Congreso del Estado
El pago de utilidades es ineludible para las empresas: dip. Mauricio Ramírez Konishi
Deben realizar el pago de esta prestación a las trabajadoras y los trabajadores para evitar que sean sujetos a multas
Por: Redacción
Las autoridades laborales deben estar alertas para atender a las y los trabajadores que no recibieron el pago de sus utilidades como lo marca la ley, señaló el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la fecha en la que se deben de pagar las utilidades vence el 30 de mayo para las empresas, por lo tanto, los trabajadores deben estar alertas para detectar si las empresas reportaron utilidades en el ejercicio fiscal y, así poder reclamar el pago.
El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi advirtió que, si las empresas reportaron utilidades en el año fiscal, tienen que cumplir con el pago correspondiente a los trabajadores; advirtió que de no hacerlo, serán sujetas a sanciones.
Por lo tanto, las y los trabajadores que no recibieron utilidades a pesar de que las empresas las reportaron en el año fiscal, deben presentar las denuncias ante las autoridades competentes para estas puedan actuar y garantizar que las empresas cumplan con la ley .
El legislador, hizo hincapié en que las y los trabajadores esperan esta prestación durante todo el año para cumplir con compromisos familiares, pagar colegiaturas o para prepararse para el siguiente inicio de periodo escolar.
Manifestó que, se vivieron años difíciles debido a la pandemia por el COVID 19, sin embargo, muchas empresas han iniciado su recuperación durante el último año, por lo que consideró no hay pretexto para que no se cumpla con el reparto de utilidades.
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Congreso del Estado
Congreso busca reforma al Código Familiar para proteger a personas vulnerables
La reforma garantiza el derecho a reclamar alimentos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad y cuatro años más
Por: Redacción
Los diputados integrantes de las comisiones unidas de Primera y Segunda de Justicia del Congreso del Estado, la iniciativa que propone reformar el artículo 164 del Código Familiar del Estado, sobre el derecho imprescriptible a recibir alimentos desde el nacimiento hasta los 18 años y cuatro años más, cuando la persona se encuentre estudiando o en condiciones de vulnerabilidad.
La presidenta de la comisión Primera de Justicia diputada Leticia Vázquez Hernández, informó que en esta reforma al Código Familiar, se garantiza el derecho a reclamar alimentos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad y cuatro años más, cuando la persona se encuentre estudiando o sea decretada incapaz de mantenerse a sí misma, el derecho no prescribirá durante esa temporalidad.
Por su parte, la diputada Jessica Gabriela López Torres presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, afirmó que si se condicionara la posibilidad de reclamar alimentos retroactivos a que él o la acreedora alimentaria fuera menor de edad, impidiendo que dicho reclamo pueda ser hecho por hijos e hijas que alcanzaron la mayoría de edad, entonces se estaría vulnerando el principio de igualdad y no discriminación.
Congreso del Estado
Aprueban reformas a la Ley de Salud del Estado
Se aprobaron modificaciones a diversos artículos de la Ley de Salud del Estado, con el objetivo de incorporar el eje transversal de la perspectiva de género e interculturalidad
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la comisión legislativa, indicó que estas modificaciones se encuentran en armonía con las recientes reformas a nivel federal en la materia.
Se garantiza el acceso efectivo de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, libres de discriminación y violencia obstétrica, asegurando información veraz, autonomía en la toma de decisiones, y atención respetuosa durante el embarazo, parto y puerperio.
“Son 17 partes que la Presidenta de la República incluye en este anexo y a nosotros nos correspondió lo que la diputada Mireya Vancini solicita en su iniciativa para seguir dándole oportunidad a las mujeres a que ejerzan su derecho a la sexualidad y al esquema de reproducción; aprobamos una armonización acorde a lo hecho en el Congreso Federal
”.Agregó que esta armonización alinea las disposiciones relativas a la promoción de la salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo adolescente y el fortalecimiento de la atención en salud mental, como objetivos del Sistema Nacional de Salud
.Además, se ajusta al principio de progresividad de los derechos humanos, se amplía y robustece el contenido del derecho a la protección de la salud, sin restringir derechos previamente reconocidos. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.
En la reunión también se rechazó, por improcedente, una iniciativa ciudadana que planteaba el reconocimiento de la maternidad subrogada, ya que no existe legislación federal previa en la materia; además de una iniciativa para la disposición de basura de papel en centros hospitalarios, situación que ya es regulada en la legislación estatal.
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Congreso del Estado
Congreso endurece castigos por narcomantas y sumisión química
Diputados aprobaron reformas al Código Penal para sancionar mensajes intimidatorios, perseguir de oficio abandono de menores y agravar delitos sexuales cometidos con drogas
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una batería de reformas al Código Penal y otras leyes estatales con las que se endurecen sanciones contra los llamados mensajes intimidatorios, se castiga con mayor severidad la sumisión química en delitos sexuales y robos, y se perseguirá de oficio el abandono de menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
Durante la sesión ordinaria, las y los legisladores avalaron la creación del capítulo denominado Mensajes Intimidatorios, dirigido a sancionar la elaboración, colocación, difusión o exhibición pública de amenazas directas que generen temor colectivo o alteren el orden público.
Con esta modificación, quien coloque o difunda este tipo de mensajes podrá recibir de dos a cinco años de prisión, además de multas de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La reforma apunta directamente a prácticas asociadas con la delincuencia organizada, como mantas, cartulinas o mensajes utilizados para sembrar miedo o presionar a autoridades.
Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando los mensajes sean acompañados de cadáveres, restos humanos u objetos destinados a intensificar el efecto intimidatorio.
También se agravará cuando estén dirigidos a personal de seguridad, procuración o impartición de justicia, sus familias, o sean colocados cerca de escuelas, hospitales, templos o instalaciones públicas estratégicas.
Además, se sancionará con mayor rigor si participa un servidor público, exfuncionario del área de seguridad o si se utiliza a me nores de edad
para cometer el delito.El Congreso precisó que la norma no aplicará
contra actividades periodísticas, investigaciones académicas, protestas sociales, críticas públicas o expresiones protegidas por la libertad de expresión.Otra de las reformas aprobadas incorpora la llamada sumisión química como agravante en delitos como administrar sustancias para anular la voluntad de la víctima y facilitar el delito, una práctica que ha generado alarma en distintas partes del país.
Las diputadas y diputados también aprobaron que el delito de abandono será perseguido de oficio.
Con ello, las autoridades podrán iniciar investigaciones sin necesidad de querella.
Otra modificación relevante establece la imprescriptibilidad de diversos delitos sexuales cometidos contra menores de edad o personas incapaces de resistir o comprender el hecho. Entre ellos se incluyen corrupción de menores, reclutamiento para actividades delictivas, cohabitación forzada, delitos contra la identidad de género, libertad reproductiva y difusión ilícita de imágenes.
En la misma sesión se declaró el 26 de agosto como Día del Huapango Potosino, además de avalarse la minuta federal de reforma constitucional en materia de feminicidios.
Con estas reformas, el Congreso local busca actualizar el marco legal frente a nuevas formas de violencia, amenazas criminales y delitos contra sectores vulnerables.
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