los sectores y esta vez no fue la excepción, por lo que escucharon a Luis Alberto Colorado Saavedra, Joel Ochoa Portillo y José Miguel Ceja Montaño.
La diputada señaló que los trabajadores aclararon su participación en diferentes manifestaciones y expusieron señalamientos falsos que se han hecho en su contra.
El diputado Luis Emilio Rosas dijo que los taxistas pidieron que se les apliquen cursos integrales, que las sanciones en su contra dejen de ser injustas y que haya piso parejo para todo el gremio
en términos de otorgamiento de gafetes, revista y revisión de que todos se encuentren funcionando en orden, empezando por las placas vigentes.Otro de los temas expuestos es el relacionado al funcionamiento y registro del servicio a través de plataformas, cobros justos y un diálogo directo con las autoridades de Comunicaciones y Transportes, ya que hay muchos temas que se deben tratar cotidianamente para evitar confusiones y malos entendidos.
La diputada Jáuregui Mendoza expuso que se elaboró una lista de todas sus peticiones e inquietudes, que serán tratadas con la titular de la SCT para dar una respuesta puntual a los taxistas inconformes, quienes por su parte reconocieron la apertura al diálogo por parte de los representantes populares.
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Congreso del Estado
Congreso propone reforma para reparación de daño en delitos vs intimidad sexual
Se establece una pena de 3 a 6 años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida de actualización
Por: Redacción
Con el fin de declarar la reparación integral en delitos contra la intimidad sexual, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 187.
La legisladora explicó que actualmente el artículo 187 del Código Penal del Estado, tipifica la difusión ilícita de imágenes íntimas, para quien, transmita, publique, o difunda imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual, que pueden o no contener texto, obtenidas con o sin el consentimiento de la víctima, sin autorización para su difusión.
Se establece una pena de tres a seis años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida de actualización. Con la iniciativa propuesta, se busca la reparación del daño, el cual comprenderá, además de lo previsto en las reglas generales, una indemnización compensatoria que tome en cuenta la persistencia del contenido en la red.
En su exposición de motivos, Sánchez de Lira menciona que esta iniciativa responde a la extensión del daño moral dentro de la esfera íntima de la víctima, reconociendo no solo su afectación en el ‘dolor emocional’, sino también el daño al proyecto de vida y la naturaleza técnica del delito.
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