#4 Tiempos
El desprecio a la Suprema Corte | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
Finalmente, el pasado 14 de junio Arturo Zaldívar emitió un pronunciamiento sobre la suerte que tendrá el artículo transitorio décimo tercero de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) que prevé ampliar por dos años su mandato como presidente del Consejo de la Judicatura, así como el del resto de las y los consejeros actuales. Es decir, se trata de un vil intento —pobremente justificado— de López Obrador de tomar por asalto al Consejo de la Judicatura y a la Presidencia de la Suprema Corte y minar su autonomía de gestión, con lo que podrían, por ejemplo, iniciar procedimientos sancionatorios en contra de jueces y juezas. El transitorio es a todas luces contrario a lo dispuesto en los artículos 97 y 100 de la Constitución, que prevén cuestiones como la duración de dichos cargos y su independencia.
Desde la aprobación del citado transitorio, el Ministro Presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal se ha encontrado en la posición incómoda de decidir qué tratamiento darle al regalo envenenado que le envió López Obrador a través de sus serviles mayorías legislativas, que con cada voto dejan en claro que no comprenden el peso del mandato constitucional que reviste a su puesto como integrantes del Congreso de la Unión.
En dicho pronunciamiento anunciado en su cuenta de Twitter, Arturo Zaldívar afirma que solicitará la integración de un expediente que sea turnado a algún ministro o ministra para que proponga al Pleno de la Suprema Corte un proyecto, sea para ratificar el contenido del transitorio décimo tercero o para declararlo inconstitucional. El procedimiento propuesto por Arturo Zaldívar encuentra su fundamento en el artículo 11, fracción XVII de la LOPJF, que indica que, para velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial, son atribuciones del Pleno de la Corte «[c]onocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución […]».
Lo anterior quiere decir que, por tratarse de una cuestión que afecta a la vida interna y autonomía del Poder Judicial, las y los once ministros que integran el Pleno están facultados para dirimir controversias de esta naturaleza con una mayoría simple de seis ministros. Con este procedimiento, Arturo Zaldívar no tendría impedimento alguno y sí podrá participar en la votación del futuro proyecto.
Una vía alterna para invalidar el transitorio décimo tercero sería a través de una acción de inconstitucionalidad presentada por una minoría de al menos 33% de las y los integrantes de la Cámara de Senadores y Senadoras. Dicha acción de inconstitucionalidad tendría que votarse mínimo por una mayoría de ocho ministros y ministras para que se pueda retirar del ordenamiento jurídico al transitorio décimo tercero. Sin embargo, Arturo Zaldívar ha señalado que, de ser el caso, tendría que excusarse de la votación por ser un tema que le beneficia/perjudica directamente. Por tanto, la votación requerida sería aún más ajustada (al menos ocho votos de diez posibles). Una porción significativa de las críticas a Zaldívar sostienen que esta representa la mejor vía para la invalidez del transitorio, pues ya no sería el ministro presidente el protagonista del asunto.
Considero que la vía más adecuada para invalidar al tran sitorio décimo tercero es con la consulta propuesta por Zaldívar en los términos del artículo 11, fracción XVII de la LOPJF. Por una parte, sostengo que la Corte saldrá mejor librada de este entuerto si es el propio Zaldívar quien impulse su invalidez y que, muy importante, vote en contra de la constitucionalidad del transitorio. Lo anterior enviaría un mensaje institucional muy claro de rechazo a la extensión de su periodo. Por otra parte, si la vía fuese a través de la acción de inconstitucionalidad, el procedimiento vendría impulsado por una minoría legislativa y con Zaldívar teniéndose que excusar de la votación, lo cual dejaría un silencio institucional por parte de Arturo Zaldívar mucho más significativo que cualquier posicionamiento que pueda realizar en medios de comunicación. No obstante, considero que las minorías legislativas deben de presentar las acciones de inconstitucionalidad para que, aunque eventualmente se resuelva el asunto con la consulta propuesta por Zaldívar, quede registrado también el rechazo del Legislativo a los embates que buscan concentrar el poder en manos del Ejecutivo.
La solicitud de Zaldívar ya fue turnada al Ministro José Fernando Franco González-Salas para la elaboración del respectivo proyecto. Hay que destacar que fue el ministro Franco González-Salas quien redactó el sólido y robusto proyecto que propuso invalidar la extensión del periodo de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, mismo que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Corte. A su vez, hay que resaltar que Franco González-Salas terminará en diciembre próximo sus 15 años como ministro, por lo que tendrá en este proyecto la oportunidad de figurar una última vez como un ministro discreto pero confiable a la hora de hacer guardar la Constitución.
