mayo 29, 2026

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#4 Tiempos

El derecho a migrar | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define a la migración como el “desplazamiento desde un territorio de un Estado hacia el otro de un Estado o dentro del mismo”. La Corte precisa que se trata de “migración forzada o migración voluntaria, de migración permanente o temporal”. En esos términos, es preciso señalar dos cosas. Primero, que es indudable que México vive una crisis migratoria de una complejidad dramática en distintas aristas. Segundo, que en ningún momento se distingue sobre la legalidad o ilegalidad de migrar.

Sobre lo primero, poquísimas objeciones se pueden invocar. La migración de nuestros connacionales a los Estados Unidos, sea para buscar mejores oportunidades para desarrollar su proyecto de vida o por motivaciones forzadas, se ha arraigado en nuestra época moderna y transformado nuestra cultura a una de perpetua nostalgia por quienes partieron, y especialmente por aquellas personas migrantes que no lograron llegar a su destino. Paralela a esa crisis, nuestro país enfrenta un fenómeno brutal de desplazamiento forzado interno, esto es, cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia por situaciones de violencia generalizada y ubicarse en alguna otra localidad del país.

Según información presentada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, más de 300 mil personas del estado de Chihuahua se vieron obligadas a cambiar su residencia para huir de la violencia, en el periodo comprendido de 2011 a 2017. Para precisar, el fenómeno de desplazamiento forzado interno no sucede de manera generalizada en el país, sino que se focaliza dramática y principalmente en estados de la República con altos índices de violencia e impunidad.

Lo segundo es, para muchos, muy discutible. No cabe duda de que cada país tiene libertar para configurar y estructurar sus políticas internas, requisitos y posturas para la recepción de personas inmigrantes, sea por motivos voluntarios o por motivos forzados por la violencia, desigualdad, persecución política u otras razones. Sin embargo, ante esta libertad de configuración que tienen los países, no podemos ignorar los compromisos internacionales que los Estados deben cumplir para que se garantice un piso mínimo de respeto a la integridad y derechos humanos de las personas migrantes. Entre muchos otros, destacan el derecho a solicitar asilo, el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, el derecho a la dignidad humana, a la no discriminación, a no ser incomunicado y a un alojamiento digno.

Aun si se quisieren ignorar las obligaciones jurídicas para el respeto a los derechos de las personas migrantes, considero que la objeción de conciencia —es decir, nuestros principios, no jurídicos sino éticos, morales, filosóficos o de otra índole—debería de hacernos llegar a las mismas conclusiones. En ese sentido, México ha adoptado históricamente una costumbre de apertura a recibir exiliados
y a perseguidos políticos. Fruto de esta costumbre, particularmente nuestra cultura y academia se ha enriquecido de manera muy importante. Basta con mencionar a Luis Buñuel, Remedios Varo y otras. A su vez, instituciones de excelencia académica como el Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fueron producto de la apuesta de personas exiliadas de España y Chile, cuyos aportes hoy son invaluables para nuestro estudio de las ciencias sociales.

En congruencia con esta loable costumbre del Estado mexicano, la Cancillería fue ágil y eficiente para asegurar la llegada de mujeres, periodistas, niños y niñas que huyen de la insostenible situación de Afganistán. Sin embargo, en directo contraste, lo que sucede en la frontera sur es inaceptable por donde se le quiera ver.

Ciertamente, la situación de violaciones graves a los derechos humanos de las personas migrantes que ingresan al país por la frontera sur no es cosa que haya iniciado en esta administración. De manera particular, la situación de violencia generalizada y de uso excesivo de la fuerza en la frontera sur se acrecentó exponencialmente a raíz de la firma de la Iniciativa Mérida, acuerdo de cooperación bilateral entre Estados Unidos y México firmado en 2007 para combatir al crimen organizado. Contrario a la disuasión del crimen organizado, las detenciones de migrantes centroamericanos aumentaron en un 71% entre 2014 y 2015; el (ab)uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias se enraizó; e incentivaron a las personas migrantes a tomar rutas alternas que les dejan en una situación de mayor vulnerabilidad.

