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2 años después, 0 detenidos por homicidio de Daniel Esqueda en SLP
A dos años de cometido el crimen contra el reportero potosino Daniel Esqueda, las autoridades no han podido ni desvincular a la Policía Ministerial de su responsabilidad en los hechos.
Por redacción
Este 6 de octubre se cumplieron dos años del secuestro y posterior homicidio del reportero gráfico Édgar Daniel Esqueda Castro en San Luis Potosí; sin embargo, las autoridades estatales no han cumplido con el compromiso que hicieron tanto a su familia como al resto de los trabajadores en medios de comunicación.
“…este crimen no quedará impune”.
Entre otras cosas, eso fue escribió la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo Federico Garza Herrera, dos días después de que el cadáver del joven de apenas 23 años fuera encontrado semidesnudo en un camino de terracería, cerca del aeropuerto local.
Policías ministeriales con historial criminal, entre los señalados
El 5 de octubre, cuando Edgar Daniel fue secuestrado, su familia señaló que quienes acudieron a su domicilio, ubicado en la colonia Julián Carrillo, para perpetrar el plagio, se identificaron como policías ministeriales.
Ante esa acusación, la dependencia que dirige José Guadalupe Castillo Celestino respondió con un breve comunicado:
“La Policía Ministerial del Estado informa que no se ha realizado ninguna acción policial en contra de un reportero de la ciudad capital, quien fue sacado de su domicilio la mañana de este jueves, por presuntas personas que dijeron ser de esta corporación. La PME negó que hayan sido sus elementos quienes hayan realizado esta acción. La Procuraduría General de Justicia del San Luis Potosí investiga estos hechos y apoya a la familia de la víctima en los trámites necesarios para su localización”.
Más adelante se dio a conocer que el reportero solicitó protección ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ante la propia Secretaría de Gobernación, pues recientemente, en julio de ese año, había sido amenazado por elementos de la Policía Ministerial mientras cubría uno de los múltiples hechos violentos que por esas fechas ocurrían en la capital.
Particularmente, había cubierto y reportado que, el 28 de junio, policías ministeriales asesinaron a tiros a Enrique, un chico de 16 años, a quien confundieron con un delincuente que un día antes habría estado involucrado en un tiroteo contra el domicilio del comandante Antonio Varela López.
También indicó el joven reportero que los policías, lejos de reconocer el mortal error que cometieron, alteraron la escena del crimen para inculpar a su víctima y librar la acción de la justicia.
Esa acusación, aunque negada inicialmente por la Policía Ministerial, terminó por poner a Edgar Daniel en el foco de nuevas agresiones por parte de los elementos policiales, quienes, cabe mencionar, fueron detenidos un año más tarde acusados por el homicidio que cometieron en Las Julias 
“No es impunidad”: Alejandro Leal Tovías
Por Abelardo Medellín
En entrevista para La Orquesta, el secretario general del gobierno carrerista, Alejandro Leal Tovías, consideró que, a pesar del tiempo y la falta de detenidos, no existe impunidad en el caso de Daniel Esqueda: “No, yo creo que no es impunidad, es una investigación muy larga, todos ustedes la conocen, la Fiscalía sigue trabajando y tiene una atención directa con la familia”.
Dijo que la familia de Esqueda Castro recibe “atención de la Fiscalía y también de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se les ha estado atendiendo y se ha cumplido con los acuerdos a los que llegaron en la Comisión, se les ha dado vigilancia y apoyo”.
A pesar de haber afirmado que lleva un seguimiento de manera personal sobre el caso, Leal Tovías no logró dar detalles sobre la investigación y atajó: “la Fiscalía es quien sabe de la carpeta de la investigación, sobre los avances le tendrían que preguntar al fiscal, directamente yo no tengo la precisión”.
“Lo que le compete a la Comisión de Protección a Periodistas es eso: un mecanismo de protección que lo tiene el papá de él y la hija. Sobre el seguimiento, eso le corresponde a la Fiscalía”.
Finalmente, este medio cuestionó a Leal Tovías obre si considera que los periodistas en San Luis Potosí pueden ejercer su profesión sin miedo a ser violentados, pues solo entre el 2017 y el 2019, se acumulan más de 30 agresiones contra integrantes del gremio, según datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
“Pues, la están ejerciendo”, reviró.
