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Consulta indígena que tumbó Ley Electoral de SLP debió realizarse un año antes
Diputados han usado el covid-19 como pretexto para no haber escuchado a este sector de la población
Por: Ana G. Silva
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás a la nueva Ley Electoral de San Luis Potosí, por no haberse llevado a cabo una consulta previa en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado, los diputados Vianey Montes (PAN) y Martín Juárez (PRI) mencionaron que este procedimiento no se llevó a cabo por la pandemia de covid-19, ante esto León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis y colaborador de La Orquesta, dijo que esto no es excusa para que no se escuchara a los pueblos originarios, ya que de acuerdo a los estatutos este proceso debió hacerse con un año de anticipación:
“Claro que no era justificación, aunque este año fue un parteaguas para la sociedad y la política, el Congreso del Estado aprobó esta ley el primero de julio, es decir que la consulta se debió realizar desde el año pasado, ya que la simple convocatoria para llevarla a cabo requiere tres meses, luego de esto se deben analizar los resultados, por tanto se aprobó al vapor”.
El antropólogo destacó que los pasos a seguir en la Ley de Consulta son: tres meses para que las comunidades se preparen, donde deben incluir talleres informativos y un acercamiento de la parte consultora, que generalmente es una institución pública que debe tomar contacto con las poblaciones, para desarrollar los talleres informativos en la lengua de origen. Después viene un proceso de análisis de los resultados de dichas consultas, esto puede tardar 6 meses. Agregó que al tratarse de una consulta de nivel estatal se vuelve más complejo:
“El Congreso cuenta con los recursos para llevarla a cabo, pero no es algo que simplemente sea la emisión de unas boletas con una pregunta y se ponen casetitas, sino implica una metodología profunda”.
García Lam dijo que la decisión de la SCJN significa es un acontecimiento histórico porque atiende al reclamo de las comunidades indígenas de que continuamente son desconocidas en su derecho a consulta: “en este caso el Congreso del Estado tuvo recursos, tiempo y toda clase de capitales financieros, hasta asesores, instituciones y marcos legales, todo para darles una ley electoral que cumpliera con todos los requisitos legales para todos los potosinos y omitieron tomar en cuenta a estas comunidades, me parece un logro histórico para las comunidades, me parece que esto va a permitir abrirles muchas puertas”.
León García Lam dijo que si la consulta se hacía bien, arrojaría un trato diferenciado, es decir, “en algunos casos, respetando los usos y costumbres, hay comunidades que resuelven como asamblea que se carga hacia un partido por alguna razón, puede ser que haya un candidato que les favorece o porque hicieron algún trato con el partido político o con un personaje regional, pero cada comunidad resuelve de manera distinta, eso es lo importante, independientemente si pudieran ofrecer algunos votos, tendríamos que empezar a reconocer que algunas acciones y procedimientos que tienen las comunidades indígenas, que nos puedan parecer extrañas, por eso era importante el proceso de consulta, porque deben preguntarles cómo quieren o necesitan ser los procedimientos para que sean acordes a los usos y costumbres”.
En cuanto a la pregunta de que si este llamado de atención que le hizo la SCJN al Congreso de San Luis Potosí le serviría de ejemplo a quienes realizan consultas como una advertencia, respondió: “Ojalá, pero me parece que en el caso del señor Xavier Nava ni con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni exhortos del Senado ni jalones de orejas de la Suprema Corte al Congreso, él es de oídos sordos”.
SE GASTARON 665 MIL PESOS EN LA CONSULTA
Esta mañana, el diputado priista Héctor Mauricio Ramírez Konishi declaró que el Congreso del estado había erogado cerca de 665 mil para dicha consulta de los 9 millones que la Comisión Especial solicitó originalmente para las consultas de pueblos indígenas y población con discapacidad, foros y demás actividades, sin embargo, aseveró que interrumpieron el proceso para evitar contagios de covid-19.
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El gobernador destacó la importancia del trabajo en equipo entre ambas administraciones; aún no se detallan las características ni ubicación de las obras
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció este miércoles una inversión conjunta de 600 millones de pesos para dos nuevos megaproyectos de infraestructura en la capital potosina, tras sostener una reunión con el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
A través de sus redes sociales, el mandatario estatal destacó que el encuentro permitió acordar una estrategia coordinada entre Gobierno del Estado y Ayuntamiento para impulsar obras de gran calado que buscan transformar la movilidad y la conectividad urbana.
“Cuando se trabaja en equipo, las buenas noticias se multiplican
Aunque no se detallaron aún las características específicas de los dos megaproyectos, Gallardo Cardona adelantó que la inversión será “histórica” y que en los próximos días se darán a conocer los alcances de las obras.
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Los cuatro elementos de SLP fueron vinculados a proceso en Zacatecas por desaparición forzada
Por: Redacción
La investigación por la desaparición forzada y el hallazgo de siete cuerpos en la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí podría pasar a manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo confirmó el fiscal zacatecano, Cristian Camacho Osnaya, tras la vinculación a proceso de los cuatro policías potosinos detenidos por su presunta participación en estos hechos.
Los elementos María “N”, José “N”, Etelberto “N” y Roni “N” fueron arrestados el pasado 23 de noviembre en territorio zacatecano, cuando circulaban en una camioneta sin rótulos oficiales. Durante una inspección, policías estatales encontraron rastros de sangre en el vehículo, lo que los relacionó de inmediato con los siete cadáveres abandonados minutos antes en un camino de terracería del municipio de Villa de Cos, justo en la franja limítrofe con San Luis Potosí.
Camacho Osnaya informó que en la audiencia inicial —que se prolongó por casi 10 horas—, una jueza de Control determinó su vinculación a proceso, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar.
Entre los indicios integrados en la carpeta de investigación se incluyen los estudios periciales realizados a los rastros hemáticos encontrados en la camioneta, los cuales coinciden genéticamente con uno de los siete cuerpos
El fiscal también confirmó que un predio del municipio potosino de Santo Domingo fue procesado como posible escena del crimen, debido a que ese mismo día se reportó la presencia de cuerpos en esa zona. Las autoridades investigan si ahí ocurrieron los homicidios, antes de que los cadáveres fueran abandonados en Zacatecas.
Sobre la posibilidad de que la FGR atraiga el caso, Camacho Osnaya señaló que existe la facultad legal para hacerlo, especialmente porque se trata de hechos que involucran a dos estados. Otro factor clave sería garantizar imparcialidad en la investigación, sobre todo para las familias de las víctimas; hasta ahora, solo dos de los siete cuerpos han sido identificados.
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SLP se mantiene con buen manejo de los recursos y buena transparencia de cuentas
Por: Cristian Betancourt
San Luis Potosí obtuvo resultados favorables en las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASF), aseguró Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Controlaría General del Estado quién destacó que cerrará el año con finanzas sanas y avance positivo en materia de fiscalización.
Aguiñaga Muñiz subrayó que San Luis Potosí tiene cuentas sanas lo que permitirá recibir un informe positivo de la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo destacó que en la actual administración existe una política de transparencia obligación que recae en todas las dependencias y organismos públicos. “Siempre ha existido transparencia. Toda la transparencia pública estatal tiene la obligación de transparentar todo lo que se realiza y todo lo que se ejerce con recursos públicos”, afirmó.
Insistió en que estos resultados reflejan una buena coordinación entre las instancias estatales y federales encargadas de vigilar el uso de los recursos.
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