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“El Chato” López, a nada de conseguir 2 mil hectáreas en San Miguelito
La venta de la Sierra de San Miguelito parece inminente; Carlos López organizará una asamblea comunal y pretende conseguir los terrenos sin pedirle opinión a la Procuraduría Agraria
Por: Roberto Rocha
El proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina prepara para el domingo 21 de julio un nuevo intento por quedarse con la comunidad de San Juan de Guadalupe, mediante una nueva asamblea comunal, en la que intenta obtener 2 mil 68 hectáreas de ese lugar, en la Sierra de San Miguelito, a través de un supuesto proyecto productivo.
La convocatoria de la sesión del próximo domingo convoca a todos los comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexas San Miguelito y Tierra Blanca, para que voten acerca de una asociación en participación de la superficie de 2 mil 68 hectáreas, con la empresa Espacios en el Horizonte SA de CV, propiedad de López Medina y el empresario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.
La asamblea comunal del próximo domingo también debe votar la autorización de un contrato de servicios profesionales para realizar trabajos topográficos y generar el plano sobre una superficie de 2 mil 68 hectáreas. Además se votará la integración de una comisión auxiliar que apoye en los trabajos de la medición del terreno y la petición del Comisariado Ejidal, que solicite al Registro Agrario Nacional la inscripción de los acuerdos obtenidos de dicha sesión.
De acuerdo con Carlos Covarrubias Rendón, abogado defensor de los comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a los proyectos inmobiliarios de López Medina, la asociación en participación que se propone busca conformar la empresa Espacios en el Horizonte en el área de 2 mil 68 hectáreas, pero no es más que un acuerdo para someter a los comuneros y quitarles la posesión a cambio de 30 mil pesos a manera de “enganche”.
En una carta entregada ayer por comuneros al secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, los habitantes de San Juan de Guadalupe explican al funcionario estatal que “la asociación en participación es una figura de naturaleza eminentemente mercantil”, que es inédito en asuntos agrarios.
Según Covarrubias Rendón, el que oferta López Medina vía Espacios en el Horizonte es un contrato donde la materia es el uso y aprovechamiento de 2 mil 68 hectáreas: “Los desarrolladores generan una inversión y controlan todas las decisiones económicas. Sin embargo en la Ley Agraria, en su artículo 45, se establece que los contratos de asociación deberán tener una duración prorrogable de 30 años, conforme a un proyecto productivo, entre los que no se incluye proyectos inmobiliarios. Los empresarios buscan simular una asociación productiva cuando en la realidad buscan fraccionar y vender el área comunal”.
Esa condición de contrato para la realización de proyectos productivos provocaría que López Medina no necesite la opinión favorable de la Procuraduría Agraria respecto a la venta -disfrazada- para fines inmobiliarios en la comunidad de San Juan de Guadalupe, “porque según ellos, en términos generales, es una asociación para desarrollar el área comunal”.
En otros intentos recientes, el proyecto inmobiliario de López Medina y Tamayo Ibarra, antes con el nombre de Reserva San Luis SA de CV, debido a que la Procuraduría Agraria debía emitir una opinión favorable a ese proyecto inmobiliario, misma que había sido revocada desde el pasado 24 de enero.
Covarrubias Rendón dijo a La Orquesta que, a cambio del voto en favor del proyecto Espacios en el Horizonte, López Medina ofrece un pago de 30 mil pesos “como enganche” a cada uno de los comuneros de San Juan de Guadalupe.
El 3 de noviembre de 2017, la Comisión Estatal del Agua (CEA) entregó al empresario inmobiliario, Carlos “El Chato” López Medina, una autorización para almacenar en dos tanques miles de litros por segundo de agua provenientes de la presa y acueducto El Realito. Convenientemente, los tanques se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Espacios en el Horizonte.
En un oficio de la CEA, del que este medio tiene copia, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, en su calidad de presidente de Espacios en el Horizonte, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.
Esa disposición en favor de López Medina se da, pese a que toda la zona metropolitana de San Luis Potosí sufre problemas de desabasto de agua.
Esta situación fue también dada a conocer por los comuneros de San Juan de Guadalupe al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.
La comunera Baudelia Aguilar García anunció que el supuesto proyecto productivo de desarrollo comunal en San Juan de Guadalupe ya fue hecho del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “para que se defina con claridad lo que se intenta: manipular con dinero de dudosa procedencia a los comuneros”.
La carta entregada a Leal Tovías solicita que se gire oficios a los 38 notarios públicos existentes en la Zona Metropolitana de la ciudad, “previniéndolos sobre la ilegalidad derivada de su asistencia a la asamblea”.
Además pide que se evite la implementación de un operativo policial que resguarde la asamblea, pues en la opinión de los comuneros contrarios al “Chato” López, se tratará de un acto contrario al estado de derecho y el orden público que deben procurar las policías.
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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
“, afirmó Proal Huerta.La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias “, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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Ciudad
Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí
El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.
El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.
“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.
El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.
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