julio 31, 2026

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“El Chato” López, a nada de conseguir 2 mil hectáreas en San Miguelito

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San Miguelito

La venta de la Sierra de San Miguelito parece inminente; Carlos López organizará una asamblea comunal y pretende conseguir los terrenos sin pedirle opinión a la Procuraduría Agraria

Por: Roberto Rocha 

El proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina prepara para el domingo 21 de julio un nuevo intento por quedarse con la comunidad de San Juan de Guadalupe, mediante una nueva asamblea comunal, en la que intenta obtener 2 mil 68 hectáreas de ese lugar, en la Sierra de San Miguelito, a través de un supuesto proyecto productivo.

La convocatoria de la sesión del próximo domingo convoca a todos los comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexas San Miguelito y Tierra Blanca, para que voten acerca de una asociación en participación de la superficie de 2 mil 68 hectáreas, con la empresa Espacios en el Horizonte SA de CV, propiedad de López Medina y el empresario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.

La asamblea comunal del próximo domingo también debe votar la autorización de un contrato de servicios profesionales para realizar trabajos topográficos y generar el plano sobre una superficie de 2 mil 68 hectáreas. Además se votará la integración de una comisión auxiliar que apoye en los trabajos de la medición del terreno y la petición del Comisariado Ejidal, que solicite al Registro Agrario Nacional la inscripción de los acuerdos obtenidos de dicha sesión.

De acuerdo con Carlos Covarrubias Rendón, abogado defensor de los comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a los proyectos inmobiliarios de López Medina, la asociación en participación que se propone busca conformar la empresa Espacios en el Horizonte en el área de 2 mil 68 hectáreas, pero no es más que un acuerdo para someter a los comuneros y quitarles la posesión a cambio de 30 mil pesos a manera de “enganche”.

En una carta entregada ayer por comuneros al secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, los habitantes de San Juan de Guadalupe explican al funcionario estatal que “la asociación en participación es una figura de naturaleza eminentemente mercantil”, que es inédito en asuntos agrarios.

Según Covarrubias Rendón, el que oferta López Medina vía Espacios en el Horizonte es un contrato donde la materia es el uso y aprovechamiento de 2 mil 68 hectáreas: “Los desarrolladores generan una inversión y controlan todas las decisiones económicas. Sin embargo en la Ley Agraria, en su artículo 45, se establece que los contratos de asociación deberán tener una duración prorrogable de 30 años, conforme a un proyecto productivo, entre los que no se incluye proyectos inmobiliarios. Los empresarios buscan simular una asociación productiva cuando en la realidad buscan fraccionar y vender el área comunal”.

Esa condición de contrato para la realización de proyectos productivos provocaría que López Medina no necesite la opinión favorable de la Procuraduría Agraria respecto a la venta -disfrazada- para fines inmobiliarios en la comunidad de San Juan de Guadalupe, “porque según ellos, en términos generales, es una asociación para desarrollar el área comunal”.

En otros intentos recientes, el proyecto inmobiliario de López Medina y Tamayo Ibarra, antes con el nombre de Reserva San Luis SA de CV, debido a que la Procuraduría Agraria debía emitir una opinión favorable a ese proyecto inmobiliario, misma que había sido revocada desde el pasado 24 de enero.

Covarrubias Rendón dijo a La Orquesta que, a cambio del voto en favor del proyecto Espacios en el Horizonte, López Medina ofrece un pago de 30 mil pesos “como enganche” a cada uno de los comuneros de San Juan de Guadalupe.

El 3 de noviembre de 2017, la Comisión Estatal del Agua (CEA) entregó al empresario inmobiliario, Carlos “El Chato” López Medina, una autorización para almacenar en dos tanques miles de litros por segundo de agua provenientes de la presa y acueducto El Realito. Convenientemente, los tanques se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Espacios en el Horizonte.

En un oficio de la CEA, del que este medio tiene copia, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, en su calidad de presidente de Espacios en el Horizonte, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.

Esa disposición en favor de López Medina se da, pese a que toda la zona metropolitana de San Luis Potosí sufre problemas de desabasto de agua.

Esta situación fue también dada a conocer por los comuneros de San Juan de Guadalupe al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

La comunera Baudelia Aguilar García anunció que el supuesto proyecto productivo de desarrollo comunal en San Juan de Guadalupe ya fue hecho del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “para que se defina con claridad lo que se intenta: manipular con dinero de dudosa procedencia a los comuneros”.

La carta entregada a Leal Tovías solicita que se gire oficios a los 38 notarios públicos existentes en la Zona Metropolitana de la ciudad, “previniéndolos sobre la ilegalidad derivada de su asistencia a la asamblea”.

Además pide que se evite la implementación de un operativo policial que resguarde la asamblea, pues en la opinión de los comuneros contrarios al “Chato” López, se tratará de un acto contrario al estado de derecho y el orden público que deben procurar las policías.

