octubre 29, 2026

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El ABC sobre la despenalización del aborto y su repercusión en SLP

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Las mujeres con menos de 12 semanas de gestación podrán acudir a cualquier institución de salud administrada por la Federación para acceder a la interrupción del embarazo

Por: Ana G. Silva

El pasado 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo con el cual despenaliza el aborto en todo el país, luego de que la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el sistema jurídico que penaliza esta práctica en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La Orquesta conversó con Metztli Eliana, estudiante de la maestría en Derechos Humanos e integrante del Frente Marea Verde San Luis Potosí, para conocer cómo funciona esta resolución y qué efectos tendrá a nivel estatal.

Metztli Eliana comentó que el recurso de la SCJN es un avance histórico para los derechos de las mujeres, ya que otorga acceso a la salud y al libre desarrollo, pues reconoce que la maternidad no es una obligación natural del sexo femenino, sino que debe ser deseada. Apuntó que la resolución permite interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, periodo en el que el desarrollo fetal no está tan avanzado, es decir que el feto no tiene conexiones neuronales para sentir dolor, placer o algún nivel de conciencia, además de que existe menor riesgo para la persona gestante.

La estudiante de la maestría en Derechos Humanos apuntó que se revocaron los artículos del 330 al 334 del Código Penal Federal, por lo que desde ahora ni a las mujeres gestantes ni al personal médico en una institución administrada por el gobierno federal que provea el servicio se les puede criminalizar.

“Ojo es IMSS, ISSSTE o Pemex, esas instituciones federales; todavía no se puede realizar en instituciones privadas o en instituciones que están administradas por un gobierno estatal que aún no lo haya despenalizado, esas son todavía las limitaciones que mantienen”.

La integrante del Frente Marea Verde señaló que en 2021 hubo otra resolución sobre el aborto por parte de la SCJN, en la que se declaró inconstitucional y el ente federal instaba a los estados a despenalizarlo, pero en la actual se revocan los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, los cuales sancionaban a las mujeres como al personal de salud, en una pena de alrededor de tres años de cárcel: “Ya es más claro, en 2021 hicieron como una recomendación para que los estados despenalizaran el aborto; ahora ya se ha revocado los artículos de Código P enal Federal

”.

Metztli detalló que con el dictamen de la Suprema Corte en 2023 garantiza que todas las mujeres en cualquier estado de la República puedan acceder al servicio del aborto en una institución de salud que sea administrada por el gobierno federal

, algo que en la resolución de 2021 no era posible. Añadió que en 2021 si se realizaba la interrupción del embarazo se abría una carpeta de investigación, pero esta no procedía.

Subrayó que a nivel estatal falta que se despenalice el aborto, es decir que el Congreso local legislativo lo homologue, aunque, detalló, desde 2019 se han presentado diversas iniciativas para que se legisle, no obstante, los diferentes diputados se han negado a hacerlo.

“Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia nos estará beneficiando, porque es un elemento más a favor. Aquí la Suprema Corte les está diciendo a los diputados del estado de una manera más clara y contundente que sí o sí lo tienen que aprobar, que seguir penalizando el aborto en el estado es estar en contra de los derechos de las mujeres y personas gestantes y también es estar en contra de las propias resoluciones de la Suprema Corte. Además es una deuda histórica que el estado tiene con las mujeres y con las personas gestantes”.

El pasado viernes 8 de septiembre, las integrantes del Frente Marea Verde presentaron una iniciativa para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal estatal y con ello despenalizar el aborto en San Luis Potosí y así convertirse en la entidad número 13 en hacer valer este derecho.

“La imposición de un embarazo no deseado implica una restricción severa a la autonomía de la mujer; una maternidad impuesta limita la autonomía reproductiva y obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad en los diferentes ámbitos de su vida social, educativa y laboral; una maternidad forzada atenta contra el derecho de toda persona a la preservación de su salud, contra la integridad física y mental de la mujer no sólo por imponer la gestación y el parto, sino por renunciar a su proyecto de vida. Es por ello que el Estado debe garantizar y proteger los derechos consagrados constitucionalmente, así como los instrumentos internacionales que México ha ratificado”, expresaron como parte de su posicionamiento.

