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Dinero del Hospital Central pudo acabar en la campaña de El Bronco: periodista
Tras la publicación de un reportaje que evidenció la compra de 120 mdp en medicamentos a proveedores fantasma por parte del nosocomio, analistas piden a la ASE investigar a la secretaria de Salud, Mónica Rangel
Por: Ana G Silva
Luego de que el pasado lunes el portal de noticia Astrolabio publicó un reportaje en el que expuso un presunto pago de 120 millones de pesos a empresas fantasmas relacionadas con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, por parte del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” para la compra de medicamentos contra el cáncer, el autor de dicho reportaje, Carlos Rubio, y el analista y político Oswaldo Ríos conversaron con La Orquesta.mx y nos contaron cuáles son las implicaciones de esta situación en la que están involucrados el director del nosocomio, Francisco Alcocer Gouyonnet, y la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.
Carlos Rubio, periodista que realizó la investigación, dijo que las empresas han encontrado una puerta al erario público del San Luis Potosí:
“Estas empresas fantasma ven a los servicios de salud de San Luis Potosí como una fuente de ingresos, porque recordemos que no es la primera vez que esto ocurre en la Secretaría de Salud”.
El periodista apuntó que el presupuesto de salud es muy atractivo para que estas empresas busquen quedarse con el recurso de los potosinos:
“Lamentablemente son muchas las dependencias estatales y municipales que brindan la oportunidad para que entren estas empresas a robar. Aunque al inicio del sexenio federal se hablaba de un combate a la corrupción, esta batalla luce complicada, porque es exagerada la cantidad de manos por las que pasan los recursos, se tendría que vigilar los movimientos de estas personas, es casi imposible decir que estas prácticas terminen”.
Rubio señaló que, aunque las empresas no se conectan con las del empresario Gabriel Salazar (acusado de defraudar a decenas de potosinos), se vuelve a reiterar la forma de operar de estos lugares con servicios de salud: “La línea es continua, ahora con la pandemia ha sido exhibida la Secretaría de Salud respecto a insumos, material médico, y todo lo que dicen haber comprado, pero hemos visto que se factura todo pero en realidad nunca hay nada en manos de los servicios de salud”.
El periodista dijo que espera que se tomen medidas por parte de las autoridades en contra los responsables: “porque ya han sido bastantes las situaciones en las que han sido exhibidos, y hemos visto que no pasan de los dichos sin llegar a las acciones”.
Agregó que si las autoridades no toman acciones al respecto, sería un reflejo más de lo que es la administración, donde todos los casos registrados siguen impunes y agregó que es muy probable que estos 120 millones hayan terminado en alguna campaña política:
“Ahí tenemos un ejemplo de lo que hizo El Bronco: dos de las empresas de las que facturaron al Hospital Central son las que le aportaron dinero a su campaña del 2018, estas han sido utilizadas para el sector político, entonces ahí está la conexión”.
Por su parte, el analista Oswaldo Ríos sentenció:
“Hay que recordar que es un tema de jerarquías administrativas, la secretaria de Salud, Mónica Rangel es la responsable política y jurídica del manejo de la dependencia, más allá de qué área contrata ciertos servicios, por acción u omisión ella tiene que dar la cara”.
El analista político indicó que tanto la secretaria de Salud, como el director del Hospital Central, Francisco Alcocer Gouyonnet , deberían pedir licencia a sus cargos para enfrentar este proceso de investigación en plena igualdad jurídica. También mencionó que estos señalamientos evidencian que hay que investigar el mecanismo de contratación, adquisiciones y proveeduría que tiene la Secretaría de Salud y todos los hospitales.
Ríos señaló que el hecho que ni la secretaria de Salud ni el director del Hospital Central ni los diputados integrantes de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado quieran rendir declaraciones tiene que ver con que:
“No les cuesta nada ser negligentes frente a las acusaciones públicas. Si la Auditoría Superior del Estado (ASE) hiciera su trabajo e iniciara procedimientos formales de ese tipo de señalamientos, las autoridades obligatoriamente tendrían que comparecer y rendir un informes jurídicos públicos de lo que hicieron, insisto que es muy importante pasar de lo mediático a lo legal porque en ese momento no es que quieran o no quieran rendir postura, están obligados a hacerlo ante la autoridad cuando se le requiera, y si no lo hacen le permitirán a la Secretaría de Salud eludir su responsabilidad”.
Oswaldo Ríos opinó que:
“Hoy en día la ASE está emplazada a dar un informe muy puntual si en estas contrataciones se actuó con apego a la legalidad y si existió pluralidad en la decisión de darle al contratista esta asignación de recursos públicos, que no son montos menores, y en el contexto de una pandemia que le exige al estado potosino canalizar muchos recursos a la atención de la salud a las personas contagiadas y que deberían estarse utilizando de la manera más eficiente posible para esta gente”.
Detalló que solo la ASE puede definir si se tratan de señalamientos fundados o bien si no hay elementos para presumir una conducta ilegal, “mientras no tengamos una valoración de la autoridad competente no sabremos, lo que es un hecho es que han sido reiteradas, sistemáticas y permanentes las maneras en que la Secretaría de Salud contrata”.
El analista comentó: “Ellos dicen que tiene que ser así porque la pandemia les obliga a actuar de manera muy rápida y por eso no pueden abrir a la licitación pública a la contratación de proveedores y contratos, pero el que sean adjudicaciones directas no significa que no se respete la legalidad existente; se tiene que acreditar a cabalidad los lineamientos que te dicta la ley de adquisiciones y obra pública del estado”.
Ríos Medrano añadió que la ASE tiene que definir si existió los bienes y servicios que se contrataron y si se entregó: “para una vez definido eso, poder deducir qué vínculos políticos podrían tener quienes han sido beneficiarios de una eventual contratación ilegal o indebida. Todo lo demás son hipótesis, lo importante es que si no se actuó apegado a derecho y la ASE lo define, lo que sigue es iniciar procedimientos administrativos y penales en contra de los funcionarios públicos que hayan realizado contrataciones ilegales y, en un segundo momento, si se comprueba que se actuó de manera ilegal, definir quiénes son los actores políticos interesados en obtener un lucro indebido de recursos que son de los potosinos”.
Mencionó que este hecho es un golpe letal para Rangel Martínez a sus aspiraciones políticas, que con este tipo de denuncias queda descalificada políticamente como la representante o abanderada del PRI en las próximas elecciones del 2021.
También lee: Hospital Central pagó 120 mdp a empresas fantasmas vinculadas con “El Bronco”
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
También lee: Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
También lee: Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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