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Deben dejar de aplicar políticas inhumanas a migrantes: Amnistía Internacional
La organización señaló que en la Cumbre de Líderes se debe priorizar el tema de los derechos de personas refugiadas, en lugar de someterlas a más dificultades
Por: Karina González
La organización civil Amnistía Internacional para las Américas, emitió un posicionamiento en el marco de la visita de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, a México, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Cumbre de Líderes, en el que solicitan que el tema de políticas de migración y los derechos de las personas refugiadas, sea máxima prioridad, con el objetivo de que dejen de aplicar políticas “inhumanas” y sustituirlas por políticas conforme a las normas internacionales de derechos humanos.
En el documento, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas afirmó:
“Cuando el número de personas que huye de la violencia y la persecución sigue aumentando, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas es de importancia fundamental. En lugar de aumentar las barreras para las personas en movimiento y someterlas a más dificultades, el presidente Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau deben adoptar medidas para proteger sus derechos en América del Norte y en otros países”.
La organización indicó que, circunstancias como persecución, violencia, dificultades económicas y el cambio climático obligan a las personas a cruzar fronteras. “Gran número de personas migrantes y refugiadas de todo el mundo siguen haciendo peligrosos viajes a través de México en su intento de entrar en Estados Unidos y, en algunos casos, continuar hacia Canadá. Al mismo tiempo, las deficiencias estructurales dejan a muchas de ellas desprotegidas en Canadá, México y Estados Unidos.” suscribe el comunicado.
En este escrito señalan que los gobiernos de América del Norte implementan políticas de inmigración encaminadas a disuadir la migración a través de la militarización, la externalización de las fronteras, el uso generalizado de la detención por motivos de inmigración, las expulsiones aceleradas y la criminalización de quienes defienden los derechos de las personas migrantes. “Los gobiernos de América del Norte deben sustituir las políticas comunes sobre inmigración inhumanas de la región por políticas de responsabilidad compartida basadas en los derechos humanos y la protección de las personas migrantes y refugiadas”, dijo Erika Guevara Rosas.
Por ello, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades de estos países norteamericanos que pongan fin a las políticas de detención sistemática, ya que violan las normas internacionales y propone recurrir a ayudas compasivas, a medida y basadas en la comunidad en lugar de la detención punitiva; promueve que no se usen cárceles o centros similares, y que las personas menores de edad no deben ser detenidas nunca.
“Las personas migrantes que cruzan México son a menudo víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos y abusos, como secuestros, homicidios, robos y extorsión, entre otras. Las mujeres sufren con frecuencia violencia de género, incluida violencia sexual. El acceso a la justicia, y la ayuda médica y psicológica son limitados, y las violaciones de derechos quedan una y otra vez impunes. En los tres países, las mujeres migrantes y refugiadas enfrentan situaciones adversas a su llegada que requieren ayudas y servicios sensibles al género”, afirmó Guevara Rosas.
El comunicado pide que se incluya en la agenda norteamericana, poner fin a políticas de disuasión, exclusión y crueldad, y comprometerse a trabajar conjuntamente para proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes en toda Norteamérica. “Como primer paso crucial, el presidente Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau deben comprometerse de forma individual y categórica a poner fin a las políticas que bloquean el acceso al asilo y a garantizar los derechos de todas las personas a buscar seguridad”, finaliza el documento.
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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
“, afirmó Proal Huerta.La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias “, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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Ciudad
Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí
El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.
El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.
“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.
El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.
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