También lee: Gallardo consultará sobre aborto con diputados del PVEM

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Tamuín repartió 38 mdp en obra pública sin concursos

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Construcciones VICAAN y Juan Martín Martínez Montoya suman 23 de los 49 contratos y 40% del monto

Por: Ana G Silva

El Ayuntamiento de Tamuín asignó por adjudicación directa las 49 obras públicas que registró en 2026, por 38 millones de pesos, y dos contratistas se quedaron con cuatro de cada diez pesos de ese monto, según los expedientes publicados en el portal de la Contraloría General del Estado.

Tamuín es la segunda unidad contratante con más adjudicaciones directas en el registro estatal, solo detrás de Tamazunchale, que concentra 129. Ninguno de sus contratos rebasa el monto máximo que la ley permite para asignar obra sin concurso en 2026, de 1 millón 751 mil 600 pesos con IVA.

Las 49 obras se repartieron entre 15 contratistas. Construcciones VICAAN, S.A. de C.V., obtuvo 11 contratos por 7.9 millones de pesos, 20.7% del total. Juan Martín Martínez Montoya obtuvo 12 contratos por 7.5 millones, 19.7%. Juntos suman 23 contratos y 15.4 millones de pesos.

Les siguen Alfonso Gerardo Martínez Sánchez, con cuatro contratos por 6 millones, e Incicom RMC, con cinco por 4.5 millones. Entre los cuatro concentran 68%

del monto.

La mayoría de los contratos de los dos principales corresponde a redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la cabecera municipal. VICAAN tiene además el mantenimiento del relleno sanitario, la rehabilitación de un centro de distribución de insumos para la construcción y la del camino W-10, entre los kilómetros 24+250 y 29+500, su contrato más alto, por 1 millón 734 mil pesos. Martínez Montoya construye tres puentes vehiculares y nueve cuartos dormitorios. VICAAN también pavimentó, con dos contratos separados de junio y septiembre, tramos contiguos de la calle Leona Vicario que en conjunto suman 1 millón 785 mil pesos, ligeramente por encima del monto máximo para adjudicación directa.

Varias asignaciones coincidieron en fecha. El 16 de abril, el ayuntamiento falló cuatro contratos de agua potable y drenaje, dos para cada contratista. El 13 de octubre falló cinco, tres de ellos para VICAAN y Martínez Montoya, por 4.4 millones de pesos.

También lee: Un contratista obtiene 20% de la obra pública de Tamazunchale

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Ciudad

En cinco años, no se ha recibido ni un peso estatal al Ayuntamiento

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El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.

Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.

El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.

Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días

para licitar, por lo que los trabajos arrancarían en enero. Dijo no saber si la Contraloría actuó por decisión propia o por orden de alguien.

Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.

Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.

Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.

Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.

También lee: “O engañan al gobernador o no quiere informarse”: Galindo

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Segam reconoce que mide solo parte de la calidad del aire

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Sonia Mendoza dijo que el aire se complica en horas pico y que el frío puede acumular contaminantes

Por: Redacción

Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), reconoció que el monitoreo de la calidad del aire en San Luis Potosí da “un panorama incompleto” del estado.

Según ella, con la información disponible, el estado ha tenido buena calidad del aire este año. La excepción son las horas pico: por la mañana, cuando las familias llevan a sus hijos a la escuela, y a la hora de salida del trabajo.

Hoy el estado opera cinco casetas de monitoreo. En su Quinto Informe, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó 2.1 millones de pesos este año para mantenerlas y operarlas. También reportó 1.1 millones para la primera etapa del ProAire, el programa para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana.

Para 2027, Segam pidió dos casetas

más, de unos 6 millones de pesos cada una. Forman parte de un aumento presupuestal que Mendoza Díaz estimó en alrededor de 30 millones.

Las cámaras empresariales piden lo mismo. A mediados de octubre, Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), dijo que lo que más preocupa a los empresarios en la mesa ambiental con el Gobierno del Estado es que se instale otra estación de monitoreo.

Sobre la temporada de frío, la funcionaria advirtió que en esos meses la contaminación se estabiliza y puede acumularse. “Esperemos que no tengamos mala calidad del aire en estos tiempos”, dijo.

También lee: “El tema no se trata de multas”: Sedeco ante propuestas ambientales de empresarios

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Opinión

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