enero 15, 2026

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Estado

Diputados aprueban reformas para sancionar acoso sexual

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El dictamen busca sancionar a docentes y servidores públicos

Por: Redacción

Los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobaron reformas al artículo 181 y 182 del Código Penal de San Luis Potosí, con el objetivo de sancionar el acoso sexual cometido por servidores públicos y docentes, este dictamen busca castigar las conductas que transgredan la integridad y dignidad de las personas y atenten contra la libertad sexual.

Dichas reformas establecen que: “comete el delito de acoso sexual, quien en ejercicio abusivo de poder que conlleve a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, la asedia, acosa, o le demanda actos de naturaleza sexual con fines lascivos, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. También comete este delito, quien, habiendo sido rechazado por el pasivo, insiste en invitarlo a cualquier lado”.

En la justificación de las reformas establecieron que se debe garantizar que ninguna persona sea hostigada, molestada o acosada

, pero es una realidad que muchos ciudadanos no respetan y hacen comentarios hacia la víctima sobre su aspecto físico generando incomodidad y molestia.

La diputada Paola Arreola Nieto dijo que: “este dictamen establece que, cuando sucede un delito de hostigamiento o acoso sexual, se persiga de oficio y no solamente por denuncia de la víctima, de tal manera que ya no quedaran impunes las conductas cometidas por un servidor público o docente, que tiene agravantes por el grado jerárquico que pudieran ejercer contra la víctima. Ahora, la Fiscalía deberá proceder de oficio”.

Por último, los legisladores aprobaron un dictamen para crear un Juzgado Familiar en el Centro de Justicia para las Mujeres, con el objetivo de ofrecer atención integral a las víctimas que acuden en busca de ayuda.

Estado

Más de 100 trabajadores afectados tras cierre de Rising Farms en la Zona Media

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El cierre del invernadero en la Zona Media dejó a decenas de trabajadores sin pagos ni información sobre su situación laboral

Por: Redacción

El cierre del invernadero Rising Farms, ubicado en la comunidad de La Noria, en el municipio de Ciudad Fernández, ha detonado una problemática laboral que afecta a decenas de familias de la Zona Media. Ante esta situación, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí confirmó que ha recibido 50 exhortos y más de 100 solicitudes de trabajadoras y trabajadores que reclaman el pago de prestaciones y la rescisión de contratos, luego de que la empresa suspendiera operaciones sin informar formalmente a su personal.

La titular del organismo, Cecilia Senllance Ochoa Limón, explicó que las personas afectadas se han acercado en busca de orientación, acompañamiento y una solución pacífica a sus inconformidades, ya que hasta el momento no se ha realizado ningún pago ni se les ha notificado su situación laboral.

Aunque por la actividad económica de Rising Farms —relacionada con la explotación, comercialización y empaque de productos agropecuarios— el caso corresponde a la competencia federal, la funcionaria señaló que el Centro estatal ha decidido intervenir con responsabilidad social, bajo los principios de flexibilidad y buena fe, para evitar un conflicto mayor.

Senllance Ochoa informó que existe comunicación directa con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con el objetivo de que, en caso de no alcanzarse un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, se activen los mecanismos necesarios para que las personas afectadas sean escuchadas y su situación se resuelva de manera ágil, legal y transparente.

Subrayó que esta actuación responde a las instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha establecido como prioridad la protección del empleo, la solución pacífica de los conflictos laborales y la estabilidad social, incluso en asuntos que no son competencia directa del Estado.

“La estabilidad laboral no son expedientes ni números; son realidades que impactan a familias y comunidades enteras”, expresó la titular, al reiterar que el Gobierno del Estado mantendrá el seguimiento al caso de Rising Farms para promover el diálogo y construir acuerdos que garanticen justicia laboral y paz social en la Zona Media.

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Estado

Lanzan campaña para prevenir la violencia contra las mujeres

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El Centro de Justicia para las Mujeres promueve la identificación temprana de conductas violentas

Por: Redacción

El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) lanzó la campaña de sensibilización “No es Normal”, para concientizar a la población sobre las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres y la importancia de identificarla desde sus primeras señales, utilizando como herramienta principal el violentómetro.

La campaña está alineada a la política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres que impulsa el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mediante acciones de inf ormación, atención integral, visibilización de las conductas violentas y fortalecimiento de la denuncia con ayuda de materiales gráficos y mensajes que explican que los comportamientos como celos excesivos, control, amenazas, humillación o aislamiento no forman parte de relaciones sanas y pueden escalar hacia agresiones graves.

La encargada de despacho del Centro, Esther Angélica Martínez Cárdenas, destacó que el concepto “No es normal” es un mensaje directo que permite a mujeres y a la sociedad reconocer que el acoso, el abuso sexual y cualquier forma de violencia no deben normalizarse, por lo que además mantiene coherencia con la estrategia federal “Es tiempo de mujeres sin violencia”.

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Aumentan a 13.50 tarifa del transporte público

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El Gobierno del Estado rechazó el aumento a 15 pesos

Por: Redacción

Para el ejercicio 2026, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó tarifas de 13.50 pesos en la modalidad general, 12.50 pesos en prepago y 6.75 pesos en tarifa especial.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí rechazó la propuesta de los concesionarios del transporte público para establecer una tarifa de 15 pesos en el servicio urbano, al considerar que no corresponde a la realidad económica de las y los potosinos ni a la necesidad de proteger la economía familiar. 

La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, explicó que la determinación se basó en el análisis de la inflación anual y el incremento en los costos de insumos

y consumibles necesarios para garantizar la continuidad del servicio y la renovación de unidades; sin embargo, subrayó que la tarifa de 15 pesos fue descartada por no ser acorde con la situación económica de la ciudadanía.

La funcionaria destacó que, aun con este ajuste, el transporte público en San Luis Potosí se mantiene entre los más económicos del país, además de contar con opciones gratuitas como MetroRed y con programas de subsidio para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, lo que refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la movilidad accesible y el bienestar social.

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