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2 años después, 0 detenidos por homicidio de Daniel Esqueda en SLP
A dos años de cometido el crimen contra el reportero potosino Daniel Esqueda, las autoridades no han podido ni desvincular a la Policía Ministerial de su responsabilidad en los hechos.
Por redacción
Este 6 de octubre se cumplieron dos años del secuestro y posterior homicidio del reportero gráfico Édgar Daniel Esqueda Castro en San Luis Potosí; sin embargo, las autoridades estatales no han cumplido con el compromiso que hicieron tanto a su familia como al resto de los trabajadores en medios de comunicación.
“…este crimen no quedará impune”.
Entre otras cosas, eso fue escribió la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo Federico Garza Herrera, dos días después de que el cadáver del joven de apenas 23 años fuera encontrado semidesnudo en un camino de terracería, cerca del aeropuerto local.
Policías ministeriales con historial criminal, entre los señalados
El 5 de octubre, cuando Edgar Daniel fue secuestrado, su familia señaló que quienes acudieron a su domicilio, ubicado en la colonia Julián Carrillo, para perpetrar el plagio, se identificaron como policías ministeriales.
Ante esa acusación, la dependencia que dirige José Guadalupe Castillo Celestino respondió con un breve comunicado:
“La Policía Ministerial del Estado informa que no se ha realizado ninguna acción policial en contra de un reportero de la ciudad capital, quien fue sacado de su domicilio la mañana de este jueves, por presuntas personas que dijeron ser de esta corporación. La PME negó que hayan sido sus elementos quienes hayan realizado esta acción. La Procuraduría General de Justicia del San Luis Potosí investiga estos hechos y apoya a la familia de la víctima en los trámites necesarios para su localización”.
Más adelante se dio a conocer que el reportero solicitó protección ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ante la propia Secretaría de Gobernación, pues recientemente, en julio de ese año, había sido amenazado por elementos de la Policía Ministerial mientras cubría uno de los múltiples hechos violentos que por esas fechas ocurrían en la capital.
Particularmente, había cubierto y reportado que, el 28 de junio, policías ministeriales asesinaron a tiros a Enrique, un chico de 16 años, a quien confundieron con un delincuente que un día antes habría estado involucrado en un tiroteo contra el domicilio del comandante Antonio Varela López.
También indicó el joven reportero que los policías, lejos de reconocer el mortal error que cometieron, alteraron la escena del crimen para inculpar a su víctima y librar la acción de la justicia.
Esa acusación, aunque negada inicialmente por la Policía Ministerial, terminó por poner a Edgar Daniel en el foco de nuevas agresiones por parte de los elementos policiales, quienes, cabe mencionar, fueron detenidos un año más tarde acusados por el homicidio que cometieron en Las Julias y que intentaron ocultar.
“No es impunidad”: Alejandro Leal Tovías
Por Abelardo Medellín
En entrevista para La Orquesta, el secretario general del gobierno carrerista, Alejandro Leal Tovías, consideró que, a pesar del tiempo y la falta de detenidos, no existe impunidad en el caso de Daniel Esqueda: “No, yo creo que no es impunidad, es una investigación muy larga, todos ustedes la conocen, la Fiscalía sigue trabajando y tiene una atención directa con la familia”.
Dijo que la familia de Esqueda Castro recibe “atención de la Fiscalía y también de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se les ha estado atendiendo y se ha cumplido con los acuerdos a los que llegaron en la Comisión, se les ha dado vigilancia y apoyo”.
A pesar de haber afirmado que lleva un seguimiento de manera personal sobre el caso, Leal Tovías no logró dar detalles sobre la investigación y atajó: “la Fiscalía es quien sabe de la carpeta de la investigación, sobre los avances le tendrían que preguntar al fiscal, directamente yo no tengo la precisión”.
“Lo que le compete a la Comisión de Protección a Periodistas es eso: un mecanismo de protección que lo tiene el papá de él y la hija. Sobre el seguimiento, eso le corresponde a la Fiscalía”.
Finalmente, este medio cuestionó a Leal Tovías obre si considera que los periodistas en San Luis Potosí pueden ejercer su profesión sin miedo a ser violentados, pues solo entre el 2017 y el 2019, se acumulan más de 30 agresiones contra integrantes del gremio, según datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
“Pues, la están ejerciendo”, reviró.
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Acento Ajeno
Ni Moisés dividió tanto el agua | Columna de Haniel Valdés
Por: Haniel Valdés
Hoy escribo porque cometí un error. Fui de los periodistas que estuvimos en rueda de prensa con el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, al terminar la Junta de Gobierno con Interapas. El miércoles pasado ofreció declaraciones a medios de prensa que sí acudimos a la cita nocturna y compartió los acuerdos tomados en dicha reunión.
Ahí está mi error: al parecer mis notas no fueron lo suficientemente claras. O quizás solo fue que varios medios salieron a llenar huecos que no había.
