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Deportaciones de migrantes desde SLP se redujeron un 22.7%
A pesar de la tendencia a la baja, la entidad es una de las 10 que más repatría personas
Por: El Saxofón
Las deportaciones de migrantes centroamericanos desde San Luis Potosí, se redujeron en un 22.75 por ciento, durante el 2020, en comparación con el 2019. En el periodo enero-noviembre del 2019, 2 mil 790 migrantes fueron retornados a sus países de origen, mientras que en el mismo lapso del 2020, la cifra de personas devueltas bajó a 2 mil 155.
En 2019 San Luis Potosí se ubicó entre las diez entidades federativas que más deportan migrantes. El primer lugar lo ocupó Chiapas que durante el 2019 devolvió a 58 mil 179 personas; le sigue Veracruz (31 mil 526); Tabasco (14 mil 318); Coahuila (6 mil 104) y Oaxaca (5 mil 846). En sexto lugar se ubicó Nuevo León con 5 mil 222 migrantes deportados, seguido de Tamaulipas con 4 mil 935; Ciudad de México 4 mil 584; Sonora con 3 mil 679, y San Luis Potosí, con 2 mil 863.
Sin embargo, este panorama cambió drásticamente durante el 2020. Afectada por la pandemia de Covid-19, la movilidad de migrantes se vio reducida drásticamente. En el periodo de enero a noviembre, Chiapas solo deportó 20 mil 324 migrantes; Veracruz bajó de más de 31 mil, a solo 2 mil 940 deportaciones, y Tabasco de 14 mil a solo 4 mil 490.
En total las deportaciones de migrantes sin documentos que acreditaran su estancia legal en México, cayeron drásticamente en 2020 en comparación con el 2019.
Ese año, las autoridades migratorias mexicanas retornaron a sus países de origen a 149 mil 812 personas, cantidad que se redujo a solo 50 mil 470 en el pasado 2020.
En el caso particular de San Luis Potosí, en 2020, desde esta entidad, fueron deportados 2 mil 142 centroamericanos: 130 de El Salvador, 224 de Guatemala y 1 mil 779 de Honduras.
Además, fueron devueltos una persona de Argentina, una de Colombia y 10 estadounidenses.
MENORES MIGRANTES DEPORTADOS DESDE SLP
Las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, revelan que durante el 2020, en San Luis Potosí fueron presentados ante la autoridad migratoria 222 menores. La mayoría de ellos (126) eran menores de cero hasta 11 años, 5 de los cuales viajaban solos.
En tanto, 96 eran adolescentes de 12 hasta 17 años, en cuyo caso, la mayor parte (61) viajaban en solitario.
La cifra de menores deportados desde tierras potosinas experimentó una caída sin precedentes. A lo largo de 2019 fueron presentados ante la autoridad migratoria 819 menores, cifra que refleja un alto contraste con los 222 menores repatriados en el periodo enero-noviembre de 2020.
De los menores presentados en 2020, 23 eran de El Salvador, 45 de Guatemala, y 146 de Honduras.
VUELVEN LAS CARAVANAS MIGRANTES
Tras casi un año conviviendo con la pandemia, y con la esperanza que genera el cambio de administración en Estados Unidos, cuya presidencia asume el demócrata Joe Biden, las caravanas migrantes se reanudaron. El viernes 15 de enero, unos seis mil hondureños salieron de San Pedro Sula, con el objetivo de llegar a Guatemala, y de ahí, cruzar a México para tomar alguna de las diversas rutas hacia el sueño americano.
El domingo, la caravana ya había logrado llegar a Guatemala, pese a los intentos de las fuerzas armadas y de seguridad de aquel país para contenerlas.
En la frontera sur mexicana, los esperan cientos de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, que buscarán frenar su paso, o en la medida de lo posible tratar de que sometan a los protocolos sanitarios de la Secretaría de Salud, para verificar que probables contagios de coronavirus.
Con el comienzo de la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos, el fenómeno migratorio retomará su cauce. La primera caravana pondrá a prueba la visión del nuevo inquilino de la Casa Blanca, quien deberá marcar una diferencia con las políticas xenófobas instauradas por el defenestrado Donald Trump. Por otra parte, también podría verse un punto de inflexión en la relación bilateral México-Estados Unidos en este rubro. No hay que olvidar que bajo la amenaza arancelaria de Trump, México instauró un “muro” militar en la frontera sur, que previo a la pandemia, logró contener el flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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