#4 Tiempos
El derecho a migrar | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos define a la migración como el “desplazamiento desde un territorio de un Estado hacia el otro de un Estado o dentro del mismo”. La Corte precisa que se trata de “migración forzada o migración voluntaria, de migración permanente o temporal”. En esos términos, es preciso señalar dos cosas. Primero, que es indudable que México vive una crisis migratoria de una complejidad dramática en distintas aristas. Segundo, que en ningún momento se distingue sobre la legalidad o ilegalidad de migrar.
Sobre lo primero, poquísimas objeciones se pueden invocar. La migración de nuestros connacionales a los Estados Unidos, sea para buscar mejores oportunidades para desarrollar su proyecto de vida o por motivaciones forzadas, se ha arraigado en nuestra época moderna y transformado nuestra cultura a una de perpetua nostalgia por quienes partieron, y especialmente por aquellas personas migrantes que no lograron llegar a su destino. Paralela a esa crisis, nuestro país enfrenta un fenómeno brutal de desplazamiento forzado interno, esto es, cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia por situaciones de violencia generalizada y ubicarse en alguna otra localidad del país.
Según información presentada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, más de 300 mil personas del estado de Chihuahua se vieron obligadas a cambiar su residencia para huir de la violencia, en el periodo comprendido de 2011 a 2017. Para precisar, el fenómeno de desplazamiento forzado interno no sucede de manera generalizada en el país, sino que se focaliza dramática y principalmente en estados de la República con altos índices de violencia e impunidad.
Lo segundo es, para muchos, muy discutible. No cabe duda de que cada país tiene libertar para configurar y estructurar sus políticas internas, requisitos y posturas para la recepción de personas inmigrantes, sea por motivos voluntarios o por motivos forzados por la violencia, desigualdad, persecución política u otras razones. Sin embargo, ante esta libertad de configuración que tienen los países, no podemos ignorar los compromisos internacionales que los Estados deben cumplir para que se garantice un piso mínimo de respeto a la integridad y derechos humanos de las personas migrantes. Entre muchos otros, destacan el derecho a solicitar asilo, el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, el derecho a la dignidad humana, a la no discriminación, a no ser incomunicado y a un alojamiento digno.
Aun si se quisieren ignorar las obligaciones jurídicas para el respeto a los derechos de las personas migrantes, considero que la objeción de conciencia —es decir, nuestros principios, no jurídicos sino éticos, morales, filosóficos o de otra índole—debería de hacernos llegar a las mismas conclusiones. En ese sentido, México ha adoptado históricamente una costumbre de apertura a recibir exiliados
y a perseguidos políticos. Fruto de esta costumbre, particularmente nuestra cultura y academia se ha enriquecido de manera muy importante. Basta con mencionar a Luis Buñuel, Remedios Varo y otras. A su vez, instituciones de excelencia académica como el Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fueron producto de la apuesta de personas exiliadas de España y Chile, cuyos aportes hoy son invaluables para nuestro estudio de las ciencias sociales.
En congruencia con esta loable costumbre del Estado mexicano, la Cancillería fue ágil y eficiente para asegurar la llegada de mujeres, periodistas, niños y niñas que huyen de la insostenible situación de Afganistán. Sin embargo, en directo contraste, lo que sucede en la frontera sur es inaceptable por donde se le quiera ver.
Ciertamente, la situación de violaciones graves a los derechos humanos de las personas migrantes que ingresan al país por la frontera sur no es cosa que haya iniciado en esta administración. De manera particular, la situación de violencia generalizada y de uso excesivo de la fuerza en la frontera sur se acrecentó exponencialmente a raíz de la firma de la Iniciativa Mérida, acuerdo de cooperación bilateral entre Estados Unidos y México firmado en 2007 para combatir al crimen organizado. Contrario a la disuasión del crimen organizado, las detenciones de migrantes centroamericanos aumentaron en un 71% entre 2014 y 2015; el (ab)uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias se enraizó; e incentivaron a las personas migrantes a tomar rutas alternas que les dejan en una situación de mayor vulnerabilidad.