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Acento Ajeno

Las murallas de Chapultepec | Columna de Haniel Valdés

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Acento ajeno

Por: Haniel Valdés Velázquez

La ciudad de las piscinas a desnivel, los puentes verdes y las licencias gratuitas, tiene un nuevo debate público, que lo mismo puede parecer ataque político vestido de periodismo ciudadano.

Resulta que a muchos cochistas les molestan los nuevos topes de la Avenida Chapultepec, porque autos volaron sobre ellos en su primera noche. Los quejosos voladores aducen a través de reportes, que aún los topes no estaba bien señalados; lo cierto es que quien va a la velocidad permitida, no sale volando.

Por primera vez una obra vial a nivel de la calle ocupa portadas y titulares en los medios, porque para los ingenieros viales o expertos de turno la solución siempre es que el peatón suba y baje 200 escalones de horribles estructuras de hierro o que los autos sigan a 100 km/h sobre un puente o paso a desnivel.

No soy un experto en ingeniería urbana, por lo que no pretendo entrar en detalles técnicos de si está bien o mal hecho, por eso me centro en los debates que quieren forzar las páginas de Facebook que se llaman medios de prensa.

Pocas veces he visto medios cuestionar la constante construcción de estructura cochista que lejos de mejorar la movilidad, como dicen los boletines oficiales, tienden solamente a favorecer la velocidad.

¿Quién se acuerda de los peatones? ¿Quién piensa en el que quiere cruzar la calle sin tener que subirse a un gigante de hierro de más de 6 metros de altura? Antes de que lo invada un pensamiento clasista, whitexican o retrógrado y termine llamando “pobre” al que camina, tómese los 30 minutos que tarda en cada semáforo para respirar y léame con la mente un poco menos cerrada.

Las primeras quejas llegaron porque no había señalética para avisarle a los conductores que había una barda en medio de la calle, pero la mayoría de los que piden la señal con el aviso son los mismos que, a propósito, no ven las que sí están, esas que indican un máximo en la velocidad, o ser cortés con los peatones que intentan cruzar.

Señales faltan más, como una que indique para qué o quién es el carril central de Chapultepec, que en realidad nadie lo sabe a ciencia cierta, otras en toda la ciudad, las que avisen que la ciclovía no es para que se estacionen autos de los negocios de Carranza o Himno Nacional.

La Avenida Chapultepec tiene varias señales que indican que el límite de velocidad es de 50 km/h, algunas casi borradas -ahí te encargo, Ayuntamiento- pero en los videos que circularon de autos voladores, en ninguno de los casos, la velocidad del vehículo estaba por debajo del límite permitido

.

Sí hubo un fallo grande por parte de las autoridades viales municipales que no anunciaron a tiempo el tope y no colocaron la señal hasta que ya estaba listo el muro de los tormentos.

Sigue existiendo tardanza por parte de estas mismas autoridades para repintar o rescatar las señales que no solo ahí, sino en toda la ciudad, están mal pintadas, opacas, mal colocadas o tapadas por árboles.

Los medios que compartieron videos, que criticaron al gobierno municipal, que incitaron al odio de conductores hacia peatones (como si eso no fuera pan de cada día), ¿por qué no acompañaron sus post con un “circule con cuidado”, “cumpla con lo establecido”, “respete al peatón”?

A mis colegas de los medios: falta para el 2027, no empecemos desde ya a querer caerle mejor al que todavía no saben si va a seguir en el poder, hagamos periodismo útil, no crítica en busca de likes. 

Conductores: respeten al peatón. Peatones: no usen el móvil mientras cruzan las calles, ni intenten ganarle al semáforo. Ciclistas: hay solo 3 ciclovías, pero usémoslas correctamente. 

Autoridades: hagan su trabajo, pero háganlo bien, y no descuiden lo que hicieron antes por centrarse solo en obras nuevas.

Gobierno estatal: la obra municipal es para que las personas se sientan más seguras entrando a un parque bajo su cuidado, para evitar accidentes en una calle, de una ciudad que también es parte del estado.

Gobierno municipal: no se apresuren por hacer cosas solo de cara a la contienda electoral, échenle ganas y háganlas bien, respeten los tiempos, informen oportunamente a los usuarios de las vialidades.

Ya aprovechando, revisen las señales de tránsito de la zona, que necesitan mantenimiento, y luego dense una vuelta por la ciudad: hay banquetas que son estacionamientos, hay ciclovías intransitables, hay peatones en riesgo porque los conductores no siguen el reglamento.

En pocas palabras, bajemos todos la velocidad… en todo, hay topes.

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SEGE da por concluido el caso Universidad Potosina, pero Fiscalía sigue

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La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas

Por: Redacción

Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.

El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.

Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital

.

El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.

La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.

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341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina

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En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno

Por: Carlos Ruíz

La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.

El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.

Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.

El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.

La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5

y 27 a uno. En el sur: Aquismón, Matlapa, Coxcatlán, la relación se invierte: el presupuesto federal supera a las remesas. Aquismón, con el mayor FISM de la Huasteca (212 millones de pesos), recibe 93 millones en remesas.

El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.

El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.

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