julio 5, 2022

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Dos fotografías de Ricardo Gallardo | Columna de Luis Moreno

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HISTORIAS PARA PERROS CALLEJEROS.

Aunque en ninguna de las imágenes que aquí presento aparece Ricardo Gallardo, ambas lo retratan, pues como alguna vez escribió el gran Luis Costa Bonino: los secretarios, funcionarios o ministros de un gobierno no representan al pueblo, sino al gobernante que los colocó en el cargo. Hay dos polos del gobierno de Gallardo en los cuales se ubican Leonel Serrato, secretario de Comunicaciones y Transportes (en la primera imagen) y Elizabeth Torres, secretaria de Cultura (en la segunda):

Existe una administración que empezó a gobernar con tal vértigo que ha dejado cambios estructurales que parecían promesas vacías: la gratuidad en las placas y las licencias, el freno al aumento en las tarifas de agua y hasta la inhabilitación de Xavier Nava para ejercer cargos públicos durante 18 años.

Al otro lado hay una versión del gobierno que se mete en polémicas mínimas y, peor, que permite que crezcan hasta ser motivo de crítica social, porque sencillamente no puede admitir el error y operar para darles solución.

La foto de Leonel Serrato corresponde a la intervención que tuvo frente a lo permisionarios de los camiones urbanos, en la que durante 40 minutos machacó a los antiguos gobiernos, a la ambición de los empresarios del transporte, al mal servicio y a Enrique Galindo, para concluir con un contundente: «yo estoy obligado a decirles: ¡ni madres, no hay aumento a la tarifa!». En la fotografía, la cara de Margarito Terán también es protagonista, pues la expresión del líder de los camioneros narra la historia de un régimen que comienza a romperse en todos los niveles.

Cuentan que muy contra su voluntad, los permisionarios tuvieron que admitir que los camiones no tienen las condiciones para exigir un ajuste a la tarifa, y aceptaron el trato que les ofreció el gobierno estatal, en el que les dará un subsidio de 100 millones de pesos con el que deberán ofrecer transporte gratuito a estudiantes, instalar botones de pánico, cámaras de vigilancia e internet. Era un trato que no podían rechazar.

Con Leonel Serrato como representante, el gobierno de Gallardo se apuntó un éxito frente a la ciudadanía que le durará por lo menos un año.

Pasemos a la foto de Elizabeth Torres, esta fue tomada a mediados de diciembre del año pasado, durante un bazar navideño celebrado en el Museo Casa del Rebozo

, donde diversos asistentes señalaron que se permitió la presencia de negocios que comercian artículos de fabricación industrial (no artesanal) y que no corresponden a la tradición rebocera de Santa María del Río, aunque son vendidos como tal, por lo que pueden ser considerados como piratería. En la imagen, la secretaria porta una de esas prendas. El error es claro por parte de Araceli Navarro, titular del museo, pero también de Torres, quien no tomó acciones para solventarlo.

Desde que La Orquesta dio a conocer la situación, la titular de Cultura ha soltado en cada lugar donde sale el tema, el cuento de que esto se trata de politiquería de nuestra parte, cuando en realidad es solo el señalamiento de una falta. (Asunto del que nos ocupamos los que hacemos periodismo y no los administradores de televisoras).

A tales niveles escaló esto, que Marta Turok y Ana Terán, las dos expertas más importantes en el tema de los textiles tradicionales, criticaron con severidad lo ocurrido. ¿También a ellas las acusará de politiquería potosina?

Ahí no terminó, pues existe la versión de que Alejandra Frausto, secretaria de Cultura en el gobierno de López Obrador, pidió a Marina Núñez Bespalova, sub secretaria, indagar personalmente en lo ocurrido, por lo que se comunicó con Elizabeth Torres, quien le mintió al decirle que no estaba en su competencia la Casa del Rebozo, pues ese espacio depende de la Secretaría de Desarrollo Económico a cargo de Arturo Segoviano.

Al enterarse de la mentira, Frausto habría llamado la semana pasada al gobernador Ricardo Gallardo.

De esa llamada se desconoce el tono, pero nunca es buen augurio que una secretaria de estado llame a un gobernador para una aclaración. Ahora queda ver qué le parecen las fotos al gobernador, ¿se sentirá cómodo con ambas? ¿O en alguna no le gustará cómo salió?

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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP

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Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión

Por: Ana G Silva

En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.

De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.

La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.

En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado,

pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.

En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.

Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.

A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.

La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.

También lee: ¿La basura de SLP debe seguir en manos de Vigue?

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Casa de Gobernadores de SLP: el monumento a la corrupción política

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Construida durante el sexenio de Carlos Jonguitud, la mansión de Montañas Rocallosas siempre estuvo rodeada de la crítica contra los excesos de los gobernadores potosinos

Por: Bernardo Vera

La Casa de Gobernadores, que por décadas fue destinada para los mandatarios de la entidad, será convertida en una estancia para albergar a niñas, niños y personas de la tercera edad en situación vulnerable. Luego del paso de once jefes del ejecutivo estatal, y tras la decisión de Ricardo Gallardo Cardona, ayer comenzaron las obras para la transición del inmueble ubicado en avenida Montañas Rocallosas 123, de la colonia Loma Alta.

Gallardo Cardona denunció ayer que la casa le costaba al erario cinco millones de pesos entre su mantenimiento y el pago de nómina de 150 trabajadores entre escoltas, jardineros, meseros, asistentes, etcétera. Ahora al final de su remodelación tendrá mil 873 metros cuadrados para que se atienda a 63 niños y niñas, además de contar con enfermería, dos aulas, comedor, cocina, dos áreas de estar, salón de juegos, usos múltiples, dos dormitorios para cuidadores, servicios sanitarios y generales.

