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Dinero del Hospital Central pudo acabar en la campaña de El Bronco: periodista
Tras la publicación de un reportaje que evidenció la compra de 120 mdp en medicamentos a proveedores fantasma por parte del nosocomio, analistas piden a la ASE investigar a la secretaria de Salud, Mónica Rangel
Por: Ana G Silva
Luego de que el pasado lunes el portal de noticia Astrolabio publicó un reportaje en el que expuso un presunto pago de 120 millones de pesos a empresas fantasmas relacionadas con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, por parte del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” para la compra de medicamentos contra el cáncer, el autor de dicho reportaje, Carlos Rubio, y el analista y político Oswaldo Ríos conversaron con La Orquesta.mx y nos contaron cuáles son las implicaciones de esta situación en la que están involucrados el director del nosocomio, Francisco Alcocer Gouyonnet, y la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.
Carlos Rubio, periodista que realizó la investigación, dijo que las empresas han encontrado una puerta al erario público del San Luis Potosí:
“Estas empresas fantasma ven a los servicios de salud de San Luis Potosí como una fuente de ingresos, porque recordemos que no es la primera vez que esto ocurre en la Secretaría de Salud”.
El periodista apuntó que el presupuesto de salud es muy atractivo para que estas empresas busquen quedarse con el recurso de los potosinos:
“Lamentablemente son muchas las dependencias estatales y municipales que brindan la oportunidad para que entren estas empresas a robar. Aunque al inicio del sexenio federal se hablaba de un combate a la corrupción, esta batalla luce complicada, porque es exagerada la cantidad de manos por las que pasan los recursos, se tendría que vigilar los movimientos de estas personas, es casi imposible decir que estas prácticas terminen”.
Rubio señaló que, aunque las empresas no se conectan con las del empresario Gabriel Salazar (acusado de defraudar a decenas de potosinos), se vuelve a reiterar la forma de operar de estos lugares con servicios de salud: “La línea es continua, ahora con la pandemia ha sido exhibida la Secretaría de Salud respecto a insumos, material médico, y todo lo que dicen haber comprado, pero hemos visto que se factura todo pero en realidad nunca hay nada en manos de los servicios de salud”.
El periodista dijo que espera que se tomen medidas por parte de las autoridades en contra los responsables: “porque ya han sido bastantes las situaciones en las que han sido exhibidos, y hemos visto que no pasan de los dichos sin llegar a las acciones”.
Agregó que si las autoridades no toman acciones al respecto, sería un reflejo más de lo que es la administración, donde todos los casos registrados siguen impunes y agregó que es muy probable que estos 120 millones hayan terminado en alguna campaña política:
“Ahí tenemos un ejemplo de lo que hizo El Bronco: dos de las empresas de las que facturaron al Hospital Central son las que le aportaron dinero a su campaña del 2018, estas han sido utilizadas para el sector político, entonces ahí está la conexión”.
Por su parte, el analista Oswaldo Ríos sentenció:
“Hay que recordar que es un tema de jerarquías administrativas, la secretaria de Salud, Mónica Rangel es la responsable política y jurídica del manejo de la dependencia, más allá de qué área contrata ciertos servicios, por acción u omisión ella tiene que dar la cara”.
El analista político indicó que tanto la secretaria de Salud, como el director del Hospital Central, Francisco Alcocer Gouyonnet , deberían pedir licencia a sus cargos para enfrentar este proceso de investigación en plena igualdad jurídica. También mencionó que estos señalamientos evidencian que hay que investigar el mecanismo de contratación, adquisiciones y proveeduría que tiene la Secretaría de Salud y todos los hospitales.
Ríos señaló que el hecho que ni la secretaria de Salud ni el director del Hospital Central ni los diputados integrantes de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado quieran rendir declaraciones tiene que ver con que:
“No les cuesta nada ser negligentes frente a las acusaciones públicas. Si la Auditoría Superior del Estado (ASE) hiciera su trabajo e iniciara procedimientos formales de ese tipo de señalamientos, las autoridades obligatoriamente tendrían que comparecer y rendir un informes jurídicos públicos de lo que hicieron, insisto que es muy importante pasar de lo mediático a lo legal porque en ese momento no es que quieran o no quieran rendir postura, están obligados a hacerlo ante la autoridad cuando se le requiera, y si no lo hacen le permitirán a la Secretaría de Salud eludir su responsabilidad”.
Oswaldo Ríos opinó que:
“Hoy en día la ASE está emplazada a dar un informe muy puntual si en estas contrataciones se actuó con apego a la legalidad y si existió pluralidad en la decisión de darle al contratista esta asignación de recursos públicos, que no son montos menores, y en el contexto de una pandemia que le exige al estado potosino canalizar muchos recursos a la atención de la salud a las personas contagiadas y que deberían estarse utilizando de la manera más eficiente posible para esta gente”.
