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Consulta indígena que tumbó Ley Electoral de SLP debió realizarse un año antes
Diputados han usado el covid-19 como pretexto para no haber escuchado a este sector de la población
Por: Ana G. Silva
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás a la nueva Ley Electoral de San Luis Potosí, por no haberse llevado a cabo una consulta previa en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado, los diputados Vianey Montes (PAN) y Martín Juárez (PRI) mencionaron que este procedimiento no se llevó a cabo por la pandemia de covid-19, ante esto León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis y colaborador de La Orquesta, dijo que esto no es excusa para que no se escuchara a los pueblos originarios, ya que de acuerdo a los estatutos este proceso debió hacerse con un año de anticipación:
“Claro que no era justificación, aunque este año fue un parteaguas para la sociedad y la política, el Congreso del Estado aprobó esta ley el primero de julio, es decir que la consulta se debió realizar desde el año pasado, ya que la simple convocatoria para llevarla a cabo requiere tres meses, luego de esto se deben analizar los resultados, por tanto se aprobó al vapor”.
El antropólogo destacó que los pasos a seguir en la Ley de Consulta son: tres meses para que las comunidades se preparen, donde deben incluir talleres informativos y un acercamiento de la parte consultora, que generalmente es una institución pública que debe tomar contacto con las poblaciones, para desarrollar los talleres informativos en la lengua de origen. Después viene un proceso de análisis de los resultados de dichas consultas, esto puede tardar 6 meses. Agregó que al tratarse de una consulta de nivel estatal se vuelve más complejo:
“El Congreso cuenta con los recursos para llevarla a cabo, pero no es algo que simplemente sea la emisión de unas boletas con una pregunta y se ponen casetitas, sino implica una metodología profunda”.
García Lam dijo que la decisión de la SCJN significa es un acontecimiento histórico porque atiende al reclamo de las comunidades indígenas de que continuamente son desconocidas en su derecho a consulta: “en este caso el Congreso del Estado tuvo recursos, tiempo y toda clase de capitales financieros, hasta asesores, instituciones y marcos legales, todo para darles una ley electoral que cumpliera con todos los requisitos legales para todos los potosinos y omitieron tomar en cuenta a estas comunidades, me parece un logro histórico para las comunidades, me parece que esto va a permitir abrirles muchas puertas”.
León García Lam dijo que si la consulta se hacía bien, arrojaría un trato diferenciado, es decir, “en algunos casos, respetando los usos y costumbres, hay comunidades que resuelven como asamblea que se carga hacia un partido por alguna razón, puede ser que haya un candidato que les favorece o porque hicieron algún trato con el partido político o con un personaje regional, pero cada comunidad resuelve de manera distinta, eso es lo importante, independientemente si pudieran ofrecer algunos votos, tendríamos que empezar a reconocer que algunas acciones y procedimientos que tienen las comunidades indígenas, que nos puedan parecer extrañas, por eso era importante el proceso de consulta, porque deben preguntarles cómo quieren o necesitan ser los procedimientos para que sean acordes a los usos y costumbres”.
En cuanto a la pregunta de que si este llamado de atención que le hizo la SCJN al Congreso de San Luis Potosí le serviría de ejemplo a quienes realizan consultas como una advertencia, respondió: “Ojalá, pero me parece que en el caso del señor Xavier Nava ni con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni exhortos del Senado ni jalones de orejas de la Suprema Corte al Congreso, él es de oídos sordos”.
SE GASTARON 665 MIL PESOS EN LA CONSULTA
Esta mañana, el diputado priista Héctor Mauricio Ramírez Konishi declaró que el Congreso del estado había erogado cerca de 665 mil para dicha consulta de los 9 millones que la Comisión Especial solicitó originalmente para las consultas de pueblos indígenas y población con discapacidad, foros y demás actividades, sin embargo, aseveró que interrumpieron el proceso para evitar contagios de covid-19.
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El gobernador destacó que ambos proyectos federales fortalecerán la conectividad y el desarrollo económico del estado
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí informó que el tren Querétaro–San Luis Potosí–Saltillo y la modernización del Aeropuerto de Tamuín serán los proyectos federales de infraestructura más importantes que se desarrollarán en la entidad en los próximos años, al considerarlos estratégicos para la conectividad y el crecimiento regional.
“Sin lugar a dudas, uno de los más grandes va a ser el tren Querétaro–San Luis–Saltillo y el aeropuerto”, afirmó el mandatario al explicar los proyectos que actualmente se trabajan en coordinación con el Gobierno Federal, los cuales impactarán directamente en la movilidad, la inversión y el desarrollo económico del estado.
