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Congreso de SLP endurecerá regulación de seguridad para Airbnb
Este miércoles se vota una reforma la Ley de Turismo, la cual obligará a los prestadores de hospedaje a hacer una competencia más pareja con hoteleros
Por: Bernardo Vera
José Antonio Lorca Valle, diputado local por Morena, manifestó que sí hay una competencia desleal entre los establecimientos formales de hospedaje y plataformas digitales como Airbnb, sin embargo, apeló a la situación de muchas personas que prestan servicio de hospedaje como una manera de obtener un segundo ingreso. Por ello, consideró importante que esto no ocasione una competencia desleal con los hoteleros establecidos.
“Creo que la gente es bastante consciente para cumplir con estas medidas poco a poco. Si se hace de manera abrupta, se podría asustar o desincentivar a muchos de esto prestadores a hacerlo, y creo que es sano y bueno que haya una competencia leal entre plataformas, hoteleros y moteleros, bajo las mismas reglas del juego”.
El diputado informó que la Comisiones de Desarrollo Económico y el análisis de Protección Civil aprobaron la iniciativa para modificar la Ley de Turismo, y que los espacios prestadores de servicios de hospedaje mediante aplicaciones como Airbnb cuenten con normas de seguridad adecuadas, como la colocación de extintores, números de emergencia y prevención de riesgos, especialmente con menores de edad. Misma que será votada hoy en el pleno.
El legislador mencionó que la propuesta va encaminada a abarcar una regulación sobre situaciones muy puntuales en la operación de dichas plataformas, 
“El objetivo es abarcar aspectos específicos como este, luego las leyes generales no se entienden o no se llegan a aplicar. Por eso hablo de un andamiaje que se construya escalon por escalon, ya que tendríamos que llegar también a otros rubros en los que se ha avanzado pero no se ha concretado nada. Como el servicio comercial del cobro del agua, el pago de impuestos sobre hospedaje, y así, poco a poco se va identificando a las plataformas e invitar, para que se vayan regulando y cuando se legisle sobre el tema, no sea tan pesado involucrarse para ellos”, compartió.
Antonio Lorca añadió que la propuesta serviría a las plataformas al momento de ofrecer su servicio, y “que el establecimiento pueda presumir que cuenta con la aprobación de Protección Civil para prestar este tipo de sevicios y prevenir cualquier tipo de accidente”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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