Ahora, el control de la frontera sur pertenece a la Guardia Nacional y, como resultado de la absurda, injustificada y generalizada militarización de las funciones civiles, la brutalidad con que se pretende atender el fenómeno migratorio es inaceptable. Es el propio Estado mexicano el que implementa una mal llamada “política de contención”, que en realidad se traduce en replicar las prácticas que tanto criticamos de Estados Unidos, que consisten en emboscadas, uso excesivo de la fuerza, separación de familias y hacinamiento dirigido a las personas migrantes provenientes de Centroamérica y el Caribe. Tonatiuh Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, ha sido claro al señalar que este es uno de los costos de militarizar al país.

Desafortunadamente, México se posiciona como un país antimigrantes, que, ante la incapacidad de enfrentar la crisis con inteligencia y políticas públicas de largo aliento, recurre a los instintos más primitivos de bestialidad y pisoteo de la dignidad y derechos humanos de las personas migrantes. En lo que respecta a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, el Estado mexicano se ha visto igualmente rebasado en su capacidad de recuperar las condiciones de gobernabilidad y de asegurar medidas de reparación y no repetición para las personas desplazadas.

Sumado a todo lo anterior, el cambio en la dirección de la Secretaría de Gobernación —que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirige la política migratoria del país— recayó en un perfil de amplia cercanía política con el presidente, pero sin experiencia ni credenciales en materia de protección a los derechos humanos. Difícilmente entenderán que nadie es ilegal, y que cerrarle las puertas a la migración es un despropósito.

Lee también: Justicia (transicional) | Columna de Víctor Meade C.

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#4 Tiempos

Si yo lo hago es libertad, y delito cuando me lo hacen | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Culto Público, hijos de la memoria selectiva:

Hay una trampa intelectual que se llama principio de conveniencia: defiendo las reglas cuando me protegen y las ataco cuando me limitan.

Es como yo cuando no me acuerdo de mis deudas ni de lo que no me conviene. O como el burócrata de ventanilla equis que acepta sobornos toda la jornada, pero luego se indigna porque los tránsitos le piden moche y no los baja de “méndigos corruptos”.

Ese comportamiento no es un asunto ni de ideología ni de educación —bueno, igual y sí—, pero desde mi óptica también es un tema de cálculo mañoso. Y aquí, en nuestro estado, donde “el águila paró”, ese cálculo quedó expuesto como fraude nigeriano con faltas de ortografía.

Como todos sabemos, desde hace días circula una narrativa: el Gobierno del Estado persigue periodistas.

La evidencia central fue una fotografía —filtrada por WhatsApp, como siempre— de un supuesto oficio ministerial con una lista de diez comunicadores y activistas a quienes se buscaría aprehender.

La historia se incendió.

Artículo 19, el CPJ y Reporteros Sin Fronteras emitieron alertas. En horas, San Luis era trending de la infamia: “Estado represor”.

¿Así de fácil?

Mejor vayamos con cuidado, porque este caso merece más que reacción de reflejo.

El mismo comunicado de Artículo 19 —institución que respeto y cito con precisión— reconoce que la información sobre una de las detenciones proviene de una “fuente local anónima” que “no ha podido ser verificada”.

La orden de aprehensión, es decir, la foto de WhatsApp que generó la alarma, también llegó de una “fuente local”.

Entonces, las organizaciones que le exigen al Estado máxima transparencia construyeron su denuncia sobre información que ellas mismas admiten no haber podido confirmar.

Claro, eso no invalida su preocupación, pero sí obliga a darle peso específico.

Porque cuando uno revisa quiénes son algunas de las personas detenidas, pues… ya lo he dicho y lo sostengo: Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo no son periodistas en ningún sentido técnico ni ético del término. Operan páginas anónimas, sin firma, sin metodología y con expedientes documentados por extorsión a gobiernos municipales.

Christian Herrera, a quien nadie en el gremio conocía antes del escándalo, fue detenido —según la versión no verificada que menciona el propio comunicado de Artículo 19— asaltando una farmacia en Ciudad Valles. Ya desde la celda se declaró dueño de una página de Facebook de amarillismo puro.