Detalló que solo la ASE puede definir si se tratan de señalamientos fundados o bien si no hay elementos para presumir una conducta ilegal, “mientras no tengamos una valoración de la autoridad competente no sabremos, lo que es un hecho es que han sido reiteradas, sistemáticas y permanentes las maneras en que la Secretaría de Salud contrata”.
El analista comentó: “Ellos dicen que tiene que ser así porque la pandemia les obliga a actuar de manera muy rápida y por eso no pueden abrir a la licitación pública a la contratación de proveedores y contratos, pero el que sean adjudicaciones directas no significa que no se respete la legalidad existente; se tiene que acreditar a cabalidad los lineamientos que te dicta la ley de adquisiciones y obra pública del estado”.
Ríos Medrano añadió que la ASE tiene que definir si existió los bienes y servicios que se contrataron y si se entregó: “para una vez definido eso, poder deducir qué vínculos políticos podrían tener quienes han sido beneficiarios de una eventual contratación ilegal o indebida. Todo lo demás son hipótesis, lo importante es que si no se actuó apegado a derecho y la ASE lo define, lo que sigue es iniciar procedimientos administrativos y penales en contra de los funcionarios públicos que hayan realizado contrataciones ilegales y, en un segundo momento, si se comprueba que se actuó de manera ilegal, definir quiénes son los actores políticos interesados en obtener un lucro indebido de recursos que son de los potosinos”.
Mencionó que este hecho es un golpe letal para Rangel Martínez a sus aspiraciones políticas, que con este tipo de denuncias queda descalificada políticamente como la representante o abanderada del PRI en las próximas elecciones del 2021.
También lee: Hospital Central pagó 120 mdp a empresas fantasmas vinculadas con “El Bronco”
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A Jorge Dávila, pasante de la UASLP lo mataron dentro de su auto. Su acompañante mintió
Por: Jorge Saldaña
Lunes 10 de noviembre 20.30 hrs. |
Con nueva información, videos en poder de la Fiscalía y una segunda declaración de la misteriosa mujer que acompañaba a Jorge Dávila Ramírez, este medio pudo informarse y comprobar que el joven pasante de estomatología fue asesinado la madrugada del sábado en el interior de su vehículo y no en la calle, tampoco se cometió el homicidio en el lugar donde se encontró y rescató su cuerpo. La mujer que lo acompañaba, por razones que se desconocen, mintió en su primer versión.
La Fiscalía General del Estado localizó e interroga nuevamente a la mujer que acompañaba al pasante de Estomatología de la UASLP, Jorge Dávila Ramírez, asesinado a tiros la madrugada d el sábado.
De acuerdo con información confirmada por este medio, la joven —cuya identidad permanece reservada— habría mentido en su primera declaración y actualmente rinde una segunda versión ante la autoridad.
Hasta ahora se desconoce el contenido, fondo y causa de las contradicciones, pero fuentes de la investigación señalaron que su testimonio será clave para esclarecer el caso
que conmocionó a la comunidad universitaria y a la sociedad potosina.La fiscal María Manuela García Cázares informó más temprano hoy que la acompañante del estudiante no había comparecido y era buscada por la FGE, al tiempo que confirmó que el homicidio fue cometido con arma de fuego, presumiblemente en un intento de robo de vehículo, aunque no se descartaban otras líneas de investigación.
Esta noche, la pieza que faltaba en el rompecabezas está bajo interrogatorio y sus palabras —las verdaderas esta vez— podrían cambiar el rumbo de la investigación.
(Imagen ilustrativa)
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Tres heridas: La UASLP entre la muerte, el poder y los sueldazos | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
La Universidad sangra por tres heridas: una que le dejó la violencia dentro de sus muros, otra que le abrió el poder producto de una disputa por el cumplimiento de convenios financieros que aún no se salda, y una más —la más cruel— que apareció la madrugada del sábado, cuando Jorge Dávila Ramírez, un brillante y querido pasante de estomatología fue asesinado a metros de su facultad por hombres encapuchados en circunstancias tan extrañas que rebasan el azar, un asalto en el que ni siquiera se llevaron su coche…solo su vida.
A la UASLP la acechan los fantasmas. Le llueve sobre mojado (aunque sea lugar común)
Sin entregarme al sospechosísmo ni a la perspicacia sin fundamento, desde mi muy humilde opinión, las circunstancias del homicidio hasta ahora son tan misteriosas e inconsistentes, que no parecer ser producto azar.
En el caso, no hubo pandillas, ni callejones oscuros, ni una “mala suerte” que pueda explicarse.