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La Secretaría señaló que se mantendrán las actividades en todos sus planteles escolares
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Educación (SEGE), dio a conocer que este lunes 23 de febrero continuará con normalidad la jornada escolar en las cuatro regiones de la entidad en todos los niveles educativos.
La SEGE pidió a la población estar atentas a los canales oficiales de la dependencia, pues cualquier cambio se notificará por estos medios.
Por su parte, la Universidad del Valle de México anunció que cancelarán todas sus actividades presenciales en San Luis Potosí, por lo que las clases se impartirán de manera virtual.
Finalmente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantendrá clases, pero no habrá sanciones académicas para aquellos que decidan no asistir por causas de seguridad.
Se registran bloqueos carreteros y quema de inmuebles en diversas entidades tras acciones de seguridad en Jalisco
Por: Roberto Mendoza
El Gobierno de México desplegó este domingo un operativo coordinado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que resultó en el supuesto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho’, identificado como líder de una organización criminal con presencia nacional.
Fuentes de alto nivel del gobierno federal corroboraron el deceso del objetivo prioritario, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial pública emitida mediante comunicado por la Secretaría de la Defensa Nacional o la Presidencia de la República.
El Gabinete de Seguridad nacional informó a las 10:30 horas que las instituciones federales atienden las reacciones derivadas de estas acciones operativas en el occidente del país para restablecer el orden. Las repercusiones operativas incluyeron el cierre de vías de comunicación en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el protocolo de Código Rojo a las 10:25 horas e instaló la mesa de seguridad estatal ante la quema de vehículos en accesos clave a la Zona Metropolitana de Guadalajara y la autopista Guadalajara-Colima.
Simultáneamente, en Michoacán, el gobierno estatal reportó el uso de camiones de carga para obstruir el tránsito en 19 puntos carreteros de las regiones de Tierra Caliente y el Bajío, mientras que en Guanajuato se documentó el incendio de farmacias y tiendas de conveniencia en cinco municipios de la entidad.
Una versión supuestamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indica que se inició el traslado de los restos localizados en la zona serrana hacia la Ciudad de México para realizar las pruebas periciales de ácido desoxirribonucleico que permitan la identificación científica definitiva.
Como medida de protección civil, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara suspendió el servicio en sus tres líneas y se recomendó el resguardo domiciliario en las zonas de conflicto. El despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se mantiene en las carreteras federales del occidente y noreste del país.
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Los estados más afectados son Jalisco, Michoacán y Guanajuato
Por: Roberto Mendoza
El Gobierno de Jalisco activó el protocolo de Código Rojo la mañana de este domingo tras registrarse una serie de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a establecimientos comerciales en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
Los incidentes iniciaron a partir de las 08:30 horas derivado de un operativo de las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde se reportaron enfrentamientos entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la Mesa de Seguridad se mantiene en sesión permanente para coordinar acciones con la Federación y estados vecinos ante el desplazamiento de los grupos delictivos hacia los límites territoriales.
En el estado de Jalisco, las autoridades reportaron el incendio de una pipa de combustible en el cruce de la Carretera a Saltillo y Periférico Norte, en el municipio de Zapopan, así como obstrucciones viales en diversos puntos de la zona sur y la región de los Altos.
Como medida de protección civil, el servicio de transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara y áreas de conflicto quedó suspendido hasta nuevo aviso, mientras que el mandatario estatal solicitó a la población permanecer en sus hogares.
El despliegue de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional se extendió a las zonas limítrofes para intentar liberar las vías de comunicación afectadas por el uso de vehículos pesados incendiados.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó que la violencia se extendió a su territorio
En Michoacán, se registraron bloqueos con camiones de carga en la carretera Zináparo-La Piedad y en el municipio de Jiquilpan, específicamente a la altura de la planta de Liconsa, afectando la conectividad en la región de Tierra Caliente y la zona Lacustre. Las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de patrullaje aéreo y terrestre para localizar a los responsables de los siniestros.
La administración estatal de Jalisco justificó las medidas extraordinarias de seguridad como una respuesta necesaria ante la táctica de los grupos delictivos de quemar vehículos para inhibir la acción de la justicia.
De acuerdo con los reportes oficiales preliminares de las fuerzas federales, las agresiones son una reacción directa al operativo de precisión ejecutado en Tapalpa contra la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento, no se localiza declaración pública oficial sobre el fallecimiento del líder de dicha organización, permaneciendo las zonas de conflicto bajo resguardo militar estricto.
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