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El ABC sobre la despenalización del aborto y su repercusión en SLP
Las mujeres con menos de 12 semanas de gestación podrán acudir a cualquier institución de salud administrada por la Federación para acceder a la interrupción del embarazo
Por: Ana G. Silva
El pasado 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo con el cual despenaliza el aborto en todo el país, luego de que la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el sistema jurídico que penaliza esta práctica en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La Orquesta conversó con Metztli Eliana, estudiante de la maestría en Derechos Humanos e integrante del Frente Marea Verde San Luis Potosí, para conocer cómo funciona esta resolución y qué efectos tendrá a nivel estatal.
Metztli Eliana comentó que el recurso de la SCJN es un avance histórico para los derechos de las mujeres, ya que otorga acceso a la salud y al libre desarrollo, pues reconoce que la maternidad no es una obligación natural del sexo femenino, sino que debe ser deseada. Apuntó que la resolución permite interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, periodo en el que el desarrollo fetal no está tan avanzado, es decir que el feto no tiene conexiones neuronales para sentir dolor, placer o algún nivel de conciencia, además de que existe menor riesgo para la persona gestante.
La estudiante de la maestría en Derechos Humanos apuntó que se revocaron los artículos del 330 al 334 del Código Penal Federal, por lo que desde ahora ni a las mujeres gestantes ni al personal médico en una institución administrada por el gobierno federal que provea el servicio se les puede criminalizar.
“Ojo es IMSS, ISSSTE o Pemex, esas instituciones federales; todavía no se puede realizar en instituciones privadas o en instituciones que están administradas por un gobierno estatal que aún no lo haya despenalizado, esas son todavía las limitaciones que mantienen”.
La integrante del Frente Marea Verde señaló que en 2021 hubo otra resolución sobre el aborto por parte de la SCJN, en la que se declaró inconstitucional y el ente federal instaba a los estados a despenalizarlo, pero en la actual se revocan los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, los cuales sancionaban a las mujeres como al personal de salud, en una pena de alrededor de tres años de cárcel: “Ya es más claro, en 2021 hicieron como una recomendación para que los estados despenalizaran el aborto; ahora ya se ha revocado los artículos de Código P enal Federal ”.
Metztli detalló que con el dictamen de la Suprema Corte en 2023 garantiza que todas las mujeres en cualquier estado de la República puedan acceder al servicio del aborto en una institución de salud que sea administrada por el gobierno federal , algo que en la resolución de 2021 no era posible. Añadió que en 2021 si se realizaba la interrupción del embarazo se abría una carpeta de investigación, pero esta no procedía.
Subrayó que a nivel estatal falta que se despenalice el aborto, es decir que el Congreso local legislativo lo homologue, aunque, detalló, desde 2019 se han presentado diversas iniciativas para que se legisle, no obstante, los diferentes diputados se han negado a hacerlo.
“Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia nos estará beneficiando, porque es un elemento más a favor. Aquí la Suprema Corte les está diciendo a los diputados del estado de una manera más clara y contundente que sí o sí lo tienen que aprobar, que seguir penalizando el aborto en el estado es estar en contra de los derechos de las mujeres y personas gestantes y también es estar en contra de las propias resoluciones de la Suprema Corte. Además es una deuda histórica que el estado tiene con las mujeres y con las personas gestantes”.
El pasado viernes 8 de septiembre, las integrantes del Frente Marea Verde presentaron una iniciativa para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal estatal y con ello despenalizar el aborto en San Luis Potosí y así convertirse en la entidad número 13 en hacer valer este derecho.
“La imposición de un embarazo no deseado implica una restricción severa a la autonomía de la mujer; una maternidad impuesta limita la autonomía reproductiva y obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad en los diferentes ámbitos de su vida social, educativa y laboral; una maternidad forzada atenta contra el derecho de toda persona a la preservación de su salud, contra la integridad física y mental de la mujer no sólo por imponer la gestación y el parto, sino por renunciar a su proyecto de vida. Es por ello que el Estado debe garantizar y proteger los derechos consagrados constitucionalmente, así como los instrumentos internacionales que México ha ratificado”, expresaron como parte de su posicionamiento.
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Ciudad
El sistema estatal de cuidados, atorado en la burocracia: Colectivo
El colectivo Cuidadoras Potosinas hace un llamado enérgico tanto al estado, al congreso y al ayuntamiento capitalino para cumplir acuerdos
Por: J. C. Haro
El colectivo Cuidadoras Potosinas planteó que ni el reconocimiento constitucional ni la aprobación del Cabildo de la capital potosina han sido suficientes para que estos avances se traduzcan en políticas públicas concretas.
Mariana Hernández Noriega, dirigente del colectivo, afirmó que la principal demanda es que las autoridades municipales y estatales respeten los compromisos asumidos con las personas cuidadoras y den continuidad a las mesas de trabajo para construir el sistema estatal.
La activista aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cumplió con la creación del Sistema Municipal de Cuidados, a pesar de que el acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Cabildo. Explicó que el colectivo promovió un amparo para exigir el cumplimiento de ese compromiso.
