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“Debe demostrarse que asesores no cumplen en el Congreso de SLP”: Oswaldo Ríos
El ex coordinador de asesores y analista pidió a José Luis Fernández ser cauto en sus acusaciones de que cumplen con asuntos personales en horas laborales
Por: Ana G Silva
José Luis Fernández Martínez, diputado del Partido Verde y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de San Luis Potosí, declaró hace una semana que se realiza la evaluación del desempeño de 21 asesores sindicalizados, dado que algunos “no están a la altura de su responsabilidad”, por lo que advirtió que si no trabajan, saldrán del Poder Legislativo. Ante esto Oswaldo Ríos, analista político y ex coordinador de asesores en el legislativo durante el periodo 2009-2012, indicó que este tema tiene que llevarse de una manera muy cautelosa, pues están de por medio los derechos laborales de esas personas.
Oswaldo Ríos comentó que tiene que acreditarse la causal que el diputado invoca al señalar que algunos asesores atienden asuntos personales en horas laborales, para que se pueda cesar de la relación de trabajo, ya que se habla de servidores públicos que son de base y están sindicalizados.
Ríos resaltó que en caso de demostrarse que algunos asesores no han cumplido con sus obligaciones en el Congreso del Estado no afectaría el proceso legislativo, pues posiblemente sería uno o dos casos aislados, ya que no parece ser una situación generalizada, de tal manera que si le aplicara una causal de rescisión de relación laboral no sería significativo a la institución, porque la mayoría seguiría trabajando:
“Hay algo que ocurre en el Congreso, que también es necesario que los diputados pongan atención, y es que impulsen un servicio parlamentario de carrera, es decir que apuesten por capacitar más a los asesores, transparentar más la relación de trabajo y también generar los indicadores de desempeño muy claros para que estas situaciones no se presente, si es que llegan a ocurrir. Por otra parte, también profesionalizar porque se garantizará que el trabajo de las comisiones y los comités del Congreso funcionen al 100% de efectividad”.
El ex coordinador de asesores dijo que con base en su experiencia dentro del Congreso del Estado considera que todos los asesores están comprometidos, que desahogan una gran carga de trabajo encomendado con diferentes grados de responsabilidad: “No me tocó ver lo que hoy denuncia José Luis (quien también es coordinador de la bancada de su partido), en el sentido que estuvieran litigando asuntos particulares o que se dedicaran a desahogar asuntos privados, eso sí me parece delicado, porque es una conducta grave, eso no es admisible”.
El analista dijo que en caso de que se llegara a demostrar que hay asesores que atienden asuntos personales durante las horas laborales, se tendría que hacer un procedimiento sancionador, actuando conforme a derecho, es decir no rescindir la relación de trabajo porque a juicio de la Jucopo hay una irregularidad y esta no es una instancia de control interno:
“Tendría que darle cuenta a la Contraloría Interna del Congreso y tiene que haber un procedimiento donde haya derecho de audiencia, donde haya debido proceso, desahogo de las pruebas, etcétera y una vez que se acredite la responsabilidad, ahí sí la Jucopo tomará una sanción que corresponda, pero digamos que me parecería que sería un error tomar una determinación sin agotar el debido proceso administrativo, porque se podría prestar a que la Jucopo corte la relación laboral así de tajo y el día de mañana demanden laboralmente al Congreso, ganen sus demandas, deban ser reinstalados en un plazo de uno o dos años y deberán pagarles los salarios caídos por un despido ilegal”.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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