Ahora, el control de la frontera sur pertenece a la Guardia Nacional y, como resultado de la absurda, injustificada y generalizada militarización de las funciones civiles, la brutalidad con que se pretende atender el fenómeno migratorio es inaceptable. Es el propio Estado mexicano el que implementa una mal llamada “política de contención”, que en realidad se traduce en replicar las prácticas que tanto criticamos de Estados Unidos, que consisten en emboscadas, uso excesivo de la fuerza, separación de familias y hacinamiento dirigido a las personas migrantes provenientes de Centroamérica y el Caribe. Tonatiuh Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, ha sido claro al señalar que este es uno de los costos de militarizar al país.
Desafortunadamente, México se posiciona como un país antimigrantes, que, ante la incapacidad de enfrentar la crisis con inteligencia y políticas públicas de largo aliento, recurre a los instintos más primitivos de bestialidad y pisoteo de la dignidad y derechos humanos de las personas migrantes. En lo que respecta a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, el Estado mexicano se ha visto igualmente rebasado en su capacidad de recuperar las condiciones de gobernabilidad y de asegurar medidas de reparación y no repetición para las personas desplazadas.
Sumado a todo lo anterior, el cambio en la dirección de la Secretaría de Gobernación —que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirige la política migratoria del país— recayó en un perfil de amplia cercanía política con el presidente, pero sin experiencia ni credenciales en materia de protección a los derechos humanos. Difícilmente entenderán que nadie es ilegal, y que cerrarle las puertas a la migración es un despropósito.

Lee también: Justicia (transicional) | Columna de Víctor Meade C.
Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
También lee: Gallardo renueva transporte público urbano
El Cronopio
Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.
Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.
Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.
Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.
Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.
A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.
También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.
Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.
Lee también: Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina
El Cronopio
Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
San Luis Potosí ha sido tierra de compositores, donde la música de concierto y las canciones de concierto han sobresalido. Algunos de estos personajes los hemos tratado en esta sección, aunque entre ellos han escaseado las mujeres, en cuanto a composiciones se refiere. Los tiempos cambian al abrirse oportunidades a las damas y, afortunadamente, en este siglo veintiuno podemos contar con algunas compositoras potosinas. Como muestra está el concierto que ofreciera la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el mes de marzo pasado donde interpretó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, composiciones de autoras potosinas. Entre las compositoras potosinas programadas en el concierto se encontraba Leticia Almazán de la Garza.
Leticia Almazán, al menos fue mencionada en esta columna cuando tratamos el caso de la pianista potosina Malkhut Zavala, quien tiene entre su repertorio obras de Leticia Almazán, quien actualmente es encargada de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas que están asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a pesar del esfuerzo de sus integrantes ha sido difícil su continuación, como suele suceder con el cambio de administraciones. Leticia Almazán se desempeña como Directora Académica del CEART San Luis.
Entre sus composiciones se encuentra La Noche, obra basada en los poemas de Manuel José Othón, obra con la que obtuvo el premio 20 de noviembre “Julián Carrillo”; la obra se estrenó en 2006, y ha sido poco interpretada, hasta que se armó el concierto de marzo.
A cien años de la muerte de Othón se compone esta obra musical, que da concreción a la obra inconclusa que contemplaran Othón y Carrillo, su conjunción lírica que habían titulado Tetralogía. Una pieza para celebrar el centenario de la Independencia de México que estaría dividida en cuatro partes: Descubrimiento de América, Conquista, Virreinato e Independencia. Así sería una obra que recorrería la historia hispana de México y la construcción de un nuevo país. La muerte sorprendió al poeta y la obra quedó en suspenso; colaboración entre dos grandes figuras potosinas del arte, cuestión ya tratada en muy anterior entrega de esta sección de El Cronopio.
Ahora Leticia Almazán, se basa en la poesía de Othón para crear su obra musical La Noche. Una forma de apreciar el nuevo arte musical potosino de la mano de Leticia Almazán y la poesía del máximo poeta potosino. Por desgracia, es música que no se encuentra grabada por lo que dificulta su difusión, de por sí escasa, en aquellas obras de que se disponen grabaciones.
Leticia Almazán surge, así como una de las mujeres que abren camino en el campo de la composición en San Luis Potosí. Su incursión en esta línea de la composición es alentadora, pues puede sumarse a la escasa pero existente lista de compositoras mexicanas que incursionaron en la música clásica, entre ellas, María Grever, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Guraieb, Consuelo Velázquez, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Urreta, Guadalupe Olmedo, y ahora la joven compositora potosina Galya Cisneros, por citar algunas.
Leticia Almazán se tituló en la Licenciatura en Composición en la Escuela Estatal de Música en el año 2015, y realizó una Maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana.
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