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Cuidadoras Potosinas: más que una red de apoyo
La asociación civil atiende a personas con discapacidad y adultos mayores pero también dignifica la labor y la vida de una persona cuidadora
Por: Bernardo Vera
En el año 2013, el hijo de Mariana Hernández Noriega fue encerrado al interior de un vehículo con los cristales elevados y olvidado por el padre; esta imprudencia le ocasionó parálisis cerebral al menor. Tras varios meses de superar su duelo, Mariana pone en marcha una asociación para crear lazos de apoyo entre personas que cuidan a quienes poseen una discapacidad o enfermedad grave.
A ocho años de la creación del Colectivo Cuidadoras Potosinas, obtuvo el Premio Municipal de Derechos Humanos “Eleanor Roosevelt” edición 2023, distinción entregada por Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, como un reconocimiento a esta labor en pro de los derechos humanos, pero también, por la importancia de estas redes de apoyo entre las y los cuidadores que se ven obstaculizados para el desarrollo de sus tareas, ya sea por cuestiones laborales, legales o de otro tipo. Además de colocar a la persona cuidadora como una profesión que merece ser dignificada dentro del campo laboral.
Mariana Hernández Noriega, psicóloga de profesión y fundadora de Cuidadoras Potosinas habló para La Orquesta y contó que tras su experiencia, se capacitó para ser cuidadora primaria de su hijo, no solo de quién acompaña, sino al cuidado de su alimentación, vestido, traslado, de quién hace procesos médicos en la casa: todo para mantener vivo a su ser familiar. Una actividad de tiempo completo que no siempre es valorada en los círculos familiares.
“Yo veía esa necesidad en ellas, de una red de apoyo social, porque en sus familias era muy poco el apoyo que recibían. Muchas de ellas recibían violencia intrafamiliar y críticas muy severas de cómo hacían las cosas, de que la familia le juzga en vez de apoyar, le critican en vez de asistirle por como hace el cuidado y por incluso la condición de quien cuida”.
Para Mariana ha sido muy importante la obtención de espacios y reconocimientos, siempre que no se romantice a la persona cuidadora; si bien, el amor ayuda, no sostiene económicamente a una familia, y para ella, estos discursos perpetúan una violencia sistemática.
“Esas ideas prevalecen el machismo; perpetúan la violencia hacia las mujeres cuidadoras de que su lugar solo es estar en la casa, cuidando y haciendo trabajo doméstico. 
Mariana Hernández mencionó que el siguiente paso es reconocer la labor de la persona cuidadora como una profesión; una iniciativa que ya se encuentra establecida en el municipio de Zapopan, Jalisco, y ya han aventajado en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, así como legisladoras y legisladores federales. Ella mencionó que una persona cuidadora obtiene las mismas prestaciones laborales de ley en otras partes del mundo como Estados Unidos.
“Hace dos años, Zapopan, Jalisco lo logró; el primer sistema municipal de cuidados en todo el país, hasta ahora el primero y el único. Esperemos que San Luis también logre uno municipal y otro estatal. El sistema federal de cuidados tiene dos años y medio en el Senado y ha sido bloqueado de mil maneras. Es el que permitiría a todas las cuidadoras del país tener acceso a una atención y sistemas en todos los estados de protección”.
Finalmente, Mariana reconoció la distinción entregada por el alcalde Enrique Galindo y Estela Arriaga, presidenta del DIF municipal, pues han demostrado empatía con las causas de las personas cuidadoras, por lo que confió en la administración municipal para crear un sistema municipal de cuidados y dignificar esta profesión.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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