En el caso del aeropuerto, el gobernador precisó que el proyecto ya tiene calendarizado su arranque. “El aeropuerto arranca en agosto, ya lo tienen programado”, señaló. La obra corresponde al Aeropuerto de Tamuín, ubicado en la región Huasteca, cuya ampliación y modernización buscan fortalecer la conectividad aérea
Respecto al tren, indicó que se trata de una de las apuestas más fuertes de infraestructura a nivel nacional, al conectar a San Luis Potosí con Querétaro y Saltillo, integrando al estado a un corredor ferroviario clave para el transporte de personas y mercancías, además de reforzar su posición logística en el centro-norte del país.
Ambos proyectos, subrayó el gobernador, forman parte de una estrategia conjunta con la Federación para impulsar el desarrollo integral de San Luis Potosí y consolidar su crecimiento económico en los próximos años.
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Se desarrollarán en distintos municipios del estado mediante esquemas diferenciados que priorizan a sectores vulnerables
Por: Redacción
El titular de la oficina de representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en San Luis Potosí, Jesús Guille Martínez Martínez, informó que la meta estatal del programa federal asciende a 49 mil 930 viviendas, las cuales no cuentan con una distribución fija por municipio, ya que su ubicación dependerá de la disponibilidad y donación de predios por parte de los ayuntamientos.
Explicó que el Programa de Vivienda para el Bienestar se desarrolla a través de tres vertientes: la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Infonavit y el Fovissste, cada una dirigida a distintos sectores de la población. “Conavi es para toda aquella persona que no tenga seguridad social, que no esté adherido ni al Infonavit ni al Fovissste”, precisó.
En el caso de Conavi, señaló que se priorizará a los sectores con ma yor vulnerabilidad
Martínez Martínez subrayó que uno de los principios del programa es evitar que se encarezca el costo final de la vivienda, por lo que la donación de terrenos es un requisito fundamental. “Eso es básico para que no se eleve el costo al beneficiario de su vivienda”, afirmó, al destacar que este esquema permite mantener precios accesibles para la población que más lo necesita.
Finalmente, reiteró que el programa busca atender el rezago habitacional de manera ordenada y con criterios sociales claros, combinando el trabajo de Conavi, Infonavit y Fovissste para ampliar el acceso a la vivienda digna en el estado.
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El proyecto contempla modernización gradual, mayor seguridad para usuarios y nuevas opciones de movilidad integrada
Por: Redacción
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado avanza en la renovación del transporte público urbano, con la incorporación de nuevas unidades, mejoras en materia de seguridad y el arranque de acciones para fortalecer la intermodalidad, informó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.
La funcionaria señaló que el actual gobierno inició un proceso de modernización del parque vehicular, el cual no se realizó en administraciones pasadas. “Si un camión se hubiera cambiado nada más, aunque sea con uno, ya es una acción afirmativa que no se tuvo en los últimos 12 años”, afirmó, al subrayar que en gobiernos anteriores “no hubo renovación de unidades”.
Martínez Acosta detalló que actualmente se tienen 1,200 unidades de transporte urbano registradas, de las cuales alrededor de 900 se encuentran en circulación. Añadió que durante el presente año se dio de alta a nuevas unidades como parte del programa de renovación, incluyendo modelos tipo boxer y otros de diseño más reciente.
Destacó que las nuevas unidades incorporan mejoras tecnológicas y de seguridad, como ventanas más amplias y sensores en la parte frontal y trasera. “Ese tipo de unidades traen sensores en la parte trasera y en la parte delantera y es una medida adicional de seguridad para el conductor y para los usuarios”, explicó.
La titular de la SCT reconoció que la renovación del transporte debe realizarse de manera gradual y responsable, debido al alto costo de cada unidad. “Cada unidad cuesta aproximadamente 2 millones 700 mil pesos”
En cuanto a la intermodalidad, Martínez Acosta confirmó que continúa en pie la instalación de portabicicletas en unidades de la MetroRed, aunque aclaró que el arranque será parcial. “No tendríamos para todas las rutas, pero sí vamos a iniciar con algunas parrillas en algunas rutas de la MetroRed”, indicó.
Finalmente, adelantó que en las zonas de transferencia se implementarán espacios y sistemas para el uso de bicicletas, incluyendo candados y bases para facilitar los traslados combinados. “La gente podrá hacer su intermodalidad a bordo de su bicicleta”, señaló, aunque precisó que el monto de inversión aún está en proceso de gestión presupuestal.
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