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“El Chato” López, a nada de conseguir 2 mil hectáreas en San Miguelito
La venta de la Sierra de San Miguelito parece inminente; Carlos López organizará una asamblea comunal y pretende conseguir los terrenos sin pedirle opinión a la Procuraduría Agraria
Por: Roberto Rocha
El proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina prepara para el domingo 21 de julio un nuevo intento por quedarse con la comunidad de San Juan de Guadalupe, mediante una nueva asamblea comunal, en la que intenta obtener 2 mil 68 hectáreas de ese lugar, en la Sierra de San Miguelito, a través de un supuesto proyecto productivo.
La convocatoria de la sesión del próximo domingo convoca a todos los comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexas San Miguelito y Tierra Blanca, para que voten acerca de una asociación en participación de la superficie de 2 mil 68 hectáreas, con la empresa Espacios en el Horizonte SA de CV, propiedad de López Medina y el empresario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.
La asamblea comunal del próximo domingo también debe votar la autorización de un contrato de servicios profesionales para realizar trabajos topográficos y generar el plano sobre una superficie de 2 mil 68 hectáreas. Además se votará la integración de una comisión auxiliar que apoye en los trabajos de la medición del terreno y la petición del Comisariado Ejidal, que solicite al Registro Agrario Nacional la inscripción de los acuerdos obtenidos de dicha sesión.
De acuerdo con Carlos Covarrubias Rendón, abogado defensor de los comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a los proyectos inmobiliarios de López Medina, la asociación en participación que se propone busca conformar la empresa Espacios en el Horizonte en el área de 2 mil 68 hectáreas, pero no es más que un acuerdo para someter a los comuneros y quitarles la posesión a cambio de 30 mil pesos a manera de “enganche”.
En una carta entregada ayer por comuneros al secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, los habitantes de San Juan de Guadalupe explican al funcionario estatal que “la asociación en participación es una figura de naturaleza eminentemente mercantil”, que es inédito en asuntos agrarios.
Según Covarrubias Rendón, el que oferta López Medina vía Espacios en el Horizonte es un contrato donde la materia es el uso y aprovechamiento de 2 mil 68 hectáreas: “Los desarrolladores generan una inversión y controlan todas las decisiones económicas. Sin embargo en la Ley Agraria, en su artículo 45, se establece que los contratos de asociación deberán tener una duración prorrogable de 30 años, conforme a un proyecto productivo, entre los que no se incluye proyectos inmobiliarios. Los empresarios buscan simular una asociación productiva cuando en la realidad buscan fraccionar y vender el área comunal”.
Esa condición de contrato para la realización de proyectos productivos provocaría que López Medina no necesite la opinión favorable de la Procuraduría Agraria respecto a la venta -disfrazada- para fines inmobiliarios en la comunidad de San Juan de Guadalupe, “porque según ellos, en términos generales, es una asociación para desarrollar el área comunal”.
En otros intentos recientes, el proyecto inmobiliario de López Medina y Tamayo Ibarra, antes con el nombre de Reserva San Luis SA de CV, debido a que la Procuraduría Agraria debía emitir una opinión favorable a ese proyecto inmobiliario, misma que había sido revocada desde el pasado 24 de enero.
Covarrubias Rendón dijo a La Orquesta que, a cambio del voto en favor del proyecto Espacios en el Horizonte, López Medina ofrece un pago de 30 mil pesos “como enganche” a cada uno de los comuneros de San Juan de Guadalupe.
El 3 de noviembre de 2017, la Comisión Estatal del Agua (CEA) entregó al empresario inmobiliario, Carlos “El Chato” López Medina, una autorización para almacenar en dos tanques miles de litros por segundo de agua provenientes de la presa y acueducto El Realito. Convenientemente, los tanques se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Espacios en el Horizonte.
En un oficio de la CEA, del que este medio tiene copia, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, en su calidad de presidente de Espacios en el Horizonte, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.
Esa disposición en favor de López Medina se da, pese a que toda la zona metropolitana de San Luis Potosí sufre problemas de desabasto de agua.
Esta situación fue también dada a conocer por los comuneros de San Juan de Guadalupe al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.
La comunera Baudelia Aguilar García anunció que el supuesto proyecto productivo de desarrollo comunal en San Juan de Guadalupe ya fue hecho del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “para que se defina con claridad lo que se intenta: manipular con dinero de dudosa procedencia a los comuneros”.
La carta entregada a Leal Tovías solicita que se gire oficios a los 38 notarios públicos existentes en la Zona Metropolitana de la ciudad, “previniéndolos sobre la ilegalidad derivada de su asistencia a la asamblea”.
Además pide que se evite la implementación de un operativo policial que resguarde la asamblea, pues en la opinión de los comuneros contrarios al “Chato” López, se tratará de un acto contrario al estado de derecho y el orden público que deben procurar las policías.
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Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
Ciudad
No hay huachicoleo en pozos públicos; Se vende agua ilegalmente de pozos privados: Galindo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También lee: Pozos no ha pagado su deuda: Galindo
Ciudad
Ciudadanos de Villa de Pozos se rebelan: impugnan nombramiento de Aradillas
Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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