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El narco sigue azotando a San Luis; al menos 15 ejecuciones ocurrieron en enero
En los primeros 2 meses de 2020 habrían ocurrido 33 ejecuciones en San Luis Potosí
Por: El Saxofón
Al menos el 33 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en enero de este 2020, fueron ejecuciones del crimen organizado.
En el primer mes del año, la Fiscalía General del Estado abrió 39 carpetas de investigación por homicidio doloso, un delito que cobró 45 víctimas según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las cuales, al menos 15, murieron a manos de sicarios de la delincuencia organizada.
De acuerdo con un recuento periodístico, el primer caso de ejecución registrado en el año, ocurrió el 9 de enero en la colonia Bellas Lomas, de la capital potosina, donde un hombre fue baleado cuando se encontraba afuera de su domicilio en la calle Monte Alto. Hasta el lugar llegaron hombres desconocidos quienes abrieron fuego en su contra.
Dos días después, el 11 de enero, un ataque armado en la colonia San Leonel, dejó dos víctimas mortales y dos lesionados. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, en la calle Caldera, donde sujetos a bordo de un vehículo dispararon contra las víctimas que se encontraban en la vía pública. Los occisos eran jóvenes de 22 años de edad; uno murió en el lugar, y otro en el hospital.
La noche del 12 de enero un hombre fue atacado a balazos por varios sujetos en la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Francisco Sarabia, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El cadáver quedó al interior de un vehículo Nissan Tsuru. La víctima fue identificada como Daniel, de 23 años de edad, y de acuerdo con los reportes, los atacantes se desplazaban en una camioneta gris.
La mañana del 14 de enero, un hombre fue asesinado en la colonia Bosques de San Francisco, también en Soledad de Graciano Sánchez. La víctima resultó ser un expolicía pensionado que días antes se había manifestado en el Edificio de Seguridad.
De acuerdo con los reportes, el exoficial identificado como Juan Martín «N» se encontraba cerca de su domicilio al momento de los hechos, y trascendió que un auto comenzó a seguirlo momentos antes de llegar a su casa. Una vez que le dieron alcance, los agresores abrieron fuego contra el ex agente policiaco.
La mañana del 21 de enero fue reportado al 911 el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, en un predio aledaño a la carretera federal número 69 en la colonia María Asunción, en Rioverde.
La víctima, de 53 años de edad, falleció a causa de heridas de arma blanca. El cuerpo estaba atado de manos y a su costado una cartulina con un mensaje de un grupo delictivo.
El sábado 25 de enero por la mañana, un hombre fue ultimado en la colonia Villas del Morro, en la calle Ignacio Martínez, casi esquina con avenida Libertad. Se trató de un joven de 28 años, quien estaba en su casa y fue sacado a golpes por varias personas desconocidas. Luego fue apuñalado en la cara y el cuello, heridas que le provocaron la muerte.
La mañana del domingo 26 de enero fue localizado el cuerpo sin vida de un individuo en la calle Constitución de 1857 de la colonia Rivas Guillén 
La noche de ese mismo día, dos hombres fueron ejecutados en el exterior de un depósito de cerveza en Villa de Reyes, a un costado de la plaza principal. Los occisos se encontraban a bordo de un vehículo afuera del mencionado lugar, y hasta ahí llegaron varios hombres que portaban armas de grueso calibre con las cuales abrieron fuego. Las víctimas recibieron varios impactos, los cuales les causaron una muerte casi instantánea.
La mañana del martes 28 de enero, fue encontrada una persona sin vida en un predio de la comunidad de Tierra Blanca, entre el Anillo Periférico y calle Cerro de la Campana, cerca del Parque Tangamanga I. La víctima era una mujer, cuyo cuerpo sin vida fue envuelto por el o los victimarios en una bolsa de dormir de campamento color rojo. Presentaba dos impactos de proyectil de arma de fuego en cabeza.
El miércoles 29 se encontraron tres cuerpos sin vida en un terreno baldío de la parte trasera de la colonia Villa Magna, al poniente de la ciudad de San Luis Potosí.
La Fiscalía General del Estado (FGESLP) informó que el reporte sobre el hallazgo de los cadáveres se recibió a las 8 de la mañana en los sistemas de emergencia, por lo cual, agentes de la Policía de Investigación se trasladaron al lugar para comenzar con las indagatorias.
El área de Servicios Periciales encontró una cartulina con un mensaje. Los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legista para la necropsia de ley y determinar las causas reales de los decesos.
Con base en este recuento, según la información publicada en diversos medios de comunicación, a lo largo del primer mes del año se registraron 15 asesinatos probablemente ligados al crimen organizado, dadas las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.
Cabe mencionar que en febrero, según fuentes periodísticas preliminares, se presentaron al menos 18 homicidios dolosos con características de ejecución.
El uso sistemático del homicidio por parte de células del crimen organizado es un factor que detona el recrudecimiento de la violencia en la entidad, pese a ello, las autoridades locales, minimizan la situación al argumentar que la mayoría de los homicidios se producen por el consumo excesivo de alcohol y en riñas; sin embargo, no se puede negar que la actividad de los sicarios, asesinos a sueldo de la delincuencia, no deja de cobrar víctimas y de aumentar las cifras de la violencia.
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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