El rechazo al transitorio décimo tercero debe de contar con el apoyo de las y los once ministros, incluyendo a Zaldívar, y quedar registrado como un acontecimiento simbólico de resistencia del derecho frente a la política. Si alguno de los o las ministras vota en favor de su constitucionalidad, la legitimidad y credibilidad de la Corte —y muy particularmente la de ese ministro o ministra— se verá reducida a su mínima expresión.
La necesidad de que la Corte rechace este transitorio de manera unánime se vuelve aún más clara cuando López Obrador no muestra recato alguno en afirmar desde Palacio Nacional que los otros diez ministros y ministras son incapaces de llevar a cabo la reforma. «Son conservadores», les dice. ¿Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yazmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, propuestas por López Obrador, son inútiles? ¿Para qué los propuso para la Corte, entonces?
Decir que solamente Zaldívar puede llevar a buen puerto la reforma significa un completo desprecio a la Suprema Corte y a sus integrantes. La naturaleza misma de las instituciones radica en que estas prevalecen y funcionan sin importar quién esté al frente de ellas. Es inadmisible para la vida de nuestro Estado democrático y de derecho pensar que instituciones de una sola persona son lo que se necesita para transformar al país.

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Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
También lee: Gallardo renueva transporte público urbano
El Cronopio
Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.
Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.
Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.
Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.
Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.
A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.
También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.
Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.
Lee también: Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina
El Cronopio
Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
San Luis Potosí ha sido tierra de compositores, donde la música de concierto y las canciones de concierto han sobresalido. Algunos de estos personajes los hemos tratado en esta sección, aunque entre ellos han escaseado las mujeres, en cuanto a composiciones se refiere. Los tiempos cambian al abrirse oportunidades a las damas y, afortunadamente, en este siglo veintiuno podemos contar con algunas compositoras potosinas. Como muestra está el concierto que ofreciera la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el mes de marzo pasado donde interpretó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, composiciones de autoras potosinas. Entre las compositoras potosinas programadas en el concierto se encontraba Leticia Almazán de la Garza.
Leticia Almazán, al menos fue mencionada en esta columna cuando tratamos el caso de la pianista potosina Malkhut Zavala, quien tiene entre su repertorio obras de Leticia Almazán, quien actualmente es encargada de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas que están asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a pesar del esfuerzo de sus integrantes ha sido difícil su continuación, como suele suceder con el cambio de administraciones. Leticia Almazán se desempeña como Directora Académica del CEART San Luis.
Entre sus composiciones se encuentra La Noche, obra basada en los poemas de Manuel José Othón, obra con la que obtuvo el premio 20 de noviembre “Julián Carrillo”; la obra se estrenó en 2006, y ha sido poco interpretada, hasta que se armó el concierto de marzo.
A cien años de la muerte de Othón se compone esta obra musical, que da concreción a la obra inconclusa que contemplaran Othón y Carrillo, su conjunción lírica que habían titulado Tetralogía. Una pieza para celebrar el centenario de la Independencia de México que estaría dividida en cuatro partes: Descubrimiento de América, Conquista, Virreinato e Independencia. Así sería una obra que recorrería la historia hispana de México y la construcción de un nuevo país. La muerte sorprendió al poeta y la obra quedó en suspenso; colaboración entre dos grandes figuras potosinas del arte, cuestión ya tratada en muy anterior entrega de esta sección de El Cronopio.
Ahora Leticia Almazán, se basa en la poesía de Othón para crear su obra musical La Noche. Una forma de apreciar el nuevo arte musical potosino de la mano de Leticia Almazán y la poesía del máximo poeta potosino. Por desgracia, es música que no se encuentra grabada por lo que dificulta su difusión, de por sí escasa, en aquellas obras de que se disponen grabaciones.
Leticia Almazán surge, así como una de las mujeres que abren camino en el campo de la composición en San Luis Potosí. Su incursión en esta línea de la composición es alentadora, pues puede sumarse a la escasa pero existente lista de compositoras mexicanas que incursionaron en la música clásica, entre ellas, María Grever, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Guraieb, Consuelo Velázquez, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Urreta, Guadalupe Olmedo, y ahora la joven compositora potosina Galya Cisneros, por citar algunas.
Leticia Almazán se tituló en la Licenciatura en Composición en la Escuela Estatal de Música en el año 2015, y realizó una Maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana.
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