Ciudad
Desdén por Derechos Humanos marca el gobierno de Xavier Nava
En menos de un año ya son tres las recomendaciones en su contra; además, la CEDH abandonó los retenes antialcohol por considerarlos recaudatorios y no preventivos
Por: Redacción
A poco menos de un año de iniciada la administración de Xavier Nava Palacios, una de las huellas del Ayuntamiento de San Luis Potosí parece ser el desdén por los derechos humanos.
El pasado viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida al presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, por vulnerar el derecho a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, derecho de la mujer a una vida libre de violencia y libertad personal de Teresa Carrizales, la exoficial del Registro Civil que fue desalojada con violencia de su lugar de trabajo.
El 1 de julio de 2019, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por solicitud de la víctima, acudió a las instalaciones de la Oficialía 11 del Registro Civil en la Ciudad de San Luis Potosí, en razón de que en esa oficina pública se cometían presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de una mujer, explicó la CEDH en un comunicado de prensa.
En ese lugar, agentes de Policía Municipal del sexo femenino tomaron de los brazos a la víctima y la jalaron, cayó al piso y estos elementos procedieron a colocarle candados de mano en ambas muñecas, jaloneándola y arrastrándola al exterior de la oficina.
En su queja, Teresa Carrizales precisó que sintió golpes con las rodillas de las oficiales de policía en las costillas, que continuaron jalándola y en dos ocasiones con esa maniobra se lastimó con los escalones, que al sacarla hasta la banqueta, le jalaron los candados de mano y le provocaron dolor, minutos después se reincorporó y la subieron a una patrulla, siendo trasladada a la Comandancia Municipal.
Solo unos días después del desalojo, el 4 de julio pasado, la CEDH había anunciado un rompimiento con el municipio de San Luis Potosí por el abuso en el desalojo de Carrizales, pero también por considerar que el retén antialcohol no es un programa preventivo de accidentes viales, sino recaudatorio.
“Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos condena el exceso en el uso de la fuerza pública por los elementos de la policía municipal de San Luis Potosí, haciendo evidente su nulo respeto por los derechos humanos”, según el boletín enviado por el organismo público autónomo.
Por su parte, el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios insistió en que no hubo violación a los Derechos Humanos al desalojar con el uso de la fuerza pública a la oficial del Registro Civil Teresa Carrizales Hernández.
El alcalde consideró que la oficial actuó al margen de la normativa y que al desalojarla con policías municipales “no hubo violación a Derechos de nuestra parte, por eso estuvo ahí la Comisión y Coordinación de Derechos Humanos”.
Al ser cuestionado sobre el comunicado emitido por CEDH, donde el organismo autónomo señala que sí hubo una violación a los Derechos Humanos y que se inició una queja en contra de Édgar Jiménez Arcadia, el alcalde dijo no tener conocimiento del documento y enfatizó que sus subordinados actuaron correctamente.
En rueda de prensa, Olga Palacios, coordinadora municipal de Derechos Humanos, enfatizó que para esa área no se violentó ningún derecho de la oficial Carrizales Hernández. También dijo que la suplente del Registro Civil ya traía moretones y que fue ella la que se resistió a la autoridad.
“Haya tenido o no alguna lesión, lo reprobable es la acción y el exceso que se presentó contra una mujer. Nos parece que fue innecesario y excesivo lo que ocurrió”, dijo Jorge Andrés López Espinosa 
En su comunicado de prensa, la CEDH además informó que ya no participará en los operativos antialcohol que efectúa el Ayuntamiento. “Desde el 2 de abril solicitamos al alcalde su colaboración para difundir programas de concientización, de conductor designado. A tres meses, seguimos sin respuesta. No hay noticias de reuniones con cámaras empresariales, que demuestren que los retenes no sean recaudatorios, sino preventivos”, dijo López Espinosa.
