Congreso del Estado
Comisiones aprobaron cambio de nombre a la SCT
El diputado Antonio Lorca dijo que el objetivo es fortalecer a la dependencia ante la implementación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Por: Redacción
La Comisión de Desarrollo Económico y Social de la LXIII Legislatura local, aprobó el dictamen de la iniciativa que propone modificar la denominación actual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el de Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Movilidad. Aunque ello, representó que se aplicarán una serie de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Ley de Transporte Público; Ley de Cambio Climático; Ley de Hacienda para el Estado; Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.
Esta iniciativa que, presentó el diputado José Antonio Lorca Valle, plantea que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tendrá un rol fundamental para la implementación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a efecto de establecer y aplicar la política de desarrollo de transporte en el Estado, y formular el programa estatal respectivo, así como vigilar todo lo relativo al transporte público en el Estado, y lo anterior, sin contar con las nuevas atribuciones que tendrá en materia de movilidad.
De ese modo, el objetivo de la reforma a diversas leyes en el ámbito local es modificar la denominación de la Secretaría de Estado actual, por el de Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, lo que consignará el nuevo enfoque propuesto por la Ley Genera mencionada.
Justificó que, “la modificación del nombre no solamente es un término, sino que se fundamenta en el nuevo alcance de las atribuciones que tendrá la Secretaría sobre distintas materias”.Además, se expuso que una vez que el dictamen sea aprobado en el Pleno del Congreso del Estado, el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”. Mientras que en lo que se refiere a los transitorios se establece que “todas las referencias que hagan mención a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contenidas en las leyes y normatividad vigente, se entenderán realizadas a la Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Movilidad.
La reunión de trabajo estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, diputado José Antonio Lorca Valle, secretario diputado, José Ramón Torres García, y los vocales; diputada Dolores Eliza García Román, y Roberto Ulices Mendoza Padrón.
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Congreso del Estado
Diputados defienden apoyos para gasolina en el Congreso de SLP
Rubén Guajardo afirmó que los recursos están presupuestados desde 2024 y que los traslados son proporcionales a la región de cada diputado
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado del V distrito, defendió los apoyos para gasolina que reciben las diputadas y diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí, argumentando que el presupuesto para el año 2025 —aprobado desde diciembre— ya contempla los recursos destinados a ese gasto.
“No ha habido aumentos al presupuesto. Incluso, son muy claros los gastos que se dan mes con mes. Es una herramienta que se le da a los diputados y es proporcional al lugar donde fueron electos u originarios”, expresó Guajardo.
Como ejemplo, comparó los gastos que realiza él en sus actividades dentro de la capital,
con los del diputado Marcelino Rivera, quien debe trasladarse una o dos veces por semana desde San Martín Chalchicuautla hasta la sede del Congreso del Estado.Guajardo Barrera enfatizó la transparencia del uso de estos recursos, aunque el salario mensual neto de los diputados asciende a 97 mil 046.60 pesos, según lo documentado en un artículo de El Sol de San Luis publicado en febrero de 2025.
Finalmente, Guajardo afirmó que desconoce cuál es el problema en torno al tema, pues considera que todo está claro y justificado dentro del marco del presupuesto aprobado.
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Congreso del Estado
Congreso de SLP iniciará análisis de la Ley de Movilidad
El diputado Emilio Rosas mencionó que comenzarán mesas de trabajo con colectivos, dependencias de gobierno estatal, Agenda Ambiental de la UASLP y el Colsan
Por: Redacción
En las próximas semanas, se llevarán a cabo las Mesas de Trabajo donde participará la Comisión de Movilidad y Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, autoridades de Gobierno del Estado y colectivos ciclistas, para la revisión de la iniciativa ciudadana en materia de movilidad, manifestó el diputado Emilio Rosas Montiel.
“A partir de una convocatoria que haga la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado, se irá citando a distintas dependencias, a distintos municipios para hacer un trabajo de perfección de la ley y después se ingresará al Congreso del Estado y el Congreso es quien tiene que hacer la consulta. Entonces vamos en marcha”.
Señaló que también se incluirá la agenda ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como las opiniones del Colegio de San Luis y el Gobierno del Estado.“Entonces se ha avanzado mucho, no es fácil, sabemos que los tiempos, la demanda, la exigencia ciudadana no para y es justa y es legítima, pero lo importante es que vamos en la ruta para que salga la ley de movilidad y sobre todo que salga bien, que sea una ley que sí se aplique”.Indicó que es importante contar con el consenso previo, sumar voces y saber las opiniones técnicas de cada dependencia, así como de los municipios, ya que el centro de la nueva legislación es la seguridad
vial”.
“Entonces lo que queremos es que cada quien sepa bien cuál es su competencia, SEDUVOP, SEGAM, Secretaría de Seguridad Pública, municipios, y que estemos listos para dar una verdadera transformación de cómo vivimos nuestra convivencia en el tránsito”.
Finalmente, el legislador dijo que entre los colectivos de la sociedad civil que estarían participando se encuentran: Pedaleando, Pensar, Imaginar y Hacer Ciudad, y Derechos Urbanos, entre otros.
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Congreso del Estado
Necesario garantizar derechos de personas en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación
La diputada Martha Patricia Aradillas presentó una iniciativa para eliminar lo relacionado al internamiento involuntario
Por: Redacción
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios y a la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.
De acuerdo con la NOM 028, el tema del ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC.
Anteriormente, el procedimiento para internar a una persona en contra de su voluntad consistía en lo siguiente: un médico determinaba la existencia de una enfermedad debido a la cual la persona podría representar un “peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. Un tercero que podía ser familiar, tutor o representante legal solicitaba el internamiento. La persona era internada por tiempo indefinido”.
Existía la obligación de dar aviso al Ministerio Público, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los médicos valoraran la pertinencia de continuar o suspender el tratamiento hospitalario. Innegablemente este “procedimiento traía consigo una serie de supresiones de derechos humanos y garantías”.
La privación ilegal de la libertad es un delito en el cual un particular priva a otro de su libertad sin su consentimiento, realizando o no actos de violencia.
Es por ello que resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.
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