junio 12, 2026

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Debe haber acciones legales contra responsables de El Realito: Peña de Paz

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El doctor del programa de “Agua y Sociedad” en el Colsan dijo que se debe proceder contra la empresa operadora y los funcionarios de las administraciones de Carreras, Toranzo y De los Santos

Por: Bernardo Vera

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado de San Luis Potosí, y Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital, dieron a conocer el pasado 8 de marzo que la presa El Realito no abastecerá de agua a la capital durante los próximos meses, esto debido a que se detectaron fallas estructurales importantes en la cortina de la presa, lo que generará una crisis hídrica en la zona metropolitana. Al respecto el doctor Francisco Javier Peña de Paz, profesor investigador del programa “Agua y Sociedad” del Colegio de San Luis (Colsan) expuso que la ejecución de planes emergentes por parte de las autoridades municipales y estatales es una decisión adecuada. Sin embargo, mencionó que debe existir una reacción de las autoridades para castigar a la empresa Aquos, perteneciente a ICA (Ingenieros Civiles y Asociados), de esta red acuífera y a los funcionarios de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de las administraciones de Marcelo de los Santos, Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras que en su momento permitieron y autorizaron su operación.

“La línea de responsabilidad va en dos sentidos: la empresa operadora, pero también, no hay que olvidar que los acuerdos y la supervisión de este trabajo se hizo por parte de la CEA. Lo que tiene que haber es, de inmediato, una medida de carácter jurídico, comercial, legal, para demandar a las empresas que construyeron mal, tanto la presa como el acueducto. Esas empresas están cobrando desde 2015 y está funcionando el contrato de entrega de un metro cúbico por segundo y no han cumplid

o. Tanto para la empresa como para los funcionarios gubernamentales”.

Peña de Paz dijo que la red de El Realito fue construida para resolver el problema de abastecimiento de agua por un periodo de 30 a 40 años, cuando en realidad no aguantó ni seis meses y se ha mantenido en constantes desperfectos desde 2015. Añadió que se deben priorizar las acciones a corto, mediano y largo plazo. Además, que la distribución del recurso llegue, en primera instancia, al consumo doméstico de las colonias más desfavorecidas y no al sector industrial.

“Aunque no hubiera problemas en El Realito y aunque no fuera el momento de mayor escasez de lluvias, hay un sector de la ciudad a la cual en general siempre le tocan la peor parte en el reparto de agua. El norte de la capital, el oriente, varias colonias como Satélite, ahí hay problemas de abastecimiento de agua con El Realito, sin El Realito, antes y después de El Realito. Hay que dirigir muy bien hacia dónde tiene que ir el agua: a las colonias más pobres”, mencionó el investigador.

El experto del Colsan consideró viable la ejecución del plan emergente realizado por el Ayuntamiento; En cuanto a la rehabilitación de pozos ya existentes, dijo que muchos de ellos dejaron de operar y fueron abandonados por la promesa de que El Realito mantendría el acuífero a salvo sin la explotación del mismo. Mientras que en la perforación de nuevos pozos, sugirió que se efectúe con un estudio y un análisis adecuado porque “pronto deja de haber suficiente nivel freático para sacar el agua y es una inversión cara y de muy escaso resultado. Pronto hay que volver a perforar más abajo o hay que cerrarlo, hay que ser muy precisos y no dejar eso en manos de compañías privadas, que lo único que quieren hacer es negocio”, compartió.

Finalmente, señaló que una de las medidas más importantes a largo plazo deberá ser la conservación de la sierra de San Miguelito, actualmente catalogada como Área Natural Protegida, ya que gracias a ella se logra captar el agua de manera natural.

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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?

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Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación

Por: Redacción

Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).

La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.

“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres

“, afirmó Proal Huerta.

La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.

Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.

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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez

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Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.

En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.

El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.

Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias

“, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.

Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.

El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.

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Ciudad

Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí

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El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.

El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.

“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.

El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.

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