Congreso del Estado
Comisiones aprobaron cambio de nombre a la SCT
El diputado Antonio Lorca dijo que el objetivo es fortalecer a la dependencia ante la implementación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Por: Redacción
La Comisión de Desarrollo Económico y Social de la LXIII Legislatura local, aprobó el dictamen de la iniciativa que propone modificar la denominación actual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el de Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Movilidad. Aunque ello, representó que se aplicarán una serie de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Ley de Transporte Público; Ley de Cambio Climático; Ley de Hacienda para el Estado; Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.
Esta iniciativa que, presentó el diputado José Antonio Lorca Valle, plantea que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tendrá un rol fundamental para la implementación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a efecto de establecer y aplicar la política de desarrollo de transporte en el Estado, y formular el programa estatal respectivo, así como vigilar todo lo relativo al transporte público en el Estado, y lo anterior, sin contar con las nuevas atribuciones que tendrá en materia de movilidad.
De ese modo, el objetivo de la reforma a diversas leyes en el ámbito local es modificar la denominación de la Secretaría de Estado actual, por el de Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, lo que consignará el nuevo enfoque propuesto por la Ley Genera mencionada.
Además, se expuso que una vez que el dictamen sea aprobado en el Pleno del Congreso del Estado, el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”. Mientras que en lo que se refiere a los transitorios se establece que “todas las referencias que hagan mención a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contenidas en las leyes y normatividad vigente, se entenderán realizadas a la Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Movilidad.
La reunión de trabajo estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, diputado José Antonio Lorca Valle, secretario diputado, José Ramón Torres García, y los vocales; diputada Dolores Eliza García Román, y Roberto Ulices Mendoza Padrón.
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Congreso del Estado
Congreso cierra reformas electorales; ahora la decisión está en manos de la SCJN: diputado
El diputado Rubén Guajardo dijo que la sentencia de la Corte debe estar lista antes del 15 de noviembre
Por: Redacción
El Congreso del Estado ya no puede modificar la ley electoral, confirmó el diputado local Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales.
Guajardo Barrera dijo que el plazo de 90 días para reformas electorales ya se cerró, y que ahora corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver las controversias que en su momento presentaron el gobierno federal, el partido Morena y el partido Somos México.
“Ahorita ya en el Congreso no podemos hacer nada. Ya se cerró esta etapa”, señaló el legislador.
Sobre la impugnación por el mecanismo de alternancia, explicó que la defensa del Congreso es que un artículo transitorio fija su aplicación hasta 2033, no para las elecciones de 2027, y que por eso el argumento podría desecharse.
Sobre la queja de Somos México por falta de consulta indígena, dijo que no hubo consulta porque, a su parecer, ninguna modificación de la ley electoral toca los derechos de los pueblos indígenas.
Sobre los exámenes de control de confianza para candidatos, dijo que, al no ser obligatorios, no violan derechos humanos, aunque esperarán la resolución de la Corte.
El proceso electoral de San Luis Potosí inicia el 15 de noviembre. Guajardo Barrera dijo que espera que la sentencia de la Suprema Corte esté lista antes de esa fecha, “para tener reglas claras para el proceso del 2027”.
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Brisseire Sánchez plantea de cinco a doce meses de prisión para quien incite el maltrato animal en redes sociales
Por: Redacción
El Congreso del Estado analiza una iniciativa que castigaría con cárcel a quien incite o haga apología del maltrato animal a través de redes sociales u otros medios digitales.
Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó la propuesta de reforma al Código Penal del Estado para crear un tipo penal específico ante lo que describió como un vacío legal: hoy nadie sanciona a quien promueve, organiza o difunde contenido que glorifica o incita actos de crueldad contra animales, incluido el que se viraliza en plataformas digitales con fines de entretenimiento, reconocimiento social o ingresos por reproducciones.
La iniciativa también busca precisar el artículo 317 QUÁTER del Código Penal.
“El tipo penal se diseña bajo criterios de estricta taxatividad, limitándose a sancionar únicamente aquellas expresiones que, de manera dolosa, pública y con capacidad real de provocar la comisión del delito de maltrato animal, constituyan una verdadera incitación o promoción de conductas ilícitas”, plantea la iniciativa.
La propuesta aclara que no busca restringir la libertad de expresión: solo aplicaría a quien, de forma dolosa, promueva, incite o convoque a cometer maltrato animal, o difunda material audiovisual con el propósito de glorificar o incentivar ese tipo de conductas y con riesgo real de provocarlas.
Quien cometa el delito enfrentaría de cinco a doce meses de prisión, multa de 30 a 130 días de UMA, y hasta un año de inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con el cuidado de animales. Si la incitación deriva en un caso real de maltrato animal, la pena se sumaría a la del delito cometido.
La iniciativa se turnó a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente para su dictamen.
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Héctor Serrano anunció un proceso ante el Contralor contra asesores y empleados del Congreso
Por: Redacción
El diputado Héctor Serrano Cortés anunció que el Congreso del Estado iniciará un proceso ante el Contralor contra asesores y empleados a los que atribuye la filtración de documentos legislativos, con el fin de aplicarles las sanciones que marca la ley.
El caso llegará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Según el legislador, lo que la institución detectó no es un tráfico de documentos en abstracto, sino la actuación de personal específico: “algunos asesores y algunos empleados del Congreso del Estado”.
Serrano Cortés reconoció que ese personal tiene derecho a sus propias filiaciones partidistas y simpatías políticas, pero sostuvo que dentro de la instituTodas las entradasción están obligados a cumplir “cabalmente con la honorabilidad”.
El diputado calificó las filtraciones como acciones sin sentido y con un propósito determinado: “totalmente con el único afán de generar una crisis”. Y las ligó al caso del dictamen sobre los requisitos para designar Fiscal General, que según las versiones publicadas se modificó dos veces: “es alguien que está provocando”.
“Vamos a encontrar dónde está el meollo del asunto y generaremos la responsabilidad necesaria a los empleados, ya sean asesores o del cuerpo legislativo, que hayan incurrido en una deslealtad de esta naturaleza”, afirmó.
Sobre el mecanismo, fue explícito: el procedimiento arrancará ante el Contralor y concluirá con las sanciones previstas en la norma.
El anuncio llega en la misma entrevista en que Serrano Cortés respaldó la iniciativa federal para regular plataformas digitales e inteligencia artificial, y en la que sostuvo que esa regulación “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”.
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