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Después de La Maroma, cancelarán más proyectos abusivos en SLP: activista
La vía alterna a la Carretera 57 y el proyecto de Carlos “El Chato” López también podrían ser cancelados por varias irregularidades
Por: Abelardo Medellín
Carlos Covarrubias Rendón, integrante del Frente Amplio Opositor (FAO), dijo que la cancelación de la presa La Maroma representa “una enorme trascendencia, que deriva de la visita del presidente de la República y es resultado de una auditoría interna que lleva esto, la cancelación del proyecto”.
Covarrubias Rendón anunció que el mismo destino ocurrirá con la vía alterna a la carretera 57 y el proyecto de Carlos “El Chato” López en la Sierra de San Miguelito: “Por ahí va a ir la ampliación de la vía alterna, va a terminar igual, y el proyecto inmobiliario de San Juan de Guadalupe va a terminar igual, y lo que le quieren hacer a los compas de La Pila, va a terminar igual. Hay un acuerdo y compromiso con el Secretario del Medio Ambiente para revisar de forma legal esto. Lo que pasa en La Maroma es un anuncio a lo que sigue”.
Carlos Covarrubias dijo que la construcción de la presa La Maroma, así como otros desarrollos infraestructurales, son “proyectos de la minoría rapaz”, que vienen de la iniciativa privada, que simula tener interés de compromiso social.
“Son situaciones que pusieron al límite solo para que el nuevo gobierno sienta la presión política y económica de los grupos de poder y ha sucedido que el gobierno federal ha resuelto de acuerdo a la ley”, comentó Covarrubias Rendón, quien agregó que las autorizaciones irregulares de la vía alterna a la carretera 57, el cambio de uso de suelo en el Plan de Desarrollo Social del Ayuntamiento y casos como el de La Pila, terminarán cayendo “por el daño que hace a los ejidatarios”.
El activista Covarrubias Rendón dijo que la vía alterna para la carretera 57 “ya tiene una impugnación y tenemos información de que en los próximos días le van a notificar al gobierno la improcedencia de permisos”. “Es un destino que no le agradará al gobernador”, dijo Covarrubias.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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