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Cuidadoras Potosinas: más que una red de apoyo
La asociación civil atiende a personas con discapacidad y adultos mayores pero también dignifica la labor y la vida de una persona cuidadora
Por: Bernardo Vera
En el año 2013, el hijo de Mariana Hernández Noriega fue encerrado al interior de un vehículo con los cristales elevados y olvidado por el padre; esta imprudencia le ocasionó parálisis cerebral al menor. Tras varios meses de superar su duelo, Mariana pone en marcha una asociación para crear lazos de apoyo entre personas que cuidan a quienes poseen una discapacidad o enfermedad grave.
A ocho años de la creación del Colectivo Cuidadoras Potosinas, obtuvo el Premio Municipal de Derechos Humanos “Eleanor Roosevelt” edición 2023, distinción entregada por Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, como un reconocimiento a esta labor en pro de los derechos humanos, pero también, por la importancia de estas redes de apoyo entre las y los cuidadores que se ven obstaculizados para el desarrollo de sus tareas, ya sea por cuestiones laborales, legales o de otro tipo. Además de colocar a la persona cuidadora como una profesión que merece ser dignificada dentro del campo laboral.
Mariana Hernández Noriega, psicóloga de profesión y fundadora de Cuidadoras Potosinas habló para La Orquesta y contó que tras su experiencia, se capacitó para ser cuidadora primaria de su hijo, no solo de quién acompaña, sino al cuidado de su alimentación, vestido, traslado, de quién hace procesos médicos en la casa: todo para mantener vivo a su ser familiar. Una actividad de tiempo completo que no siempre es valorada en los círculos familiares.
“Yo veía esa necesidad en ellas, de una red de apoyo social, porque en sus familias era muy poco el apoyo que recibían. Muchas de ellas recibían violencia intrafamiliar y críticas muy severas de cómo hacían las cosas, de que la familia le juzga en vez de apoyar, le critican en vez de asistirle por como hace el cuidado y por incluso la condición de quien cuida”.
Para Mariana ha sido muy importante la obtención de espacios y reconocimientos, siempre que no se romantice a la persona cuidadora; si bien, el amor ayuda, no sostiene económicamente a una familia, y para ella, estos discursos perpetúan una violencia sistemática.
“Esas ideas prevalecen el machismo; perpetúan la violencia hacia las mujeres cuidadoras de que su lugar solo es estar en la casa, cuidando y haciendo trabajo doméstico. 
Mariana Hernández mencionó que el siguiente paso es reconocer la labor de la persona cuidadora como una profesión; una iniciativa que ya se encuentra establecida en el municipio de Zapopan, Jalisco, y ya han aventajado en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, así como legisladoras y legisladores federales. Ella mencionó que una persona cuidadora obtiene las mismas prestaciones laborales de ley en otras partes del mundo como Estados Unidos.
“Hace dos años, Zapopan, Jalisco lo logró; el primer sistema municipal de cuidados en todo el país, hasta ahora el primero y el único. Esperemos que San Luis también logre uno municipal y otro estatal. El sistema federal de cuidados tiene dos años y medio en el Senado y ha sido bloqueado de mil maneras. Es el que permitiría a todas las cuidadoras del país tener acceso a una atención y sistemas en todos los estados de protección”.
Finalmente, Mariana reconoció la distinción entregada por el alcalde Enrique Galindo y Estela Arriaga, presidenta del DIF municipal, pues han demostrado empatía con las causas de las personas cuidadoras, por lo que confió en la administración municipal para crear un sistema municipal de cuidados y dignificar esta profesión.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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