Diputados de SLP piden a AMLO no suspender apoyos para refugios de mujeres

Los diputados exhortaron al Gobierno de la República a no utilizar, oficios o memorándums, para pretender suspender actos legislativos de asignación presupuestal. 

Por: Redacción

A través de un comunicado, el Congreso del Estado de San Luis Potosí informó que por mayoría, el Pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi para solicitar al Gobierno de la República, a no volver a suspender, por ningún motivo o circunstancia, la convocatoria emitida por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para acceder a los más de 346 millones de pesos aprobados para 2019 en el presupuesto de egresos de la Federación.

En el comunicado se señala: Por ser inadmisible en un estado democrático de derecho, se exhorta a al Gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a no utilizar, oficios o memorándums, para pretender suspender actos legislativos de asignación presupuestal. 

Y para instar al Gobierno Federal a subsanar y corregir cualquier acción que vulnere los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, que va en contra de los tratados internacionales y nacionales en la materia que México ha firmado y ratificado.

En su exposición de motivos, el legislador indicó que el pasado 14 de febrero del año en curso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, circuló entre los miembros del gabinete legal y ampliado,  un memorándum, para que no se transfieran recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONG’S, a asociaciones filantrópicas; argumentando tener el propósito  de terminar con la intermediación.

Por ello, los refugios operados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, dejarían de recibir subsidios, luego que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva cancelara la convocatoria de este año para concursar más de 346 millones de pesos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación.

La convocatoria estaba dirigida a todas las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas “con experiencia comprobable documentalmente en la atención a la violencia familiar y de género, con la finalidad de asignar subsidios a proyectos de coinversión para la operación de refugios y, en su caso, sus centros de atención externa, que atienden exclusivamente a mujeres en situación de violencia extrema y sus hijas e hijos, de conformidad con la normativa aplicable”.

Apenas el 22 de febrero la Secretaría de Salud había confirmado que los refugios no recibirían subsidios del gobierno federal, hasta analizar cuál es la mejor manera de utilizar el dinero.

La Secretaría de Salud reactivó, sin mayor explicación, el sábado 23 de febrero en la noche la convocatoria para asignar subsidios a refugios de mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia extrema, luego de que la Red de Nacional de Refugios, organizaciones, activistas y legisladores, cuestionaran el retiro de recursos públicos.

La Red Nacional de Refugios, que representa a más del 70 por ciento de los refugios del país y cuenta con al menos un refugio en cada estado, advirtió que más de 20 mil mujeres se encuentran en riesgo por la suspensión “inadmisible” de estos subsidios.

El objetivo de los refugios es ser un espacio temporal que ofrece servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres, sus hijas y sus hijos que viven en situación de violencia familiar o de género extrema, entendida ésta como lesiones que pongan en peligro la vida de la mujer sus hijas e hijos, aislamiento extremo, inadaptación a las actividades de la vida diaria, depresión y redes de apoyo social inexistentes o inseguras.

Entre los servicios que prestan se encuentran protección y seguridad, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, referencia para la atención médica integral, servicio de enfermería, asesoría jurídica, atención psicológica, programas reeducativos integrales para que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública y social, capacitación para que puedan adquirir conocimientos y habilidades para el desempeño de una actividad laboral, y bolsa de trabajo con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada.

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