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2 años después, 0 detenidos por homicidio de Daniel Esqueda en SLP
A dos años de cometido el crimen contra el reportero potosino Daniel Esqueda, las autoridades no han podido ni desvincular a la Policía Ministerial de su responsabilidad en los hechos.
Por redacción
Este 6 de octubre se cumplieron dos años del secuestro y posterior homicidio del reportero gráfico Édgar Daniel Esqueda Castro en San Luis Potosí; sin embargo, las autoridades estatales no han cumplido con el compromiso que hicieron tanto a su familia como al resto de los trabajadores en medios de comunicación.
“…este crimen no quedará impune”.
Entre otras cosas, eso fue escribió la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo Federico Garza Herrera, dos días después de que el cadáver del joven de apenas 23 años fuera encontrado semidesnudo en un camino de terracería, cerca del aeropuerto local.
Policías ministeriales con historial criminal, entre los señalados
El 5 de octubre, cuando Edgar Daniel fue secuestrado, su familia señaló que quienes acudieron a su domicilio, ubicado en la colonia Julián Carrillo, para perpetrar el plagio, se identificaron como policías ministeriales.
Ante esa acusación, la dependencia que dirige José Guadalupe Castillo Celestino respondió con un breve comunicado:
“La Policía Ministerial del Estado informa que no se ha realizado ninguna acción policial en contra de un reportero de la ciudad capital, quien fue sacado de su domicilio la mañana de este jueves, por presuntas personas que dijeron ser de esta corporación. La PME negó que hayan sido sus elementos quienes hayan realizado esta acción. La Procuraduría General de Justicia del San Luis Potosí investiga estos hechos y apoya a la familia de la víctima en los trámites necesarios para su localización”.
Más adelante se dio a conocer que el reportero solicitó protección ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ante la propia Secretaría de Gobernación, pues recientemente, en julio de ese año, había sido amenazado por elementos de la Policía Ministerial mientras cubría uno de los múltiples hechos violentos que por esas fechas ocurrían en la capital.
Particularmente, había cubierto y reportado que, el 28 de junio, policías ministeriales asesinaron a tiros a Enrique, un chico de 16 años, a quien confundieron con un delincuente que un día antes habría estado involucrado en un tiroteo contra el domicilio del comandante Antonio Varela López.
También indicó el joven reportero que los policías, lejos de reconocer el mortal error que cometieron, alteraron la escena del crimen para inculpar a su víctima y librar la acción de la justicia.
Esa acusación, aunque negada inicialmente por la Policía Ministerial, terminó por poner a Edgar Daniel en el foco de nuevas agresiones por parte de los elementos policiales, quienes, cabe mencionar, fueron detenidos un año más tarde acusados por el homicidio que cometieron en Las Julias 
“No es impunidad”: Alejandro Leal Tovías
Por Abelardo Medellín
En entrevista para La Orquesta, el secretario general del gobierno carrerista, Alejandro Leal Tovías, consideró que, a pesar del tiempo y la falta de detenidos, no existe impunidad en el caso de Daniel Esqueda: “No, yo creo que no es impunidad, es una investigación muy larga, todos ustedes la conocen, la Fiscalía sigue trabajando y tiene una atención directa con la familia”.
Dijo que la familia de Esqueda Castro recibe “atención de la Fiscalía y también de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se les ha estado atendiendo y se ha cumplido con los acuerdos a los que llegaron en la Comisión, se les ha dado vigilancia y apoyo”.
A pesar de haber afirmado que lleva un seguimiento de manera personal sobre el caso, Leal Tovías no logró dar detalles sobre la investigación y atajó: “la Fiscalía es quien sabe de la carpeta de la investigación, sobre los avances le tendrían que preguntar al fiscal, directamente yo no tengo la precisión”.
“Lo que le compete a la Comisión de Protección a Periodistas es eso: un mecanismo de protección que lo tiene el papá de él y la hija. Sobre el seguimiento, eso le corresponde a la Fiscalía”.
Finalmente, este medio cuestionó a Leal Tovías obre si considera que los periodistas en San Luis Potosí pueden ejercer su profesión sin miedo a ser violentados, pues solo entre el 2017 y el 2019, se acumulan más de 30 agresiones contra integrantes del gremio, según datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
“Pues, la están ejerciendo”, reviró.
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La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc
Por: Ana G Silva
La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.
En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.
Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.
En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos
El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.
CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL
Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.
Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.
Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.
En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.
Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.
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La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior
Por: Redacción
La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.
También para maestros
A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.
Las excepciones
El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.
Cuotas escolares, bajo revisión
En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.
También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE
A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.
La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.
Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.
El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.
Por qué es un precedente
La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.
El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.
Lo que falta por cumplir
A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.
Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.
Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.
También lee: Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE
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