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Deportaciones de migrantes desde SLP se redujeron un 22.7%
A pesar de la tendencia a la baja, la entidad es una de las 10 que más repatría personas
Por: El Saxofón
Las deportaciones de migrantes centroamericanos desde San Luis Potosí, se redujeron en un 22.75 por ciento, durante el 2020, en comparación con el 2019. En el periodo enero-noviembre del 2019, 2 mil 790 migrantes fueron retornados a sus países de origen, mientras que en el mismo lapso del 2020, la cifra de personas devueltas bajó a 2 mil 155.
En 2019 San Luis Potosí se ubicó entre las diez entidades federativas que más deportan migrantes. El primer lugar lo ocupó Chiapas que durante el 2019 devolvió a 58 mil 179 personas; le sigue Veracruz (31 mil 526); Tabasco (14 mil 318); Coahuila (6 mil 104) y Oaxaca (5 mil 846). En sexto lugar se ubicó Nuevo León con 5 mil 222 migrantes deportados, seguido de Tamaulipas con 4 mil 935; Ciudad de México 4 mil 584; Sonora con 3 mil 679, y San Luis Potosí, con 2 mil 863.
Sin embargo, este panorama cambió drásticamente durante el 2020. Afectada por la pandemia de Covid-19, la movilidad de migrantes se vio reducida drásticamente. En el periodo de enero a noviembre, Chiapas solo deportó 20 mil 324 migrantes; Veracruz bajó de más de 31 mil, a solo 2 mil 940 deportaciones, y Tabasco de 14 mil a solo 4 mil 490.
En total las deportaciones de migrantes sin documentos que acreditaran su estancia legal en México, cayeron drásticamente en 2020 en comparación con el 2019.
Ese año, las autoridades migratorias mexicanas retornaron a sus países de origen a 149 mil 812 personas, cantidad que se redujo a solo 50 mil 470 en el pasado 2020.
En el caso particular de San Luis Potosí, en 2020, desde esta entidad, fueron deportados 2 mil 142 centroamericanos: 130 de El Salvador, 224 de Guatemala y 1 mil 779 de Honduras.
Además, fueron devueltos una persona de Argentina, una de Colombia y 10 estadounidenses.
MENORES MIGRANTES DEPORTADOS DESDE SLP
Las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, revelan que durante el 2020, en San Luis Potosí fueron presentados ante la autoridad migratoria 222 menores. La mayoría de ellos (126) eran menores de cero hasta 11 años, 5 de los cuales viajaban solos.
En tanto, 96 eran adolescentes de 12 hasta 17 años, en cuyo caso, la mayor parte (61) viajaban en solitario.
La cifra de menores deportados desde tierras potosinas experimentó una caída sin precedentes. A lo largo de 2019 fueron presentados ante la autoridad migratoria 819 menores, cifra que refleja un alto contraste con los 222 menores repatriados en el periodo enero-noviembre de 2020.
De los menores presentados en 2020, 23 eran de El Salvador, 45 de Guatemala, y 146 de Honduras.
VUELVEN LAS CARAVANAS MIGRANTES
Tras casi un año conviviendo con la pandemia, y con la esperanza que genera el cambio de administración en Estados Unidos, cuya presidencia asume el demócrata Joe Biden, las caravanas migrantes se reanudaron. El viernes 15 de enero, unos seis mil hondureños salieron de San Pedro Sula, con el objetivo de llegar a Guatemala, y de ahí, cruzar a México para tomar alguna de las diversas rutas hacia el sueño americano.
El domingo, la caravana ya había logrado llegar a Guatemala, pese a los intentos de las fuerzas armadas y de seguridad de aquel país para contenerlas.
En la frontera sur mexicana, los esperan cientos de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, que buscarán frenar su paso, o en la medida de lo posible tratar de que sometan a los protocolos sanitarios de la Secretaría de Salud, para verificar que probables contagios de coronavirus.
Con el comienzo de la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos, el fenómeno migratorio retomará su cauce. La primera caravana pondrá a prueba la visión del nuevo inquilino de la Casa Blanca, quien deberá marcar una diferencia con las políticas xenófobas instauradas por el defenestrado Donald Trump. Por otra parte, también podría verse un punto de inflexión en la relación bilateral México-Estados Unidos en este rubro. No hay que olvidar que bajo la amenaza arancelaria de Trump, México instauró un “muro” militar en la frontera sur, que previo a la pandemia, logró contener el flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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