A ver…

El periodismo no es una credencial que se activa cuando conviene para reclamar impunidad.

Eso es charoleo del más chafa.

La novedad es que ayer volvió a circular la foto del supuesto oficio ministerial, pero en tres versiones. Sí, tres versiones casi iguales, con distintos nombres y “enviadas muchas veces” en grupos de WhatsApp.

Una con personas desconocidas; otra con presuntos periodistas y activistas, que es la que sostiene la narrativa de persecución; y una más con nombres como Claudia Sheinbaum, AMLO, Belinda y Maradona.

Sí, así de ridículo.

Diversas herramientas de análisis de imagen coinciden en que la versión con periodistas muestra indicadores de construcción posterior a un documento original; es decir, que habría sido hecha a partir de algo real y luego refotografiada.

La versión con figuras de la política nacional y la farándula fue fabricada con intención claramente burlesca, quizá para ridiculizar la fuente o demostrar que el formato era manipulable.

La otra lista, pues sabrá Dios quiénes sean los que ahí aparecen.

Claro, esto no prueba que el oficio sea falso. Incluso podría tratarse de una trampa para restar credibilidad al tema. Pero, de cualquier modo, sí abre una pregunta que nadie —ni los que se dicen parte del ecosistema crítico ni los otros— ha querido responder:

¿De dónde vino el “original”? ¿Quién lo filtró? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo distribuyó? ¿Para qué?

Porque si la lista fue fabricada —o manipulada a partir de un documento real que nada tenía que ver con periodistas—, entonces no estamos ante una persecución: estamos ante un montaje político elaborado, diseñado para activar organismos internacionales, generar presión sobre el gobierno y construir un escudo de impunidad.

Y eso, que yo sepa, tampoco es periodismo.

Por si fuera poco, mientras todo esto ocurre, también circuló ayer un video evidentemente manipulado, y que de lejos huele a elaboración con inteligencia artificial,

en el que “aparecen” un periodista y la creadora de contenido Anahí Torres.

En el video, ella se ve que está en un cuarto con hombres armados y dinero. Él la señala, la cuestiona y la exhibe.

A todas luces es una farsa. Es una infamia fabricada. Es violencia digital. Es destrucción reputacional con herramientas tecnológicas.

No estoy defendiendo a ninguno de los que aparecen en el video. Es más, sus nombres son lo de menos.

Lo que sostengo es que usar inteligencia artificial para generar desinformación, restar credibilidad (en caso de tenerla, claro), ridiculizar personas y usar sus imágenes para engañar a la opinión pública es una bajeza. Contra ellos o contra cualquiera.

Pero aquí viene el giro:

Eso que hoy les está pasando a ellos, es exactamente lo que tipifica y castiga el Artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, conocido como “Ley Serrano”; la misma ley que ese

ecosistema local y nacional han denunciado como instrumento de censura y persecución.

Entonces va otra de mis muy tiernas preguntas:

¿La IA maliciosa es crimen y golpe bajo cuando la padecen ellos, pero herramienta legítima de crítica cuando la usan contra otros?

¿La “Ley Serrano” es censura cuando el gobierno puede usarla contra ellos, pero protección necesaria cuando ellos son las víctimas?

Discúlpenme, pero eso no es una postura de principios. Es principio de conveniencia.

Ojo, porque luego se me alborotan más mis amados haters: no estoy defendiendo al gobierno de Ricardo Gallardo —ni falta le hace— ni justificando la reforma aprobada por el Congreso.

Tampoco estoy descartando que haya acciones reales de la Fiscalía que merezcan escrutinio. Todo lo contrario.

Lo que estoy diciendo es que algo no encaja.

En este caso específico hay demasiadas preguntas sin responder, demasiadas coincidencias narrativas, demasiado dinero de fondo y un timing políticamente demasiado conveniente.

Porque, a ver:

¿A quién le convendría armar un montaje de esta naturaleza para desgastar todos los días al gobierno?

¿Quién tiene los recursos para hacerlo?