“Le exigimos al Ayuntamiento de San Luis Potosí que cumpla con el Sistema Municipal de Cuidados“.
El colectivo además sostiene que la lucha por el sistema de cuidados no beneficia únicamente a su organización, sino a todas las personas que realizan labores de cuidado en el estado, incluidas madres, hijas cuidadoras y quienes atienden a adultos mayores o familiares con enfermedades o discapacidad.
En el ámbito estatal, el colectivo logró la incorporación del artículo 12 Bis a la Constitución local, que reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones dignas. Sin embargo, advirtió que la ley que debe crear el Sistema Estatal de Cuidados
aún no ha sido aprobada.La dirigente explicó que el proceso legislativo continuará a partir de septiembre, cuando el Congreso reanude actividades y se retomen las mesas de trabajo con dependencias estatales para definir el funcionamiento del sistema y el presupuesto necesario para su implementación.
Hernández Noriega informó que el estado enfrenta un cambio demográfico que hará cada vez más urgente contar con una política pública de cuidados. Señaló que San Luis Potosí registra una disminución en la natalidad y un aumento en la población adulta mayor, lo que incrementará la demanda de personas cuidadoras.
“La bronca es quién va a cuidar a esos viejitos, y quién nos va a cuidar”, se preguntó.
Además del cumplimiento de los sistemas municipal y estatal, el colectivo pide ampliar las redes de apoyo para las personas cuidadoras mediante estancias para adultos mayores, empleos de medio tiempo, capacitación y atención psicológica permanente.
La organización afirmó que continuará impulsando la creación de mecanismos institucionales concretos que permitan reconocer y sostener el trabajo de cuidados en San Luis Potosí.
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Ciudad
Refuerzan vigilancia para impedir operaciones de huachicol en Soledad: Navarro
El alcalde aseguró que hasta ahora no se han detectado operaciones relacionadas con el robo de combustible en el municipio
Por: Redacción
Aunque hasta el momento no se han detectado operaciones relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de combustible en Soledad de Graciano Sánchez, el gobierno municipal mantendrá operativos permanentes para impedir que este delito se establezca en la demarcación, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.
El edil explicó que la estrategia consiste en incrementar la presencia de la Guardia Civil Municipal tanto en la cabecera como en las comunidades, además de mantener la coordinación con fuerzas estatales y federales.
“Es seguir con los recorridos, seguir con la presencia de la Guardia Civil Municipal en todo el municipio”, afirmó.
Navarro señaló que el trabajo conjunto con la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuará como parte de las acciones preventivas.
“Justamente es eso, para que no tengamos problemas de este tipo”, indicó.
El alcalde aseguró que la prioridad es evitar que Soledad sea utilizado como punto de almacenamiento o distribución de combustible robado, por lo que los recorridos de vigilancia permanecerán de forma constante.
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Destacadas
Uber se quedó a medio trámite y no podrá operar aún en SLP
La titular de la SCT aseguró que la empresa no completó los requisitos establecidos por la ley, aunque mantiene abiertas las puertas para que lo haga
Por: Redacción
La plataforma de transporte Uber no podrá operar en San Luis Potosí debido a que no concluyó el proceso de regularización previsto por la legislación estatal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La funcionaria explicó que la empresa recibió el memorándum correspondiente para iniciar el trámite, sin embargo, no cumplió con los pasos necesarios para obtener la autorización.
“No terminó con su trámite. Se les entregó el memorándum para que realizaran su pago y dieran inicio a su procedimiento en términos de ley, entregando los datos de sus operadores y acudiendo a las capacitaciones que establece la normatividad. La realidad es que no cumplieron con ninguno de estos requisitos“, declaró.
Martínez Acosta señaló que la dependencia mantiene disposición para que Uber complete el procedimiento y pueda operar conforme a la ley, por lo que descartó que exista una postura de persecución hacia la empresa.
“No es un tema de persecución ni de cacería. Al contrario, buscamos que ellos mismos nos ayuden a que la empresa cumpla con la legalidad y con todo lo que establecen las leyes locales”, afirmó.
La secretaria agregó que incluso han sostenido reuniones con algunos operadores interesados en prestar el servicio mediante la plataforma, a quienes se les ha explicado el proceso de regularización.
Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de la empresa deja a los propios conductores en una situación de vulnerabilidad, al no contar con las condiciones legales previstas por la normativa estatal.
“Es la empresa la que no cumple con lo que las leyes locales establecen y eso deja a los operadores en estado de indefensión”, señaló.
Respecto a la llegada de nuevas plataformas digitales al estado, Martínez Acosta consideró que la competencia representa una oportunidad para mejorar la calidad del servicio de transporte.
“Hoy el gremio del taxismo entiende que la competencia es buena. Ellos estarán tratando de mejorar y brindar un mejor servicio, mientras que la ciudadanía podrá elegir la opción que considere más conveniente”, comentó.
La titular de la SCT reiteró que, mientras Uber no complete el procedimiento administrativo y cumpla con las obligaciones previstas en la ley, la plataforma no podrá prestar el servicio de transporte en San Luis Potosí.
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