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2 años después, 0 detenidos por homicidio de Daniel Esqueda en SLP
A dos años de cometido el crimen contra el reportero potosino Daniel Esqueda, las autoridades no han podido ni desvincular a la Policía Ministerial de su responsabilidad en los hechos.
Por redacción
Este 6 de octubre se cumplieron dos años del secuestro y posterior homicidio del reportero gráfico Édgar Daniel Esqueda Castro en San Luis Potosí; sin embargo, las autoridades estatales no han cumplido con el compromiso que hicieron tanto a su familia como al resto de los trabajadores en medios de comunicación.
“…este crimen no quedará impune”.
Entre otras cosas, eso fue escribió la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo Federico Garza Herrera, dos días después de que el cadáver del joven de apenas 23 años fuera encontrado semidesnudo en un camino de terracería, cerca del aeropuerto local.
Policías ministeriales con historial criminal, entre los señalados
El 5 de octubre, cuando Edgar Daniel fue secuestrado, su familia señaló que quienes acudieron a su domicilio, ubicado en la colonia Julián Carrillo, para perpetrar el plagio, se identificaron como policías ministeriales.
Ante esa acusación, la dependencia que dirige José Guadalupe Castillo Celestino respondió con un breve comunicado:
“La Policía Ministerial del Estado informa que no se ha realizado ninguna acción policial en contra de un reportero de la ciudad capital, quien fue sacado de su domicilio la mañana de este jueves, por presuntas personas que dijeron ser de esta corporación. La PME negó que hayan sido sus elementos quienes hayan realizado esta acción. La Procuraduría General de Justicia del San Luis Potosí investiga estos hechos y apoya a la familia de la víctima en los trámites necesarios para su localización”.
Más adelante se dio a conocer que el reportero solicitó protección ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ante la propia Secretaría de Gobernación, pues recientemente, en julio de ese año, había sido amenazado por elementos de la Policía Ministerial mientras cubría uno de los múltiples hechos violentos que por esas fechas ocurrían en la capital.
Particularmente, había cubierto y reportado que, el 28 de junio, policías ministeriales asesinaron a tiros a Enrique, un chico de 16 años, a quien confundieron con un delincuente que un día antes habría estado involucrado en un tiroteo contra el domicilio del comandante Antonio Varela López.
También indicó el joven reportero que los policías, lejos de reconocer el mortal error que cometieron, alteraron la escena del crimen para inculpar a su víctima y librar la acción de la justicia.
Esa acusación, aunque negada inicialmente por la Policía Ministerial, terminó por poner a Edgar Daniel en el foco de nuevas agresiones por parte de los elementos policiales, quienes, cabe mencionar, fueron detenidos un año más tarde acusados por el homicidio que cometieron en Las Julias y que intentaron ocultar.
“No es impunidad”: Alejandro Leal Tovías
Por Abelardo Medellín
En entrevista para La Orquesta, el secretario general del gobierno carrerista, Alejandro Leal Tovías, consideró que, a pesar del tiempo y la falta de detenidos, no existe impunidad en el caso de Daniel Esqueda: “No, yo creo que no es impunidad, es una investigación muy larga, todos ustedes la conocen, la Fiscalía sigue trabajando y tiene una atención directa con la familia”.
Dijo que la familia de Esqueda Castro recibe “atención de la Fiscalía y también de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se les ha estado atendiendo y se ha cumplido con los acuerdos a los que llegaron en la Comisión, se les ha dado vigilancia y apoyo”.
A pesar de haber afirmado que lleva un seguimiento de manera personal sobre el caso, Leal Tovías no logró dar detalles sobre la investigación y atajó: “la Fiscalía es quien sabe de la carpeta de la investigación, sobre los avances le tendrían que preguntar al fiscal, directamente yo no tengo la precisión”.
“Lo que le compete a la Comisión de Protección a Periodistas es eso: un mecanismo de protección que lo tiene el papá de él y la hija. Sobre el seguimiento, eso le corresponde a la Fiscalía”.
Finalmente, este medio cuestionó a Leal Tovías obre si considera que los periodistas en San Luis Potosí pueden ejercer su profesión sin miedo a ser violentados, pues solo entre el 2017 y el 2019, se acumulan más de 30 agresiones contra integrantes del gremio, según datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
“Pues, la están ejerciendo”, reviró.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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