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2 años después, 0 detenidos por homicidio de Daniel Esqueda en SLP
A dos años de cometido el crimen contra el reportero potosino Daniel Esqueda, las autoridades no han podido ni desvincular a la Policía Ministerial de su responsabilidad en los hechos.
Por redacción
Este 6 de octubre se cumplieron dos años del secuestro y posterior homicidio del reportero gráfico Édgar Daniel Esqueda Castro en San Luis Potosí; sin embargo, las autoridades estatales no han cumplido con el compromiso que hicieron tanto a su familia como al resto de los trabajadores en medios de comunicación.
“…este crimen no quedará impune”.
Entre otras cosas, eso fue escribió la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo Federico Garza Herrera, dos días después de que el cadáver del joven de apenas 23 años fuera encontrado semidesnudo en un camino de terracería, cerca del aeropuerto local.
Policías ministeriales con historial criminal, entre los señalados
El 5 de octubre, cuando Edgar Daniel fue secuestrado, su familia señaló que quienes acudieron a su domicilio, ubicado en la colonia Julián Carrillo, para perpetrar el plagio, se identificaron como policías ministeriales.
Ante esa acusación, la dependencia que dirige José Guadalupe Castillo Celestino respondió con un breve comunicado:
“La Policía Ministerial del Estado informa que no se ha realizado ninguna acción policial en contra de un reportero de la ciudad capital, quien fue sacado de su domicilio la mañana de este jueves, por presuntas personas que dijeron ser de esta corporación. La PME negó que hayan sido sus elementos quienes hayan realizado esta acción. La Procuraduría General de Justicia del San Luis Potosí investiga estos hechos y apoya a la familia de la víctima en los trámites necesarios para su localización”.
Más adelante se dio a conocer que el reportero solicitó protección ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ante la propia Secretaría de Gobernación, pues recientemente, en julio de ese año, había sido amenazado por elementos de la Policía Ministerial mientras cubría uno de los múltiples hechos violentos que por esas fechas ocurrían en la capital.
Particularmente, había cubierto y reportado que, el 28 de junio, policías ministeriales asesinaron a tiros a Enrique, un chico de 16 años, a quien confundieron con un delincuente que un día antes habría estado involucrado en un tiroteo contra el domicilio del comandante Antonio Varela López.
También indicó el joven reportero que los policías, lejos de reconocer el mortal error que cometieron, alteraron la escena del crimen para inculpar a su víctima y librar la acción de la justicia.
Esa acusación, aunque negada inicialmente por la Policía Ministerial, terminó por poner a Edgar Daniel en el foco de nuevas agresiones por parte de los elementos policiales, quienes, cabe mencionar, fueron detenidos un año más tarde acusados por el homicidio que cometieron en Las Julias 
“No es impunidad”: Alejandro Leal Tovías
Por Abelardo Medellín
En entrevista para La Orquesta, el secretario general del gobierno carrerista, Alejandro Leal Tovías, consideró que, a pesar del tiempo y la falta de detenidos, no existe impunidad en el caso de Daniel Esqueda: “No, yo creo que no es impunidad, es una investigación muy larga, todos ustedes la conocen, la Fiscalía sigue trabajando y tiene una atención directa con la familia”.
Dijo que la familia de Esqueda Castro recibe “atención de la Fiscalía y también de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se les ha estado atendiendo y se ha cumplido con los acuerdos a los que llegaron en la Comisión, se les ha dado vigilancia y apoyo”.
A pesar de haber afirmado que lleva un seguimiento de manera personal sobre el caso, Leal Tovías no logró dar detalles sobre la investigación y atajó: “la Fiscalía es quien sabe de la carpeta de la investigación, sobre los avances le tendrían que preguntar al fiscal, directamente yo no tengo la precisión”.
“Lo que le compete a la Comisión de Protección a Periodistas es eso: un mecanismo de protección que lo tiene el papá de él y la hija. Sobre el seguimiento, eso le corresponde a la Fiscalía”.
Finalmente, este medio cuestionó a Leal Tovías obre si considera que los periodistas en San Luis Potosí pueden ejercer su profesión sin miedo a ser violentados, pues solo entre el 2017 y el 2019, se acumulan más de 30 agresiones contra integrantes del gremio, según datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
“Pues, la están ejerciendo”, reviró.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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