¿Quiénes son sus operadores mediáticos?

¿Quién se beneficia a corto y mediano plazo?

No voy a responder por usted, mi Culto Público. Ahí están los nombres, los intereses, los pleitos, los financiamientos y los apellidos conocidos. Cada quien puede hacer su propio crucigrama.

La última porque ya me dio sueño:

A quienes armaron, editaron, manipularon y circularon el video calumnioso contra dos personas, ¿se les debe castigar?

¿O Artículo 19 también debe protegerlos porque solo estaban ejerciendo su libertad de expresión y su derecho a la crítica de forma anónima?

La libertad de expresión es un valor que se defiende con consistencia o no se defiende. No se puede exigir protección de una ley que tú mismo denuncias como censura. No se puede llamar periodista a quien extorsiona. No se puede condenar la IA maliciosa solo cuando tú la padeces.

El problema del principio de conveniencia es que siempre termina devorando a quien lo ejerce.

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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El Cronopio

Elke Köppen y la sociología visual | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

El estudio de las imágenes como medio de comunicación, aprendizaje y generación de nuevo conocimiento, es una de las áreas que están desarrollándose. Pocos estudios en comparación con otros temas, son los que se han realizado en este tema. Nuestro mundo, un mundo de imágenes, que ahora con el advenimiento de las redes sociales, se despliegan, en parte, como transformadoras de la realidad, producen además un detrimento en la capacidad lectora de los jóvenes.

Las imágenes en sí, también requieren de decodificar su significado y reconstruir la narrativa que encierran en su construcción, sea producida por una fotografía y elaborada por otros métodos, incluyendo la iconografía. De esta manera, requiere una alfabetización para su apreciación y su interpretación, lo que la convierte en un recurso pedagógico que es poco aprovechado.

La construcción de nuevo conocimiento en nuestra era nanotecnológica, y astronómica, requiere del manejo de imágenes que adquieren sentido para los especialistas, como medio de extensión de nuestros sentidos para el entendimiento de nuestro mundo. Una imagen dice más que mil palabras, dicen por ahí, pero no siempre estas palabras están al alcance del observador. 

Una de las investigadoras que ha incursionado en este tema, y en el uso de las imágenes en el área de biblioteconomía, es la Dra. Elke Köppen que desarrolla lo que llama, sociología visual, que tiene como objetivo alentar el uso de material visual en la investigación social y, en otras áreas del conocimiento.

La Dra. Elke Köppen es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participa activamente en el Programa de Investigación Estudios Visuales, enfocándose primordialmente en la fotografía. Su línea de investigación es sobre recursos y sistemas de información en bibliotecas, archivos y repositorios. Ha fincado una destacada carrera académica de más de treinta y nueve años en la UNAM, iniciando en el Instituto de Investigaciones Sociales de dicha institución, generando una buena cantidad de estudios que han sido publicados en revistas y diversas publicaciones internacionales, entre artículos, capítulos de libro y libros coordinados sobre información visual, archivos fotográficos, imágenes científicas graffiti y fotografía.

Su formación inicial es en sociología, de la que obtuvo la licenciatura en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Vino a México a continuar sus estudios de posgrado y trabajar en investigación social. Realizó su maestría y posteriormente el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM.

Elke Köppen ha colaborado como investigadora con receso sabático con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Ciencias de la Información, en información visual y tecnologías disruptivas. Ha seleccionado a San Luis Potosí como uno de sus puntos de residencia lo que enriquece el ambiente cultural y académico de la ciudad.

La visión estética de las imágenes, principalmente a través de la fotografía, enlaza las áreas de las ciencias sociales y las exactas, resaltando el tema interdisciplinario que pregona el instituto para el que labora, desde su creación, el cual recientemente ha cumplido treinta años de fundado.

Algunos de los libros que le ha publicado la UNAM, son: los trazos de la ciencia, libro que es resultado del cruce de diversas investigaciones sobre procesos históricos de producción de conocimientos científicos y tecnológicos vehiculados por el uso de imágenes. Pero se trata de imágenes elaboradas para distintos destinatarios y con múltiples propósitos: información geográfica, educación moral, pasatiempos, diagnósticos médicos. Otro de ellos es: imágenes en la ciencia, ciencia en las imágenes, libro colectivo de la que fue coordinadora.

