junio 25, 2025

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El juicio contra Alejandro Fernández Montiel fue anulado

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El Supremo Tribunal de Justicia invalidó la sentencia contra el ex trabajador del DIF acusado de abuso sexual

Por: Redacción

La Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) declaró nulo el juicio oral contra Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el periodo de Juan Manuel Carreras López, quien fuera declarado culpable por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad, y sentenciado a 12 años y tres meses en prisión, así como al pago de una sanción pecuniaria de 76 mil 041 pesos.

La instancia argumentó que se excedieron los días máximos permitidos para suspender la audiencia, pues el periodo en que se suspendió el juicio consistió en parte de las vacaciones del Poder Judicial del Estado. Por esa razón, se ordenó reiniciar el juicio y establecer un nuevo Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado.

El documento detalló que el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado (compuesto por los jueces Javier Pérez Contreras, Francisco Pablo Alvarado Silva y Carlos Alberto Ávalos Hernández) suspendió la audiencia desde el 15 de julio hasta el 10 de agosto de 2022, un total de 26 días naturales. Dicho periodo formó parte del periodo vacacional que tomó el Poder Judicial del Estado.

La apelación presentada a la magistrada María América Onofre Díaz, fue interpuesta por el abogado defensor de Fernández Montiel, el agente fiscal, el asesor jurídico y el representante en suplencia de la víctima. Ahí se señaló que “… los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que emitió la sentencia materia del recurso de apelación que nos ocupa, indebidamente gozaron de un periodo vacacional cuando estaba en trámite la audiencia de debate y juicio oral de la causa penal de origen

”.

El argumento de la Segunda Sala se basó en un oficio emitido por Olga Regina García López, entonces presidenta del STJE, en el que establece los periodos vacacionales para el Poder Judicial, y explicó que “Podrán los Jueces, Juezas y Servidores Judiciales adscritos a los Juzgados del Ramo Penal de esta Ciudad (…) Jueces y Juezas de Control y Tribunal de Juicio Oral (…) hacer uso de sus periodos vacacionales en forma escalonada: lo anterior a criterio del titular del juzgado o área y a condición de que la función jurisdiccional no se vea interrumpida”.

El documento indicó que se infringieron los principios de continuidad y concentración, así como el principio de inmediación, pues argumentó que el tiempo transcurrido entre cada audiencia afecta la percepción de los jueces sobre las pruebas y puede causar que esta “se pueda ir desvaneciendo con el paso natural del tiempo, lo que definitivamente influye en la decisión que se tomó al momento de dictar fallo”.

El mismo día del fallo (2 de febrero), la resolución fue recibida en el Tribunal Colegiado de Juicio Oral constituido en la Primera Región Judicial a las 13:19 horas, “para los fines legales que correspondan”.

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Amplían suspensión de clases en la Huasteca y Zona Media por lluvias

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Indicaron que el objetivo es seguir protegiendo a la comunidad educativa, por lo que la medida se aplicará este miércoles y jueves

Por: Redacción

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informa que la medida de prevención de suspender clases en educación básica en las regiones Media y Huasteca para proteger a la comunidad educativa se amplía el miércoles 25 y jueves 26 de junio.

La dependencia detalló que el regreso se programa para el viernes 27 de junio, sin embargo, se abre la posibilidad de seguir aplicando la medida

pues se pronostica que continúen las lluvias de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Cabe mencionar que las escuelas están funcionando como albergues en los distintos municipios afectados por lo que es necesario mantenerse al tanto de las indicaciones que emitan las autoridades estatales y municipales por medio de sus canales oficiales.

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#NuevoPleito | SCT no sabe sobre obra en El Saucito

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Araceli Martínez advirtió que esta obra obligaría a modificar la ruta de la MetroRed y ello requiere planificación técnica especial

Por: Redacción

La obra del paso deprimido que se construirá sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena (frente a la iglesia de El Saucito) al norte de la capital potosina, podría obligar a una modificación importante en la ruta de la MetroRed, advirtió Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.

La funcionaria declaró que hasta el momento la dependencia no ha recibido notificación oficial sobre el inicio de la obra, ni detalles de su duración o afectaciones viales, pese a que el proyecto contempla intervenir la avenida antes mencionada, una de las rutas centrales del sistema de transporte articulado.

“Por esa razón es muy importante, siempre, la coordinación con todos los niveles de gobierno, para no afectar la operación del sistema de transporte, que de alguna manera implica complicaciones a la ciudadanía”, expresó Martínez Acosta.

La titular de SCT adelantó que si la obra interfiere con el trazo actual de la MetroRed, será necesario desarrollar un plan de contingencia

. Sin embargo, señaló que no cualquier calle puede ser utilizada por los autobuses, debido a sus dimensiones y necesidades técnicas: “Estas unidades son de 12 metros, no pueden circular por todas las calles y la ruta establecida es justamente donde se puede acceder con las unidades”.

El 16 de junio, el alcalde Enrique Galindo anunció que el proyecto del paso deprimido ya cuenta con aprobación vecinal y que será licitado y ejecutado este mismo año, con una inversión que podría superar los 500 millones de pesos. El edil aseguró que la versión actual del proyecto respeta la ruta procesional y mejora la imagen urbana del entorno, sin embargo, que aún no ha dado fechas para el posible arranque de obras.

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Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal

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Con la promesa de empleos, denuncian fraude s en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí

La cabeza de la operación apunta a una mujer que se nombra “gobernadora indígena de San Luis Potosí”

 

Por: Carlos Hernández

A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país. Nada fue cierto. 

Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas (solo en el estado) con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.

La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”.

Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada “gobernadora indígena” del estado de San Luis Potosí, y señalada como la principal operadora del esquema.


Mariano Ávila #224

Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos

Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”

En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.


Supuesto manual de operaciones


Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos

Los reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.

Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.

Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.


Formato de afiliación del supuesto sindicato

A pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 70 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.

Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.

Checa el documento dando click AQUÍ.

Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida. Se la creyeron.

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