La estancia para adultos mayores tendrá una superficie de 5 mil 488 metros cuadrados, con la capacidad de atender a 88 personas y contará con sala de fisioterapia, consultorios, enfermería, dos salas de televisión, salas de visita, cuatro salas de terapia y una terraza.

Esta casa fue construida durante la gestión del ex gobernador Carlos Jonguitud Barrios (1979 – 1985), bajo la justificación de que resultaba complejo atender a los ciudadanos que acudían a su domicilio particular para manifestarse. Sin embargo, la obra desató reclamos de la sociedad potosina al considerarla “un exceso” por parte del gobernador, quien prometió no utilizarla con fines personales. A pesar de ello, existe la idea entre la población de que pretendía hacerla su domicilio permanente.

El paso de los años y las diferentes administraciones, volvieron el espacio una extensión del Palacio de Gobierno, ya que se efectuaban reuniones de gabinete y se solía recibir a políticos invitados; de esa manera recibió la denominación de “Casa de Gobierno”, como otras residencias que existen en diferentes estados del país, con uso similar.

El caso más polémico fue durante la administración de Leopoldino Ortiz Santos (1987-1991) quien realizó distintas reuniones y fiestas en la casa junto a su familia, y al terminar su sexenio, esta terminó en pésimas condiciones.

Seis administraciones después, durante la gubernatura de Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009), la casa fue remodelada,

se mejoraron sus condiciones y se adecuó a manera de una elegante oficina. El ex gobernador y su familia sí vivieron en ella por seis años.

Francisca Reséndiz Lara, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), denunció en 2015, que la casa fue utilizada como domicilio particular de David Toranzo, hijo del entonces gobernador, Fernando Toranzo, en donde habitaba junto a su esposa y “sus tres perros”. Además, durante cinco años y nueve meses de la administración torancista, se erogaron 19 millones, 541 mil 371 pesos con 55 centavos en el mantenimiento de la Casa de Gobernadores, por conceptos como alimentación, limpieza, alberca y otros gastos.

En 2018, la asociación “Ciudadanos Observando” colocó carteles de venta a manera de protesta simbólica, luego de darse a conocer que su mantenimiento representaba casi 8 millones de pesos anuales. Además, se sugería a la administración de Juan Manuel Carreras, la venta de este espacio y recaudar fondos para infraestructura social, o que se destine el inmueble para brindar servicio a la población.

Juan Manuel Carreras López determinó que no habitaría la Casa de Gobierno, como parte de la política de austeridad que se había implementado, pues se buscaba obtener un ahorro en los gastos que representa para el erario. Sin embargo, funcionó para reuniones con delegados federales y otros funcionarios.

El 27 de septiembre de 2021, Ricardo Gallardo Cardona, como gobernador recién electo, publicó un video en sus redes sociales, en el que mostró el interior de la Casa de Gobierno. En el material se mostró un despacho con decorado de lujo, habitaciones con baño completo, además de una cancha de tenis, una alberca vacía, una palapa, entre otras cosas.

Durante la grabación de este video, anunció que la administración a su cargo convertiría la casa en un albergue para personas en condiciones vulnerables, principalmente menores de edad y adultos mayores.

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Gallardo anunció inversión de 100 millones de pesos para el Hospital Central

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El gobernador aseguró que para diciembre estarán en funcionamiento y equipadas 120 nuevas camas

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado de San Luis Potosí, confirmó la ampliación de los servicios médicos del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” en la capital y una inversión de 100 millones de pesos en equipamiento, a partir de esta misma semana.

El gobernador del estado anunció que el área de urgencias del actual nosocomio se mudará a las instalaciones del nuevo edificio que se ubica a un costado y que hasta la fecha se encuentra sin funcionar, con el objetivo de hacer uso del inmueble, extender y ofrecer una mejora en la atención médica que se brinda a las y los potosinos en la actualidad.

Recordó que la construcción de este edificio nuevo inició en el sexenio del exgobernador Fernando Toranzo Fernández y culminó en la pasada administración de Juan Manuel Carreras López, y aunque es de correspondencia del Gobierno Federal su equipamiento y activación, el actual Gobierno potosino asumirá las acciones para “echarlo a andar” y no esperar más la llegada de aparatos médicos especializados.

“El Hospital Central viejo se va a cambiar al nuevo ya, no vamos a esperar más, si después nos mandan equipos nuevos, que bueno, los iremos reemplazando como vayan llegando. Esto, será otro logro más del actual Gobierno”, anunció Gallardo Cardona, y prometió que antes de diciembre todas las 120 camas de hospitalización que se encuentran sin utilidad

, puedan estar equipadas y albergar a pacientes.

Así mismo, el jefe del ejecutivo local puntualizó que la zona que será desocupada en el actual nosocomio será reconvertida en dignas salas de espera y áreas de descanso para las cientos de personas que diariamente duermen en la calle en espera de información de sus familiares hospitalizados, lo cual resulta inhumano y las expone a ser víctimas de la inseguridad y accidentes.

Por último, detalló que la inversión estatal de 100 millones de pesos, a través de la Secretaría de Salud, se utilizará en la compra de camas hospitalarias, insumos médicos y equipamiento necesario para completar la infraestructura de salud en el nuevo Hospital, de manera que cuando la Federación decida intervenir encuentre un centro médico funcionando correctamente.

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