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“El Chato” López, a nada de conseguir 2 mil hectáreas en San Miguelito
La venta de la Sierra de San Miguelito parece inminente; Carlos López organizará una asamblea comunal y pretende conseguir los terrenos sin pedirle opinión a la Procuraduría Agraria
Por: Roberto Rocha
El proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina prepara para el domingo 21 de julio un nuevo intento por quedarse con la comunidad de San Juan de Guadalupe, mediante una nueva asamblea comunal, en la que intenta obtener 2 mil 68 hectáreas de ese lugar, en la Sierra de San Miguelito, a través de un supuesto proyecto productivo.
La convocatoria de la sesión del próximo domingo convoca a todos los comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexas San Miguelito y Tierra Blanca, para que voten acerca de una asociación en participación de la superficie de 2 mil 68 hectáreas, con la empresa Espacios en el Horizonte SA de CV, propiedad de López Medina y el empresario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.
La asamblea comunal del próximo domingo también debe votar la autorización de un contrato de servicios profesionales para realizar trabajos topográficos y generar el plano sobre una superficie de 2 mil 68 hectáreas. Además se votará la integración de una comisión auxiliar que apoye en los trabajos de la medición del terreno y la petición del Comisariado Ejidal, que solicite al Registro Agrario Nacional la inscripción de los acuerdos obtenidos de dicha sesión.
De acuerdo con Carlos Covarrubias Rendón, abogado defensor de los comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a los proyectos inmobiliarios de López Medina, la asociación en participación que se propone busca conformar la empresa Espacios en el Horizonte en el área de 2 mil 68 hectáreas, pero no es más que un acuerdo para someter a los comuneros y quitarles la posesión a cambio de 30 mil pesos a manera de “enganche”.
En una carta entregada ayer por comuneros al secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, los habitantes de San Juan de Guadalupe explican al funcionario estatal que “la asociación en participación es una figura de naturaleza eminentemente mercantil”, que es inédito en asuntos agrarios.
Según Covarrubias Rendón, el que oferta López Medina vía Espacios en el Horizonte es un contrato donde la materia es el uso y aprovechamiento de 2 mil 68 hectáreas: “Los desarrolladores generan una inversión y controlan todas las decisiones económicas. Sin embargo en la Ley Agraria, en su artículo 45, se establece que los contratos de asociación deberán tener una duración prorrogable de 30 años, conforme a un proyecto productivo, entre los que no se incluye proyectos inmobiliarios. Los empresarios buscan simular una asociación productiva cuando en la realidad buscan fraccionar y vender el área comunal”.
Esa condición de contrato para la realización de proyectos productivos provocaría que López Medina no necesite la opinión favorable de la Procuraduría Agraria respecto a la venta -disfrazada- para fines inmobiliarios en la comunidad de San Juan de Guadalupe, “porque según ellos, en términos generales, es una asociación para desarrollar el área comunal”.
En otros intentos recientes, el proyecto inmobiliario de López Medina y Tamayo Ibarra, antes con el nombre de Reserva San Luis SA de CV, debido a que la Procuraduría Agraria debía emitir una opinión favorable a ese proyecto inmobiliario, misma que había sido revocada desde el pasado 24 de enero.
Covarrubias Rendón dijo a La Orquesta que, a cambio del voto en favor del proyecto Espacios en el Horizonte, López Medina ofrece un pago de 30 mil pesos “como enganche” a cada uno de los comuneros de San Juan de Guadalupe.
El 3 de noviembre de 2017, la Comisión Estatal del Agua (CEA) entregó al empresario inmobiliario, Carlos “El Chato” López Medina, una autorización para almacenar en dos tanques miles de litros por segundo de agua provenientes de la presa y acueducto El Realito. Convenientemente, los tanques se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Espacios en el Horizonte.
En un oficio de la CEA, del que este medio tiene copia, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, en su calidad de presidente de Espacios en el Horizonte, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.
Esa disposición en favor de López Medina se da, pese a que toda la zona metropolitana de San Luis Potosí sufre problemas de desabasto de agua.
Esta situación fue también dada a conocer por los comuneros de San Juan de Guadalupe al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.
La comunera Baudelia Aguilar García anunció que el supuesto proyecto productivo de desarrollo comunal en San Juan de Guadalupe ya fue hecho del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “para que se defina con claridad lo que se intenta: manipular con dinero de dudosa procedencia a los comuneros”.
La carta entregada a Leal Tovías solicita que se gire oficios a los 38 notarios públicos existentes en la Zona Metropolitana de la ciudad, “previniéndolos sobre la ilegalidad derivada de su asistencia a la asamblea”.
Además pide que se evite la implementación de un operativo policial que resguarde la asamblea, pues en la opinión de los comuneros contrarios al “Chato” López, se tratará de un acto contrario al estado de derecho y el orden público que deben procurar las policías.
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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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Los inconformes acusan un presunto abuso policial durante la detención de un hombre de 47 años
Por: Redacción
La tensión aumentó este domingo en Matlapa, luego de que pobladores retuvieron a elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal para exigir justicia por la muerte de un hombre a quien señalan como víctima de un presunto abuso policial.
Los inconformes llevaron a algunos de los agentes retenidos por calles y hasta la plaza principal del municipio. Entre los elementos señalados se encuentra al menos una mujer.
La protesta está relacionada con el fallecimiento de Fermín Isabel Antonio, de 47 años, originario de Axtla de Terrazas, quien murió después de ser trasladado al Hospital de Santa Catarina, según la versión difundida por los manifestantes.
De acuerdo con los pobladores, el hombre habría sido detenido la noche del sábado por elementos municipales y estatales después de verse involucrado en un percance vial. Durante la intervención, presuntamente habría sido golpeado por los agentes y posteriormente trasladado a un hospital, donde perdió la vida.
La versión provocó la indignación de habitantes del ejido Picholco y de la cabecera municipal, quienes exigieron que se esclarezcan los hechos y se determine si existió responsabilidad de los policías involucrados.
Los manifestantes también demandaron la presencia de la alcaldesa María de Jesús Rivera
Ante la falta de respuesta, los pobladores trasladaron la protesta a la carretera federal, donde bloquearon de manera intermitente la vía a la altura de Jalpilla.
El cierre ha permitido el paso de vehículos por algunos lapsos, aunque los inconformes advirtieron que podrían realizar un bloqueo total si no son atendidos por la presidenta municipal.
Mientras tanto, los elementos policiales permanecerían retenidos por los pobladores en espera de una respuesta de las autoridades.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte de Fermín Isabel Antonio ni se ha confirmado que su fallecimiento sea consecuencia directa de una presunta agresión policial. Tampoco se ha determinado responsabilidad alguna contra los agentes señalados.
Las autoridades competentes deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la detención, determinar la causa del fallecimiento y, en su caso, deslindar responsabilidades por los hechos que mantienen la tensión en el municipio.
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