Se conoce que las calles de Río Papaloapan, Río Nazas y sus alrededores no son una colonia donde se concentren bandas, es incluso una de las colonias con menor incidencia delictiva, no hay “puntos” extraños y jamas se ha visto que en las esquinas, se reúnan delincuentes en potencia como en otras colonias. Todo lo contrario.
Si bien por las noches son calles solitarias, por lo general son zonas seguras y vigiladas.
Entonces, ¿Qué hacían al menos un par de delincuentes, preparados con capucha a esa hora y en ese lugar?
Hemos visto muchas veces (lamentablemente) los videos que circulan en redes sociales de casos cuando delincuentes roban vehículos con violencia:
Ninguno se cubre el rostro (poco les importa ser identificados porque en su mayoría son foráneos y pasajeros: llegan se roban determinado número de vehículos y abandonan el estado) y su objetivo de amenazar a mano armada es solo para someter a la víctima a un miedo mortal pero el objetivo es llevarse el vehículo, no matarlos.
Esos delincuentes roba carros “comunes”-digamos- no se parecen a los que atacaron a Jorge Dávila.
Los asesinos del pasante universitario cubrieron sus rostros; ¿sabían quién era su víctima y temían ser reconocidos? ¿o sabían que las cámaras los mirarían y podrían ser identificados porque son locales?
Por si fuera poco, en un giro de último momento —revelado hace apenas unas horas— la Fiscalía confirmó que el estudiante no estaba solo: lo acompañaba una mujer misteriosa que abandonó el lugar de los hechos y aún no comparece.
Ella es la testigo clave, la única que puede poner orden al rompecabezas sangriento.
La reacción universitaria el fin de semana fue casi automática: condolencias, solidaridad y un comunicado que, aunque bien intencionado, se apresuró a exigir resultados al Ayuntamiento y a las autoridades de seguridad.
Pero…el problema no es exigir justicia —el problema es desde dónde se exige-
Digo, creo que a nadie se le olvida que hace apenas unas semanas, una estudiante fue violada dentro de la Facultad de Derecho, (en sus narices) y todavía no se disipan del todo ni el dolor ni la vergüenza ni el agravio.
Es cierto, se tomaron medidas, se concilió con la comunidad, se tomaron y publicaron acuerdos, se arrancaron consultas para mejorar el protocolo y -hay que decirlo- de manera muy profesional, estratégica y astuta, la institución pudo rescatar el buque del naufragio y volteó la narrativa, pero eso no quita que todavía las paredes huelan a desconfianza.
Y ahora, tras el reprobable, triste y trágico asesinato, pretender subirse al púlpito moral y señalar con dedo flamígero a la autoridad municipal por un asesinato a metros de su territorio, raya en la hipocresía institucional.
El poder —diría Foucault— no se posee, se ejerce.El poder no es un trono desde donde se controla el mundo, sino una red donde todos miran y son mirados, donde cada quien tiene una cuota de vigilancia y de culpa.
El rector, como máxima autoridad, tiene responsabilidad institucional ante lo ocurrido aquel viernes, pero no puede vigilar cada aula ni cada puerta, como lo dijo en varias ocasiones, y tiene razón.
Con esa misma vara y al mismo tiempo, el alcalde, como autoridad municipal, tiene la obligación de prevenir y garantizar seguridad, pero no puede estar en cada esquina ni anticipar el pulso impredecible de la condición humana (tampoco el rector, tampoco el gobernador, tampoco la presidenta y para acabar tampoco nadie…)
Entonces, culpar directamente por los actos de otros es un consuelo inútil; exigirles el fin de la violencia es un acto de fe, no de gobierno.
Y es que si siguiéramos esa lógica punitiva hasta sus últimas consecuencias, entonces también deberíamos culpar a la presidenta por cada asesinato del país (como el de Carlos Manzo) por cada mujer desaparecida, por cada crimen que se multiplica sin permiso, etc. Las cosas simplemente no funcionan así.
La estructura social es materia, parte y producto del ejercicio del poder. Asunto mucho más complejo que simples señalamientos inquisitorios. El poder no es omnipresente, solo omniseñalado.
Y ese, al final, es su castigo: cargar con la culpa de lo que no controla.
(Es buena temporada para releer Crimen y Castigo)Los sueldazos
Mientras tanto, mientras el dolor de la muerte se respira en el aire y la herida de una violación en territorio universitario apenas empieza muy lentamente a cicatrizar, las manecillas no perdonan.
Este viernes que viene vence el plazo de la palabra empeñada del gobernador para pagar los más de 200 millones de pesos que debe a la Universidad.
Pero justo una semana antes de que deba sonar la caja registradora, alguien decidió cambiar la música.
