julio 21, 2026

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Congreso del Estado

Diputado invita a denunciar a servidores públicos corruptos

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René Oyarvide dijo que la ASE tiene la obligación de aplicar sanciones a quienes den mal ido de los recursos

Por: Redacción

René Oyarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, señaló que la principal herramienta para combatir la corrupción y la impunidad es la denuncia y, para ello, se requiere de que las y los ciudadanos acudan ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para proceder ante cualquier situación irregular que se detecte o conozca en el ejercicio de la función de los servidores públicos.

El presidente de la Comisión de Vigilancia afirmó que en la actualidad es muy importante que la ASE, aplique las sanciones y presente los procedimientos correspondientes cuando existan elementos que presuman la comisión de alguna irregularidad, pues los ciudadanos lo que demandan es que “no sólo se castigue a los malos servidores públicos, sino que se retribuyan los recursos que fueron desviados en perjuicio del patrimonio de las y los potosinos”.

Oyarvide Ibarra mencionó que la ciudadanía tiene una percepción negativa en torno a los procesos de fiscalización que desarrolla la ASE,

por lo que consideró necesario recobrar la confianza a través de la aplicación de un trabajo transparente y honesto.

El congresista puntualizó que, “hoy somos incisivos para que realmente se tomen cartas en el asunto y se tengan las consecuencias reales y legales para que los ciudadanos recuperen la confianza sobre la ASE, hoy tenemos que hacer en San Luis Potosí que las cosas realmente pasen y tenemos que llevar a cabo que las denuncias prosperen y dar fe que los procedimientos se llevan a cabo de manera tangible”.

René Oyarvide indicó que es necesario mantener un proceso permanente de fiscalización en torno a los 113 entes auditables pues de esta manera se podrá prevenir de manera anticipada a la revisión de las cuentas públicas cualquier irregularidad que se pueda cometer en perjuicio de las y los ciudadanos.

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Congreso del Estado

Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica

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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.

La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.

Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.

El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.

La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.

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Congreso del Estado

Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil

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El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México

 

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.

 

Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.

 

Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

 

Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.

 

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Congreso del Estado

Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas

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Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio

Por: Redacción

Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.

 

Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la  Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.

 

Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.

 

Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

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Opinión

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