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El Congreso de SLP no debe aprobar la “reestructuración” del gobierno

3 mil 600 mdp es mucho dinero para un gobierno al que solo le queda un año de gestión dijo Leonor Noyola

Por: Redacción

La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Leonor Noyola Cervantes, dijo que 3 mil 600 millones de pesos “es mucho dinero para un gobierno al que solo le resta un año de gestión” respecto a la propuesta de reestructutación del gobierno de San Luis Potosí ante el covid-19.

“La reestructuración de la deuda pública hasta por 3 sexenios, servirá de pretexto a los próximos gobernadores para no construir nuevos hospitales, carreteras, escuelas y caminos en los 58 municipios, por lo que el Congreso del Estado no debe permitir la reestructuración o refinanciamiento de más de 3 mil 600 millones de pesos que pretende el Ejecutivo”, dijo.

Advirtió que con un “refinanciamiento” en realidad el Gobierno podría tener acceso a un nuevo crédito, además lamentó que, bajo el pretexto de los efectos del Covid-19, el Ejecutivo de San Luis Potosí pretenda reestructurar la deuda que tiene a los bancos a 18 años, para dejar de pagar lo que le corresponde de los más de 3 mil 600 millones de pesos de capital e intereses.

Dijo que es de extrañarse que el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, presente una iniciativa para autorizar al gobierno del estado prolongar la deuda pública hasta 3 sexenios y poner en su cartera más de 3 mil 600 millones de pesos a una administración a la que sólo le resta un año. “Es mucho dinero para un gobierno al que sólo le falta un año, se está sobre protegiendo, en mi opinión”.

Ante esto, Noyola Cervantes hizo un llamado al Congreso del Estado a ser prudente con su decisión, y a los 58 alcaldes para que analicen esta iniciativa y se pronuncien al respecto, pues “no hay ninguna garantía de que, en caso de que autorizar la reestructuración, esos 3 mil 600 millones de pesos se inviertan de manera equitativa entre las necesidades de las cuatro regiones del estado”.

Finalmente, la senadora expresó que, de aprobarse, esta reestructuración impedirá la correcta inversión de participaciones federales en seguridad, educación y programas sociales, pues el banco le pedirá como garantía al gobierno estatal precisamente estos recursos que le brinda el gobierno federal cada año.

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