Lo interesante de ese encuentro es que se aprobó el plan de estímulos fiscales que se llevará al Congreso del Estado para su aprobación de cara a 2027, donde se aclaró además (y se insistió mucho en eso) que la tarifa de cobro del líquido se mantendría igual que en este año.
Al día siguiente muchos medios ya traían la nota de que aumentaría la tarifa y quién sabe cuántos inventos más de colegas que no estuvieron en la conferencia de prensa y que les pareció divertido el imaginar datos e informar a medias.
Pero lo que más me preocupa no es el ruido que generaron esas notas, sino la incoherencia que se vivió en dicha reunión por parte del síndico y el alcalde de Soledad, así como de Pascual Martínez.
Según informa Galindo, entre las decisiones tomadas, está la de revisar si es posible cumplir con la petición que hizo el gobernador de no cobrar el servicio a adultos mayores. Ni los participantes por Soledad, ni el titular de la CEA, votaron a favor de dicha propuesta. ¿No están de acuerdo con la idea de Gallardo? Es que la primera vez que el gobernador habló sobre el tema, fui muy cuidadoso y me fijé claramente que ambos, Pascual
y Navarro, estaban aplaudiendo esa iniciativa.La CEA ya es habitual que no aporte a esas reuniones, según Galindo, el titular solo ha ido a tres y no votó en esta última, tampoco dio razones ni propuso algo. Sí, el organismo responsable de la política pública del agua en el Estado no tiene nada que aportar sobre el tema.
Según informó el presidente de la junta, Juan Manuel Navarro sí aportó algo, propuso un estímulo fiscal que también quedó dentro de los acuerdos que se enviaron al Congreso. Ahora, cuando tocó votar, Navarro se abstuvo de hacerlo, ¿no está de acuerdo con una idea que él mismo había planteado? ¿o algo lo hizo cambiar de opinión?
Lo cierto es que mientras la diputada Nancy Jeannine García, presidenta de la Comisión del Agua, llama a no politizar, todos lo continúan haciendo, lo hace el aquaman Gámez Macías, lo hace el alcalde capitalino, lo hace el gobernador del estado, lo hace el alcalde de Soledad y la CEA. Mientras hay cuentas sin pagar, tinacos sin llenar, conductoras sin reparar y rezos por hacer para que El Realito no vuelva a fallar.
“Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.” (Éxodo 14:21)
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Destacadas
Gallardo promete «mano dura» contra delincuentes de otros estados
Ricardo Gallardo dijo que la Guardia Civil Estatal sigue en las colonias para frenar el robo de autos y casas
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que los homicidios dolosos bajaron más de 85% en San Luis Potosí y que ahora la Guardia Civil Estatal entra a las colonias para combatir los robos.
Afirmó que ningún gobierno había logrado esa reducción. Agregó que no permitirán que delincuentes de otros estados lleguen a delinquir a la entidad: «los detenemos y los mandamos a los penales». Dijo que irán «con mano dura».
Gallardo señaló que lo que más le duele a la ciudadanía son los robos de carros y de casas en las colonias, los asaltos a quienes salen a trabajar por la mañana, los robos a transeúntes y los cristalazos. Sostuvo que esos delitos corresponden a la policía municipal y a las corporaciones municipales, y que por eso las patrullas de la Guardia Civil Estatal están en las colonias. «Ya no nos vamos a salir de la colonia hasta que acabemos con la delincuencia común
», afirmó.El gobernador aseguró que su gobierno trabaja «todos los días» como ningún ayuntamiento lo hace. Dijo que en la zona metropolitana no hay patrullas trabajando después de las 10 de la noche más que las de la Guardia Civil Estatal.
Sobre las patrullas clonadas detectadas en otros estados cercanos, Gallardo respondió que en San Luis Potosí no hay ningún caso. Advirtió que la primera que aparezca será detenida y puesta a disposición de las autoridades.
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Ciudad
Galindo: Interapas tiene crisis financiera y el Estado le debe casi 300 mdp
El alcalde dijo que quiere explicar a los diputados por qué hay crisis financiera en el organismo y dónde está la responsabilidad
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, pidió que el Congreso del Estado lo invite a hablar del agua para explicar por qué el organismo atraviesa una crisis financiera y quién tiene la responsabilidad.
«Ojalá pronto el Congreso me invite. Es más, este es un buen motivo para que me inviten y platicar del agua», dijo. Recordó que hace dos años acudió a hablar de la tarifa y que ahora le gustaría «revelar» por qué «parece que hay crisis [del agua] cuando creo que no la hay», y dónde está la responsabilidad. «Y de una vez definir exactamente la tarifa», añadió.
En agosto, Galindo admitió que la situación financiera limita la rehabilitación de los más de 170 pozos del organismo, todos con necesidad de mantenimiento mayor, de los cuales más de 70 ya recibieron reparación integral. Dijo entonces que los recursos federales del año pasado y de este no llegaron y que la conciliación de cuentas con el Gobierno del Estado seguía pendiente desde hacía cuatro años, con montos superiores a 400 millones.
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