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“El Chato” López, a nada de conseguir 2 mil hectáreas en San Miguelito
La venta de la Sierra de San Miguelito parece inminente; Carlos López organizará una asamblea comunal y pretende conseguir los terrenos sin pedirle opinión a la Procuraduría Agraria
Por: Roberto Rocha
El proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina prepara para el domingo 21 de julio un nuevo intento por quedarse con la comunidad de San Juan de Guadalupe, mediante una nueva asamblea comunal, en la que intenta obtener 2 mil 68 hectáreas de ese lugar, en la Sierra de San Miguelito, a través de un supuesto proyecto productivo.
La convocatoria de la sesión del próximo domingo convoca a todos los comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexas San Miguelito y Tierra Blanca, para que voten acerca de una asociación en participación de la superficie de 2 mil 68 hectáreas, con la empresa Espacios en el Horizonte SA de CV, propiedad de López Medina y el empresario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.
La asamblea comunal del próximo domingo también debe votar la autorización de un contrato de servicios profesionales para realizar trabajos topográficos y generar el plano sobre una superficie de 2 mil 68 hectáreas. Además se votará la integración de una comisión auxiliar que apoye en los trabajos de la medición del terreno y la petición del Comisariado Ejidal, que solicite al Registro Agrario Nacional la inscripción de los acuerdos obtenidos de dicha sesión.
De acuerdo con Carlos Covarrubias Rendón, abogado defensor de los comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a los proyectos inmobiliarios de López Medina, la asociación en participación que se propone busca conformar la empresa Espacios en el Horizonte en el área de 2 mil 68 hectáreas, pero no es más que un acuerdo para someter a los comuneros y quitarles la posesión a cambio de 30 mil pesos a manera de “enganche”.
En una carta entregada ayer por comuneros al secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, los habitantes de San Juan de Guadalupe explican al funcionario estatal que “la asociación en participación es una figura de naturaleza eminentemente mercantil”, que es inédito en asuntos agrarios.
Según Covarrubias Rendón, el que oferta López Medina vía Espacios en el Horizonte es un contrato donde la materia es el uso y aprovechamiento de 2 mil 68 hectáreas: “Los desarrolladores generan una inversión y controlan todas las decisiones económicas. Sin embargo en la Ley Agraria, en su artículo 45, se establece que los contratos de asociación deberán tener una duración prorrogable de 30 años, conforme a un proyecto productivo, entre los que no se incluye proyectos inmobiliarios. Los empresarios buscan simular una asociación productiva cuando en la realidad buscan fraccionar y vender el área comunal”.
Esa condición de contrato para la realización de proyectos productivos provocaría que López Medina no necesite la opinión favorable de la Procuraduría Agraria respecto a la venta -disfrazada- para fines inmobiliarios en la comunidad de San Juan de Guadalupe, “porque según ellos, en términos generales, es una asociación para desarrollar el área comunal”.
En otros intentos recientes, el proyecto inmobiliario de López Medina y Tamayo Ibarra, antes con el nombre de Reserva San Luis SA de CV, debido a que la Procuraduría Agraria debía emitir una opinión favorable a ese proyecto inmobiliario, misma que había sido revocada desde el pasado 24 de enero.
Covarrubias Rendón dijo a La Orquesta que, a cambio del voto en favor del proyecto Espacios en el Horizonte, López Medina ofrece un pago de 30 mil pesos “como enganche” a cada uno de los comuneros de San Juan de Guadalupe.
El 3 de noviembre de 2017, la Comisión Estatal del Agua (CEA) entregó al empresario inmobiliario, Carlos “El Chato” López Medina, una autorización para almacenar en dos tanques miles de litros por segundo de agua provenientes de la presa y acueducto El Realito. Convenientemente, los tanques se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Espacios en el Horizonte.
En un oficio de la CEA, del que este medio tiene copia, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, en su calidad de presidente de Espacios en el Horizonte, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.
Esa disposición en favor de López Medina se da, pese a que toda la zona metropolitana de San Luis Potosí sufre problemas de desabasto de agua.
Esta situación fue también dada a conocer por los comuneros de San Juan de Guadalupe al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.
La comunera Baudelia Aguilar García anunció que el supuesto proyecto productivo de desarrollo comunal en San Juan de Guadalupe ya fue hecho del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “para que se defina con claridad lo que se intenta: manipular con dinero de dudosa procedencia a los comuneros”.
La carta entregada a Leal Tovías solicita que se gire oficios a los 38 notarios públicos existentes en la Zona Metropolitana de la ciudad, “previniéndolos sobre la ilegalidad derivada de su asistencia a la asamblea”.
Además pide que se evite la implementación de un operativo policial que resguarde la asamblea, pues en la opinión de los comuneros contrarios al “Chato” López, se tratará de un acto contrario al estado de derecho y el orden público que deben procurar las policías.
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La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
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En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno
Por: Carlos Ruíz
La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.
Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.
El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.
La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5
El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.
El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.
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Tras encontrar nuevos animales muertos esta semana, anunciaron que presentarán una denuncia formal y exigirán acciones para protegerlos
Por: Redacción
Locatarios del mercado San Luis 400, en la calle Coronel Romero 139, sospechan que un vecino o personal de la Ciudad Judicial —ubicada a un costado del inmueble— está detrás del envenenamiento de los gatos que rondan el lugar, luego de que esta semana aparecieron varios felinos muertos.
Esta semana, los comerciantes hallaron varios gatos sin vida: unos, según creen, por consumir alimento envenenado, y otros con lesiones que atribuyen a los perros que acompañan a los lavacoches que se posesionan de la zona.
Los locatarios ya habían denunciado ante las autoridades la matanza de gatos dentro y fuera del mercado, pero aseguran que la práctica continúa sin que ninguna autoridad intervenga, pese a tener conocimiento del caso.
Hace un par de semanas comenzaron a registrar la muerte de varios gatos que rondan las instalaciones del mercado.
Confirmaron entonces que los gatos estaban siendo envenenados, lo que motivó una protesta ante las autoridades. Indicaron que, al comunicarse vía telefónica con personal del Centro Integral de Bienestar Animal, la respuesta fue que no podían intervenir. Al paso de los días dejaron de detectar irregularidades, hasta el hallazgo de esta semana.
Ante ello, los locatarios esperan presentar una denuncia formal ante las autoridades y solicitar la construcción de una barda o, al menos, una cerca de malla ciclónica para proteger el estacionamiento y los accesos al centro de abasto.
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