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Diputados podrían auditar a dependencias potosinas
A través de la figura de “auditorías especiales”, los congresistas podrían revisar las finanzas de cualquier ente obligado en SLP
Por: Redacción
El diputado José Antonio Zapata Meraz presentó ante el Pleno una iniciativa para modificar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado; con la finalidad de establecer la figura de Auditoria Especial ordenada por el Congreso del Estado, la cual se podrá llevar a cabo a iniciativa de los diputados y previa aprobación del pleno para auditar las finanzas de los entes obligados en cualquier momento del ejercicio anual o ejercicios pasados.
Zapata Meraz consideró que no se puede subestimar la utilidad de las revisiones realizadas dentro de los ejercicios fiscales en curso, ya que permiten atender casos de sospecha fundada de ejercicio incorrecto de recursos sin necesidad a esperar al ejercicio anual, utilizando para ello la capacidad técnica de la Auditoría.
El congresista detalló que se pueden alcanzar varios beneficios al vincular al Congreso del Estado a esta opción de fiscalización, como por ejemplo, una mayor atención a los casos y la discusión y el diálogo abierto de temas que involucr en la vigilancia sobre los recursos públicos.
“Se sugiere que los diputados, puedan solicitar la revisión inmediata de la gestión financiera de alguna de las entidades fiscalizadas, sea del ejercicio fiscal en curso o de otros anteriores, y que con esa finalidad deban utilizar el instrumento legislativo de Iniciativa de Acuerdo Económico 
Zapata Meraz consideró que, de ser aprobada su propuesta, dicho ejercicio de fiscalización se tendría que realizar de forma inmediata y tendría los efectos aplicables de los artículos 51, 52 y 53 de esta Ley; es decir, que los entes auditados estarían obligados a proporcionar la información a la Auditoría, misma que actuaría con las atribuciones que la Ley le concede.
Finalmente explicó que, con la modificación propuesta se fomentaría el diálogo en un foro público sobre el uso del erario, y se fortalecerían las atribuciones del Congreso en la vigilancia y su peso institucional en las labores de fiscalización.
La propuesta fue enviada a comisiones para su análisis y posteriormente será sometida a votación ante el Pleno del Congreso del Estado.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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