La solicitud de CEDH era para que el Ayuntamiento convocara a los titulares de las cámaras empresariales y propietarios de bares y restaurantes, para que en conjunto se difundieran programas preventivos que concienticen sobre los riesgos que implica combinar bebidas embriagantes mientras se conduce.
Al respecto, el alcalde Xavier Nava Palacios dijo que el operativo antialcohol funcionará sin representantes u observadores de la CEDH. “Es una lástima” la determinación del organismo, dijo el presidente municipal quien indicó que el operativo “puede operar porque es un procedimiento que hace la autoridad municipal”.
Nava Palacios añadió que se convocará a las cámaras empresariales pero no puso fecha; y, sin embargo, negó que el operativo pueda convertirse en un acto recaudatorio sin la observancia de la Comisión: “no, para nada, lo que buscamos es evitar accidentes”.
La CEDH además hizo notar que se han emitido dos recomendaciones a esta administración del Ayuntamiento, la primera, la 16/2018 pronunciada en septiembre de 2018 por el caso de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, de los pueblos y comunidades indígenas, en su condición de inmigrantes urbanos y su derecho a la ciudad. Fue aceptada, aunque hasta julio pasado, 10 meses después, el organismo autónomo no contaba con evidencia que acredite su cumplimiento.
También la Recomendación 7/2019, que fue aceptada después de dos negativas, el pasado 24 de julio, sobre el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que originó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad Mixteca Baja, que habita en el municipio de San Luis Potosí.
El pasado 27 de junio, Jorge Francisco Arias Hernández, secretario técnico del municipio, aseguró que no se había aceptado esa recomendación porque: “si el planteamiento de origen es absurdo, la respuesta va a estar enmarcada en eso”.
López Espinosa aseguró que ese calificativo no ofende a la CEDH, sino que habla mal de las autoridades del Ayuntamiento: “La Comisión siempre ha colaborado, pero es evidente que no hay reciprocidad, sobre todo con estos calificativos. El exhorto que hacemos es respetuoso, porque es nuestro interés colaborar cuando haya reciprocidad, pero si no hay, ¿qué participación tendríamos?”.
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Durante un operativo conjunto, autoridades municipales rescataron más de 180 animales en condiciones inadecuadas; el responsable fue turnado a la Fiscalía
Por: Redacción
El Gobierno de la Capital, en coordinación con el Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Dirección de Comercio Municipal, clausuró un establecimiento que funcionaba sin licencia y en el que se detectaron condiciones de presunto maltrato animal.
La acción derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre el estado de los animales en el lugar. En la inspección se localizaron siete perros amarrados con correas cortas y sin acceso constante a agua o alimento, así como 164 aves —entre ellas gallinas, codornices, patos y periquitos— en jaulas apiladas. También se encontraron seis gatos, dos cuyos y un conejo en espacios reducidos y sin condiciones adecuadas.
Los perros y gatos fueron trasladados al CIBA para su evaluación y resguardo, mientras que el resto de los animales fue llevado al refugio Villa Cuac, con apoyo de la Dirección de Servicios Municipales. Todos los ejemplares reciben atención veterinaria y cuidados mientras se determina su situación jurídica y sanitaria.
La persona responsable del negocio fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal. Las autoridades capitalinas reiteraron que continuarán realizando operativos para garantizar el cumplimiento de la normativa y el bienestar de los animales en establecimientos comerciales.
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Niño de 8 años fue víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas dentro de la institución
Por: Redacción
A casi nueve meses de haber denunciado un grave caso de acoso escolar ocurrido dentro del Instituto Hispano Inglés, en San Luis Potosí, la señora Daniela Ramos continúa sin obtener justicia. Su hijo de ocho años fue víctima de múltiples agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte de un compañero de clase, sin que hasta el momento las autoridades escolares ni los organismos encargados de proteger los derechos de la infancia hayan actuado con contundencia.
