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Deben dejar de aplicar políticas inhumanas a migrantes: Amnistía Internacional
La organización señaló que en la Cumbre de Líderes se debe priorizar el tema de los derechos de personas refugiadas, en lugar de someterlas a más dificultades
Por: Karina González
La organización civil Amnistía Internacional para las Américas, emitió un posicionamiento en el marco de la visita de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, a México, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Cumbre de Líderes, en el que solicitan que el tema de políticas de migración y los derechos de las personas refugiadas, sea máxima prioridad, con el objetivo de que dejen de aplicar políticas “inhumanas” y sustituirlas por políticas conforme a las normas internacionales de derechos humanos.
En el documento, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas afirmó:
“Cuando el número de personas que huye de la violencia y la persecución sigue aumentando, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas es de importancia fundamental. En lugar de aumentar las barreras para las personas en movimiento y someterlas a más dificultades, el presidente Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau deben adoptar medidas para proteger sus derechos en América del Norte y en otros países”.
La organización indicó que, circunstancias como persecución, violencia, dificultades económicas y el cambio climático obligan a las personas a cruzar fronteras. “Gran número de personas migrantes y refugiadas de todo el mundo siguen haciendo peligrosos viajes a través de México en su intento de entrar en Estados Unidos y, en algunos casos, continuar hacia Canadá. Al mismo tiempo, las deficiencias estructurales dejan a muchas de ellas desprotegidas en Canadá, México y Estados Unidos.” suscribe el comunicado.
En este escrito señalan que los gobiernos de América del Norte implementan políticas de inmigración encaminadas a disuadir la migración a través de la militarización, la externalización de las fronteras, el uso generalizado de la detención por motivos de inmigración, las expulsiones aceleradas y la criminalización de quienes defienden los derechos de las personas migrantes. “Los gobiernos de América del Norte deben sustituir las políticas comunes sobre inmigración inhumanas de la región por políticas de responsabilidad compartida basadas en los derechos humanos y la protección de las personas migrantes y refugiadas”, dijo Erika Guevara Rosas.
Por ello, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades de estos países norteamericanos que pongan fin a las políticas de detención sistemática, ya que violan las normas internacionales y propone recurrir a ayudas compasivas, a medida y basadas en la comunidad en lugar de la detención punitiva; promueve que no se usen cárceles o centros similares, y que las personas menores de edad no deben ser detenidas nunca.
“Las personas migrantes que cruzan México son a menudo víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos y abusos, como secuestros, homicidios, robos y extorsión, entre otras. Las mujeres sufren con frecuencia violencia de género, incluida violencia sexual. El acceso a la justicia, y la ayuda médica y psicológica son limitados, y las violaciones de derechos quedan una y otra vez impunes. En los tres países, las mujeres migrantes y refugiadas enfrentan situaciones adversas a su llegada que requieren ayudas y servicios sensibles al género”, afirmó Guevara Rosas.
El comunicado pide que se incluya en la agenda norteamericana, poner fin a políticas de disuasión, exclusión y crueldad, y comprometerse a trabajar conjuntamente para proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes en toda Norteamérica. “Como primer paso crucial, el presidente Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau deben comprometerse de forma individual y categórica a poner fin a las políticas que bloquean el acceso al asilo y a garantizar los derechos de todas las personas a buscar seguridad”, finaliza el documento.
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La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
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En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno
Por: Carlos Ruíz
La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.
Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.
El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.
La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5
El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.
El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.
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Tras encontrar nuevos animales muertos esta semana, anunciaron que presentarán una denuncia formal y exigirán acciones para protegerlos
Por: Redacción
Locatarios del mercado San Luis 400, en la calle Coronel Romero 139, sospechan que un vecino o personal de la Ciudad Judicial —ubicada a un costado del inmueble— está detrás del envenenamiento de los gatos que rondan el lugar, luego de que esta semana aparecieron varios felinos muertos.
Esta semana, los comerciantes hallaron varios gatos sin vida: unos, según creen, por consumir alimento envenenado, y otros con lesiones que atribuyen a los perros que acompañan a los lavacoches que se posesionan de la zona.
Los locatarios ya habían denunciado ante las autoridades la matanza de gatos dentro y fuera del mercado, pero aseguran que la práctica continúa sin que ninguna autoridad intervenga, pese a tener conocimiento del caso.
Hace un par de semanas comenzaron a registrar la muerte de varios gatos que rondan las instalaciones del mercado.
Confirmaron entonces que los gatos estaban siendo envenenados, lo que motivó una protesta ante las autoridades. Indicaron que, al comunicarse vía telefónica con personal del Centro Integral de Bienestar Animal, la respuesta fue que no podían intervenir. Al paso de los días dejaron de detectar irregularidades, hasta el hallazgo de esta semana.
Ante ello, los locatarios esperan presentar una denuncia formal ante las autoridades y solicitar la construcción de una barda o, al menos, una cerca de malla ciclónica para proteger el estacionamiento y los accesos al centro de abasto.
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