De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal

Por: Haniel Valdés Velázquez

El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.

El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.

El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.

Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.

Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.

La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial

De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.

Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.

El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.

El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.

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De forma preliminar no presentaba huellas visibles de violencia. Fiscalía ya investiga y la necropsia determinará la causa de muerte

Por: Redacción

Un hombre de entre 65 y 70 años fue localizado sin vida la noche del sábado dentro de un taxi estacionado en calles de la colonia San Ángel, en San Luis Potosí.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando vecinos de la zona reportaron a los servicios de emergencia que una persona se encontraba aparentemente inconsciente al interior de una unidad de transporte público, estacionada en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha, cerca del deportivo municipal.

El hombre se encontraba en el asiento del copiloto del taxi con número económico 2215. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que ya no presentaba signos vitales,

De manera preliminar, las autoridades no detectaron huellas visibles de violencia en el cuerpo; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué provocó su fallecimiento.

Al lugar acudieron posteriormente agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y determinar si existe algún delito que investigar.

Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizará la necropsia correspondiente.

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Los estudiantes caminarán hasta la Fiscalía General del Estado, donde exigirán avances en la investigación

Por: Redacción

A diez días del asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), integrantes de la comunidad estudiantil convocaron a una marcha para exigir justicia y avances en la investigación

La movilización se llevará a cabo el próximo 19 de agosto a las 14:00 horas. El punto de reunión será el edificio de Criminología, ubicado sobre la calle Tomás Esteves, en el Centro Histórico, desde donde los participantes caminarán hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

La convocatoria fue difundida a través de redes sociales y plantea como principal exigencia el esclarecimiento del asesinato de Gabriel Salvador, ocurrido el pasado 7 de agosto en la colonia Rural Atlas, donde el joven fue atacado a balazos.

Gabriel tenía 21 años y cursaba la carrera de Criminología en la Facultad de Derecho. Además de formar parte de la comunidad universitaria, era integrante del equipo Águilas UASLP de tiro con arco, participaba en competencias nacionales y realizaba diversas actividades para contribuir a los gastos de su familia.

Su asesinato provocó indignación entre estudiantes, docentes, familiares y personas cercanas al joven, quienes han exigido que el caso no quede impune y que las autoridades esclarezcan quiénes fueron los responsables.

En medio de las exigencias de justicia, la Facultad de Derecho de la UASLP publicó el pasado 14 de agosto un posicionamiento en el que condenó públicamente el homicidio de Gabriel y expresó su solidaridad con sus familiares, amistades y compañeros.

La institución pidió a las autoridades encargadas de la investigación actuar con prontitud y rigor para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Sin embargo, el comunicado generó cuestionamientos entre integrantes de la comunidad universitaria debido al momento en que fue publicado. Gabriel fue asesinado el 7 de agosto y, durante los días posteriores, la Facultad únicamente había difundido una esquela dedicada al estudiante.

En los comentarios de la publicación, algunos usuarios reprocharon que el posicionamiento llegara después de que el caso adquiriera mayor difusión pública y se multiplicaran las exigencias de justicia.

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