El caso se originó en septiembre de 2024, cuando el menor comenzó a presentar síntomas físicos relacionados con altos niveles de estrés. La situación se agravó al punto de requerir una cirugía intestinal. Ante esto, su madre acudió a diversas instancias, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. No obstante, hasta ahora no ha recibido una respuesta efectiva ni se han iniciado procedimientos sancionatorios claros.
De acuerdo con el testimonio de Daniela Ramos, su hijo fue agredido sistemáticamente por otro niño de la misma edad. Las agresiones incluyeron golpes, patadas, bofetadas y un ataque particularmente violento en el que el agresor le habría clavado unas tijeras en la cabeza. Según sus palabras, el menor agresor ya tenía antecedentes por conducta violenta en otra institución educativa.
Lo más preocupante para la madre es que la dirección del plantel negó los hechos ante la CEDH y minimizó el caso, argumentando que se trató de un “evento aislado”. Mientras tanto, la única medida tomada fue la baja voluntaria del niño agresor, a petición de sus propios padres.
“No solo no hicieron nada, sino que intentaron desacreditar a mi hijo insinuando que sufre afectaciones emocionales por el divorcio de sus padres. Como si eso justificara lo que le pasó. Lo revictimizaron”, lamentó Daniela en entrevista.
También denunció que la docente a cargo del grupo, identificada como Yolanda, estaba presente durante muchas de las agresiones pero aseguró en su declaración oficial “no haberse dado cuenta”. Según Ramos, el 70% de las agresiones ocurrieron dentro del salón de clases, lo que evidencia una omisión por parte del personal docente.
En febrero de este año, un grupo de padres de familia organizó una manifestación pacífica frente al instituto para exigir justicia y medidas concretas. Sin embargo, la supervisora escolar Luz María Montejano Villaseñor acudió solo para reprender a los manifestantes y asegurar que “el caso ya estaba resuelto”.
Daniela sostiene que su hijo sigue con afectaciones psicológicas derivadas de la violencia sufrida. Actualmente está en tratamiento privado costeado por la familia, mientras el instituto y las autoridades educativas continúan en silencio. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos rechazó iniciar un proceso penal debido a la edad del agresor, y únicamente recomendó iniciar un procedimiento civil contra la institución.
Además, la CEDH, al hacer el llamamiento correspondiente al colegio, recibió una versión distinta de los hechos en la que, según la madre, se revictimizó nuevamente a su hijo al omitir o distorsionar los hechos documentados.
Ramos está evaluando interponer una demanda civil con el objetivo de que se reconozca el daño ocasionado a su hijo y se aplique una sanción ejemplar contra la institución, incluyendo la posible destitución de la directora. Para ello, ha solicitado apoyo público para cubrir los gastos legales.
En su lucha, ha hecho un llamado a la senadora Ruth González Silva para que intervenga y le brinde orientación legal. Asegura que no busca venganza, sino justicia y garantías para que casos como el de su hijo no se repitan.
Finalmente, Daniela revela que hay al menos 30 casos similares dentro del mismo plantel, de acuerdo con testimonios de otros padres. Aunque muchos temen hablar, ella afirma que no se quedará callada.
“Necesito que alguien me ayude a defender a mi hijo. Él merece justicia. No podemos permitir que se normalice la violencia en las escuelas. Que esto no le pase a ningún niño más”, concluyó.
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El organismo se mantiene atento a la reactivación del servicio desde el acueducto y reitera su compromiso
Por: Redacción
Este jueves se cumplen tres días consecutivos sin servicio del sistema “El Realito”, luego de que se registrara una nueva ruptura en su acueducto al momento de reiniciar el bombeo.
Interapas continuará con su plan de acción mientras se realizan las reparaciones necesarias por parte de la empresa operadora. La estrategia incluye la operación de pozos de reserva, así como recorridos con camiones cisterna.
El organismo se mantiene atento a la reactivación del servicio desde el acueducto y reitera su compromiso para mitigar los efectos de esta falla en el menor tiempo posible.
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