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Consulta indígena que tumbó Ley Electoral de SLP debió realizarse un año antes
Diputados han usado el covid-19 como pretexto para no haber escuchado a este sector de la población
Por: Ana G. Silva
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás a la nueva Ley Electoral de San Luis Potosí, por no haberse llevado a cabo una consulta previa en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado, los diputados Vianey Montes (PAN) y Martín Juárez (PRI) mencionaron que este procedimiento no se llevó a cabo por la pandemia de covid-19, ante esto León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis y colaborador de La Orquesta, dijo que esto no es excusa para que no se escuchara a los pueblos originarios, ya que de acuerdo a los estatutos este proceso debió hacerse con un año de anticipación:
“Claro que no era justificación, aunque este año fue un parteaguas para la sociedad y la política, el Congreso del Estado aprobó esta ley el primero de julio, es decir que la consulta se debió realizar desde el año pasado, ya que la simple convocatoria para llevarla a cabo requiere tres meses, luego de esto se deben analizar los resultados, por tanto se aprobó al vapor”.
El antropólogo destacó que los pasos a seguir en la Ley de Consulta son: tres meses para que las comunidades se preparen, donde deben incluir talleres informativos y un acercamiento de la parte consultora, que generalmente es una institución pública que debe tomar contacto con las poblaciones, para desarrollar los talleres informativos en la lengua de origen. Después viene un proceso de análisis de los resultados de dichas consultas, esto puede tardar 6 meses. Agregó que al tratarse de una consulta de nivel estatal se vuelve más complejo:
“El Congreso cuenta con los recursos para llevarla a cabo, pero no es algo que simplemente sea la emisión de unas boletas con una pregunta y se ponen casetitas, sino implica una metodología profunda”.
García Lam dijo que la decisión de la SCJN significa es un acontecimiento histórico porque atiende al reclamo de las comunidades indígenas de que continuamente son desconocidas en su derecho a consulta: “en este caso el Congreso del Estado tuvo recursos, tiempo y toda clase de capitales financieros, hasta asesores, instituciones y marcos legales, todo para darles una ley electoral que cumpliera con todos los requisitos legales para todos los potosinos y omitieron tomar en cuenta a estas comunidades, me parece un logro histórico para las comunidades, me parece que esto va a permitir abrirles muchas puertas”.
León García Lam dijo que si la consulta se hacía bien, arrojaría un trato diferenciado, es decir, “en algunos casos, respetando los usos y costumbres, hay comunidades que resuelven como asamblea que se carga hacia un partido por alguna razón, puede ser que haya un candidato que les favorece o porque hicieron algún trato con el partido político o con un personaje regional, pero cada comunidad resuelve de manera distinta, eso es lo importante, independientemente si pudieran ofrecer algunos votos, tendríamos que empezar a reconocer que algunas acciones y procedimientos que tienen las comunidades indígenas, que nos puedan parecer extrañas, por eso era importante el proceso de consulta, porque deben preguntarles cómo quieren o necesitan ser los procedimientos para que sean acordes a los usos y costumbres”.
En cuanto a la pregunta de que si este llamado de atención que le hizo la SCJN al Congreso de San Luis Potosí le serviría de ejemplo a quienes realizan consultas como una advertencia, respondió: “Ojalá, pero me parece que en el caso del señor Xavier Nava ni con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni exhortos del Senado ni jalones de orejas de la Suprema Corte al Congreso, él es de oídos sordos”.
SE GASTARON 665 MIL PESOS EN LA CONSULTA
Esta mañana, el diputado priista Héctor Mauricio Ramírez Konishi declaró que el Congreso del estado había erogado cerca de 665 mil para dicha consulta de los 9 millones que la Comisión Especial solicitó originalmente para las consultas de pueblos indígenas y población con discapacidad, foros y demás actividades, sin embargo, aseveró que interrumpieron el proceso para evitar contagios de covid-19.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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