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Deportaciones de migrantes desde SLP se redujeron un 22.7%
A pesar de la tendencia a la baja, la entidad es una de las 10 que más repatría personas
Por: El Saxofón
Las deportaciones de migrantes centroamericanos desde San Luis Potosí, se redujeron en un 22.75 por ciento, durante el 2020, en comparación con el 2019. En el periodo enero-noviembre del 2019, 2 mil 790 migrantes fueron retornados a sus países de origen, mientras que en el mismo lapso del 2020, la cifra de personas devueltas bajó a 2 mil 155.
En 2019 San Luis Potosí se ubicó entre las diez entidades federativas que más deportan migrantes. El primer lugar lo ocupó Chiapas que durante el 2019 devolvió a 58 mil 179 personas; le sigue Veracruz (31 mil 526); Tabasco (14 mil 318); Coahuila (6 mil 104) y Oaxaca (5 mil 846). En sexto lugar se ubicó Nuevo León con 5 mil 222 migrantes deportados, seguido de Tamaulipas con 4 mil 935; Ciudad de México 4 mil 584; Sonora con 3 mil 679, y San Luis Potosí, con 2 mil 863.
Sin embargo, este panorama cambió drásticamente durante el 2020. Afectada por la pandemia de Covid-19, la movilidad de migrantes se vio reducida drásticamente. En el periodo de enero a noviembre, Chiapas solo deportó 20 mil 324 migrantes; Veracruz bajó de más de 31 mil, a solo 2 mil 940 deportaciones, y Tabasco de 14 mil a solo 4 mil 490.
En total las deportaciones de migrantes sin documentos que acreditaran su estancia legal en México, cayeron drásticamente en 2020 en comparación con el 2019.
Ese año, las autoridades migratorias mexicanas retornaron a sus países de origen a 149 mil 812 personas, cantidad que se redujo a solo 50 mil 470 en el pasado 2020.
En el caso particular de San Luis Potosí, en 2020, desde esta entidad, fueron deportados 2 mil 142 centroamericanos: 130 de El Salvador, 224 de Guatemala y 1 mil 779 de Honduras.
Además, fueron devueltos una persona de Argentina, una de Colombia y 10 estadounidenses.
MENORES MIGRANTES DEPORTADOS DESDE SLP
Las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, revelan que durante el 2020, en San Luis Potosí fueron presentados ante la autoridad migratoria 222 menores. La mayoría de ellos (126) eran menores de cero hasta 11 años, 5 de los cuales viajaban solos.
En tanto, 96 eran adolescentes de 12 hasta 17 años, en cuyo caso, la mayor parte (61) viajaban en solitario.
La cifra de menores deportados desde tierras potosinas experimentó una caída sin precedentes. A lo largo de 2019 fueron presentados ante la autoridad migratoria 819 menores, cifra que refleja un alto contraste con los 222 menores repatriados en el periodo enero-noviembre de 2020.
De los menores presentados en 2020, 23 eran de El Salvador, 45 de Guatemala, y 146 de Honduras.
VUELVEN LAS CARAVANAS MIGRANTES
Tras casi un año conviviendo con la pandemia, y con la esperanza que genera el cambio de administración en Estados Unidos, cuya presidencia asume el demócrata Joe Biden, las caravanas migrantes se reanudaron. El viernes 15 de enero, unos seis mil hondureños salieron de San Pedro Sula, con el objetivo de llegar a Guatemala, y de ahí, cruzar a México para tomar alguna de las diversas rutas hacia el sueño americano.
El domingo, la caravana ya había logrado llegar a Guatemala, pese a los intentos de las fuerzas armadas y de seguridad de aquel país para contenerlas.
En la frontera sur mexicana, los esperan cientos de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, que buscarán frenar su paso, o en la medida de lo posible tratar de que sometan a los protocolos sanitarios de la Secretaría de Salud, para verificar que probables contagios de coronavirus.
Con el comienzo de la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos, el fenómeno migratorio retomará su cauce. La primera caravana pondrá a prueba la visión del nuevo inquilino de la Casa Blanca, quien deberá marcar una diferencia con las políticas xenófobas instauradas por el defenestrado Donald Trump. Por otra parte, también podría verse un punto de inflexión en la relación bilateral México-Estados Unidos en este rubro. No hay que olvidar que bajo la amenaza arancelaria de Trump, México instauró un “muro” militar en la frontera sur, que previo a la pandemia, logró contener el flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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