La publicación el viernes pasado sobre los “sueldazos” de la cúpula universitaria no fue una casualidad inoportuna. Fue un golpe asestado con precisión, fuerza y técnica.
De pronto, el deudor se volvió víctima y el acreedor, sospechoso.
La nota —metódicamente filtrada, viralizada y amplificada— cayó como veneno en la percepción pública, que sin pensarlo demasiado, seguramente generó reacciones como “con razón no les alcanza… con razón piden más dinero” y variantes de las mismas.
Mezquinos, mal intencionados, inoportunos, traicioneros y en parte imprecisos son los datos publicados, no obstante, no son del todo falsos.
El golpe fue quirúrgico y eficaz: de los 200 millones reclamados, casi el 15 por ciento iría a parar al bolsillo de un selecto grupo de poco más de 25 funcionarios privilegiados (no 40), con sueldos que rebasan los 100 mil pesos mensuales.
El cálculo no necesitó mayor propaganda: 25 personas, 30 millones de pesos.
Así, el discurso de sacrificio y asfixia se resquebrajó ante la aritmética.
El gobierno, que venía acorralado, respiró, y la universidad, que apenas había recuperado su imagen tras semanas de asedio, volvió a sangrar.
Pero el episodio de guerra todavía no termina y no se confíen los universitarios: el derechazo de los sueldazos casi los deja en la lona, y quizás deban esperar otro golpe, uno por mejilla diría Sabina, antes de que llegue el cheque prometido.
Pero toda crisis —como diría Arriaga— trae la oportunidad de volverse “ferozmente humana”.
Zermeño puede convertir el veneno en antídoto si se atreve a hacer lo que nadie antes: Cueste lo que cueste (laboral y jurídicamente) abrir y regular los tabuladores, transparentar los sueldos, redimensionar el poder económico interno y demostrar que el sacrificio no solo se exige, también se ejerce.
Es cierto, tienen un plan de austeridad estricto desde su llegada y fue el único en topar las pensiones a los ex rectores y a sí mismo, sin embargo parece que todo eso quedó corto y es que en este momento no se trata solo de administrar la institución, sino de reconciliarla consigo misma.
Si lo hace, pasará a la historia no como el rector que enfrentó y salvó una crisis, sino como el que además tuvo el valor de reformarse mientras el fuego seguía encendido y con las heridas abiertas.
De otra forma, el doctor será recordado como otro rector que heredó privilegios abusivos… y los dejó intactos.
Entrarle al tema de frente, siempre podrá ser una buena estrategia de reconstrucción tras el caos. (Claro, lo haga o no lo haga, siempre se le podrá cuestionar el por qué no lo hizo antes…ni modo, heridas de guerra)
No cabe duda: la UASLP sobrevivirá, como siempre. Pero entre violencia, muertos, encapuchados, sueldazos y simuladores, el poder en San Luis Potosí se está volviendo un lugar que por el momento nadie quiere mirarse.
Escribió Camus, “comprender es casi perdonar”,y aquí —todavía— nadie está listo para perdonar (ni creo que todos los actores estén comprendiendo la misma historia).
En otras ruinas del fin de semana…
La semana pasada el diputado Carlos Arreola se dio el lujo de presentar cuatro iniciativas que permitirían al estado y municipios tener la posibilidad de acceder a financiamientos millonarios (endeudarse pues).
Este fin, cuando el rechazo fue unánime —en su partido, en los medios y en la opinión pública—, echó pasito para atrás y con gesto de redentor dijo que las retiraba “para replantearlas”.
Qué nobleza la suya: se le olvida que no hay mérito en recoger el tiradero cuando uno mismo lo provocó.
Yo soy Jorge Saldaña.
Hasta la próxima.
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“SLP no necesita crédito o deuda a largo plazo”: SGG
Las declaraciones se dieron después de que Carlos Arreola presentará una iniciativa que buscaba endeudar al estado
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, habló respecto a la iniciativa del diputado local Carlos Arreola Mallol, la cual buscaba endeudar al estado.
El secretario señaló que las autoridades estatales no tienen conocimiento del contenido de dichas propuestas. Sin embargo, también aclaró que una deuda a largo plazo no está proyectada en la actual administración de San Luis Potosí.
Resaltó que, en los cuatro años del actual gobierno estatal
, no se ha necesitado ni requerido ningún tipo de crédito o financiamiento y ni siquiera se ha planteado esa posibilidad.Cabe recordar que Carlos Arreola, a través de un comunicado, anunció que retiró formalmente dichas propuestas, bajo el argumento de que es necesario un replanteamiento técnico y financiero integral de su contenido.
También lee: Carlos Arreola en contra de las autonomías de SLP… ¿o tiene “democratitis”?
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