SIGAMOS DERECHO.

Desde el mes pasado, la Fiscalía General de la República ha solicitado ya en dos ocasiones a un juez federal que libre órdenes de aprehensión a 31 académicas y académicos del país, denunciados por peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de delincuencia organizada. En ambas ocasiones, los jueces federales han rechazado la solicitud de la Fiscalía, argumentando con sobrada razón, por un lado, que no existen elementos suficientes en el acervo probatorio y, por otro, que sencillamente no hay delito. Sin embargo, la Fiscalía ha anunciado sus intenciones de intentar por tercera vez conseguir que se giren dichas órdenes de aprehensión para que las y los académicos acusados lleven su proceso desde prisión.

Sin anticiparnos a la eventual decisión del juez al que se le presente el caso, considero que es importante reflexionar qué hay detrás de un procedimiento así y por qué es tan preocupante. Antes de ello, hay que reconocer que, naturalmente, es válido cuestionar e investigar cómo se han estado operando y gastando los recursos públicos, sin importar que se trate de la comunidad científica o no. Sin embargo, es necesario precisar que esa no es la historia que nos está contando el Gobierno Federal y la Fiscalía. El verdadero relato del oficialismo ubica a la comunidad científica como una suerte de enemigo a vencer. Las acusaciones que ahora impulsa con tanta urgencia la Fiscalía son solo un capítulo más; uno más incisivo y desproporcionado que los anteriores.

Desde el inicio de la gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del CONACYT, la comunidad científica ha sido objeto de recortes desproporcionados a su presupuesto, descalificaciones, desmantelación de sus estructuras y, ahora, de persecuciones penales.

Justo durante los primeros meses del inicio de la pandemia, el presidente de la República decretó recortar en un 75% el presupuesto operativo de toda la administración pública federal durante 2020, lo cual, evidentemente impactó con mayor fuerza a las dependencias de cultura, arte, ciencia y tecnología y sus ya limitados recursos. Por fortuna, luego de algunas semanas de presión, los Centros Públicos de Investigación quedaron exentos de este recorte al presupuesto. Sin embargo, meses después llegó uno de los principales embates dirigidos a la comunidad científica. Se trata, sin duda, de la extinción de más de 60 fideicomisos operados por el CONACYT y de otros 26 operados por Centros Públicos de Investigación. El Poder Legislativo simuló con el parlamento abierto y, de un plumazo, acabaron con un instrumento —si bien perfectible— bastante eficiente para la operación de los recursos. Así, el Gobierno Federal minó la autonomía de los Centros Públicos de Investigación, al eliminar el instrumento jurídico que les permitía llevar a cabo proyectos multianuales sin estar sujetas sus operaciones únicamente al presupuesto que reciben año con año.

Posteriormente, sin consultar ni tomar en cuenta a la comunidad científica, el CONACYT aprobó el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, en donde excluyeron a más de 1,600 investigadores de instituciones privadas de recibir apoyos y estímulos económicos. De la misma manera, las convocatorias y becas para proyectos de investigación y posgrados en el extranjero se redujeron dramáticamente. También, en sem anas recientes, el CONACYT anunció requisitos injustificados para las Cátedras CONACYT, lo cual podría dejar sin empleo a cientos de investigadoras e investigadores.

En la cancha del Poder Judicial, la ministra Yasmín Esquivel solicitó al Pleno de la Suprema Corte la sustitución de un criterio jurisprudencial que busca modificar el régimen laboral al que están incorporados, entre otros, los investigadores y académicos de los centros públicos de investigación.

Este cambio de régimen laboral los haría transitar al apartado B del artículo 123 constitucional, lo cual significaría convertirles en empleados de confianza y hacerles dependientes directos del Poder Ejecutivo Federal. Lo problemático es lo siguiente: ¿qué sucede con la investigación y la academia cuando le es incómoda a tu patrón (el presidente de la República)? A los empleados de confianza, la ley permite, entre otras cosas, despedirles sin mayor justificación (mas que la pérdida de confianza) y sin derecho a solicitar una reubicación. El efecto inhibitorio a la libertad de expresión de la academia, en ese supuesto, es evidente. Sobre este particular, recomiendo leer https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/el-regimen-laboral-mexicano-de-vuelta-a-1974/.

Ahora, con las acusaciones penales formuladas por la Fiscalía a 31 académicos y académicas, el oficialismo reitera una vez más el carácter de enemigo que se le ha asignado a la ciencia y a la investigación mexicana. Si todo lo anterior no lo había demostrado, la acusación de delincuencia organizada ha venido a poner la cereza en el pastel. Ser acusado de delincuencia organizada abre la posibilidad de que se intervengan las comunicaciones privadas; de que se decomisen y vendan tus bienes aun sin que haya sentencia; de que te retengan por cuatro días en el Ministerio Público; de que detengan en arraigo por hasta 80 días; o de que te encarcelen en prisión preventiva oficiosa durante todo el procedimiento. Este régimen penal fue utilizado con holgura durante el sexenio de Calderón en contra de las personas acusadas de narcotráfico, e históricamente se ha utilizado por las Procuradurías y Fiscalías en contra de quien el gobierno considera como enemigo público en ese momento en particular.

Estas recientes acciones de la Fiscalía sin duda le correrán un costo político muy elevado tanto al fiscal Gertz Manero, como a la directora del CONACYT, Álvarez-Buylla. Sin embargo, el relato que el oficialismo nos ha querido contar sobre la comunidad científica avanza con los excesivos recortes, estigmatizaciones, despidos y ahora con persecuciones penales. Será, entonces, tarea de los tribunales federales estar a la altura que necesita nuestro Estado constitucional para leer y entender esta historia de persecución y hostigamiento a un gremio que el gobierno ha demostrado considerar como incómodo y opuesto a la narrativa oficial.

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