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El Cronopio

El formador de humanistas, Villaseñor Tejeda | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

Hace setenta y un años iniciaban las actividades académicas de la extinta Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desaparecida ignominiosamente por motivos políticos en 1962. La UASLP caía en un largo periodo de oscurantismo del que costó salir, en la década de los ochenta, con el esfuerzo de la planta académica que comenzó su formación en la propia UASLP y que redondeara esa formación en universidades e instituciones de vanguardia a nivel mundial.

Sesenta años después se restablecían en la UASLP estudios humanísticos y sociales. Los primeros tiempos de aquella Facultad de Humanidades fueron brillantes y una pléyade de profesores figuraron en el claustro académico de la UASLP, muchos de los cuales han caído en el olvido y que hemos estado recordando en esta columna, tanto a profesores como profesoras que aparecen en el libro Damas de Potosí, perfiles publicados en La Orquesta.

En cuanto a la licenciatura de filosofía, activa en la actualidad en la UASLP, que cumple once años de ser reactivada, pues esta carrera era una de las carreras que existían en aquella Facultad de Humanidades, requiere conocer sus antecedentes y principalmente los profesores que le dieron vida en la década de los cincuenta y principios de los sesenta.

Uno de esos profesores fue José Villaseñor Tejeda, que impartió cátedra en la Facultad de Humanidades potosina de enero de 1958 a agosto de 1962, año y mes en que fue cerrada. A decir de Josefina de Ávila Cervantes, estudiante y profesora de la mencionada Facultad y de quien hemos tratado en esta columna, “el profesor Villaseñor fue el eje silencioso del cual partían y al cual volvían maestros y alumnos”.

En ese lustro de trabajo en la UASLP por formar maestros en filosofía y en letras escribiría su Introducción a la Filosofía, su estudio sobre la Crítica de la Razón Pura y sus ensayos sobre Sócrates, Freud, Proust, Dostoievski, el humanismo y otros temas que fueron publicados en la Revista de la Facultad de Hum anidades, en Letras Potosinas y en Vitral, revista del Instituto de Cultura Superior, así como escritos inéditos consistentes en investigaciones filosóficas, ensayos sobre arte: pintura, cine, literatura.

José Villaseñor Tejeda murió joven, a los cuarenta años, el 23 de diciembre de 1968 en la Ciudad de México a donde fue a laborar al Instituto de Cultura Superior después del cierre de la Facultad de Humanidades. En ese Instituto reestructuró el curso filosofía de la religión que había iniciado en la UASLP. 

Villaseñor comenzó sus estudios de filosofía en el Seminario Conciliar de México y para 1947 pasó a la Universidad Nacional Autónoma de México donde terminó sus estudios de maestría en filosofía. Al terminar, ingresó como profesor a la Universidad de Guanajuato donde laboró por un poco tiempo al renunciar en protesta por el despido de un grupo de compañeros de trabajo tratados injustamente por las autoridades escolares.

Su compañera de aventura académica en la UASLP, la mencionada Josefina de Ávila lo retrata en un comentario de recuerdo: “La contrapartida de su historia -la que ofrece tan poco a aquellos que esperan todo de los hechos-, fue (usando términos suyos), su intrahistoria. Para quienes no traducen su propia existencia como un activismo urgente y aceptan, por el contrario, que la aventura del espíritu no puede ser corrida con la esperanza de una respuesta concreta y tranquilizadora sino con la pura actitud contemplativa, encontrarán en su obra una invitación a detenerse ante el misterio develable que envuelve y penetra esto que llamamos el Universo”.

El recuerdo de quienes contribuyeron al desarrollo de nuestras instituciones y, participaron en la formación de la juventud potosina y profesionales que contribuyen al desarrollo social es imprescindible en una institución que se jacta de ser representativa de la educación superior en el país; pero más importante es darles vida manteniendo su obra en difusión.

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